HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN MILITAR CHILENA 1973-1990 (XI)

CAPÍTULO VII

1979: Consolidación económica y paz social

Mediación papal con Argentina

          El 8 de enero Pinochet se hallaba en Tierra del Fuego para abrir la válvula del combustible proveniente del yacimiento “Orión”, situado en medio de las aguas del Estrecho de Magallanes, cuando recibió una llamada del canciller Cubillos desde Montevideo, quien le expresó que las conversaciones con Argentina ante el cardenal Samoré, para materializar la mediación papal, iban al fracaso. El purpurado, cansado de las discusiones, regresaba a Roma. Pinochet afirma haberle dicho a Cubillos: “Canciller, las conversaciones, si fracasan, fracasan; pero por ningún motivo seremos nosotros los causantes de esta frustración. Así es que usted bajo este concepto actúa” (1).

          El mismo 8 de enero, por fortuna, ambas naciones suscribieron el Acta de Montevideo comprometiéndose a no usar la fuerza para resolver sus diferencias, se entregaron a la mediación del cardenal Antonio Samoré para resolverlas y acordaron un retorno gradual a la situación militar existente en 1977.

          A su regreso a Santiago, Pinochet se encontró con una expresiva carta del Arzobispo de Valparaíso, monseñor Emilio Tagle Covarrubias, que siempre mantuvo una actitud constructiva hacia la Revolución Militar, diciéndole:

          “Con vivo reconocimiento y patriótica emoción quiero expresarle mis sinceras congratulaciones ante el feliz éxito de la misión pontificia. (…) Por eso, junto con dar gracias al Señor, al Santo Padre, al Cardenal Samoré y al señor Nuncio, quiero expresarle a S. E. y al señor Canciller, a través de estas líneas, mi gratitud de chileno y de Obispo, como lo manifesté en la Santa Misa que celebramos en la Catedral al día siguiente del Acta de Montevideo.

          “Imploramos la constante bendición del Señor sobre la patria y su Gobierno. (…) Emilio Tagle Covarrubias, Arzobispo-Obispo de Valparaíso” (2).

          Hicieron falta más prelados como él para haber fortalecido el ánimo de los gobernantes durante el largo período en que estuvieron enfrentados a graves desafíos limítrofes y, en general, a la agresión generalizada de una de las fuerzas internacionales más oscuras de la historia de la Humanidad, el comunismo soviético-cubano.

Enérgica declaración opositora

          De manera un poco extemporánea, pero alcanzando gran eco en los medios de comunicación, un grupo de personalidades de distintos partidos, marxistas y no marxistas (esta unidad no se había dado antes), le piden al gobierno aclarar el asesinato de Orlando Letelier y los crímenes de Lonquén cometidos en 1973, pero que se vinieron a conocer recién en 1978.

Ni la Junta ni Pinochet –se demostró a la postre— tuvieron participación ni conocimiento previo de ninguno de esos delitos, pero el comunicado intencionadamente se los achacaba a ambos, siguiendo un viejo ardid de la guerrilla político-partidista.

Lo firmaban Patricio Aylwin, Orlando Cantuarias, ex ministro de Allende; Manuel Antonio Garretón, sociólogo socialista; Julio Subercaseaux, liberal opositor al Gobierno; Belisario Velasco, uno de “los trece” DC que repudió el Pronunciamiento desde el primer día (a raíz de lo cual él y los otro doce estuvieron transitoriamente expulsados del partido); Gustavo Yunge, de la JDC, y el escritor comunista Francisco Coloane.

          “El escándalo de esas muertes no puede ser ocultado”, decían. “No sólo las familias afectadas sino el país entero tienen derecho a conocer la verdad (…) es urgente e indispensable someter los hechos a un esclarecimiento total. No sólo para conocer la verdad, sino para liberar de culpa a quienes sean inocentes”.

          Pinochet respondió personalmente: “Se juntan ahora y es como si se unieran el aceite y el vinagre; ahí están los comunistas con los democratacristianos, los radicales y los liberales en una mescolanza; se trata de un montón de políticos que son culpables de todos los males de Chile”.

          A fines de junio el Gobierno suspende por dos meses la revista opositora Hoy, esgrimiendo como causa la publicación de entrevistas a los jerarcas del Partido Socialista, que violaría un principio intransable del régimen: la exclusión de los partidos marxistas de la actividad pública permitida.

          Pero la medida suscita un vivo debate político en los demás medios y Frei Montalva critica la actitud de “silenciar un órgano de expresión independiente y objetivo”.

          De hecho, hay en 1979 bastante libertad de expresión y, aunque su revista afín esté suspendida, en todos los demás medios aparecen los connotados DC Andrés Zaldívar, Jaime Castillo Velasco, Raúl Troncoso y Tomás Reyes refutando los postulados presidenciales en el sentido de que el viejo esquema democrático no fue capaz de enfrentar al marxismo. Los personeros DC demandan devolución de las libertades fundamentales, creación de una Asamblea Constituyente, restablecimiento de los derechos sindicales, dictación de un estatuto para los partidos políticos y compromiso de obtener un consenso que garantice la salida democrática y su eficaz desenvolvimiento posterior.

          A su turno un Grupo de Estudios Constitucionales opositor pide, respondiendo a la pregunta de Pinochet acerca de si existe la fórmula para que Chile vuelva a la democracia en paz y libertad, que se le permita reunirse y disponer sin restricciones de los medios de publicidad para informar al pueblo de Chile de la alternativa democrática que dicho grupo propone.

          Pero Pinochet les responde: “Mire, los que gritan no son más que unos sectores políticos; la ciudadanía está tranquila; la última encuesta Gallup me da la respuesta: sólo un 8 o un 9 por ciento no está de acuerdo con el actual proceso. ¿El resto? ‘Estamos bien como estamos y sigamos avanzando así’” (3).

Decreto sobre colegios profesionales

          En febrero se dicta un decreto sobre libertad de aranceles profesionales y no obligatoriedad de la inscripción en colegios profesionales para quienes se desempeñaban en la administración pública, disposiciones que indignan a los dirigentes de esas entidades. Pero es un paso en la dirección de fortalecer las libertades individuales y la libre competencia.

          Pinochet se reúne con los dirigentes y forma una comisión para estudiar sus inquietudes, con la ministra de Justicia, Mónica Madariaga, y el Jefe del Estado Mayor presidencial, general Fernando Lyon, para reestudiar el decreto ley.

          Al poco tiempo se dictan las normas sobre “asociaciones gremiales”, para que puedan ser constituidas en el sector privado, sin fines de lucro, a las cuales se prohíbe desarrollar actividades políticas y se las obliga a respetar la afiliación voluntaria (4).

          El sello del Gobierno es despolitización y mayor libertad personal. Son valores básicos que, desde un comienzo, inspiraron a la Revolución Militar de 1973.

          A partir de ahí todos los Colegios Profesionales deben empezar a constituirse como Asociaciones Gremiales (AG).

El nuevo plan laboral

          El 2 de enero el ministro del Trabajo, José Piñera, da a conocer las bases del nuevo Plan Laboral, que tiene por objeto modernizar la legislación del trabajo y convertirla en un instrumento apropiado para el funcionamiento de una economía libre.

          Con su característico dinamismo, ha comenzado por reunir a unos cuatrocientos dirigentes sindicales, gremiales y empresariales para enterarlos de la legislación que se propondrá y que tiene un sello indiscutible: el de la libertad.

          Esto parece una paradoja bajo un gobierno autoritario, pero es, precisamente, el sello de José Piñera, que convence al ministro del Interior de algo que parecía impensable: enviar una circular a todos los Intendentes y Gobernadores con el fin de que no pongan ningún obstáculo a las reuniones que resuelvan realizar los directorios de los sindicatos, sin necesidad de autorización previa alguna, siempre que tengan lugar fuera de las horas de trabajo y en las sedes sindicales.

          Como señal no puede ser más poderosa, porque la propaganda izquierdista en todo el mundo dice que uno de los derechos conculcados por “la dictadura chilena” es el de reunión. Bueno, ahora la Revolución Militar permite a los trabajadores sindicalizados reunirse sin permiso previo para analizar las reformas propuestas o tratar cualquier otro tema.

          El Plan Laboral acepta la negociación colectiva, pero por cada empresa; y admite la huelga, pero una disposición permite al Gobierno ponerle término a los 90 días, si ella repercute negativamente en la economía del país.         

Uniendo la acción a la palabra, el 8 de febrero se dicta el decreto ley N° 2.544 que reconoce la libertad para la celebración de asambleas sindicales y deroga disposiciones que las prohibían.

          A continuación se dictó el decreto ley N° 2.545, que autorizó la cotización y recaudación de cuotas sindicales y gremiales, pero todo ello fundado en la viga maestra del programa socio-económico del Gobierno: la libertad y voluntariedad de los aportes, si bien reconoce la obligatoriedad de éstos para los afiliados a gremios y sindicatos y el descuento por planilla, pero partiendo de la base de que la afiliación misma deba ser voluntaria.

          Pinochet se reúne frecuentemente con grupos de dirigentes sindicales, que no ahorran críticas al régimen. Recibe a Hernol Flores, Presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF); despliega cierta demagogia verbal (“los militares siempre hemos tenido actitudes revolucionarias, favoreciendo a la clase trabajadora y al pueblo en general”) (5), pero advierte, sobre la nueva legislación, que “el trazo grueso se mantiene”: es el de la mayor libertad y adecuación de la legislación a las realidades del mercado.

          Al mismo tiempo, el Grupo de los Diez, dirigentes sindicales identificados con la oposición y de buenos vínculos con sindicalistas del exterior y con inclinaciones de izquierda, emprende una ofensiva contra el Gobierno y su política laboral. Propicia “el fin de las persecuciones sindicales, restauración de los derechos y libertades; oposición a la política económica; conmemoración del Día del Trabajo por los trabajadores; no más reuniones masivas con el Presidente y movilización total” (6).

El terrorismo sigue activo

          Si bien la acción de los organismos de seguridad ha logrado reducir la actividad terrorista y, según reconoció después la estadística de la Comisión Rettig de 1991, los años 1978 y 1979 fueron de casi absoluta tranquilidad interna, con muy pocas muertes en todo el país provocadas por los atentados y la represión que los mismos hacían necesaria, el 23 de abril de 1979 tuvo lugar un crimen terrorista que mereció generalizado repudio.

          En efecto, un poderoso explosivo fue adosado a la pared exterior de un edificio donde funcionaban dependencias de los servicios de seguridad, lo que provocó que se convocara al lugar a un experto en explosivos del Ejército, el joven teniente Luis Carevic Cubillos.

          Éste, en el momento de procurar lanzar el artefacto al lecho del río Mapocho, en Av. Santa María, sufrió de lleno el estallido del mismo y murió en el lugar. Era casado y tenía una hija recién nacida.

          Este nuevo crimen terrorista solidificó el amplio apoyo ciudadano con que contaba la tarea de seguridad pública del Gobierno, por contraste con el clima externo contrario a ella suscitado por la poderosa acción propagandística del comunismo internacional, impulsada por el Departamento de Desinformatsiya del KGB soviético y el gobierno de Cuba.

          Hasta hoy, 2018, los autores del referido atentado, comprobadamente pertenecientes al MIR, no han sido habidos y permanecen impunes.

          La escritora francesa Suzanne Labin escribía al respecto:

          “Y hoy día, Cuba continúa entrenando terroristas cubanos y chilenos en la fabricación y uso de bombas para perpetrar contra el Chile de Pinochet el género de actos terroristas que  terminaron por poner fin a la independencia de Vietnam del Sur. Los agentes de ejecución entran ilegalmente a Chile por la Cordillera de los Andes, munidos de falsos pasaportes y de una gran cantidad de aparatos explosivos muy sofisticados. Es así que la bomba que ha matado al teniente Luis Carevic, en abril de 1979, estaba dotada de la más alta tecnología. Ella poseía cuatro sistemas independientes de detonación: un mecanismo de relojería, más un magnetófono que se activa al menor golpe, más un percutor que se pone en acción con la menor desnivelación, más un sistema de desequilibrio que la hace estallar ante un shock. Tres bombas en 24 horas fueron ubicadas, una en la casa de un abogado, las otras dos en pleno centro de Santiago. Durante el primer semestre de 1979, se cuenta cien atentados diversos: bombas, explosivos plásticos, etc. (…) Pero de esta  injerencia extranjera contra el gobierno de Pinochet, la opinión internacional no parece conmoverse. Piénsese, pues, la injerencia no es ni yanqui, ni capitalista, ni multinacional: ¡ella no es sino comunista! (7).

          Ojalá en el país hubiera habido más voces independientes como ésa.

Permanente amenaza de boicot

          La más grave amenaza, antes mencionada, para la economía chilena –y por consiguiente para la Revolución Militar misma— es la de un boicot internacional a nuestros productos. Esa amenaza fue la que movilizó a cinco millones de chilenos un año antes a ir a las urnas y a tres de cada cuatro a expresar su apoyo al Presidente Pinochet en la Consulta Nacional de 1978.

          La misma movilizó a muchos miles de santiaguinos a desfilar por horas en la Plaza Bulnes, en apoyo a la Junta, cuando urgió la amenaza de boicot de la ORIT.

          Pues bien, como hemos visto, ahora la misma amenaza se cernía de nuevo, pero la agilidad y desplante de José Piñera para obtener el concurso de Peter Grace le permiten tomar el citófono y dar una noticia tranquilizadora al Presidente: el propio Grace le ha comunicado que ha obtenido de la AFL-CIO una prórroga hasta julio de cualquier boicot contra las exportaciones chilenas.

          Ha resultado providencial que alguien hubiera esgrimido razones políticas para vetar a José Piñera como ministro de Economía y haya sido designado en Trabajo y Previsión Social, porque el dinamismo con que impulsa el Plan Laboral difícilmente lo habría desplegado cualquier otra personalidad en esta crucial cartera.

          Laboran con él codo a codo, en la preparación de los textos: Rodrigo Álamos, economista; Hernán Büchi, ingeniero; y Roberto Guerrero, abogado. Inspiración del grupo: plantear una legislación laboral que sea compatible con la libertad personal y su derivación, la libertad económica.

          Normalmente la propuesta del Ejecutivo tendría que haber sido analizada por las Comisiones Legislativas de la Junta de Gobierno, pero José Piñera obtiene el apoyo del más nuevo miembro de la Junta, el General del Aire Fernando Matthei, que comulga ciento por ciento con la transformación económica, para conseguir que se forme una sola comisión legislativa unida, de las cuatro ramas, para despachar el Plan Laboral.

En esto cupo un papel muy importante al coronel de Aviación Alberto Arturo Varela Altamirano, jefe de gabinete del general Matthei.

          La Comisión Conjunta trabaja a marchas forzadas. José Piñera, incansable, se reúne para analizar los proyectos con cada uno de los cuatro miembros de la Junta, que a la sazón son el general Augusto Pinochet, que la preside; el almirante José Toribio Merino, el general del Aire Fernando Matthei y el general Director de Carabineros César Mendoza.

          Lo que se logra es que, en cuatro meses, sean aprobados, el 29 de junio de 1979, el decreto ley número 2.756 sobre organizaciones sindicales, el decreto ley número 2.757 sobre asociaciones gremiales; el decreto ley número 2.758 sobre negociación colectiva y el decreto ley número 2.759 sobre temas variados, entre los cuales se incluye la reforma constitucional que incorpora a la legislación laboral a los trabajadores de la gran minería del cobre estatal.

Disensiones sobre el piso salarial

          Hay una norma de la Reforma Laboral que provoca disensiones dentro del gabinete: la que establece el “piso salarial”, es decir, que tras la negociación colectiva entre un empleador y sus trabajadores, no pueda acordarse un nivel de remuneraciones inferior al existente antes de ella, en términos reales, es decir, la remuneración vigente más el IPC.

          De Castro dijo después: “Era plantar una bomba de tiempo. Miguel Kast fue a hablar con Pepe (Piñera) para tratar de convencerlo de que sacara esa disposición, pero no logró nada. Yo hablé con el Presidente, pero no hubo caso. En la Junta estaban supercontentos con la propuesta, pues pensaban que con ella estaban asegurando el ingreso de los trabajadores. A todos los gobernantes les gusta ser populares. Pero en verdad era una medida populista que rigidizaba el mercado laboral. Ahí fue una de las veces en que Pinochet me dijo ‘no siempre se gana, pues ministro’. Lo sentí porque encontré que era obvio que ello desincentivaría el empleo y que al enfrentar un ciclo económico a la baja nos traería problemas” (8).

          Y de Castro fue profético. Precisamente el “piso salarial” fue en 1982 un punto crítico para dificultar el ajuste de la economía ante la recesión y hacer más costosas la austeridad y la devaluación.

El boicot se suspende indefinidamente

          Apenas dictada la legislación laboral, viajan a los Estados Unidos Hernán Büchi y Roberto Guerrero para explicar a los sindicalistas norteamericanos el contenido libertario de la nueva legislación.

          Recuérdese que la amenaza de boicot provenía de que los sindicalistas norteamericanos consideraban que el Gobierno Militar no respetaba las libertades de los trabajadores.

No los recibe el principal dirigente sindical norteamericano, George Meany, sino un lugarteniente suyo, a quien Büchi le expone con elocuencia cómo se conjuga la libertad personal con los derechos que deben tener las partes en un contrato de trabajo y la forma en que la nueva legislación chilena armoniza esos derechos.

          Sólo terminadas las largas sesiones de trabajo explicativo a su asesor, Meany accede a recibir a los chilenos, pero sólo por breves momentos y para decirles una frase tranquilizadora: “No me expliquen nada. Voy a aceptar un boicot contra Chile cuando se apruebe también un boicot a Cuba”.

          Los dirigentes sindicales chilenos, que han sido activos en promover el boicot, procuran contrarrestar el dinamismo de José Piñera y las explicaciones de los delegados Büchi y Guerrero a los sindicalistas norteamericanos y envían una larga comunicación a la AFL-CIO donde sostienen que la nueva legislación es “contraria a los intereses de los trabajadores”. Reciben un télex de vuelta diciendo que la nueva legislación está en manos de la AFL-CIO, que la está estudiando.

          El hecho fue que el boicot se suspendió indefinidamente y Chile entero, pero en particular el Presidente de la República y la Junta, pudieron respirar tranquilos.        

         

Una medida que traerá consecuencias

          Las señales económicas de 1979 son todas positivas: superávit fiscal, disminución de la deuda externa y mejora de la balanza de pagos.

          El ministro de Hacienda, Sergio de Castro, tiene sin embargo la inquietud de que las presiones políticas futuras van a ir haciéndose más fuertes y busca algún mecanismo para que la frivolidad en el aumento del gasto fiscal tenga inmediatas consecuencias y no pueda permanecer impune.

          Él piensa en alguna forma de “ajuste automático”. Se podría sintetizar en la frase “si gastas demás, tienes que pagar las consecuencias de inmediato”. En Chile la tradición secular había sido la de suplir el déficit fiscal mediante emisión de dinero. Si el fisco gastaba demás, le pedía un préstamo al Banco Central, respaldado por un pagaré, y el Banco ordenaba imprimir el equivalente en nuevos billetes. Al haber más billetes sin respaldo productivo se generaba inflación, el mal endémico de la economía chilena por decenios. En algún momento fuimos el país con mayor tasa inflacionaria del mundo; en otros fuimos desplazados de ese sitial por Bolivia y Argentina, pero nuestra inflación seguía aumentando.

          El mecanismo que ideó Sergio de Castro fue fijar el tipo de cambio como manera de  neutralizar la política de emisiones, porque si se emite demás el peso pierde valor y la gente comienza a comprar dólares al precio fijado. El Banco Central se los vende y recoge el dinero demás, tendiendo a disminuir los precios, pero también disminuye sus reservas de dólares. Ahí se inicia el ciclo opuesto al aumentar las exportaciones y disminuir las importaciones, aumentando las reservas de dólares.

Teniendo eso en vista, el 1° de junio de 1979 se establece que el dólar valdrá 39 pesos chilenos. Será un tipo de cambio fijo.

          El ajuste automático funciona así, repitiendo con más detalle la explicación anterior: cuando los agentes económicos van al Banco Central a comprar dólares, lo hacen entregándole pesos que, por tanto, salen de circulación y eso contrae la oferta monetaria, lo que induce a los precios a la baja. Esta baja torna más competitiva a la economía nacional que, así, vende más y compra menos al exterior y, por tanto, los agentes económicos llevan más dólares derivados de las mayores exportaciones al Banco Central, que se los paga en pesos que emite contra esos dólares; y se importa menos, demandándose menos dólares. Al aumentar así el circulante, los precios internos tienden a subir y la economía nacional se torna menos competitiva, disminuyendo las exportaciones y aumentando las importaciones, para las cuales los agentes económicos necesitan comprar más dólares al Banco Central, retirando pesos de circulación y llevando los precios a la baja, y así sucesivamente. En esa forma cíclica se produce el ajuste automático de la economía y se evita la inflación.    

Inspectores de derechos humanos

          En 1975 el Gobierno se había negado a admitir una comisión investigadora de posibles atropellos a los derechos humanos, presidida por el paquistaní Alí Allana, que de todas maneras se reunió y dictaminó desde Ginebra. En los años siguientes Allana fue sustituido por el costarricense Fernando Volio y su comisión fue admitida en el país, pero en 1979 fue presidida por otras personas.

          Ese año se renovaron las presiones para que la Junta admitiera a un grupo de inspectores que pretendía enviar la ONU. “Para disminuir la presión, acepté su ingreso al país”, escribió después Pinochet, aconsejado hasta por personas cercanas a él. “Nada valían en ese momento  mis razones de que estos señores eran funcionarios de un organismo infiltrado por el marxismo, que eran servidores de los comunistas y que su informe nos iba a causar más daño que beneficio”.

Pero, pese a ello, les autorizó el ingreso con estas palabras: “que vean todo lo que quieran, que entrevisten a quien quieran y que visiten cuanta instalación deseen, es decir, les otorgaremos todas las facilidades, aunque de todas maneras tengan la seguridad que el informe va a ser negativo”. Pero, una vez ocurridas las cosas, finalmente reconoció que fue negativo “en menor escala que lo previsto”.

Recibieron los inspectores del Grupo de Trabajo Ad Hoc de la ONU más de trescientas solicitudes de audiencia, visitaron los centros estatales de ayuda a los necesitados, la Vicaría de la Solidaridad y la Pastoral Obrera. Asimismo, visitaron centros de detención de elementos subversivos, incluida la Villa Grimaldi, acerca de la cual, antes y después de 1990, se ha publicado verdaderas leyendas negras que han pasado a ser parte de la “historia oficial”, apoyadas en programas televisivos y cintas cinematográficas de alto impacto pero de baja o ninguna relación con la verdad ni con la descripción que dan de esos lugares los uniformados que trabajaron en ellos.

“Durante la estadía en Chile estos señores y una dama hablaron maravillas del país que encontraron y que lamentablemente olvidaron en el momento que subieron al avión. El día 27 de julio el grupo se marchó. (…) Debo expresar que el grupo recibió extensa documentación de fuentes oficiales y, en respuesta a sus solicitudes, el Gobierno le entregó diversos documentos, como decretos de detención, listas de personas arrestadas, certificados médicos, informes sobre desaparecidos y otros materiales. (…) Termina el informe con unas conclusiones más apropiadas para los países de donde eran originarios la mayoría de los personeros de este grupo que para Chile” (9).

La realidad decía otra cosa que la concluida por el Informe del Grupo de Trabajo Ad Hoc de la ONU, pues doce años después el propio Informe Rettig, con todos sus sesgos adversos a la Junta, reconocía que en 1978 –año anterior al de la visita del Grupo Ad Hoc-- el número de caídos en todo el país por la lucha contra el terrorismo extremista había sido de sólo nueve personas y que se denunciaba que desaparecían por esos motivos menos de dos personas anuales entre 1978 y 1990, en circunstancias que de ordinario en el país, según informes de Carabineros, antes y después del Gobierno Militar las denuncias “por presunta desgracia” eran decenas de miles y las personas que no eran halladas cada año no bajaban de 2.500.

          Pero en 1979 había también otro punto de vista eclesiástico sobre el tema, que conviene recordar. El 25 de noviembre, el Arzobispo-Obispo de Valparaíso, monseñor Emilio Tagle Covarrubias, le envió al Presidente de la Junta un saludo de cumpleaños en que lo describía como “real defensor de los derechos humanos” y le expresaba: “Es justo recordar en estos días que V. E. dirigió la acción más eficaz en defensa de los derechos humanos violados por la agresión marxista, que nos llevaba al abismo sin salida en que yacen hoy tantos pueblos, en cuya misma situación estaríamos hoy nosotros si no hubiera sido por aquella patriótica intervención. Chile ha dado al mundo libre una lección” (10).

          Una visión episcopal sobre el tema de los derechos humanos digna de recordar.

La Reforma Previsional

          Esta reforma será una de las tres –junto a la laboral y la minera— que llevarán a José Piñera a tener una figuración destacada en la Revolución Militar y en la historia de Chile.         

          La crisis de la previsión fue una de las que bajo los gobiernos civiles no tuvo solución. Sus problemas fundamentales eran tres: el sistema se hizo imposible de financiar, la mayoría de las pensiones que entregaba (las de los obreros) eran muy bajas, al tiempo que un reducido núcleo privilegiado las obtenía de muy alto monto y, por tanto, en su seno tenían lugar las más irritantes y arbitrarias desigualdades.

          Bajo el gobierno de Jorge Alessandri (1958-64) se hizo un esfuerzo serio por corregir los defectos del sistema y se formó una comisión, encabezada por el destacado abogado y ex ministro de Hacienda de la administración Ibáñez, Jorge Prat Echaurren, para estudiar un programa de reforma.

La comisión realizó su cometido, pero la administración siguiente a la de Alessandri, la de Eduardo Frei Montalva (1964-70) no le prestó atención a su informe y se limitó a administrar el desastre previsional existente, con paliativos consistentes en reajustar las pensiones más bajas, que eran la mayoría.

          Llegado José Piñera al ministerio del Trabajo y Previsión Social, y tras impulsar y poner en vigor la exitosa Reforma Laboral, se dio cuenta de que la crisis del sistema previsional representaba, al mismo tiempo –como sucede en todas las crisis, que por algo en idioma chino se expresa con los símbolos de “peligro” y de “oportunidad”— una posibilidad de crear un pilar adicional para el progreso económico-social del país.

          Roberto Kelly sostiene que el equipo económico tenía ya preparada una Reforma Previsional, pero fue Piñera quien la hizo realidad. “Tardamos cinco años en estudiar la Reforma Previsional”, dice Kelly en sus memorias. Añade que cuando llegó José Piñera al ministerio del Trabajo el nuevo sistema de pensiones ya estaba prácticamente listo. Le pregunta la autora de sus memorias, Patricia Arancibia:

          “Dentro de la Junta ¿quiénes apoyaron esa reforma?

          “—Todos menos el general Leigh, quien siempre se opuso a nuestras propuestas.

          “ --- ¿Por qué motivo?

          “—Porque decía que los administradores privados de los fondos de pensiones se iban a arrancar del país con toda la plata y que aquí se iba a producir un desastre. (…) Sergio de Castro le dijo a la Junta: “Señores de la Junta: ustedes deben entender que el sistema de pensiones de este país es una herida en la yugular económica de Chile. Y ustedes saben que si a alguien le hacen un tajo en la yugular se desangra y muere. Ése será nuestro destino si continuamos con el sistema existente, porque el Estado requerirá una cantidad cada vez mayor de recursos para pagarles a los jubilados” (11).

          Pero el hecho fue que le tocó a José Piñera proponer el esquema, que es de extraordinaria audacia: transformar el sistema de reparto, en el cual las pensiones de los pasivos son financiadas por los trabajadores activos, en otro de capitalización individual, bajo el cual cada trabajador acumula su ahorro previsional en una cuenta personal, administrada por una entidad privada y en un contexto de competencia entre las administradoras.

Se repite el esquema anterior

          José Piñera y sus asesores en este audaz proyecto, los economistas Alfonso Serrano y Martín Costabal; el ingeniero Hernán Büchi y los abogados Roberto Guerrero y Patricio Mardones, consiguen de nuevo una Comisión Legislativa única de la Junta, bajo la presidencia del coronel de Aviación Alberto Arturo Varela Altamirano, jefe de gabinete del general Fernando Matthei, que les presta colaboración activa.

          Nuevas rondas de convencimiento del ministro José Piñera, sobre todo por las objeciones castrenses. En el fondo el mismo Comité Asesor, que desde un comienzo había resistido la liberación económica llevada a cabo por los Chicago Boys, está detrás de la resistencia a una Reforma Previsional que implica entregar la administración de los fondos de jubilación a entes privados.

          Finalmente, la activa campaña de convencimiento que despliega el Piñera tiene éxito, pero será preciso esperar hasta el 4 de noviembre de 1980 para que la reforma logre ser puesta en vigor mediante el decreto ley N° 3.500, guarismo que el ministro se ha preocupado de reservar de antemano en el esquema de numeración de los decretos leyes, para que sea muy fácil de retener.

Pilar fundamental del éxito

          El traspasar un enorme volumen de recursos desde la administración estatal o semifiscal (las antiguas “cajas de previsión” eran órganos autónomos o “semifiscales” pero no por eso estaban ajenos al manejo político) a manos privadas, que los iban a incorporar al mercado como inversiones rentables destinadas a financiar futuras pensiones, implicaba un paso privatizador trascendental y un cambio cualitativo esencial.

En el fondo, era una inyección de vitaminas a la inversión y al crecimiento económico del país. Fue uno de los pilares fundamentales del modelo chileno y del éxito económico y social de la Revolución Militar.

          En efecto, se trataba de sacar fondos que eran mal administrados y frecuentemente derrochados, para ponerlos a disposición del aparato productivo y financiar a empresas obligadas a obtener de ellos una rentabilidad y, por tanto, dispuestas a pagar un interés por conseguirlos y también a pagar impuestos por sus utilidades.

          ¿Por qué la economía chilena pasó a ser la más exitosa de América Latina? Gran parte de la respuesta proviene de la Reforma Previsional, que puso una enorme cantidad de recursos a producir, en lugar de ser dilapidados, esto último en medio de discriminaciones aberrantes entre las pensiones, bajo el régimen de reparto, y derivando en un enorme subsidio fiscal para cubrir el déficit que así se generaba.

          Por ejemplo, los parlamentarios se habían aprobado para ellos mismos la posibilidad de jubilar con sólo estar un período en la Cámara o el Senado, acreditando apenas quince años de cotizaciones y con la garantía de recibir una pensión reajustable de la misma manera que la dieta parlamentaria.

          En todas las cajas de previsión había regímenes de excepción que, bien estudiados por expertos abogados, permitían a los más enterados de los vericuetos y meandros del sistema conseguir pensiones millonarias. Una vez un abogado “experto” me confesó: “no puedo decirte de cuánto es mi jubilación, porque me da vergüenza”. Y no porque fuera magra.

A la vez, la gran mayoría de trabajadores cotizaba en el Seguro Obrero, que daba pensiones reducidas y a quienes no reunían los años de cotización suficientes para jubilar simplemente no le daba ninguna y encima les arrebataba los fondos que hubieren aportado.

En el nuevo sistema de ahorro individual nadie pierde los aportes realizados y por eso hay pensiones muy reducidas de personas que han cotizado muy poco, pero a quienes, a diferencia del sistema de reparto, se les reconoce un derecho a jubilación aunque sus ahorros sean mínimos.

Hallazgo en Yumbel

          En medio de la conmoción registrada en todo el país con motivo de la Revolución Militar del 11 de septiembre de 1973 ocurrieron muchas situaciones aisladas, al margen de la voluntad de la Junta gobernante y desoyendo sus llamados y los del Presidente de la misma, reproducidos en los capítulos I y II, a proceder con orden y mesura.

          En 1979, en Yumbel, en la VIII Región, tuvo lugar el hallazgo de 19 cadáveres que habían sido enterrados el 18 de septiembre de 1973 después de ser detenidas las respectivas personas por elementos uniformados, en operativos en Laja y San Rosendo.

          Nunca nada impidió denunciar e investigar delito como ése y así lo hicieron las 19 familias. Otra cosa era que “las instituciones funcionaran”. El resultado lo señalan Patricia Verdugo y Claudio Orrego en su libro Detenidos desaparecidos: una herida abierta: “seis años de negativas oficiales, seis años de burla hacía los ‘presuntos desaparecidos’ y hacia el dolor de sus desesperadas familias culminaron esa soleada y fría tarde primaveral del 2 de octubre de 1979” (12).

          Un ministro en visita diligente, José Martínez Gaensly, de la Corte de Apelaciones de Concepción, estudió las denuncias y “atando cabos”, llegó al hallazgo de los restos enterrados en la localidad de Laja, en el sur del país.

          La historia era parecida a la de otros casos, como los de Lonquén, Chihuío, La Serena, Antofagasta o Calama. “Algún” mando medio o menor, por sí y ante sí, sacó a 19 detenidos en la tenencia de Laja, en la madrugada del 18 de septiembre de 1973, en un taxibús y, junto al puente Perales, ordenó ejecutarlos y enterrarlos.

          En 1975, dos años después, el dueño del predio “Flor de Laja” advirtió un cuerpo semienterrado, denunció el hallazgo a Carabineros y éstos ordenaron la exhumación y el traslado al cementerio parroquial de Yumbel, dando cuenta a la Justicia.

Pero cuatro años pasaron sin que la jueza competente abriera el sumario correspondiente al oficio que recibió de Carabineros, aunque nadie le impedía abrirlo. Finalmente, en 1979, el ministro Martínez Gaensly, “atando cabos”, pudo entregar los restos a los familiares. ¡Al fin “las instituciones funcionaron”! ¿Culpa de la Junta o de la idiosincrasia del país? ¿”Atrocidad de Pinochet” o lenidad judicial? Hoy se carga la culpa a la Junta y a Pinochet, pero no la tuvieron. Los hechos se hallaban amnistiados.

Las siete modernizaciones

          En el Mensaje al país del 11 de septiembre de 1979 el Presidente de la República, seguramente bajo la influencia de su ministro José Piñera, pudo anunciar al país las Siete Modernizaciones que caracterizarían su mandato y que eran o iban a ser:

(1) El Plan Laboral;

(2)  La Reforma Previsional;

(3) La Directiva Educacional;

(4) La Reestructuración del Sector Salud;

(5) La Modernización de la Justicia;

(6) El Desarrollo Agrícola y

(7) La Reforma Administrativa con Regionalización.

          Coincidían estos anuncios con la recuperación económica que estaba teniendo lugar y el Presidente, en su discurso del día 11, anticipó que en 1985 o 1986 habría casas, televisores y autos (“no un Rolls Royce pero sí una Citroneta del ‘75”) para todos los trabajadores.

          El historiador Gonzalo Vial, que a esa fecha era ministro de Educación, sugiere que “envalentonado por el alejamiento de los peligros del annus horribilis, y por el avance de la economía, la previsión, el orden laboral, etc., Pinochet comienza a desarmar el equipo…” (13).

Pero confunde su propia situación con la de todo dicho equipo. A él el Presidente, en un exabrupto que en ese momento a todos nos resultó inexplicable, le pidió la renuncia. Y Vial nunca más pudo perdonárselo. Sus libros y sus actuaciones en la Comisión Rettig, donde se erigió en el más duro vengador contra el régimen militar (cosa que les llamó la atención a otros comisionados –uno de los cuales me lo expresó personalmente--) dieron cuenta de ello.

          El referido historiador relata así el episodio de su propia renuncia y la hace parte de un supuesto deseo de Pinochet de “desarmar el equipo civil”, deseo que no tuvo, porque las políticas propiciadas por los ministros civiles se mantuvieron intactas hasta la crisis de 1982: “El primero en caer fue Vial (diciembre de 1979). Lo reemplazó el subsecretario del ramo, Alfredo Prieto”.

Pero Vial reconoce que su sucesor no cambió un ápice la línea que él seguía y escribe que “le tocaría cumplir dos de los tres hitos que el régimen dejó en ese campo: descentralizar la enseñanza básica y media, traspasándola a los municipios (decretos con fuerza de ley N°s 1-3, junio de 1980), y abrir la puerta a las universidades privadas (decretos con fuerza de ley N°s 1, 2, 3, 4 y 5, diciembre de 1980 y enero de 1981).

“El tercer hito (en realidad, cronológicamente el primero) fue la subvención a los establecimientos gratuitos de enseñanza, establecida el año 1978, siendo ministro el Contralmirante Luis Niemann, y subsecretario el mismo Prieto; y perfeccionada el año 1980 (decreto ley N° 3.476), cuando el ex subsecretario había sucedido a Vial” (14).

         

Explicación sobre la salida de Vial

Vial explicó así (en tercera persona) su salida, que nunca tuvo explicación oficial: “Gonzalo Vial –por su parte— fue sindicado de Opus Dei – no pertenecía, pero sí algunos parientes próximos--; de perseguir a los masones del Ministerio (no era efectivo), y de propiciar una ley universitaria para beneficio de la Católica y perjuicio de la Chile (tampoco era efectivo). Sus críticos más vehementes: Lucía Pinochet y la Orden Masónica. Ésta escribía al Jefe de Estado largas y dolidas críticas contra el secretario de Educación, usando papel de carta que llevaba como logo un inmenso ojo, prisionero en un triángulo. Un joven  funcionario –hoy senador— remitía a Vial fotocopias de las cartas masónicas, casi en el momento de llegar, y el ministro temblaba, enfrentando aquel ojo hostil e inmisericorde” (15).

          En ese tiempo yo era director de La Segunda y amigo de Vial, con quien habíamos emprendido algunas iniciativas, junto a otros amigos comunes del Grupo Portada, como la fundación de la revista Qué Pasa, en 1971.

          De hecho, en una oportunidad, en 1979, él me había convocado al ministerio para ofrecerme la dirección de esa revista, señalándome que quien la dirigía, otro amigo de ambos, había renunciado y se había marchado en un largo viaje, durante el cual habría un director interino. Me explicó que la situación del director renunciado se había hecho insostenible por las fuertes críticas al Gobierno por la represión, que ponían en situación incómoda a Hernán Cubillos y a él, como ministros y a la vez miembros del Grupo Portada, que publicaba dicha revista.

Yo a mi vez no estaba cómodo en La Segunda, por una situación que describí en otra parte de este libro, así es que me manifesté de acuerdo en asumir la dirección de la revista. Pero posteriormente el director renunciado revocó su decisión y lo hablado entre Vial y yo quedó en nada.

          Como la petición presidencial de renuncia al ministro había sido tan inesperada e inexplicable, con oportunidad de que el Presidente reunió a todos los directores de diarios en un acontecimiento ceremonial, mientras conversábamos con él en un semicírculo, yo le pregunté directamente, tal vez con escaso tino: “Presidente ¿por qué le pidió la renuncia a Gonzalo Vial?” Y él me contestó secamente: “Por ninguna razón en particular”, lo que provocó risas en todo el grupo y me hizo sentir merecidamente mal.

          Pero cuando el semicírculo se disolvió, el Presidente se me acercó y, pasando su brazo sobre mis hombros, caminó junto a mí y me dijo, más o menos textualmente: “Mire, Hermógenes, el barco, para navegar, no puede hacerlo inclinado hacia un solo lado, porque se hunde. Y su amigo estaba inclinando el ministerio hacia un solo lado”. Yo pensé en la Masonería.

          Años después, como refiero en el Capítulo IX, me enteré con sorpresa de que en su juventud Augusto Pinochet había sido masón, lo que posiblemente le daba un peso adicional a las quejas de las cartas en papel con membrete de un ojo prisionero en un triángulo.

          En otras palabras, la petición de renuncia a Vial no fue parte de una estrategia para desmembrar al “equipo civil”, como tampoco lo fue después la formulada a Hernán Cubillos, sino a presiones de grupos de interés que se sentían amenazados por Vial y tenían llegada a Pinochet.

          Sergio Fernández, por su parte, siendo ministro del Interior y habiendo sugerido el nombre de Vial para Educación, ha dicho en sus memorias políticas que consideró la posibilidad de renunciar también él al gabinete a raíz de la petición de renuncia a éste, pero no lo hizo, aunque dejó constancia de que el modus vivendi con el Presidente se había resentido.

Término de la Comisión Constituyente

          En 1979 también culminó sus trabajos la Comisión Constituyente, que los había iniciado casi inmediatamente después del 11 de septiembre de 1973, presidida por Enrique Ortúzar Escobar, un abogado y ex ministro de Jorge Alessandri de singular talento político y que había sido el autor intelectual y redactor inicial del Acuerdo de la Cámara de Diputados de 22 de agosto de 1973, el impulso civil para generar la Revolución Militar del mes siguiente.

Al hacer entrega Ortúzar del cometido de la comisión Constituyente al Presidente Pinochet y a la Junta de Gobierno, éstos lo pusieron en manos del Consejo de Estado, que, como antes se dijo, objetó el texto por no estar presentado en forma de articulado. La Comisión entonces remedió eso, tras lo cual y un minucioso estudio, el Consejo devolvió el texto al Presidente de la República, quien a su turno lo remitió a la Junta de Gobierno.

Norteamericanos y soviéticos 

La administración norteamericana de Jimmy Carter nunca comprendió el valor que para los intereses norteamericanos implicaba que los militares hubieran salvado a Chile de caer en la órbita soviética. En diciembre de 1979 Carter seguía hostilizando al régimen militar y anunció que: (1) Reduciría el personal de su embajada en Santiago; (2) No habría préstamos a través del Eximbank; (3) Pondría término a la venta de equipos militares por más de seis millones de dólares que Chile necesitaba con urgencia;  y (4) No avalaría préstamos de compañías privadas chilenas, todo ello por considerar que el gobierno no investigó suficientemente la responsabilidad de tres oficiales involucrados en el caso Letelier, siendo que había entregado al autor material del mismo, el norteamericano Michael Vernon Townley, al FBI.

          Conclusión: si un país no tiene suficientes enemigos y los desea, entonces que se haga amigo de los Estados Unidos de América.

Esas hostiles medidas no fueron populares en Chile y suscitaron el repudio de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa, que representaba a más de 600 mil entidades productivas (16).

Decidoramente, el diario Izvestia de Moscú decía, por los mismos tiempos: “Para evitar un segundo Chile las tropas soviéticas deben permanecer en Afganistán mientras subsistan las causas que provocaron su presencia”. Es decir, “hasta que se garantice que lo peor será evitado y que Afganistán no se transformará en un segundo Chile” (17).

En Moscú el Partido Comunista Chileno celebraba el primer pleno del Comité Central en el exilio y aprobaba por unanimidad un informe de 120 páginas de su Secretario General, Luis Corvalán –que había sido canjeado por la Junta por un activista soviético de los derechos humanos, Valery Bukovsky, quien nunca agradeció su libertad--.

Corvalán confesaba su fracaso en infiltrar, neutralizar y dividir a las Fuerzas Armadas chilenas. “La destrucción de las Fuerzas Armadas, como uno de los elementos de la política militar, era condición ineludible para que los comunistas asumieran el poder total en Chile. Recuérdese que Lenin establecía el principio de que ‘sin desorganización del Ejército no se ha producido ni puede producirse ninguna gran revolución’” (18). Nótese la confesión de que buscaban “el poder total”.

Los triunfos que la subversión obtenía, gracias a la debilidad norteamericana, en Nicaragua e Irán, llevaban a Luis Corvalán a transmitir por Radio Moscú: “A la luz de lo que ocurre en Nicaragua nos dirigimos a los miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Los llamamos a la reflexión y a comprender la necesidad de hacer todo lo que esté de su parte para que Chile retorne cuanto antes al camino democrático. Toda actitud vacilante o dilatoria en resolver este problema no salvará a la tiranía de Pinochet de su inevitable derrota y no hará más que acumular odio y descontento y crear así las condiciones para una violencia que no tememos pero que no estamos precisamente buscando. Los militares chilenos tienen la palabra. Si no quieren verse enfrentados mañana a una situación parecida a la de Nicaragua o a la de Irán, es hora de que abandonen decorosamente al dictador y vuelvan sobre el camino al que han sido conducidos” (19).

Se evita rompimiento con la Iglesia

          Así como en la Iglesia había sectores que buscaban activamente la confrontación con el Gobierno, dentro de éste también los había que encontraban intolerables las incursiones eclesiásticas en asuntos de índole partidista.

          En sus memorias políticas el ministro del Interior, Sergio Fernández, describe el año 1979 como uno en que las discrepancias Iglesia-Gobierno “recuperaron también su anterior relevancia y rápidamente alcanzaron niveles de aspereza.

          “Aunque no se explicitara así –añade— las posiciones de la jerarquía y de la parte más públicamente activa del clero coincidían de modo creciente con la de la Democracia Cristiana y ésta, a su vez, con las de sectores marxistas”.

          Entre los grupos de “vehemente y pública oposición al régimen militar” sindica al Centro Bellarmino, jesuita, “que había asumido posiciones de avanzado izquierdismo durante los gobiernos de Frei y Allende. Su vocera, la revista Mensaje, representaba la más crítica publicación opositora circulante en el país, si se exceptuaba los órganos clandestinos de la extrema izquierda.

          “Para el gabinete, la hostilidad de sectores determinantes de la Iglesia era un problema político importante. En efecto, entre los sectores ‘duros’ existía un grupo integrado por personalidades dispares, impregnado de vivos sentimientos anticlericales e, incluso, en ciertos casos antieclesiásticos.

          Por variados conductos llegaban a Pinochet voces  que lo apremiaban para que el Gobierno reaccionara con energía, frente a los ataques de origen clerical (…) formulaban sugerencias audaces: establecer una comunicación directa con el Papa Juan Pablo II, negociar con el Vaticano un concordato que hiciera cesar la militancia opositora de la Iglesia chilena, fomentar el surgimiento en Chile de una ‘Iglesia paralela’. Los más coincidían en que no debía vacilarse ante la eventualidad de una ‘guerra política abierta’ contra la Iglesia, si ésta no cejaba en su crítica”.

          Pinochet y Fernández se oponían. Finalmente éste encargó un estudio a la Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior. El resultado fue una querella judicial de treinta páginas en papel proceso. “Pero esto tiene consecuencias”, le dijo Fernández a Pinochet.

          “Una gran herida civil se abriría tan pronto diera vida, con mi firma, a la acción judicial que latía en aquel escrito. Probablemente sería peor que las contiendas religiosas del siglo anterior. Y, por eso, no estaba dispuesto a firmarlo”.

          Pinochet estuvo de acuerdo. “Y, sin embargo, en el escrito referido se contenía material más que suficiente para una encarnizada batalla judicial, que el Gobierno, quizás, habría podido ganar en los tribunales. El caso fue cerrado en ese instante y para siempre. Jamás trascendió al conocimiento público.” (20).

Balance económico anual

          El país volvió a crecer fuertemente en 1979: 8,3%.

La Tasa de Inversión en Capital Fijo también aumentó, a 15,6 % del PIB, la cifra más alta desde 1974.

El desempleo cayó a 13,6% en todo el país, pero la inflación volvió a aumentar algo: fue de 38,9%, 8,6 puntos más que en 1978.

El fisco por primera vez tuvo superávit: el presupuesto arrojó uno de 1,7 % del PIB. Eso daba un gran espaldarazo a la confianza en el Gobierno.

Pero de nuevo la Balanza Comercial volvió a mostrar un déficit en aumento: fue de -873 millones de dólares. El déficit de la Cuenta Corriente también creció, a -1.189,4 millones de dólares, y la Deuda Externa también aumentó, a 8.484 millones de dólares, casi dos mil millones más que el año anterior. La Cuenta de Capitales con el exterior tuvo un superávit de 1.200 millones de dólares, muy alto pero inferior al del año anterior.

El saldo de la Balanza de Pagos volvió a aumentar y alcanzó a 1.047 millones de dólares (21).

Las Reservas Internacionales Brutas del Banco Central al final del ejercicio llegaron a 2.313 millones 800 mil dólares, con un aumento de 1.255 millones 800 mil dólares respecto del año anterior, es decir, más que se duplicaron (22).

REFERENCIAS DEL CAPÍTULO VIII:

(1)Pinochet, Augusto: “Camino…”, op. cit., t. II, p. 208.

(2) Ibíd., t. II, p. 209.

(3) Rojas, Gonzalo: “Chile Elige…”, op. cit., t. I, p. 280.

(4) Ibíd., t. I, ps. 387,388.

(5) Ibíd., t. I p. 386.

(6) Ídem.

(7) Labin, Suzanne: “Chili: le Crime…”, op. cit., p. 228.

(8) Arancibia, Patricia: “Sergio de Castro…”, op. cit., p. 319.

(9) Pinochet, Augusto: “Camino…”, op. cit., t. II, p. 200.

(10) Ibíd., p. 201.

(11) Arancibia, Patricia: “Roberto Kelly…”, op. cit., p. 241.

(12) Verdugo, Patricia y Orrego, Claudio: “Detenidos…”, op. cit., p. 43.

(13) Vial, Gonzalo: “Pinochet…”, op. cit., t. II, p. 393.

(14) Ibíd., t. II, p. 395, nota al pie.

(15) Ibíd., t. II, p. 394.

(16) Pinochet, Augusto: “Camino…”, op. cit., t. II, p. 240.

(17) Ibíd., t. II, p. 244.

(18) Domic, Juraj. “Política militar…”, op. cit., p. 60.

(19) Ibíd., p. 73.

(20) Fernández, Sergio: “Mi Lucha por la Democracia”, Los Andes, Santiago, 1994, p. 103.

(21) Banco Central de Chile, Dirección de Estudios: “Indicadores Económicos y Sociales 1960-1985”, Santiago 1986; “Indicadores Económicos y Sociales 1960-2000”, Santiago, 2001.

(22) Díaz, José; Lüders, Rolf y Wagner, Gert: “La República…”, op. cit., p. 514.                                                                                                                                                       

(CONTINUARÁ MAÑANA)