HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN MILITAR CHILENA 1973-1990 (XV)

CAPÍTULO XI

1983: Convalecencia dolorosa

Apoyo de no-alineados a aspiración boliviana

          Junto con la crisis interna de origen económico y financiero se agrava el problema de la imagen internacional negativa del país, alentada desde el mismo 11 de septiembre de 1973 por la campaña mundial masiva impulsada por el KGB soviético.

          Aprovechando ese deterioro, en la reunión de países no-alineados en Nicaragua, en enero de 1983, Bolivia obtiene de ellos el más “categórico respaldo” para su reclamación marítima, que aspira a convertir en un problema multilateral.

          El acuerdo de los no-alineados se pronuncia por apoyar “una salida directa y útil al Océano Pacífico con plena soberanía” (1).

          Al año siguiente Chile se arreglará para mantener reuniones diplomáticas con el país vecino que den lugar a un acercamiento, pero el intento fracasará nuevamente al plantear Bolivia el tema de la mediterraneidad en la ONU.

          En febrero renuncia el canciller chileno, René Rojas Galdames, en medio de versiones de que tiene lugar una reestructuración de la Cancillería, y jura como nuevo titular el abogado Miguel Alex Schweitzer, hijo del penalista y ex ministro de Justicia, Miguel Schweitzer Speisky.

La intervención de los bancos

          La situación económica es bastante desesperada, pero el problema financiero creado por la crisis de los bancos es el mayor. El estudioso presidente del Banco Central, Carlos Cáceres, que pronto pasará al ministerio de Hacienda, ha trabajado intensamente en busca de una solución y ya en octubre de 1982 se había dado cuenta de que el nivel del endeudamiento externo de los bancos era insostenible para muchos de ellos.

          Cáceres conversa con el Fondo Monetario Internacional en busca de apoyo para una renegociación. Algunos dicen que si los que están en crisis son los deudores privados, es un problema de ellos, pues el Gobierno debe preocuparse sólo de la deuda externa del sector público, que es manejable. Pero los acreedores externos defienden la tesis de que si el Gobierno no respalda la deuda externa privada, no hay posibilidad alguna de renegociación.

          Cáceres comprende el alcance del problema y ya en octubre de 1982 había advertido que la solución es una sola: el Estado deberá respaldar a la banca privada en la renegociación internacional, pero los dueños de los bancos no serán los beneficiados, sino que deberán responder con su patrimonio en ellos. En palabras simples, se salvará a los bancos, pero ya no tendrán los mismos dueños.

          Bajo ese predicamento se gesta la intervención bancaria del 13 de enero de 1983. El día 10 se firma el convenio con el Fondo Monetario Internacional con la posibilidad de obtener un crédito compensatorio de 295 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), más otro de 500 millones de DEG de stand by, es decir, de apoyo, todo ello a cambio de que el Gobierno adoptara políticas monetarias y crediticias restrictivas.

          Tres días después el ministro de Hacienda, Rolf Lüders, había hablado por cadena nacional, criticando a los deudores chilenos y en particular a los grupos económicos y anunciando la intervención del sistema financiero.

Son declaradas en liquidación tres instituciones: el Banco Unido de Fomento, presidido por el ex ministro de Economía Pablo Baraona; el Banco Hipotecario de Chile, “buque insignia” del grupo de Javier Vial, del cual era socio Lüders; y la Financiera CIGA, perteneciente al grupo Marín. Pero lo principal lo constituirá la intervención de los dos bancos privados más grandes: el de Chile, que controlaba el mismo Javier Vial; y el de Santiago, controlado por Manuel Cruzat y Fernando Larraín, y que presidía el ex ministro de Hacienda Jorge Cauas.

A ellos se suman la financiera Colocadora Nacional de Valores, del grupo Cruzat-Larraín, y los bancos de Concepción, que presidía el economista de tendencia DC José Luis Zavala, e Internacional, vinculado a la colonia judía residente (2).

Una semi-intervención sufren los bancos Nacional, del empresario Francisco Javier Errázuriz (que será candidato presidencial en 1989) y el BHIF, Banco Hipotecario y de Fomento.

Las acciones del Banco de Chile, refugio seguro y tradicional de las mayores fortunas criollas, se derrumbaron en Bolsa de 50 pesos a menos de dos pesos en esos días, con enormes pérdidas patrimoniales. El hecho de que su principal controlador haya ido a parar a la cárcel no sirvió de consuelo a las familias tradicionales que eran importantes titulares de acciones.

Otros banqueros, como los controladores del Banco de Talca, deben soportar persecuciones judiciales por delitos vinculados al incumplimiento de la ley de Bancos. Su último gerente, el economista Sebastián Piñera, debe permanecer prófugo por 23 días, pero tiene mejor suerte que sus socios en sociedades que obtenían créditos del banco para comprar acciones del mismo, los cuales deben cumplir privaciones de libertad. Piñera tiene altos apoyos y un recurso suyo ante la Corte Suprema es acogido, tras haber sido rechazado en la de Apelaciones. Así puede reaparecer a la luz pública (3).

Un cuarto de siglo después será candidato presidencial derrotado por Michelle Bachelet en 2006 y luego dos veces Presidente de la República, al derrotar a Eduardo Frei Ruiz Tagle en 2010 y a Alejandro Guillier en 2017; pero siempre le seguirá penando su gestión en el Banco de Talca, que un autor estudioso del caso aún no da por sobreseída (4).

Alarma seguida de tranquilización

          El Presidente interrumpe sus vacaciones el 17 de enero, tras la intervención bancaria y en medio de un clima en que muchos claman por “castigo a los culpables de la crisis”, es decir, búsqueda de “chivos expiatorios”. Tras una reunión con el equipo económico, instruye al Consejo de Defensa del Estado para iniciar acciones contra los responsables de anomalías, irregularidades o transgresiones de la ley por las instituciones bancarias y financieras intervenidas y liquidadas.

De hecho, la banca internacional hizo saber que no habría nuevos créditos si el Gobierno no respaldaba la deuda externa privada. Sin nuevos créditos –new money— no habría apoyo del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial ni del Banco Interamericano de Desarrollo. Y sin el respaldo de éstos el país no saldría de la crisis. Con él, de hecho, fue el primero en América Latina en superarla.

El ministro Lüders y el presidente del Banco Central, Carlos Cáceres, viajaron entonces a Washington a tranquilizar a los acreedores externos, pero a su vuelta la situación del primero, como ex socio y en algún momento cabeza del grupo de Javier Vial, intervenido, se hizo insostenible y se le pidió su renuncia a los ministerios de Economía y Hacienda; y al propio Cáceres se le pidió renunciar como presidente del Banco Central, pero para en seguida ser designado ministro de Hacienda en sustitución de Lüders.

En Economía fue designado, como signo de los tiempos que venían (los del juego de piernas de Pinochet) un empresario, amigo personal del Presidente y discrepante antiguo de los Chicago Boys, Manuel Martin, de quien oficia como asesor el economista radical Luis Escobar Cerda, ex ministro de Hacienda del último tiempo de Jorge Alessandri (1958-1964).

Sacando la cabeza fuera del agua

          Cáceres le habló al país el 22 de marzo de 1983 y lo hizo con franqueza. Sus medidas: alza transitoria de aranceles del 10 % al 20 % (consecuencias: menor demanda de dólares y aumento de recaudación fiscal); renegociación de la deuda externa (consecuencia: mayor disponibilidad de divisas); repactación de un 30 % de las deudas, siempre que el total en cada caso no excediera de $ 25 millones (consecuencia: alivio para pequeños y medianos deudores); programa de ventas del stock de viviendas nuevas (para reactivar la construcción); devaluación del peso conforme a la inflación (ya estaba en vigor); término del mercado callejero de divisas (mejoría de imagen); y aumento de impuestos para financiar el plan de empleo de emergencia (redistribución de ingresos).

El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Ernesto Ayala, manifiesta que el sector industrial “no ve con buenos ojos que algunas empresas puedan pasar por el mismo esquema” de intervenciones.

A raíz de ello el Presidente de la República anuncia un vasto programa de ayuda técnica y crediticia en beneficio de pequeños y medianos empresarios, permitiendo con ello su recuperación y desvirtuando de paso la concepción de cualquier esquema interventor en ese ámbito. El “modelo” no está en peligro.

          Reafirma esos conceptos en su discurso del 11 de marzo, segundo aniversario de su asunción del mando presidencial, donde da cuenta de la buena evaluación que hace el Fondo Monetario Internacional de la economía chilena y reafirma la fidelidad a una economía social de mercado “de carácter mixto, abierta y pragmática”.

Anuncia que el país entrará en un proceso de recuperación “mediante un programa económico de emergencia, coherente, integral y de austeridad, el cual será de responsabilidad del sector económico, dirigido por el ministro de Hacienda. Objetivos: absorción de la cesantía, incremento de las exportaciones, generación de recursos para financiar la deuda externa, aumento de las reservas en moneda extranjera y fomento de los sectores productivos nacionales; además, una comisión de alto nivel estudiará la legislación económica con el fin de evitar la ocurrencia de crisis como la que ha hecho necesaria la intervención del mes de enero (5).

          El nuevo ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, estima que “las medidas dan por lo menos la sensación de que acá hay un camino posible de lograr, de que hay una salida razonable” (6).

Una voz crítica y el apremio crediticio

          El ex ministro de Hacienda, Sergio de Castro, mostró su desacuerdo con la intervención bancaria de enero de 1983 en un memorándum manuscrito que le envió al Presidente Pinochet:

          “Sintéticamente allí le señalaba que, a mi juicio, había que esperar a que algunas empresas quebraran porque no les podían pagar las deudas a los bancos, creándoles así a éstos la imposibilidad de pagar a sus acreedores foráneos; cuando éstos exigieran el pago, recién ahí intervenir; intervenir para salvar una situación pero no intervenir para crear una situación, como se hizo. Yo no tenía ninguna duda de que si el gobierno intervenía iba a tener que asumir todos los costos, y a mi juicio los costos tenían que enfrentarlos los bancos extranjeros que se habían arriesgado a prestarle al sector privado sin las debidas garantías y cobrando buenos diferenciales de tasas de interés. Le dije que por ningún motivo había que intervenir sin que hubieran quebrado las empresas primero, porque al intervenir el Estado iba a tener que hacerse cargo de una deuda que no le correspondía asumir. No sé qué pasó con ese memorándum, pero está claro que el Presidente Pinochet no me hizo caso, como tampoco cuando anteriormente le había dicho que no debía devaluar” (7).

          Entretanto, la Junta de Gobierno, Poder Legislativo, analiza una nueva legislación bancaria, que restringe las facultades de los dueños de los bancos para autoprestarse dinero y establece modernos controles para advertir a tiempo la descapitalización de cualquier banco.

          La crisis financiera genera una reforma del sistema bancario y éste pasa a ser más ordenado y confiable, lo que será fundamental para que Chile sea el primero de América Latina en salir de dicha crisis.

El costo político

          Pero lo acontecido no resultó gratuito para el prestigio de los Chicago Boys. Al contrario, éstos fueron señalados como responsables, en cuanto los excesos de endeudamiento y las irregularidades detectadas en los bancos se achacaron a sus políticas y no a las inconductas de los banqueros en el otorgamiento de préstamos (en particular en los auto-otorgamientos).

          Pinochet está consciente de eso y si bien no abandona el modelo económico, junto a Carlos Cáceres en Hacienda y a Andrés Passicot, que reemplazó a Álvaro Bardón en Economía, ambos ortodoxos, primero le designó al primero dos “veedores” que lo acompañaron a Washington, Luis Escobar Cerda y Manuel Martin, este último, como antes se dijo, empresario y amigo personal suyo.

El abogado Hernán Felipe Errázuriz es nombrado presidente del Banco Central, pero no es él quien acompaña a Cáceres a Washington para sus tratativas con los acreedores externos, sino los mencionados Manuel Martín y Luis Escobar Cerda.

Escobar había sido ministro de Hacienda de Jorge Alessandri cuando éste debió retroceder en 1961 en sus políticas libremercadistas y de tipo de cambio fijo, ante la necesidad de contar con el apoyo de los radicales en el Congreso y no perder “el tercio” que le permitía vetar proyectos de ley inconvenientes, como los que promovían entonces sus opositores socialistas, comunistas y democratacristianos.

Se dice que Martín y Escobar son los Ángeles de Charlie Cáceres, pero éste, hábilmente, consigue en Nueva York la asesoría de Jorge Schneider, economista chileno destacado y con larga residencia en los Estados Unidos, y afín a sus puntos de vista, para sus tratativas con los banqueros de allá. Despué, como más arriba se anticipó, Martin reemplazará a Passicot en Economía y finalmente Escobar reemplazará a Cáceres en Hacienda.

Intervención eclesiástica

No contribuye a la concordia interna la intervención eclesiástica en los asuntos temporales. Luego de una Misa “por la paz”, concelebrada tanto por el Nuncio Apostólico, monseñor Ángelo Sodano, siempre respetuoso de la autoridad gubernativa, pero también por los prelados chilenos conocidamente adversos al régimen, monseñores Jorge Hourton y Manuel Camilo Vial, se elevan críticas al Gobierno y, entre otros, el cardenal Silva Henríquez defiende “la acción de la Iglesia para juzgar lo contingente”.

Pero algunos sacerdotes lo hacen más allá de lo que el Gobierno considera aceptable y derivación de eso es la expulsión de tres religiosos norteamericanos, McGillicudy, McMahon y Ford, envueltos en las que, considera el régimen, son actividades políticas. El Comité Permanente del Episcopado protesta, pero el diario oficial La Nación replica que “si la Iglesia quiere paz y el Gobierno también”, éste debe preservar “un clima sano de convivencia”.

Poco después los sacerdotes Pablo Fontaine, chileno y hermano del ex director de El Mercurio, Arturo Fontaine; y el norteamericano Jeremiah Francis Healy, son detenidos en medio de desórdenes públicos, pero luego puestos en libertad.

Y, peor aún, el libro Ven y Verás, editado por el Arzobispado, contiene párrafos que la ministra de Justicia, Mónica Madariaga, considera “contrarios a la seguridad nacional e incluso constitutivos de traición a la patria” (8).

Primera “Jornada de Protesta”

          “El 13 de marzo los dirigentes comunistas se reúnen en Melipilla para finiquitar los detalles de lo que sería la ‘Primera Jornada Nacional de Protesta’, fijada para el 24 de ese mes y convocada por la Coordinadora Metropolitana de Pobladores, organismo manipulado por el Partido Comunista.

          “La tal jornada resultó, como se sabe, una combinación de manifestaciones diversas en las principales ciudades del país, con un claro predominio de acciones violentas, como el uso de bombas destructivas e incendiarias, quema de microbuses, destrucciones en la propiedad, actuación de ‘comandos de autodefensa’, enfrentamientos con la policía, barricadas, etc.

          “El PC estaba decididamente satisfecho y entusiasmado con el éxito de su protesta. Pocos días después, el 30 de marzo, emitió al respecto el documento ‘Basta. Democracia Ahora’, donde afirmaba que 1983 ‘debe ser un año de combates decisivos para el derrocamiento de Pinochet. Nunca como ahora habían existido más condiciones para ello’. Encuadrándose en la lógica de su política militar, los comunistas instruían sin equívocos que ‘la protesta’ se debe expresar en las más variadas acciones y empleando diversas formas de combate. ‘No dejar ni un día tranquilo al tirano y sus sirvientes. En la fábrica, en el campo, en las escuelas, en las poblaciones tiene que organizarse el enfrentamiento con la dictadura’. Todo ello requiere ‘más energía y audacia en el combate de masas’ (…) llamándose incluso al asesinato al convocar la realización de ‘acciones ejemplares contra los agentes y colaboradores del aparato represivo’, es decir, funcionarios de seguridad, Investigaciones y Carabineros. Y agrega el PC: ‘Llamamos en suma a emplear todas las formas de lucha (…) recurriendo a todo’. De acuerdo a estas instrucciones serían en el futuro las Jornadas de Protesta” (9).

La presión sindical

          Después de 1990 se ha reescrito la historia y se presenta al período de la Revolución Militar como uno en que los sindicalistas de izquierda –es decir, casi todos los sindicalistas— vivían bajo un clima de terror, pero la verdad fue que en enero de 1983, y probando todo lo contrario de lo que se sostiene post-1990 (posverdad), los dirigentes opositores, pertenecientes a la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Unión Democrática de Trabajadores (UDT), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Confederación Nacional Sindical (CNS), entregaron a Pinochet un insolente documento firmado por 1.197 de ellos, demandando “el pronunciamiento ciudadano a través de un plebiscito, secreto e informado, sobre la continuación o no continuación del actual régimen” (10).

          También, aparte de la presión desatada contra el Gobierno por los políticos, aprovechando la crisis económica, surgió un líder sindical nuevo, el dirigente de los trabajadores del cobre, Rodolfo Seguel, de tendencia DC y que, con un tono moderado, profería amenazas terribles, como la de que iba a paralizar el país mensualmente y hasta que cayera el régimen. Nada le sucedió. La primera paralización tuvo lugar el 11 de mayo.

          En esa fecha operó tanto el temor a la reacción del Gobierno como a la delincuencia extremista desatada que pudiera aprovechar la oportunidad de cometer desmanes sin control. El día comenzó con cierta normalidad, pero hacia la tarde la locomoción colectiva comenzó a retirar sus vehículos ante las agresiones de extremistas. Los atentados a la red eléctrica oscurecieron la ciudad. Al final el balance fue de dos muertos y 29 heridos, de los cuales 11 fueron carabineros, lo que revela que la represión fue motivada por agresiones reales a la fuerza pública.

          Se trató de la mayor manifestación callejera opositora en diez años. El nuevo líder, que ya en la prensa internacional es calificado como “el Walesa chileno”, Rodolfo Seguel, declara: “La protesta la inició y la terminará el cobre; y yo soy el presidente del comité; no nos preocupa si alguien se retira o si llega; si llega, mucho mejor” (11).

          Seguel es con posterioridad y desafiantemente condecorado por el embajador de Venezuela con la orden 1° de Mayo, junto al sindicalista opositor más duro de ese tiempo, Eduardo Ríos, que pese a su extremismo tiene buenos vínculos con las federaciones obreras norteamericanas AFL-CIO (12).

La primera “toma” desde el ‘73

          “A todo esto, y como ya comenzaba a ser normal –escribe un experto en terrorismo comunista--  los Estados Unidos seguían sin entender nada de la política militar del Partido Comunista, e incluso es dudoso que alguna vez hayan oído hablar de ella. Elliot Abrams, Secretario Adjunto de Estado para Asuntos Humanitarios, informado por sus desorientados (o pre-orientados) analistas del Departamento de Estado, culpaba al gobierno de Chile del terrorismo comunista, declarando el 21 de octubre que ‘deploro la violencia policial durante las recientes manifestaciones de protesta’” (13).

          ¿Querían sustituir un gobierno pro-norteamericano por uno anti-norteamericano, como lograron en los ’60 y ’70 en Vietnam del Sur y luego en Irán? Durante la Guerra Fría se gestó esporádica pero frecuentemente una “alianza tácita” entre el comunismo y la burocracia del Departamento de Estado norteamericano, nacida de la astucia del primero y la ingenuidad izquierdista de los funcionarios del segundo.

El mismo día que Abrams formulaba su desorientada advertencia, “…la dirigente comunista María Maluenda amenazaba a las autoridades (chilenas) advirtiendo que un posible desalojo de los campamentos Monseñor Fresno (nota del autor: nótese la habilidad comunista para bautizar sus tomas con nombres de prelados católicos) y Cardenal Silva, ‘tendrá con toda probabilidad consecuencias sangrientas’.

El chantaje era explicable, pues estas nuevas poblaciones se constituían en importantes bases estratégicas en el cuadro de la política militar del PC. El dirigente comunista Eduardo Valencia, que dirigió las citadas tomas el 22 de septiembre, había declarado que esta acción en el frente poblacional ‘es el primer triunfo durante este régimen, porque hemos logrado quedarnos en el terreno y hemos ocasionado un hecho político’.

Hay que destacar la eficacia logística de esta operación: era la primera toma intercomunal desde 1973, con la participación de más de 50 poblaciones inscritas en las comunas de La Granja, San Miguel, San Bernardo y La Cisterna (14).

Los políticos toman posiciones

          La oposición cuenta en 1983, paradójicamente, con una mayoría de medios de comunicación, aunque no reflejada en su circulación. Tomados en forma aislada resultan poco significativos, pero son ampliamente exhibidos en los kioscos de venta y así crean imagen. Todos son de fuerte crítica al Gobierno: Apsi, Análisis, Cauce, Hoy, La Bicicleta, El Quebrantahuesos y otras publicaciones que, se olía en el ambiente, estaban recibiendo algún subsidio de alguna parte, pues por venta y avisaje propio no habrían podido subsistir.

          Después de 1990 desaparecieron, porque “alguna parte” consideró que ya no era necesario subsidiarlos, habiéndose terminado el Gobierno Militar.

          No había plena y total libertad de prensa en Chile en los ‘80, pero sí la había parcial y bastante.

Pero ante un virulento ataque de la revista Apsi, el régimen suspende la publicación basado en las facultades que le confiere el artículo 24° transitorio de la Constitución. El medio recurre de protección ante la Corte Suprema y ésta falla en su favor, sosteniendo que las amplias atribuciones excepcionales que confiere el artículo 24° transitorio no pueden impedir la libertad de información.

¿En qué queda la imagen fabricada post-90 en el sentido de que los tribunales estaban sometidos al Gobierno? Queda en que esa es otra posverdad” (15).

          En febrero un grupo de políticos y dirigentes sindicales organiza el Proyecto de Desarrollo Nacional (PRODEN) y demandan anticipar la elección de un “Congreso Constituyente”. Si bien aceptan la validez de la Constitución vigente y generosamente ofrecen a Pinochet y a la Junta permanecer en sus cargos por dos años más, es decir, hasta 1985, no pueden evitar que aquél rechace el ofrecimiento y les diga: “Notifico a los políticos ansiosos de recuperar el poder, que no toleraremos que se condicione o se limite el ejercicio de la autoridad más allá de lo establecido por el texto constitucional legítimamente aprobado” (16).

          Pero el Partido Demócrata Cristiano se mantiene activo y busca reunir a sectores de derecha, originariamente partidarios del régimen pero últimamente devenidos temerosos de su propio futuro, a medida que se acerca inexorablemente la fecha que aquél ha contemplado para dejar el poder. Y así la DC ha logrado atraer a algunos grupos del Partido Nacional, otros del autodenominado, pero no legalmente formado, Partido Republicano, y al centro laico de radicales y socialdemócratas, logrando formar el 14 de marzo de 1983 la llamada Multipartidaria, que emite un Manifiesto Democrático en el cual exige, nada más y nada menos, que la salida de Pinochet como base para un acuerdo nacional y un cambio de régimen (17).

          Los socialistas, recelosos, forman un Comité de Coordinación Socialista integrado por ocho de sus tendencias y que sólo excluye al almeydismo, que es francamente revolucionario y decidido “compañero de ruta” de los comunistas. Ese Comité da paso a otro, el Comité Político de Unidad, y éste desemboca, en el plano jurídico, en el Grupo de Estudios Constitucionales, que pasa a ser más conocido como Grupo de los 24.

Opositores de derecha

          La sorpresa es que a éste se incorporan figuras de la derecha, como el ex presidente del Partido Conservador, Héctor Correa Letelier; el ex parlamentario y ex embajador de Jorge Alessandri, Víctor Santa Cruz, y el ex diputado conservador Julio Subercaseaux. Además de los 24 llegan otros al grupo, como el líder del Partido Nacional, ex senador Francisco Bulnes, que fuera embajador del régimen militar en Perú y después asesor de la Cancillería; Pedro Correa y Armando Jaramillo, ambos liberales y el último ex diputado.

          Aparece el Manifiesto Democrático suscrito por destacados representantes de los partidos Demócrata Cristiano, Social Demócrata, Radical, Derecha Republicana, Unión Socialista Popular y Socialista de Briones, último ministro del Interior de Allende. Se distancian claramente del comunismo y del socialismo sin apellidos o no-renovado. Buscan “impulsar el diálogo, la participación y los acuerdos necesarios para lograr, cuanto antes, la instauración del régimen democrático” (18).

          El Manifiesto Democrático deviene Alianza Democrática en el curso de las “protestas” de 1983, cuando se incorporan elementos del Bloque Socialista y pasan a ser Secretarios Generales los renovados Carlos Briones, Ricardo Núñez y Jorge Arrate, sucesivamente. Núñez afirma que la Alianza es “un proceso en construcción”.

          Pero el Bloque Socialista no está todo en la Alianza Democrática: permanecen fuera el MAPU, el MAPU Obrero-Campesino, la Izquierda Cristiana y la Convergencia Socialista. Nombres: Ricardo Núñez y Akim Soto por el socialismo de Briones; Guillermo del Valle y Rodrigo González por el MAPU; Enrique Correa, Jaime Estévez y Jorge Molina por el MAPU Obrero-Campesino; Pedro Felipe Ramírez y Sergio Aguiló por la Izquierda Cristiana; Tomás Moulian y Manuel Antonio Garretón por la Convergencia Socialista. Después de 1990 terminaron todos en el PS.

          Pero en septiembre de 1983 surge más a la izquierda el MDP, Movimiento Democrático Popular, integrado por el Partido Comunista, el Partido Socialista de Almeyda (no renovado), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, el MAPU Unidad Proletaria y el Partido Socialista Unitario. ¿Qué los separa de los anteriores? La violencia: “son legítimas toda las formas de lucha en contra de regímenes dictatoriales (…) el pueblo, imposibilitado de expresarse pacíficamente y de obtener la satisfacción de sus necesidades, se siente inducido a responder a la violencia con la violencia” (19).

          Principalmente a instancias de Jaime Guzmán fue presentado un recurso ante los Tribunales de Justicia pidiendo la declaración de inconstitucionalidad del MDP, profusamente documentado y que dio origen a un libro con todos los antecedentes en que se fundaba. El recurso fue acogido, pues el antiguo artículo 8° de la Constitución, hoy modificado, protegía a la institucionalidad de las entidades organizadas para destruirla.

          La declaración de inconstitucionalidad no privó al MDP de su capacidad de practicar la violencia. Pero el ejercicio de ésta no alteró el curso de la transición establecida en las disposiciones transitorias de la Constitución, que se cumplieron al pie de la letra, sin perjuicio de las reformas acordadas y que fueron aprobadas en 1989 conforme al articulado de la misma Constitución.

Manejo de la deuda externa

Entretanto, han venido al país el Director para el Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Edward Weismer, el director ejecutivo de los Estados Unidos ante el BID y el propio presidente de éste, Antonio Ortiz Mena, quien concuerda en que los problemas de Chile no son exclusivos del país sino mundiales y firma un convenio de crédito por 280 millones de dólares para obras viales y de infraestructura de agua potable y alcantarillado (20).

          A mediados de año visita el país el presidente del banco Manufacturer’s Hannover Trust, Harry Taylor, encabezando una comisión negociadora de la deuda nacional. El Gobierno fue de hecho, como se vio más arriba, extorsionado por la banca internacional, pues vale la pena reiterar que cuando hizo ver que la deuda externa privada no era jurídicamente de su responsabilidad y debía ser de cargo de los responsables de otorgar créditos sin suficientes garantías, la banca internacional amenazó con cortar todos los créditos para Chile. Como “con buenas palabras cualquiera entiende”, la deuda externa privada pasó a ser avalada por el Estado.

La visita de Taylor redunda en un nuevo crédito por 780 millones de dólares, acompañado de alentadoras palabras: “Ustedes claramente no están aislados en cuanto a su participación mundial” (21).

          Se trata no sólo de obtener nuevos préstamos, sino de renegociar los antiguos y obtener facilidades para pagarlos. Al efecto se dicta la ley N° 18.233 de 22 de julio de 1983, que autoriza al Presidente a dar garantías y conseguir créditos por un total de 7.700 millones de dólares durante los próximos dos años; y tres sucesivas otras leyes le confieren la facultad de otorgar la garantía del Estado para obligaciones de préstamos asumidas por el Banco Central y para renegociarlos.

          El ministro Cáceres informa al país y a la Junta sobre la situación, pero a la semana siguiente Pinochet recibe otro informe, del ministro de Economía y empresario amigo suyo, Manuel Martin, y del economista radical y ex ministro de Alessandri, Luis Escobar Cerda, criticando las gestiones de los personeros chilenos ante el FMI y señalando que “las negociaciones han sido desastrosas para el país y las condiciones aceptadas por el Ministro de Hacienda impedirían el desarrollo de la reactivación” (22).

Pero en enero de 1984 Pinochet vuelve a respaldar las negociaciones de Cáceres, aunque más adelante le quitará ese respaldo y nombrará en su lugar al propio Escobar Cerda. Es lo que alguna vez él mismo llamó juego de piernas.

El terrorismo asesina a Intendente

          En 1983 hizo su estreno en Chile la política de los altos dirigentes comunistas Luis Corvalán, Gladys Marín, Volodia Teitelboim y Orlando Millas, confesada en las Memorias de este último:

“Nos reunimos en Moscú, en 1974, los miembros de la Comisión Política del Partido que estábamos en el exilio, o sea, los titulares Gladys Marín, Volodia Teitelboim y yo y el suplente Manuel Cantero (…). Fue en esa oportunidad cuando supe del acuerdo a que habían llegado en La Habana dirigentes de los respectivos partidos, para que contingentes de militantes comunistas chilenos fuesen aceptados como alumnos de la Escuela Militar de Cuba (…) Más tarde conocí a los muchachos, flor y nata de nuestra gente, de condiciones personales superlativas. Se reclutó para esta tarea a lo mejor de lo mejor de la nueva generación del exilio (…) Un regusto amargo me hace sentir que los condujimos a quemarse en Chile en batallas imposibles (…) En el curso de sus hazañas surgieron situaciones encontradas, distintas tensiones y criterios dispares; pero quienes menos derecho tenemos a criticarlos somos quienes asumimos la responsabilidad, estremecedora, de plantearles, siendo adolescentes, que el camino para ser dignos de su pueblo debería recorrerse empuñando las armas” (23).

El hecho fue que hubo atentados con explosivos que provocaron un oscurecimiento en extensas parte del territorio, que revelaban una organización y preparación muy profesionales.

          Pero durante el año el MIR ya había cometido un triple asesinato: el 30 de agosto tendió una emboscada al automóvil del Intendente de Santiago, general Carol Urzúa, que gozaba de generalizado aprecio por su caballerosidad y moderación. Los terroristas del MIR acribillan su automóvil y dan muerte también  a dos escoltas del Intendente, cuyos cadáveres quedan tendidos en la calle. Uno de ellos, que estaba sólo herido, es rematado por los terroristas. Horas después los autores piden y obtienen asilo en la Nunciatura Apostólica y, al cabo de los años, obtienen finalmente la impunidad gracias a los generalizados indultos o conmutaciones de condenas de presidio por extrañamiento y trabajo garantizado en Europa que les granjea Patricio Aylwin después de 1990.

          Los cuatro miristas autores del atentado son Jaime Yovanovic, José Aguilera, Elba Duarte y Pamela Cordero, que, como se dijo, se asilan en la Nunciatura Apostólica y finalmente salen impunes del país (24).

La represalia ilegal

          La represalia, lamentablemente ilegal, no se dejó esperar: una semana después, el 7 de septiembre, un grupo no identificado pero, se supone, integrado por agentes de inteligencia actuando por su cuenta, ataca una “casa de seguridad” del MIR en calle Fuenteovejuna 1330, Las Condes, con una ametralladora, y caen Arturo Villavela, un terrorista que había estado preso en 1974 después de cumplir parte de su condena y había conseguido conmutarla por extrañamiento en Europa, de donde había vuelto en la Operación Retorno a reanudar su actividad terrorista; más otro hombre y una mujer, Sergio Peña Díaz y Lucía Vergara Valenzuela, también militantes del MIR.

          En 2018 fueron condenados 20 efectivos del Ejército por esas muertes, a 15 años y un día un brigadier que ya estaba preso en Punta Peuco; otros dos, también presos allí, a diez años y un día; y finalmente dos más a igual pena, que estaban libres. Los restantes ex uniformados recibieron 3 años y un día de presidio. Las familias de los miristas fueron indemnizadas con 335 millones de pesos.

El mismo vehículo que ametralló la casa-refugio de Fuenteovejuna, después de hacerlo enfila hacia Quinta Normal, donde es ametrallada la casa de calle Janequeo 5707. Caen dos hombres, entre ellos el terrorista argentino Ratier.

Como se ha visto, los autores de estas represalias criminales no merecieron, después de 1990, indulto con conmutación del presidio por exilio en Europa ni trabajo garantizado, como se les brindó a los condenados de izquierda por hechos de sangre.

          Pero el episodio tuvo consecuencias. El historiador Gonzalo Vial escribe: “El MIR de Santiago pereció este 7 de septiembre. Ya no amenazaría para nada la estabilidad del Gobierno” (25).

          Pero tomará su lugar el FPMR comunista.

El reconocimiento de la Stasi

          El investigador norteamericano John Koehler estudió los archivos del Ministerio de Seguridad del Estado (STASI) de la RDA (Alemania Comunista) y escribió el libro de ese mismo nombre, STASI, donde dijo:

“Los grupos de la guerrilla urbana de izquierda impusieron un reino de terror en Chile en 1983 con bombas y asesinatos, exactamente la clase de acciones para las cuales el STASI los había entrenado. Bombas estallaron en Santiago, Viña del Mar, Quilpué, Concepción y Talca, dañando supermercados, buses, oficinas del Gobierno y cuatro tiendas en el mayor centro comercial de Santiago. Entre 1983 y 1986 estallaron más de mil bombas atribuidas al Frente Comunista y al Movimiento Revolucionario, que también fueron culpados de matar a veintiún oficiales y policías. Entre 1984 y 1988 los alemanes del este contribuyeron con US$ 6.795.015 al Partido Comunista de Chile para financiar el terrorismo”.

Las referencias de Koehler al “Frente Comunista” son al FPMR y la que alude al “Movimiento Revolucionario” se refiere al MIR (26).

Posteriormente, en 1986, los principales diarios de Santiago publicaron las fotografías de 47 militares, carabineros y agentes de seguridad asesinados entre 1978 (año de la Ley de Amnistía) y 1986 por el terrorismo de izquierda, entre los cuales estaban los veintiuno referidos por Koehler en su libro, y los pormenores de los atentados de que fueron víctimas y de los procesos judiciales consiguientes. La inserción la pagó una entidad afín al Gobierno Militar, CORPAZ.

Con motivo del 33° aniversario del 11 de septiembre, en 2016, partidarios del Gobierno Militar quisieron reproducir las publicaciones de 1986 dando cuenta de esos caídos a manos del terrorismo de extrema izquierda, pero El Mercurio y La Tercera exigieron censurar parte de estos textos, pese a que habían aparecido en sus ediciones de 1986.

Finalmente se publicó el aviso parcialmente censurado sólo en La Tercera. A raíz de ello, sus periodistas de izquierda  (casi todos) hicieron una manifestación de protesta contra la dirección del periódico, con motivo de dicha publicación, pese a que la misma se originó en un aviso pagado a alto precio.

Al año siguiente, el 11 de septiembre de 2017, otra publicación conmemorativa de la fecha, hecha por los mismos partidarios del Gobierno Militar, sólo apareció en El Mercurio. En  La Tercera el esfuerzo no fructificó. Sus periodistas de izquierda le habían enseñado una lección de autocensura.

La nueva institucionalidad avanza

          Pero ni la crisis económico-financiera ni los rebrotes de violencia armada habían alterado la vocación del régimen por dejar instalada una nueva institucionalidad democrática, y en marzo de 1983 el ministro del Interior, Enrique Montero, por encargo del Presidente, crea la Comisión de Estudio de las Leyes Orgánicas Constitucionales que complementarán el funcionamiento del articulado permanente de la Constitución de 1980.

          Forman parte de ella el ex ministro del Interior, Sergio Fernández, quien la preside, y los abogados Raúl Bertelsen, Luz Bulnes, Francisco Bulnes Ripamonti (prematuramente fallecido poco depués), Gustavo Cuevas, Jaime Guzmán y Hermógenes Pérez de Arce, pero este último debió renunciar al poco tiempo por incompatibilidad de esa función con otra que desempeñaba en el área de las comunicaciones.

En 1985 se incorporan a la Comisión Gregorio Amunátegui, Sergio Gaete, Patricio Prieto Sánchez, Eduardo Soto Kloss y, finalmente, Gustavo Alessandri Valdés.

          El Ejecutivo encarga a la misma el estudio de 17 leyes orgánicas constitucionales complementarias de la Carta.

          Años después el Presidente resolverá, en concordancia con lo que conversó con el Papa en su visita de 1987, que sea el Consejo de Estado el que vea los proyectos, en particular los referidos a partidos políticos, sufragio, Congreso Nacional y tribunal electoral. A estos efectos la Comisión se incorpora al Consejo de Estado, que es el que queda a cargo de proponer los textos de las futuras leyes orgánicas constitucionales complementarias de la Constitución (27).

         

Nacen la UDI y el MAN

          Desde el 11 de marzo de 1981, fecha de inicio del período presidencial de ocho años de Augusto Pinochet, el que fuera dirigente gremialista de la Universidad Católica, Jaime Guzmán, ha procurado seguir cerca del mandatario, pues siempre ha sido un permanente asesor suyo.

          Ya en septiembre de 1983 el Presidente y la Junta resuelven dejar de lado sus reticencias frente a la ruptura del receso político y, con el consejo de Jaime Guzmán, miran con beneplácito el nacimiento de la Unión Demócrata Independiente (UDI). Firmemente partidaria del Gobierno, proclama, sin embargo, la necesidad de que éste adecúe “el estilo y el tono… a formas de mayor concordia nacional”.

Apoya sin reticencias el modelo económico y, sin perjuicio de también aprobar el plazo constitucionalmente fijado para el período gubernativo del Presidente, se pronuncia por dar mayor funcionamiento y rodaje a la consagración de las instituciones políticas consagradas en la Constitución (28).

          Pocas semanas antes, el Corriere de la Sera italiano le había adjudicado a Guzmán el proyecto de concentrar el poder en un supuesto Duce, pero el líder gremialista se preocupó de reiterar que su pensamiento era exactamente el inverso, porque “cree en la necesidad de vigorizar la transición hacia la democracia plena” (29).

          Los periodistas italianos se confundieron tal vez con el Movimiento de Acción Nacional (MAN), que dice preferir “un autoritarismo permanente y en lo posible de carácter militar”. El 4 de enero de ese año Pinochet recibe “en una audiencia no programada” al líder nacionalista Pablo Rodríguez Grez, lo que alienta al grupo y lleva a otro de sus impulsores, Federico Willoughby (que años más tarde se convertirá en opositor al régimen) a advertir que “está acercándose la hora de tirar la línea y ver quiénes somos, o dónde estamos; con los juegos del marxismo, con nuestros bolsillos (…) o con Chile, en clara alusión a los sectores opositores y más aperturistas, respectivamente” (30).

          Pinochet, en un habitual juego de piernas, se mantiene bien tanto con los “blandos” como con los “duros” y estos últimos cantan victoria a raíz de que él ha hablado de una “democracia nacionalista”, lo que interpretan como “una trascendental rectificación tanto en el ámbito político como económico”, en una difundida declaración pública que firman el ya nombrado Pablo Rodríguez, Federico Willoughby, Álvaro Puga, Gastón Acuña, Gustavo Cuevas y María Olivia Gazmuri, entre otros (31).

         

Las protestas masivas se intensifican

          Durante 1983 tuvieron lugar protestas antes inéditas bajo el Gobierno Militar. En ese tiempo el Partido Comunista había suscrito ya un acuerdo con La Habana para enviar a Chile a miembros de las Juventudes del partido que hubieran recibido entrenamiento guerrillero en Cuba, para combatir contra las fuerzas de seguridad chilenas.

          Así nació un nuevo grupo guerrillero-terrorista, además del MIR y de otros que habían formado los partidos de la Unidad Popular, según vimos en el capítulo “1973”, con amplio respaldo y financiamiento soviético, alemán oriental y cubano: el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

Comenzó a perpetrar graves atentados y crímenes sangrientos, constituyendo un duro desafío para la Central Nacional de Informaciones y los órganos de inteligencia de las diferentes ramas de la Defensa.

Las cifras de muertes en la contienda entre el Gobierno Militar y el terrorismo, que habían descendido sostenidamente durante el período 1973-1980, comenzaron a aumentar con la aparición del grupo guerrillero comunista.

          Una estrategia colateral a la francamente armada fue la de promover desórdenes públicos. Por cierto, era un alimento para los mismos la grave situación económica que vivía el país a raíz de la crisis de la deuda y las severas medidas de restricción del gasto público impuestas por la necesidad de recuperar los equilibrios macroeconómicos.

          El 11 de mayo de 1983, dijimos antes, se realizó la Primera Jornada Nacional de Protesta. La noche anterior Radio Moscú había llamado a practicar “la violencia en todas sus formas y al desbordamiento del orden público y la legalidad” (32).

          El 25 de mayo se constituía el Comando Nacional de Trabajadores, integrado por la Confederación de Trabajadores del Cobre, la Confederación de Empleados Particulares de Chile, el Frente Unido de Trabajadores, la Unión de Trabajadores y la Confederación Nacional Sindical, es decir, desde democratacristianos a miristas y comunistas.

A fines de mayo de 1983, y frente a nuevas acciones subversivas derivadas de la protestas, el gobierno decide renovar el Estado de Emergencia por noventa días, como medida preventiva ante la posibilidad de que ‘exista peligro interno para la seguridad nacional’. Desgraciadamente no se equivoca, ya que la Segunda Jornada de Protesta del 14 de junio se manifiesta con una violencia inusitada: daños a la propiedad pública y privada, especialmente en Santiago; explosión de bombas, descarrilamiento de trenes e interferencia de comunicaciones.

“El gobierno (…) dispone el establecimiento de toque de queda entre las 20 y las 24 del día 12 de julio; la medida rige para la Región Metropolitana y la octava (...) Con todo, los actos de protesta del día 12 de agosto redundan en una violencia general. Las autoridades estiman en 19 las personas muertas y en 53 las heridas, especialmente durante la vigencia del toque de queda. Las muertes, según la autoridad militar metropolitana, ‘son una derivación de la reacción que tuvo que adoptar el personal de las FF. AA. al ser atacados violentamente por subversivos en más de un sector (…) No obstante todos los hechos de violencia y subversión enmarcados en la ‘protesta pacífica’, el 26 de agosto el gobierno, trazando un camino claro en vías de la normalización interna, no renueva el Estado de Emergencia.

“La importancia de esta resolución se expresa en el solo hecho de que por primera vez y después de diez años se deja sin efecto este estado de excepción” (33).

          Los opositores democráticos sostenían que las protestas tenían un propósito pacífico, pero ya ni siquiera ellos podían haber creído sus propias palabras, pues los comunistas no escondían sus planes y declaraban públicamente: “se trata de generar una correlación de fuerzas que se expresen en el plano político y militar (…) La salida de Pinochet debe estar determinada por la fuerza del pueblo, una fuerza que debe manifestarse en todos los terrenos y que debe necesariamente incorporar todas las formas de lucha (34).

Deserciones en la derecha y fundación de RN

          El clima simultáneo de crisis económica, violencia terrorista, cerco externo, amenazas de bloqueo comercial y dudas de los sectores nacionalistas, partidarios duros del Gobierno, acerca del modelo económico-social, hace que cierto pánico se apodere del “vientre blando” del régimen, es decir, de sus partidarios menos resueltos y comprometidos.

Por consecuencia, en ese tiempo tuvieron lugar deserciones importantes entre esos partidarios, y políticos de derecha, que pertenecían al Partido Nacional, que había acatado el receso decretado por el régimen, como el ex senador Fernando Ochagavía y el ex diputado y ex Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Germán Riesco, que se pasaron francamente a la oposición.

Ésta había conquistado también posiciones en la jerarquía eclesiástica y, así, el Cardenal- Arzobispo Francisco Fresno, tenido hasta entonces por simpatizante de la Junta, había sido abordado por grupos de derecha descontentos o temerosos y por políticos DC para crear lo que se denominó un Acuerdo Nacional, con el fin de poner término anticipado al Gobierno Militar.

Recuerdo, en particular, un almuerzo en esos años en El Mercurio con los ex parlamentarios del Partido Nacional antes nombrados y recientemente devenidos opositores, en que procuraron invitar al diario a unirse a su postura crítica y preparar lo que llamaron “una cancha de aterrizaje” para los derechistas después de terminado el régimen castrense.

En el fondo, nos proponían unirnos para salvarnos de lo que preveían como una “vindicta pública” a manos de los demás opositores, en particular de los más violentos, los de la izquierda socialista y comunista, que, ellos temían, asumirían el poder o una parte decisiva del mismo, en reemplazo del Presidente y la Junta.

“Se formó así el que se denominó Grupo de los Ocho, con miras a transformarse en el contrapeso político de la Alianza Democrática. La dirección colegiada de dicho grupo la integraban Andrés Allamand, por Unión Nacional; Sergio Fernández, de la Unión Demócrata Independiente; Julio Durán, por la Democracia Radical; Fernando Ochagavía, del Partido Nacional; Federico Willoughby, del Movimiento de Acción Nacional; Juan de Dios Carmona, por el Movimiento Social Cristiano; y Luis Ángel Santibáñez, de los Talleres Socialistas Democráticos. Esta era la primera vez que el Gobierno se aproximaba, aunque de manera indirecta, a los políticos activos. Finalmente ese Grupo  tampoco pudo lograr su cometido y se diluyó con el paso de los meses” (35).

Pero, al mismo tiempo, dentro de la derecha más comprometida con el régimen brotaba un deseo de organizar una fuerza de apoyo al Gobierno que, lejos de buscar un aterrizaje suave en medio de un hipotético triunfo opositor, lo que pretendía era forjar una fuerza civil heredera del legado y los principios políticos, económicos y sociales que habían inspirado a la Revolución Militar (a la cual nadie llamaba así).

El primero que sentó las bases de ese movimiento fue el líder gremialista Jaime Guzmán Errázuriz que, tras reuniones con mucha gente afín –entre la cual me contaba y por eso asistí a dos citas preliminares, en las cuales recuerdo haberme encontrado también con Sergio Fernández, y para las cuales aporté un documento con sugerencias económico-sociales--  se fundó en septiembre de 1983 la Unión Demócrata Independiente, UDI, como un movimiento de inocultable proyección de partido político heredero del Gobierno Militar, cuando la legislación complementaria de la Constitución de 1980 lo permitiera.

Pero en noviembre los partidarios de Jarpa y el “vientre blando” del régimen no quisieron ser menos. El dirigente Andrés Allamand, que había sido caudillo de los estudiantes de enseñanza media adeptos al Partido Nacional durante la UP, juntó 60.000 firmas en respaldo del mismo Jarpa, que había sido designado ministro del Interior. Finalmente transformó este apoyo en otro nuevo referente político, el Movimiento de Unión Nacional, en noviembre de 1983, para hacer pendant con la UDI, que se le había anticipado.

Él y Jaime Guzmán serán en lo sucesivo un oxímoron: aliados irreconciliables.

Unión Nacional lo encabezaba Allamand como Secretario General y lo acompañaban, entre otros, los ex diputados Gustavo Alessandri Valdés, Fernando Maturana Erbetta y Juan Luis Ossa Bulnes, junto a los abogados Luis Valentín Ferrada Valenzuela y Alberto Espina Otero.

Todos los anteriores provenían del Partido Nacional, al cual, sin embargo, la ex diputada Sylvia Alessandri de Calvo y la ex vicepresidenta de dicha colectividad, Carmen Sáenz de Phillips, se negaron a dejar morir y, junto a varios antiguos militantes, refundaron con la antigua denominación partidaria, Partido Nacional, más tradicional, más autónoma de Jarpa y con mayores aproximaciones a la oposición democrática (36).

También  se rearticularon los nacionalistas, que habían formado Avanzada Nacional en 1982 y ahora pasaron a denominarse Movimiento de Acción Nacional. Figuraban como dirigentes fundadores Pablo Rodríguez Grez, Carlos Cruz-Coke Ossa, Benjamín Matte Guzmán, Federico Willoughby-Mac Donald Moya y Gastón Acuña Mac Lean. Declaraban su respeto a la Constitución de 1980, solicitaban “una revisión profunda  del modelo económico para readecuarlo a la crítica situación actual” y se declaraban partidarios de “devolver al Estado su función planificadora” (37).

Formalizaban su rearticulación con aparente beneplácito de Pinochet, que nunca permitió que desaparecieran, lo que habría sido su destino natural, según el historiador Gonzalo Vial (38).

          En fin, también se organizó el Movimiento Social Cristiano con ex miembros de la DC que habían seguido colaborando con el Gobierno Militar y cuyas figuras más visibles eran el ex senador Juan de Dios Carmona Peralta y el ex ministro de Frei Montalva, William Thayer Arteaga. Querían darle al movimiento un “sentido muy fuerte de solidaridad social, con una clara definición frente al marxismo” (39).

Búsqueda de la ingobernabilidad

          También en 1983 se fundó la Asamblea de la Civilidad, presidida por el doctor Juan Luis González, un democratacristiano de izquierda que presidía también el Colegio Médico. Con un perfil de moderación –había sido alumno del Saint George’s College y lo recuerdo de los tiempos en que yo también lo fui— pertenecía al ala más izquierdista de la DC y tendió puentes hacia la extrema izquierda, y en particular hacia el comunismo, pero bajo un aura de pacifista y moderado capaz de “domar a las fieras”.

          En 1983 la DC estaba presidida por Gabriel Valdés, que no tenía los reparos de su antecesor, Andrés Zaldívar, para entenderse con los comunistas, sobre todo en acciones en que se confundían las aspiraciones ciudadanas democráticas legítimas con la acción violenta y destructiva que propiciaba el comunismo a través de su brazo armado, el FPMR. Dentro de la DC tuvieron respaldo de la directiva los militantes más proclives a hacer frente común con el comunismo, como Ignacio Balbontín y Patricio Basso (40).

          Recapitulando: junto con organizarse la oposición en la llamada Alianza Democrática, que reunía a la DC, el PS Núñez (“renovado”), el PR y el Partido Liberal (otro desprendimiento de la derecha partidaria del Gobierno Militar, pero desilusionada de éste), también se formó, más a la izquierda, el ya citado Movimiento Democrático Popular (MDP), en torno al Partido Comunista, que propiciaba “todas las formas de lucha”, pero al cual todos sabían centrado en la vía armada.

          En el nivel sindical se hallaba la Central Democrática de Trabajadores (CDT), presidida por Eduardo Ríos y de conocidas vinculaciones con el sindicalismo norteamericano; y el Comando Nacional de Trabajadores (CNT), dominado por los comunistas. Ríos no vacilaba en acusar a este último de ser un “órgano de fachada” de los comunistas (41).

          Pero todos los anteriores tenían en común la “búsqueda de la ingobernabilidad”, sea lo que fuere lo que eso significara, pues implicaba suponer que Pinochet y la Junta, desalentados, iban a renunciar y dejarles el poder a ellos.

Importante designación en Interior

          Las “protestas” algo consiguen. El ministro del Interior, el general de Aviación y abogado Enrique Montero Marx, seguidor de la línea de su antecesor, Sergio Fernández, es reemplazado el 10 de agosto por un político, muy leal servidor del Gobierno Militar en sus cargos de embajador en Colombia y en Argentina y de amplio pasado político como senador por Santiago durante la Unidad Popular y principal opositor de Allende, junto a Patricio Aylwin y Eduardo Frei Montalva, integrando el Frente Democrático: Sergio Onofre Jarpa.

          Este asume en el momento crucial de la violencia desatada por las “protestas pacíficas” y en la culminación de la energía con que el gobierno las reprime, como luego se verá.

          Pero empezará a protagonizar una inédita etapa dialogante del régimen, si bien llena de inconsecuencias y contradicciones, pero que representará un verdadero “interregno político” y será el más decidor exponente de lo que el mismo Pinochet llamó después su juego de piernas ante los embates de sus adversarios.

          Ya cerca de sus 60 años, Sergio Onofre Jarpa ganó la primera línea de la política durante la Unidad Popular y como el más definido opositor. Antes había figurado como próximo a Jorge Prat, un abogado nacionalista que había sido un buen ministro de Hacienda en el segundo gobierno del general Ibáñez (1952-1958).

          Jarpa venía de la vertiente nacionalista que en los años ’30 había simpatizado con los “pilotos de Europa”, como los llamó algún autor, Franco, Mussolini y Hitler, caídos en el desprestigio total cuando fueron revelados los horrores del nazismo y éste fue derrotado en la Segunda Guerra.

          Cuando en 1965 la derecha casi desapareció en la elección parlamentaria de ese año, Jorge Prat vio una opción de reemplazo y fue candidato a senador por Santiago, pero el grueso de los restos náufragos de los partidos tradicionales, el Liberal y el Conservador, votaron por la Democracia Cristiana, creyendo que ésta era como la europea, es decir enfrentada a la izquierda y sucesora de la derecha tradicional, lo cual no era efectivo, como luego se demostró.

Pues la DC chilena se inclinó a la izquierda, lo que condujo al resurgimiento derechista y a que ex liberales, ex conservadores y ex nacionalistas formaran el Partido Nacional en el mismo 1965 y estuvieran a punto de ganar la Presidencia en 1970, además de recuperar buena parte de sus cargos legislativos en la elección de 1969, todo con Jarpa como exitoso presidente del partido.

          Durante la Revolución Militar iniciada en 1973, Jarpa fue un leal partidario civil de la misma y respetó el receso político. Aceptó ser embajador en Colombia y después en Argentina, donde le cupo el delicado papel de respaldar verbalmente a ese país en la Guerra de las Malvinas sabiendo que su siguiente agresión iba a ser contra Chile, si los argentinos lograban conquistar el archipiélago, pues así lo había anunciado su Presidente Galtieri (“este es el primer paso en la recuperación del territorio insular austral argentino”; el único problema era que se trataba de territorio chileno).

          Cuando sobrevino la crisis económica de 1982 comenzó a ser un secreto a voces que la figura que podría negociar con la oposición democrática en la delicada situación en que se hallaba el Gobierno era Sergio Onofre Jarpa. En ese período fue que él almorzó en El Mercurio y expresó lo siguiente, sobre el tema crucial del momento, que era la situación económica (cito de memoria, pues estaba presente y la frase se me quedó grabada, por haber estado en completo desacuerdo con ella):

          “Creo que lo que corresponde en este momento es un cambio de la política económica hacia un modelo como el del Partido Radical en los años 40”.

          Días después Jarpa fue designado ministro del Interior en el peor momento para él, porque la oposición preparaba su más violenta “protesta pacífica” y el Gobierno se había, a su vez, preparado militarmente para derrotarla, lo que no podía ser una peor atmósfera inaugural para los propósitos dialogantes del nuevo titular de Interior.

Medidas apaciguadoras

          Paradójicamente, mientras las protestas se endurecían, el Gobierno se manifestaba en medidas apaciguadoras. Se dijo más arriba que en enero de 1983 se había autorizado el regreso de 79 exiliados, que se sumaron a 125 admitidos ya en 1982. En marzo hubo otros 105 admitidos (42).

Se informaba que sólo debían “sacar el pasaje, cumplir con los trámites normales y llegar al territorio; nada más” (43).

          En junio hubo otro grupo de autorizados para volver, entre los cuales había destacadas figuras públicas, como el ex senador Andrés Zaldívar, el ex ministro Rafael Agustín Gumucio, el ex candidato presidencial de izquierda Rafael Tarud, el ex diputado DC Claudio Huepe, el ex ministro de Allende, Carlos Briones y el abogado radical Eugenio Velasco Letelier.

Y todavía en julio de 1983 hubo otra nómina más de autorizados a volver, entre quienes se hallaban el ex presidente de la DC y ex senador Renán Fuentealba, el ex diputado comunista, César Godoy Urrutia y el actor de izquierda Julio Jung. Hasta esa fecha había 600 personas autorizadas para regresar al país, que antes tenían prohibición de hacerlo.

En septiembre es beneficiado el sindicalista Manuel Bustos y el Gobierno dice: “Con motivo de casos aislados, informamos que se ha cumplido el trámite administrativo que deja sin efecto las prohibiciones de ingreso respecto de 3.241 personas” (43).

Recuento de las “protestas pacíficas”

          Los opositores democráticos del Gobierno Militar no ocultaban su impaciencia ante los plazos demasiado largos que estipulaba el articulado transitorio de la Constitución de 1980, que en 1983 significaban un plebiscito a cinco años plazo y, si lo ganaban, elecciones un año después y normalidad democrática en 1990. Si perdían el plebiscito, otro previsible gobierno de Pinochet de ocho años, desde 1989 hasta 1997, pero con Congreso elegido en 1989. Aunque todo lo anterior fuera en plena democracia y con elecciones parlamentarias y plena libertad, cualquiera de esas alternativas se les hacía insoportablemente larga.

          Por eso cayeron en la tentación de confiar en que la violencia comunista-socialista iba a generar la “ingobernabilidad”, a raíz de la cual Pinochet iba a tener que irse, vendrían elecciones y los políticos de siempre volverían al poder.

Fue ese clima de opinión el que dio lugar a las llamadas protestas pacíficas, que no tenían nada de pacíficas.

Como antes vimos, el 11 de mayo de 1983 tuvo lugar la primera, con su inevitable saldo de víctimas de la violencia extremista y la consiguiente represión. La segunda protesta, como también vimos, se registró el 14 de junio. “Esta vez el comunismo, directamente y por intermedio de sus organismos de fachada, organizó más cuidadosamente la violencia revolucionaria, que ahora produjo dos muertos, numerosos heridos, violencia general en el país, apagones, barricadas, incendios, etc.” (45).

Un destacado promotor de las protestas fue quien se desempeñara como Canciller bajo el gobierno de Frei Montalva (1964-1970), Gabriel Valdés, que en alguna ocasión organizó un sit in, sentándose en medio de una transitada arteria e interrumpiendo el flujo de vehículos, a raíz de lo cual resultó empapado por el chorro de un carro lanza-aguas de Carabineros y sufrió un desmayo derivado de los gases lacrimógenos, el conjunto de lo cual fue demasiado para sus 64 años.

          La Coordinadora Nacional convocó a un Paro Nacional indefinido a partir del 23 de junio de 1983, pero no fue ni lo uno ni lo otro, sino parcial y breve. “No tuvo el éxito esperado”, confesó Radio Berlín Internacional el 25 de junio, aunque la palabrería comunista no perdía dinamismo: “Se ha articulado la acción de organizaciones populares de todas las tendencias y coordinando muy diversas formas de acción”, dijo Radio Moscú (46).

          La tercera Jornada Nacional de Protesta tuvo lugar el 12 de julio. Todo esto no tuvo nada que ver con alguna inquietud espontánea del pueblo, y los propios comunistas, seguramente sin proponérselo, así lo reconocen. El representante del PC chileno en México, Eduardo Contreras, declaraba cándidamente: “Nada de lo que sucede en Chile es obra del espontaneísmo, todo es producto de un trabajo tenaz y paciente en el seno de las masas” (47).

El epítome de la violencia

          El epítome de la violencia revolucionaria se registra pocos días después de que Pinochet ha hecho una gran concesión al designar como ministro del Interior a un político capaz de entenderse con los líderes de la Alianza Democrática opositora.

          Pero en los medios de inteligencia del Gobierno saben de antemano que la protesta de agosto, la Cuarta Jornada Nacional de Protesta,  va a ser más violenta que todas las anteriores. A cargo de la Guarnición de Santiago se halla un general profesional y eficiente, militar ciento por ciento, Julio Canessa Roberts. Su misión: mantener el orden. Y la cumple.

Planifica cuidadosamente la intervención de la ciudad, dividiéndola en cuadrantes. Dispone de aproximadamente 18 mil hombres. Advertencia de Pinochet: “¡Y que se anden con cuidado, porque yo no voy a ceder un paso! Tengan la seguridad de que Santiago está cubierto con 18 mil hombres y sus órdenes estrictas son actuar duramente” (48).

          El 12 al anochecer se desató la violencia extremista. Resultado: 27 muertos. Los 18 mil soldados, en su mayoría conscriptos, dispararon cuando fueron agredidos en los cinco cuadrantes y sus balas de guerra atravesaron los muros delgados de las poblaciones. En todas las protestas anteriores del año había habido ocho muertos.

Nadie podía culpar a Jarpa. Patricio Aylwin alegaba haber sido detenido en el centro. Jarpa comentaba: "Lamento mucho las molestias que tuvo don Patricio por participar en una manifestación juvenil, pero no fue detenido. Él mismo ofreció ir a la Comisaría, donde se quedó bastante tiempo tomando café y conversando” (49).

Siempre hábil político, Aylwin se dio cuenta de que un café en la Comisaría no era ingrato y podía parecerse a “haber sido apresado”, lo cual podía darle dividendos políticos.

          Pero la inutilidad de la conspiración comunista para cambiar el destino institucional del país fue reconocida incluso en la DC, la cual, no obstante, se aprovechaba de aquella. Antonio Cavalla, dirigente de ese partido, escribía en 1987 en el diario de oposición La Época:

          “La política militar del Partido Comunista es ineficaz (…) Cómo implementa el PC esa línea es evidente: permitiendo a sus militantes que se incorporen al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y a través de otras formas (…) Después de cinco años de guerra entre el FPMR y las FF. AA. chilenas, no hay posibilidad de error: los muertos y heridos del FPMR son centenares, los de los militares chilenos, apenas una treintena” (50).

          Pero no cabía duda de que la guerrilla comunista, capaz de matar militares, quemar a pasajeros civiles de la locomoción, quitar la vida a los del Metro y a transeúntes inadvertidos con sus artefactos explosivos, oscurecer ciudades derribando torres de electricidad y alterar la vida pacífica de la gente, creaba temor en la población… y en los dirigentes políticos opositores. Pues ¿qué sería de ellos cuando el comunismo fuera readmitido en la legalidad o, peor aún, en el desempeño del gobierno?

          Entonces, precautoriamente, los políticos opositores buscaron una solución que aplacara la violencia comunista-mirista… y la encontraron: se llamó Acuerdo Nacional para la Transición a la Nueva Democracia.

El “Acuerdo Nacional”

          El empresario José Zabala, Presidente de la Unión Social de Empresarios Cristianos (USEC) aseguraba que “de la angustiosa situación de enfrentamiento, cada vez más violento, en que el Arzobispo veía al país (…) se fue gestando la idea de explorar las posibilidades de contribuir al entendimiento entre las distintas tendencias políticas, con la intención de generar un consenso y un interlocutor válido para dialogar con el gobierno del general Pinochet en la búsqueda de una transición pacífica a la democracia” (51).

          Se ve que no parecían saber que, según el propio itinerario del Gobierno, basado en el articulado transitorio de la Constitución de 1980, se iba a restablecer la plena democracia en Chile en 1989 o en 1990, según si el Gobierno ganaba o perdía el plebiscito presidencial contemplado para 1988.

Este “olvido de las realidades” caracterizó a todos los políticos que se opusieron a Pinochet en los ’80.

          Los ingredientes estaban: grandes dificultades económicas, terrorismo rampante que alteraba la paz en las ciudades, ineludible represión, que no por eso impedía las críticas, en Chile y en el resto del mundo, no contra los terroristas, sino contra los uniformados y el Gobierno.

          Para emplear términos de Winston Churchill durante la Segunda Guerra, el “vientre blando” (soft belly) del régimen acusó el castigo; pero el “vientre duro” lo soportó. Irónicamente, la primera iniciativa para un Acuerdo Nacional (que, en definitiva, lo que pretendía era poner término anticipado al gobierno de ocho años de Augusto Pinochet) partió de su propio ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, ex senador del Partido Nacional, el más duro opositor a Allende entre 1970 y 1973 y también tenido por “duro”… hasta entonces.

Debe reconocérsele, en todo caso, que post-1990 ha sido de los pocos políticos de derecha capaces de defender al Gobierno Militar de la tergiversación histórica y la persecución política y judicial de que ha sido objeto.

          Pero el hecho fue que Jarpa, en agosto de 1983, en plenas protestas pacíficas, decidió visitar al Cardenal-Arzobispo de Santiago, Monseñor Juan Francisco Fresno, para “cambiar ideas”. Y éste “le ofreció su casa para una reunión con líderes de la oposición”. Allí se juntaron después ambos con Gabriel Valdés (DC), Hugo Zepeda (padre, PN), Luis Bossay (PIR), Enrique Silva Cimma (PR) y Ramón Silva Ulloa (PS), como refiere uno de los gestores del Acuerdo, el ingeniero José Zabala, recientemente fallecido:

          “La reunión duró 95 minutos, mientras en la calle esperaban más de 50 periodistas nacionales y extranjeros” (52).

Siguió otra reunión el 5 de septiembre. Los opositores insinuaron como solución la salida del general Pinochet. Éste, naturalmente, restó toda importancia a esas gestiones del ministro Jarpa, dejándolo en posición desmedrada. Peor aún para el ministro, los líderes políticos convocaron a una nueva protesta “pacífica” que el comunismo se preocupó de que resultara violentísima, el 8 de septiembre, con un saldo de nueve muertos, 200 heridos y centenares de detenidos. “No hubo nuevas reuniones para reintentar un entendimiento y Monseñor Fresno quedó decepcionado”, según recordó Zabala en su libro “Acuerdo Nacional, significado y perspectivas” (53).

En definitiva, el Acuerdo no se firmaría hasta dos años después, el 25 de agosto de 1985 y, por cierto, de él nunca fue parte el Gobierno.

Contradicciones internas

          Jarpa fue el artífice de la búsqueda de un consenso entre el Gobierno Militar y sus opositores democráticos, pero fue la acción de los opositores totalitarios, comunistas, socialistas y sus respectivos brazos armados, el FPMR y el MIR, la que desvirtuó las intenciones de Jarpa, terminó por hacerle imposible el ejercicio de su ministerio y lo llevó a renunciar.

          Además, la realidad era que él no comulgaba con el modelo económico-social. Siendo un acrisolado partidario del régimen, proponía cambiar la política económica en el sentido de “echar a andar la economía”, “gastar algo en el problema del endeudamiento” (más alivio a los deudores), “suspender los remates”, “impulsar una ley de créditos especiales para siembras” (54).

          Ha logrado convencer a Pinochet de que sus problemas (los de Pinochet) son “principalmente económicos” y razona en el sentido de que “en el período en que nuestra economía crecía a tasas antes desconocidas por nuestro país, el gobierno era apoyado mayoritariamente; nadie dudaba de su legitimidad refrendada por la ciudadanía, democráticamente consultada” (55).

Pero Jarpa cree que el Estado debe conceder alivios a los afligidos por la crisis y, así, se promulga la ley N° 18.272, de 23 de diciembre de 1983, que otorga la garantía del Estado a las obligaciones provenientes de depósitos y captaciones mediante cuentas corrientes y de ahorro, para abaratar y facilitar los préstamos de auxilio a las personas.

          El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, defiende las bases ortodoxas del modelo y la economía se va recuperando, pero lentamente, y caerá menos en 1983 que el año anterior, -2,4%. Pero la impaciencia general y la prédica en favor de mayor proteccionismo y alza de aranceles, mayor gasto fiscal y alivio monetario recurriendo al Banco Central, para que admita mayor emisión de dinero y así poder financiar mayores gastos públicos, que sustenta el economista radical, partidario del Gobierno y ex ministro de Jorge Alessandri en 1964, Luis Escobar Cerda, crea presión sobre Cáceres. Escobar llega a Pinochet a través de Jarpa, que comulga con sus propuestas y, en el fondo “lo apadrina”. La situación hará crisis en abril de 1984.

          A la vez asume el ministerio del Trabajo un ex ministro de Jorge Alessandri, también afín a Jarpa, el abogado Hugo Gálvez Gajardo.

          Recién designado Arzobispo de Santiago monseñor Fresno, que era tenido por un hombre de derecha, muy luego fue designado Cardenal. Se creía que la diferencia de su conducta con la de monseñor Silva Henríquez, muy próximo a la DC y con un sesgo izquierdista y adverso al Gobierno Militar, facilitaría las cosas al Gobierno (56).

Al encuentro de Jarpa con opositores en la residencia del Cardenal-Arzobispo la izquierda reunida alrededor del Partido Comunista, es decir, el Movimiento Democrático Popular (MDP), no asistió.

Hubo tres reuniones: el 25 de agosto, el 4 y el 29 de septiembre.

          Pero la extrema izquierda se encargó de impedir cualquier posibilidad de consenso: en esos días el MIR asesinó al Intendente de Santiago, general Carol Urzúa, y a dos acompañantes suyos. Y  se convocó a una nueva “protesta”, esa en que el propio Gabriel Valdés se sumó a los desórdenes encabezando el ya relatado sit in en plena Plaza Italia, interrumpiendo el tráfico.

Quinta protesta y concentración masiva

          La quinta Jornada de Protesta “pacífica”, ya referida, se extendió entre el 8 y el 11 de septiembre. La Alianza Democrática opositora formó una comisión y anunció que sus miembros concurrirían a las poblaciones para impedir “actos de provocación”, reconociendo así implícitamente que eran ellos los que originaban la violencia. Pero no tienen éxito y, como más arriba se dijo, en los tres días de desórdenes hay nueve muertos y 90 heridos.

          La responsabilidad comunista en el derramamiento de sangre es implícitamente confesada por la propia Radio Moscú, que habló de 24 muertos en la protesta: “Desde hace algún tiempo –confesó--  el pueblo toma la ofensiva” (57). Ostensible autodelación.

          La Alianza presenta una propuesta inverosímil a Jarpa, exigiendo, entre otras cosas, la renuncia del Presidente de la República. Explicablemente, Jarpa ni siquiera la contesta.

          Sin la participación de la Alianza, el ala comunista de la oposición convoca a la Sexta Jornada de Protesta, criticada por aquélla, pues “fortalece la estrategia del Gobierno de mostrarle a la ciudadanía una oposición descoordinada y dividida.” Pero el Comando Nacional de Trabajadores solicita permiso para hacer una concentración pública, que ha sido convocada por los dirigentes sindicales DC Rodolfo Seguel y Manuel Bustos, y es autorizada para el 18 de noviembre en el Parque O’Higgins para, entre otras cosas, pedir la renuncia de Pinochet.

          Los comunistas no tienen reparos en anticipar una violencia desatada en la nueva manifestación: “Nosotros estamos por que la protesta se desarrolle a través de todas las formas (…) En este sentido, no estamos por paralizar ninguna acción popular” (58).

Se realiza y el Gobierno estima la asistencia entre 60 y 120  mil personas, mientras la oposición habla de 250 mil a 800 mil. Lo que más impresiona de ella es la fuerte presencia comunista (59).

          Luego, no se sabe si le provoca más susto al Gobierno o a la Alianza opositora.

          A todo esto, se había fundado, como dijimos el Movimiento Democrático Popular (MDP), con el PC, el PS y el MIR, que después Jaime Guzmán, en un titánico esfuerzo político-judicial, lograría hacer declarar inconstitucional por dictamen del Tribunal Constitucional.

Bendición cardenalicia y absolución DC

          La política militar de los comunistas no carecía de apoyos –intencionados o no--  del más imprevisible origen. Un autor escribe que “resulta incomprensible que el Arzobispo de Santiago, monseñor Fresno, haya recibido a fines de septiembre a los dirigentes comunistas María Maluenda, Jaime Insunza y Patricio Hales. Como la visita no tenía, evidentemente, un carácter religioso y sí político, la Iglesia de Santiago aparecía –quiérase o no--  otorgando  cierto aire de tolerancia al terrorismo comunista” (60).

          Asimismo, “en medio de la desenfrenada preparación y aplicación de la política militar del PC aparecen unas muy sospechosas declaraciones de Jaime Castillo, el ideólogo del Partido Demócrata Cristiano. En abierta contradicción con los hechos y declaraciones comunistas, Castillo afirma que ‘el Partido Comunista Chileno a mi juicio es un partido que, en la práctica, se comporta como un partido que se atiene a las formas generales de la democracia. Es parecido, en la práctica, a los partidos eurocomunistas’. Luego, en un alarde de ignorancia, o de consciente desinformación, afirma que los comunistas “no han dicho que decidieron el camino de la violencia” (61).

          Increíble “ramo de errores” en un político supuestamente informado de lo que los comunistas declaraban reiteradamente en forma pública.

Víctimas de la violencia comunista

          Entre los episodios históricos que han sido borrados de la memoria colectiva por la falsificación político-periodística registrada en el país después de 1990 está, justamente, el de la violencia comunista que alcanzó su clímax en septiembre de 1983:

“El día 7, diez funcionarios de Carabineros resultaron heridos en el desarrollo de la quinta jornada de protesta; ese mismo día, en Talcahuano, encapuchados balearon y asesinaron al estudiante de Inacap Carlos Iturra Contreras en su domicilio e hirieron al menor de 14 años José Rolando Soto y al obrero José Hidalgo Sobarzo; el día 9, elementos subversivos atacaron el domicilio de un ministro de la Corte de Apelaciones, baleando al sargento 2° de Carabineros Pedro Efraín Salas Lineros (arrebatándole su metralleta Uzi y dos cargadores), que muere días después en el Hospital José Joaquín Aguirre; en las vísperas del 11 de septiembre ocurrieron incidentes de extrema violencia en el sur de Santiago, como balaceras, robos, saqueos, atentados incendiarios y sabotaje de torres eléctricas, que dejaron un saldo de ocho muertos (los jóvenes Jorge Arellano Muñoz y Nelson Gómez Espinoza, que fueron baleados por desconocidos; y la pobladora María Elena Ramírez Morales y cinco de sus hijos, que murieron quemados producto de un atentado incendiario que afectó a varias mediaguas del campamento Villa Portales y 30 heridos, ocho carabineros, un soldado conscripto del Ejército y veintiún civiles).

          “Entre los heridos, el soldado conscripto del Ejército Néstor Cruz Latache fue golpeado por una turba de cien personas en la comuna de Pudahuel; Luis García Mitón, quemado, era cónyuge de la pobladora María Elena Ramírez; Eugenio García Ramírez, quemado, era hijo de Luis y María; el laboratorista del diario La Tercera, Emilio Rosales; el conductor Eugenio Muñoz (una turba de veinte extremistas asaltó su citroneta en Callejón Lo Ovalle, comuna de La Cisterna, agrediéndolo y raptando a su acompañante, una mujer de 21 años, para después violarla); Ramón Abarca, quemado en ataque incendiario; Sergio Ulloa Cifuentes, Ariel González Naranjo, Juan Rivas Muzzo, Juan Uruigual Raimén, Sergio Martínez Escobar, Jorge Astudillo Sandoval, Víctor Molina Morales, José Infante Guerra, Ricardo Gutiérrez Carrasco, Humberto Candia Lizama, Pedro Rojas Fernández, Víctor Montenegro Alfaro, Guillermo Marcial Lizama Centeno, Víctor Suárez Pinto y Edison Gatica Muñoz (todos ellos fueron víctimas de balaceras). Toda la información se encuentra en La Tercera, 11 de septiembre de 1983, págs. 42-43” (62).

          Claro, era mucho más importante para las agencias informativas y el Departamento de Estado el sit in de Gabriel Valdés y su desmayo, que la violencia comunista masiva contra chilenos modestos que resultaban muertos o heridos.

Presiones norteamericanas (II)

          Los esfuerzos por mantener el orden interno se hacen fuego con la necesidad de cumplir los requisitos para obtener la certificación norteamericana en materia de derechos humanos, necesaria para fines crediticios y de adquisición de elementos para nuestras fuerzas armadas.

          Los políticos opositores lo saben y lo aprovechan. Se mezclan en desórdenes públicos y, si caen detenidos, denuncian “la represión a las opiniones disidentes”. Entonces el Departamento de Estado declara que respalda “el derecho a la disensión pacífica en Chile” y expresa que el arresto del ex canciller Gabriel Valdés y de otros líderes políticos de oposición es un reflejo de “graves, tensiones y divisiones” que afectan a nuestro país. Y no repara siquiera en la violencia comunista ni la menciona. Incluso contradiciendo informes de su propia embajada en Chile.

Es digno de comentarse el efecto propagandístico del sit in de Valdés. Pero nótese que este gesto publicitario tan destacado nacional e internacionalmente en su tiempo y que entorpeció las relaciones con el gobierno de Reagan, no fue siquiera mencionado en el erudito trabajo del historiador DC, Carlos Huneeus, “El Régimen de Pinochet”.   

Valdés posteriormente, como Presidente del Senado, tuvo gestos de concordia con la UDI, Jaime Guzmán y el general Pinochet (ya senador designado) en 1990, gestos criticados por el mismo historiador (63).

          La declaración antedicha del Departamento de Estado distingue, eso sí, entre el derecho a disentir y la seguridad del Estado. Pero no repara en las amenazas concretas a esta última (64).

          Washington ha extendido la certificación a Argentina, donde el Gobierno Militar ha debido marcharse, pero no la extiende a Chile. Según una carta enviada al Washington Post por el secretario de Estado asistente para los derechos humanos, Reagan no ha otorgado la certificación puesto que Chile no cumple con los requisitos establecidos por la ley norteamericana, en el sentido de avanzar hacia un mejoramiento del estado de los derechos humanos.

La tensión que provoca esta actitud lleva al gobierno de Reagan a enviar al general Vernon Walters, que en la década de los ’70 ha tenido cercanía con el director de la Dina, general Manuel Contreras, y ahora es asesor especial para asuntos latinoamericanos, a entrevistarse con el presidente chileno, para impedir un deterioro grave de los vínculos con el Gobierno (65).

El año termina con las relaciones entre ambos países bastante frías. Walters, en su autobiografía, “Misiones Discretas”, no menciona entre las mismas las que desempeñó en Chile desde 1973 en adelante. Tal vez fueron “demasiado discretas”. Es que los Estados Unidos lograron “sacar las castañas del fuego (echar a los comunistas) con la mano del gato (la de los militares chilenos)” y después, para efectos de imagen, optaron por equilibrarse entre impedir el retorno de aquellos al poder y aparecer a la vez hostilizando al Gobierno Militar en nombre de los derechos humanos, para fines de su prestigio interno e internacional.

           

Avances educacionales

          En abril de 1983 se había informado del traspaso de 6.869 liceos fiscales a las municipalidades, es decir, el 87,5 % del total. Fue un primer paso de la Revolución Militar hacia la verdadera libertad de enseñanza.

          Pero no obstante la evaluación positiva del proceso, una comisión interministerial de Interior y Educación comprueba que muchos municipios carecen de recursos para administrar los establecimientos que les han sido traspasados. El Gobierno hace un aporte extraordinario de 1.200 millones de pesos al sector, lo que constituye un paliativo.

          En su discurso de fin de año Pinochet señala que las evaluaciones del sistema de educación municipal son positivas y que se ha logrado la capacitación de siete mil docentes en todo el país (66).

Propuestas reactivadoras

          A mediados de 1983 la Confederación de la Producción y del Comercio, el mayor ente empresarial, propuso un plan de reactivación económica, respetando el modelo. Pero el ministro Cáceres opinó que, de aceptarse la propuesta, el país sufriría una inflación galopante dentro de los siguientes seis meses (67).

Tanto las “protestas” como las “propuestas” iban minando la firmeza del respaldo de Pinochet a las políticas de libre mercado. Un adalid de ese “fuego amigo” contra el modelo fue Sergio Onofre Jarpa.

Éste nunca había simpatizado demasiado con el modelo impulsado por los economistas de Chicago y en los momentos más duros de la crisis de la deuda se había manifestado por una política económica más intervencionista. De hecho, cuando asumió Interior se decía que, tras un recorrido nocturno en helicóptero por las poblaciones donde más violentas eran las protestas, los incendios y los atentados, se había convencido de que la causa del descontento era la situación económica restrictiva generada, a su juicio, por las políticas neoliberales.

Pero la situación económica no era mejor en los demás países del hemisferio que no observaban las mismas políticas y, sin embargo, también sufrían a raíz de la crisis, que por algo era sindicada como causante de “la década perdida de América Latina”.

La animadversión de Jarpa hacia esas políticas tendría pronto consecuencias en la conducción económica del Gobierno.

Diferendo con Argentina

          El año 1983 fue de statu quo en el diferendo con Argentina suscitado por su no aceptación del laudo arbitral que dio la razón a Chile en el caso del canal Beagle. Reconociendo que se trataba de una materia de la mayor gravedad e importancia, el Gobierno decidió sacar al coronel Ernesto Videla de la subsecretaría de Relaciones Exteriores en que se desempeñaba y asignarlo con exclusividad como jefe de la delegación nacional al proceso de mediación papal.

          En consecuencia, Videla viajó a Roma con expresas instrucciones de reunirse con altos funcionarios vaticanos y, en particular, con el influyente cardenal Agostino Casaroli (68).

          Entretanto, resultó muy positivo para Chile el término del régimen militar en el país vecino, precipitado por la derrota en las Malvinas. El nuevo gobierno que advino allá, de Raúl Alfonsín, un político moderado elegido en octubre de 1982 y que no tenía una disposición belicosa hacia Chile, como su predecesor, el general Galtieri, dio lugar a que el 23 de enero de 1983 se firmara una Declaración de Paz y Amistad entre los cancilleres Jaime del Valle (Chile) y Dante Caputo (Argentina), en la cual se manifestó la solemne decisión de preservar y desarrollar vínculos entre ambos países y recurrir a los medios pacíficos de solución de las controversias que pudieran surgir entre ellos (69).

Normalización con Oceanía

La campaña propagandística soviético-cubana contra Chile alcanza a todos los rincones del globo y amenaza a nuestro comercio exterior, al extremo de que los dirigentes de los estibadores neozelandeses, oyendo un úkase del KGB emitido desde Moscú, se han negado a cargar y descargar mercaderías hacia y desde Chile. Pero a poco, viendo que ello iba más en su propio perjuicio que en el de nuestro país, levantaron dicho boicot y el comercio bilateral se reactivó grandemente.

          Pinochet nombró entonces un embajador concurrente en los países del área Pacífico y viaja a Chile una delegación de empresarios neozelandeses.

La situación en el área mejora y más adelante el Presidente recibe las cartas credenciales del embajador de Australia, William Kevin Flannagan (70).

Violencia comunista de fin de año

          Fracasada la séptima y última Jornada de Protesta Pacífica de 1983 el 27 de octubre, la Alianza Democrática llamó a una concentración masiva para el 18 de noviembre en el Parque O’Higgins. Por supuesto, recibió la pronta adhesión del MDP comunista-socialista-mirista, que “se comprometió a no utilizar ninguna forma de violencia”.

          Más o menos cien mil personas concurrieron al acto de masas y se manifestaron pacíficamente. El comunismo les había “concedido” eso por una vez, pero a los pocos días el recién fundado FPMR se atribuyó, entre otros, 15 atentados explosivos registrados el 23 de noviembre en la Región Metropolitana, y otros perpetrados el día 25. “Las operaciones terroristas fueron acompañadas de ‘acciones de masas’ callejeras en la capital y Valparaíso” (71).

          El dirigente socialista Ricardo Lagos se aprestaba a presidir la Alianza Democrática desde el 1° de diciembre y estaba preparando el terreno para los “soviets chilenos” que proyectaban los comunistas, los llamados “cabildos” (fórmula que repetiría en 2016 Michelle Bachelet buscando subvertir, sin éxito, el orden constitucional).

          “A los comunistas, expresaba Lagos, hay que buscarles canales de expresión y no desplazarlos del sistema político (…) La Alianza debe proveer los canales de expresión del pueblo chileno y para eso estarían los cabildos. En este tipo de actividades el PC tiene que participar, y la Alianza invitarlo”.

Más tarde, en entrevista a un matutino, Lagos defiende la participación del PC en los cabildos-soviets y explica: “No quiero ocultarlo. No quiero decir ‘no estamos con los comunistas’. No señor. Yo creo que para la transformación del sistema capitalista en un sistema socialista como nosotros lo entendemos, vamos a tener que juntarnos en un instante con los comunistas” (72).

Por suerte después, cuando fue Presidente (2000-2006), no hizo nada de eso.

          El 14 de diciembre de 1983 fue la fecha de fundación formal del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la organización militar comunista, que inició su “Primera Campaña”, denominada “Fuera Pinochet”, con duración planificada hasta el 10 de enero de 1984.

Se inició con un apagón general que abarcó gran parte del país y desórdenes callejeros con la participación de sus militantes y la colaboración de sacerdotes y religiosas de extrema izquierda.

          En el manifiesto fundacional expresa que “nació para entregar una respuesta al pueblo, que reclama una conducción en el terreno militar”. Fue la fructificación del acuerdo tantas veces comentado de Gladys Marín, Orlando Millas y Volodia Teitelboim en Moscú, en 1974, de enviar jóvenes comunistas a recibir formación militar en Cuba para venir a combatir a otros chilenos.

          La última semana del año estuvo plagada de atentados extremistas.

Balance económico anual

          En 1983 el PIB siguió cayendo, si bien menos, -2,8 %. Ya la recuperación se anunciaba, pero el desempleo en el Gran Santiago no cedía y hasta aumentaba una décima, a 22,2 %. Sin embargo la cifra de todo el país disminuía y era la mitad que en la capital: 11,6 %. Tampoco retrocedía la inflación, que incluso subía un poco más: a 23,1% anual.

          La Tasa de Inversión en Capital Fijo también siguió bajando, a 11,9 %.

          El déficit fiscal aumentó a -3,8 % del PIB.

          Pero la Balanza Comercial tuvo un fuerte aumento del superávit, a 985,6 millones de dólares. Al menos hubo ese fruto de la devaluación. La Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos disminuyó su déficit a menos de la mitad, -1.117,3 millones de dólares; pero la Cuenta de Capitales redujo su superávit también a menos de la mitad, 1.049,1 millones de dólares.

          El saldo de la Balanza de Pagos de nuevo fue negativo, pero menor, y llegó a -541 millones de dólares.

          La deuda externa casi se mantuvo: 17.431 millones de dólares (73).

          Las Reservas Internacionales Brutas del Banco Central aumentaron a 2.818 millones 200 mil dólares, un incremento de 82 millones 800 mil dólares respecto al año anterior (74).

REFERENCIAS DEL CAPÍTULO XI:

(1) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”,op. cit., t. II, p. 743.

(2) Fontaine, Arturo: “Los Economistas…”, op. cit., p. 170.

(3) Salazar, Manuel: “Sebastián Piñera”, Marenostrum, Santiago, 2009, p. 76.

(4) Tromben, Carlos: “Crónica Secreta de la Economía Chilena”, CyC Impresores, Santiago, 2016, p. 143.

(5) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, opt. cit., t. II, p. 743.

(6) “El Mercurio”, 12 de marzo de 1983, p. C6.

(7) Arancibia, Patricia: “De Castro…”, op. cit., p. 399.

(8) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op. cit., t. II, p. 632.

(9) Domic, Juraj: “Política Militar del Partido Comunista”, Instituto Geográfico Militar, Santiago, 1988, p. 104.

(10) “La Segunda”, 31 de enero de 1983.

(11) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op. cit., t. II, p. 643.

(12) “La Segunda”, 04 de noviembre de 1983.

(13) Domic, Juraj: “Política Militar…”, op. cit., p. 123.

(14) Ídem.

(15) “La Segunda”, 05 de enero de 1983.

(16) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op. cit., t. II, p. 646.

(17) Ibíd., p. 647.

(18) Cuevas, Gustavo: “Pinochet…”, op. cit., p. 149.

(19) Ibíd., p. 150.

(20) “La Tercera”, 14 de mayo de 1983.

(21) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, .op. cit., t. II, p. 696.

(22) “El Mercurio”, Santiago, 20 de octubre de 1983, ps.  A 1 y A 12.

(23) Millas, Orlando: “Memorias 1957-1991”, Ediciones Chile-América, Santiago, 1995, ps. 186 y 187.

(24) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op. cit., t. II, p. 552.

(25) Vial, Gonzalo: “Pilnochet…”, op. cit., t. II, p. 483.

(26) Koehler, John O.: “STASI”, Westview Press, Colorado, USA, 2000, p. 313.

(27) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op, cit., t. II, p. 616.

(28) Ídem.

(29) “La Segunda”, 01 de agosto de 1983. 

(30) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op. cit., t. II, p. 619.

(31) Ídem.

(32) Domic, Juraj: “Política Militar…”, op. cit., p. 105.

(33) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op. cit., p. 547.

(34) Radio Berlín Internacional, 6 de julio de 1983, citado por Domic, Juraj, op. cit., p. 111.

(35) Cuevas, Gustavo: “Pinochet…”, op. cit., p. 136.

(36) Ibíd., ps. 137 y 138.

(37) Ibíd., p. 140.

(38) Vial, Gonzalo: “Pinochet…”, op, cit., t. II, p. 497.

(39) Cuevas, Gustavo: “Pinochet…”, op. cit., p. 140.

(40) Manzano, Crístofer: “Asamblea de la Civilidad”, Andros Impresores, Santiago, 2014, p. 34.

(41) Ibíd., p. 34.

(42) “La Nación”, 09 y 10 de marzo de 1983.

(43) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op. cit., p. 577.

(44) Ibíd., p. 578.

(45) Domic, Juraj: “Política Militar…”, op. cit., p. 107.

(46) Ibíd., p. 109.

(47) Ibíd., p. 110.

(48) Vial, Gonzalo: “Pinochet…”, op. cit., t. II, p. 487.

(49) Ídem.

(50) “La Época”, Santiago, 2 de julio de 1987.

(51) “El Mercurio”, Santiago, 29 de enero de 2017, p. D-3.

(52) Ídem.

(53) “Acuerdo Nacional: significado y perspectivas”, Corporación Justicia y Democracia, Santiago, 1995.

(54) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op. cit., p. 681.

(55) “La Tercera”, 11 de septiembre de 1983, p. 9.

(56) Vial, Gonzalo: “Pinochet…”, op. cit., t. II, p. 489.

(57) Domic, Juraj: “La Política…”, op. cit., p. 117.

(58) Ibíd., p. 116.

(59) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op. cit., p. 651.

(60) Domic, Juraj: “La Política…”, op. cit., p. 118.

(61) “El Mercurio”, Santiago, 09 de octubre de 1983, citado por Domic, op. cit. p. 118.

(62) Schiappacasse, Mauricio; Medalla, Ernesto y Sánchez, Francisco: “Allende y Pinochet…”, op. cit., p. 344.

(63) Huneeus, Carlos: “El Régimen…”, op. cit., p. 589.

(64) “La Tercera”, 12 de julio de 1983, p. 4.

(65) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op. cit., t. II, ps. 749-750.

(66) Ibíd., p. 596.

(67) Fontaine, Arturo: “Los Economistas…”, op. cit., p. 175.

(68) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op. cit., t. II, p. 736.

(69) Pinochet, Augusto: “Camino…”, op. cit., t. III, p. 118.

(70) “La Nación”, 22 de noviembre de 1983, p.5.

(71) Domic, Juraj: “La Política…”, op. cit., p. 126.

(72) Ídem.

(73) Banco Central de Chile, Dirección de Estudios: “Indicadores Económicos y Sociales 1960-1985”, Santiago, 1986; “Indicadores Económicos y Sociales 1960-2000”, Santiago, 2001.

(74) Díaz, José: Lüders, Rolf y Wagner, Gert: “La República…”, op. cit., p. 516).

(CONTINUARÁ MAÑANA)