CAPÍTULO
VI
1978:
El año que vivimos en peligro
La DC y el PC
conspiraban otra vez
En La Tercera del 4 de julio de 1999,
suplemento “Documentos Secretos”, p. 6, se informó que el 7 de septiembre de 1978
un cable de la CIA enviado de Santiago a Washington aseguraba que la DC y el PC
“tienen un plan para atacar y estremecer al Gobierno que culminará dentro de
los próximos meses cuando se consideren las extradiciones pedidas por Estados
Unidos en el caso Letelier”.
Ya había
habido informaciones de acuerdos entre Eduardo Frei Montalva, jefe
democratacristiano, y Luis Corvalán, secretario general comunista, para aunar
estrategias contra el Gobierno Militar (ver comienzo del capítulo precedente).
El historiador
Gonzalo Vial ha denominado a 1978 como annus
horribilis (1). En algunos aspectos lo fue, pero no deja de ser una
paradoja que ese año Chile creciera económicamente como casi nunca lo había
logrado en su historia, si bien un poco menos que en 1977, un 8,2 %; que la
inflación estuviera en retroceso, alejándose ya de la hiperinflación de 1973;
que la paz interna se hubiera, prácticamente, conseguido, como que, pese a
haber un activo grupo guerrillero, el MIR, sólo 9 personas cayeran en todo el
año víctimas del enfrentamiento subversión-gobierno. Es decir, la guerrilla y la represión eran
insignificantes. Cualquier país que se hubiera sustraído a la marea
propagandística anti-Junta desatada desde Moscú nos habría envidiado la
estabilidad, la paz interna y la prosperidad.
Lo que
sucedió fue que en el orden institucional e internacional acaecieron cosas muy
trascendentes, por completo ajenas a las plácidas realidades descritas. La
política nacional e internacional suele suscitar situaciones artificiales que
operan al margen de las realidades.
La Consulta Nacional
La
Consulta anunciada el año anterior, tras haber estado “el Gobierno caído”,
según la insólita revelación que me hiciera Jaime Guzmán a la entrada del
Edificio Diego Portales, tuvo lugar el 4 de enero de 1978 y fue un éxito para
el Gobierno, que pudo convocar a una manifestación gigantesca en el Parque
Bustamante, a la cual acudió una masa desacostumbrada de adherentes (para la
derecha política, habitualmente de pobre convocatoria callejera).
El
catalizador de la Consulta fue el acuerdo condenatorio contra el gobierno de
Chile de las Naciones Unidas en 1977, aprobado por 96 votos a favor, 14 en
contra y 25 abstenciones.
El
Gobierno había hecho esfuerzos durante todo el año para aplacar al “frente
externo”. El embajador chileno en los Estados Unidos, Jorge Cauas, le había
pedido entrevista al Secretario de Estado, Cyrus Vance, y le había explicado
los pasos institucionalizadores hacia la democracia que se proponía el
Gobierno.
El ministro de Relaciones Exteriores,
almirante Patricio Carvajal, había llamado al encargado de negocios
norteamericano, Thomas Boyatt, para informarle que la entidad de inteligencia
sustituidora de la DINA, la CNI, iba a ser dirigida por un general de impecable
hoja de servicios en materia de respeto a los derechos humanos, Odlanier Mena.
La
delegación de la CIA en Santiago informó a Washington: “Contreras se ha sentido
totalmente conmocionado por su destitución, pese a la creencia generalizada de
que su posición ya era vulnerable cuando la DINA fue sustituida por la CNI en
agosto. La actitud de Contreras ha sido análoga al marido cornudo que es el
último en enterarse de que su mujer le ha traicionado con otro” (2).
La
Consulta Popular era, sin duda, un paso decisivo del régimen para
autoasegurarse. Pero dentro de él operaba un “adversario interno”: el general
Leigh.
En
realidad, esa Consulta ni siquiera se habría llevado a efecto sin la entereza
de Pinochet y el círculo más cercano de sus colaboradores, pues además de Leigh,
el almirante Merino también se oponía a convocarla; y de este último no cabía
sospechar siquiera un deseo de debilitar a Pinochet. Pero manifestó su “total
desacuerdo” y la improcedencia “de fondo y forma” de dicha Consulta. No
obstante, finalmente estuvo de acuerdo en firmar el decreto ley de la
convocatoria.
Leigh afirmó que la Consulta aparecería
como un rasgo propio de un régimen personalista, que no tendría ninguna
credibilidad afuera y que hería normas constitucionales y legales. Solicitaba
suspender el acto. Pero finalmente también firmó el decreto de la convocatoria.
Los
asesores civiles de mayor confianza de Pinochet, el ingeniero Eduardo Boetsch,
Jaime Guzmán y los ministros Sergio Fernández y Alfonso Márquez de la Plata,
autores de la idea inicial de llamar a esta especie de plebiscito en apoyo a la
Junta, respaldaron con firmeza al Presidente. En realidad, Fernández en sus
memorias políticas (Mi Lucha por la
Democracia) sostiene que Pinochet recurrentemente aludía a la necesidad de
hacer un plebiscito para recibir el respaldo popular frente a las objeciones
que muchos levantaban contra su acción de gobernante.
Internamente,
además, para la opinión pública nacional, la condena de las Naciones Unidas
aparecía como grotesca, pues el país estaba en plena etapa de recuperación
económica y había tranquilidad, lo que casi trece años después corroboraría,
como antes se documentó, el propio Informe
Rettig.
Pero el
Contralor General de la República, Héctor Humeres Magnan, ofició al Presidente
en el sentido de que no había norma constitucional ni legal que le permitiera
llamar a una Consulta Popular. Una comunicación al Contralor en la que, a su
vez, expresan su convicción de que debe mantener su impugnación del decreto que
ha convocado a la Consulta Nacional, pues vulnera el sistema de gobierno
establecido por la propia Junta, emitieron los abogados DC o afines, Pedro
Jesús Rodríguez, Máximo Pacheco Gómez, Alejandro Silva Bascuñán (que tan
lúcidamente había fundamentado la legitimidad del Gobierno Militar en 1973) y
Víctor Santa Cruz, ex embajador de Jorge Alessandri en Londres. Pero el
Contralor estaba a punto de jubilar… y jubiló dos días antes de la Consulta.
Designado en su lugar fue justamente
uno de los promotores de la misma, el ministro Sergio Fernández, que renunció a
su cartera, asumió como Contralor y tomó rápida razón del decreto que llamaba a
efectuarla, acogiendo dos sugerencias del ex Contralor: que no fuera
obligatoria y que no surtiera efectos jurídicos. Ninguna de las dos cosas importaba
para los efectos buscados.
El manejo de la
opinión pública
El semanario Qué Pasa había reconocido una vez en
1975 que, “pese a factores negativos, el hecho evidente es que el Gobierno es
popular” (3).
El
Gobierno digitaba bien sus centros de poder e influencia: el Frente Juvenil de Unidad Nacional
organizó una marcha el 29 de diciembre, antes de la Consulta, bajo la consigna:
“Sí, Presidente”. Y acude gente joven
a la marcha. Mucha o poca, no importa, pues lo que importa es que después
aparece una masa en los diarios y la televisión.
La
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile entrega una declaración, que se
publica en los medios, donde denuncia a la ONU como agresora de nuestro país y señala
que “es deber fundamental de todo chileno contribuir a preservar la seguridad
nacional hoy gravemente amenazada, estimando de la más alta conveniencia
nacional el pronunciamiento inmediato de todos los chilenos en defensa de la
Patria agredida”. Y también eso aparece en los diarios y la televisión (4).
El decano
de Derecho es Hugo Rosende, un partidario del Gobierno de la línea dura.
Hoy
(2018) parece inverosímil lo siguiente, dado el actual predominio de la
izquierda en el magisterio: “Por su parte, el Consejo Nacional del Colegio de
Profesores da a conocer una declaración en que expresa que (el Colegio) ‘debe
estar resueltamente con Chile para demostrar que, ahora como en esa memorable
fecha (nota del autor: el 11 de
septiembre de 1973, por supuesto) estamos unidos mujeres, hombres y
juventud, como un solo hombre, para derrotar una vez más ante el mundo a
nuestros enemigos”.
A estas adhesiones se suman, por
ejemplo, la directiva de la Federación de Sindicatos del Banco de Chile, la
Federación Industrial Ferroviaria de Chile y la de los pilotos de LAN Chile,
etc. (5).
El
abogado Pablo Rodríguez, destacada figura nacionalista, también de los sectores
más duros del régimen, afirma que es “partidario de acontecimientos políticos
que le den respaldo orgánico al Gobierno; es necesario movilizar a la opinión
pública, no dejar que nos durmamos en los laureles del triunfo obtenido contra
la Unidad Popular” (6).
Esto
también aparece en los medios. Así se maneja la opinión pública desde un
gobierno que tiene el poder y la decisión de hacerlo.
El resultado de la
Consulta
El
miércoles 4 de enero de 1978 acudieron voluntariamente –no había manera de
obligarlos-- más de cinco millones de chilenos a votar, presentando su carnet
de identidad, el cual era recortado en una esquina para evitar el doble
sufragio.
Cuatro millones (77,47 %) votaron “Sí”
y un millón cien mil (19,44 %) “No”, con 3,09 % de votos en blanco y nulos, a
la siguiente pregunta contenida en la cédula de votación:
“Frente a
la agresión internacional desatada contra nuestra Patria, respaldo al
Presidente Pinochet en su defensa de la dignidad de Chile y reafirmo la
legitimidad del Gobierno de la República para encabezar soberanamente el
proceso de institucionalización del país”.
Al lado
de la opción “Sí” había una bandera chilena; al lado de la opción “No”, una
bandera gris.
El efecto
interno fue de solidificación del respaldo al Gobierno. El efecto externo fue
de sorpresa contenida, como la manifestada por el diario alemán Die Welt (los altos círculos alemanes
fueron siempre, con la sola excepción del dirigente democratacristiano bávaro
Franz Josef Strauss, extremados denostadores del Gobierno Militar): “Son tan
altos (los resultados favorables a Pinochet) que reforzarán su política dura, y
demasiado inferiores a los obtenidos en los plebiscitos que preparan los
estados totalitarios, como para poder negarles significación” (7).
Bolivia rompe
relaciones
El 17 de marzo
la Cancillería boliviana comunicó a la chilena la decisión del gobierno de La Paz
de romper relaciones diplomáticas con Chile, en razón del nulo avance de las
conversaciones derivadas del Acuerdo de
Charaña debido a la intransigencia de Chile.
Las
conversaciones se habían iniciado con la idea de un canje de territorios
homogéneos en la frontera con Bolivia. Luego Bolivia cambió el concepto de
territorio continuo por otro en tramos de igual superficie. Después el
Presidente Banzer ofreció comprar el territorio chileno, lo que desde Chile no
se aceptó. “El territorio chileno no se vende ni se regala”, espetó el
almirante Merino.
De ahí
Bolivia pasó a hablar de una cesión de territorio chileno sin compensaciones,
que fue rechazada por Chile.
Entre
ambas propuestas había mediado otra, del ministro boliviano de Integración,
Willy Vargas, en el sentido de que se le entregara a su país en arriendo el
ferrocarril de Arica a La Paz, la que no había sido aceptada ni rechazada por
Chile.
En todo
caso, la ruptura unilateral volvía la situación “a fojas uno”, es decir, al
estado de ruptura de relaciones imperante desde 1962.
Importantes ajustes
ministeriales
Por
primera vez Pinochet cedió poder político en 1978: en abril designó a Sergio
Fernández ministro del Interior, con la facultad de “formar gobierno”, es
decir, de poder designar ministros. Es evidente el vínculo de esta decisión con
la idea de ir preparando la nueva institucionalidad civil que sucederá al
Gobierno Militar, dentro del marco democratizador anunciado el año anterior en
Chacarillas.
El
historiador Carlos Huneeus, próximo a la DC, ha descrito así la situación:
“Llegó al Ministerio del Interior con ayuda de Jaime Guzmán. Como se trataba de
una persona sin mayor visibilidad, al líder del gremialismo le pareció
necesario que la opinión pública lo conociera. Para este fin Fernández, que
entonces era Contralor General de la República, fue invitado a dictar la clase
magistral de inauguración del año académico de la Universidad Católica, con
gran despliegue publicitario. Era inusual que el Contralor, un funcionario no
político, eligiera como tema de su conferencia precisamente el desarrollo
político del país. (…) Días después, Pinochet le ofreció ser Ministro del
Interior, con amplias facultades para la construcción de la nueva
institucionalidad” (8).
Fernández
en sus memorias políticas dice que “con los nombres que propuse al Presidente
se quería subrayar ciertas líneas políticas de acción futura. (…) La
participación civil en funciones protagónicas era un rasgo nuevo, que debía
ratificar la consolidación del régimen, la paulatina normalización del país, el
asentamiento de nuevas instituciones y su proyección futura”.
Bajo el
mismo predicamento juran en Relaciones Exteriores Hernán Cubillos, oficial
retirado de la Armada –hijo de un ex Comandante en Jefe-- que por muchos años
ha sido “mano derecha” de Agustín Edwards, el principal dueño de El Mercurio y cabeza de un importante
grupo de empresas.
También
entra al ministerio Alfonso Márquez de la plata, ingeniero agrónomo y ex
Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, a encabezar la cartera del
ramo. De ahí en adelante Márquez de la Plata pasará a ser una persona muy
próxima al Presidente Pinochet y, después de terminado el Gobierno Militar, uno
de los más eficaces defensores de su legado y divulgadores de su obra, a través
de libros publicados por una firma editora de su creación, Editorial Maye, varios de los cuales escribió él mismo.
También
ingresa el ingeniero José Luis Federici a ocupar la cartera de Transportes y Telecomunicaciones.
En Defensa sigue el general César Raúl Benavides; en Hacienda, Sergio de
Castro; en Economía, Pablo Baraona; en Educación, el contralmirante Luis
Niemann; en Justicia, Mónica Madariaga; en Obras Públicas, el ingeniero Hugo
León Puelma; en Bienes Nacionales, el general de Carabineros Lautaro
Recabarren; en Trabajo, el abogado Vasco Costa; en Salud, el general del Aire,
Fernando Matthei; en Minería, el ingeniero Enrique Valenzuela Blanquier; en
Vivienda se mantiene Edmundo Ruiz Undurraga; Secretario General de Gobierno, el
general René Vidal; Secretario General de la Presidencia, el general Sergio
Covarrubias; y en Odeplan continúa un hombre clave desde antes del 11 de
septiembre de 1973, el capitán de navío (r) Roberto Kelly (9).
Se levanta el Estado
de Sitio
En marzo
el Presidente anuncia que se levanta el Estado de Sitio y la excepcionalidad
baja de grado, a Estado de Emergencia. Se limita también el toque de queda y ya
no rige para los peatones. El país está tranquilo. Anuncia Pinochet:
“El
levantamiento del Estado de Sitio restituye sustancialmente las protecciones
legales a la libertad personal propias de un régimen de normalidad, a la vez
que elimina completamente el funcionamiento de Tribunales Militares en Tiempo
de Guerra, con lo cual la Corte Suprema ejerce su superintendencia sobre la
justicia militar sin diferencias con respecto de los tribunales de la nación”.
En un discurso posterior resalta el contraste entre la tranquilidad y el orden
que imperan en Chile “que nos distingue de la inmensa mayoría de un mundo
convulsionado por la violencia…” (10).
Al mismo
tiempo, se admite la visita al país de la Comisión Allana de Derechos Humanos
de la ONU, cuya entrada no se había permitido con anterioridad, pero con una
garantía para Chile al menos parcial: la misión la encabeza el jurista
costarricense Fernando Volio, una persona independiente y a la cual se cree
bien dispuesta hacia las ideas de fondo que profesa el régimen.
De otro
lado, con la llegada de Hernán Cubillos a Relaciones Exteriores se logra
normalizar el vínculo con Gran Bretaña, artificialmente resentido por el caso
de la doctora Cassidy, que había llevado al retiro del embajador británico. Se
dice que Cubillos mostró al canciller británico, Lord Carrington, las cifras del
comercio entre ambos países, que eran magras, mientras con Alemania y Francia,
cuyos gobiernos criticaban aún más a Chile que el británico, pero no habían
retirado sus embajadores y con los cuales las cifras comerciales eran
crecientes. Trade follows flag (“el
comercio sigue a la bandera”) argumentaba Cubillos a Carrington. Así es que
pronto se normalizaron las relaciones con Gran Bretaña.
El gremialismo
concentra el poder civil
El gremialismo
fue un movimiento que nació entre el estudiantado de la Universidad Católica
como respuesta a la corriente izquierdista que consiguió el control de esa
universidad en 1967, obtenido con el respaldo de la jerarquía eclesiástica de
centroizquierda encabezada por el Cardenal Silva Henríquez.
En realidad, el gremialismo era un
movimiento juvenil de derecha encabezado por Jaime Guzmán Errázuriz, ex alumno
de Derecho y muy leal a la Revolución Militar, ambos apuntando a forjar una
sociedad libre. No había demasiada formación económica en su liderazgo, pero
éste estaba muy consciente de que la libertad de iniciativas, la subsidiariedad
y el imperio de la ley y el orden debían ser la espina dorsal de la convivencia
social.
“El
gremialismo concentró su participación en tres organismos. En primer lugar, en
la Secretaría General de Gobierno, transformada por el régimen en un importante
ministerio, ampliando sus competencias y recursos humanos, donde radicaba el
control de los medios de comunicación y la movilización del apoyo ciudadano.
Para esto último creó la Dirección de Organizaciones Civiles, con tres
secretarías: Mujer, Gremios y Juventud. (…)
“En
segundo lugar, sus economistas e ingenieros, bajo el liderazgo de Miguel Kast,
se incorporaron a la Oficina de Planificación Nacional (Odeplan) colaborando
con los Chicago Boys en la
preparación de las reformas económicas y evaluación de la gestión de los
ministerios.
“A través de los secretarios regionales
de planificación (Serplac), dependientes de Odeplan, el gremialismo apoyó la
gestión de los gobiernos regionales (…)
“En tercer
término, se concentraron en la dirección de gobiernos locales, siendo nombrados
alcaldes de numerosas municipalidades de las principales ciudades (Santiago,
Valparaíso, Viña del Mar, Concepción) (11).
El decreto ley de
Amnistía
En 1978 el país
estaba pacificado. Este hecho lo confirmó en 1991 la evolución de las cifras de
caídos en la confrontación con el extremismo de que dio cuenta el Informe de la Comisión de Verdad y
Reconciliación, mejor conocido como Informe
Rettig, y que publicara el diario La
Nación de Santiago el 5 de marzo de 1991, en cuya página 196 consta lo
siguiente:
Víctimas anuales:
1973
1.261
1974
309
1975
119
1976
139
1977
25
1978
9
En otros
términos, no era exagerado pensar que la violencia generada por la pretensión
comunista-socialista de tomar el poder por las armas había quedado atrás.
Parecía llegada la hora de cerrar las heridas y entrar a una nueva etapa de
reconstrucción, sin vencedores ni vencidos.
El
gabinete predominantemente civil del Presidente Pinochet había sido otra señal
en el mismo sentido. Los anuncios de Chacarillas representaban el decidido paso
a un régimen democrático y de libertades.
En ese
contexto se concibió la idea de la amnistía general.
Había un
precedente histórico para un caso que había generado dos o tres veces más
víctimas que el enfrentamiento registrado a partir de 1973 (2.279 según el Informe Rettig y 3.197 con su complemento
de la posterior Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación): tras la Revolución de 1891, en que cayeron
entre seis mil y diez mil compatriotas (en un país de dos millones de
habitantes; los historiadores no han concordado una cifra) ya en septiembre de
1891 y recién caído Balmaceda se dictó una amplia ley de amnistía para los ocho
meses de lucha, pero estableciendo excepciones. Sin embargo, poco después, en
febrero y agosto de 1893, se amplió la amnistía a todos los hechos ocurridos,
salvo la “matanza de Lo Cañas” y las actuaciones del último ministerio de
Balmaceda. Finalmente, “en agosto de 1894 la amnistía para los hechos ocurridos
durante la Revolución se hizo absoluta y sin excepciones” (12).
Otro
precedente lo constituyó la llamada “Matanza del Seguro Obrero” de 1938. La Ley
de Amnistía de 17 de abril de 1941, que concedió ese beneficio a quienes
tuvieron participación en la represión del movimiento revolucionario nacista
del 5 de septiembre de 1938, que ocasionó más de medio centenar de muertes,
añadía:
“Concédese
también amnistía a todos los ciudadanos procesados o condenados por delitos
provenientes de hechos políticos, y al personal de Carabineros procesado o
condenado por delitos ejecutados en actos de servicio” (13).
El
decreto ley de Amnistía de 1978 tuvo el número 2.191 y fue publicado en el
Diario Oficial de 19 de abril de ese año. Lo había hecho preparar el nuevo
ministro del Interior, Sergio Fernández, tan pronto juró su cargo. Trabajaron
con gran reserva en el texto la ministra de Justicia, Mónica Madariaga, el ex
ministro de Justicia, Miguel Schweitzer Speisky y el auditor general del
Ejército, general (J) Fernando Lyon Salcedo.
Quedaron
amnistiados todos los delitos cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el
10 de marzo de 1978. Se exceptuaron el parricidio, el infanticidio, el robo con
fuerza en las cosas o con violencia o intimidación en las personas, la
elaboración o tráfico de estupefacientes, la sustracción o corrupción de
menores, las malversaciones, fraudes, violaciones y abusos deshonestos, el
contrabando y los delitos de carácter tributario. Expresamente se excluyó el
caso Letelier.
El mismo
20 de abril fueron liberados 97 presos políticos (14). La amnistía permitió
que, en total, quedaran en libertad 1.475 extremistas que estaban condenados
por tribunales militares, y 578
uniformados igualmente condenados, de acuerdo con antecedentes proporcionados
por la Comisión Asesora de Derechos Humanos del Gobierno Militar, integrada por
destacados abogados independientes, ente que desapareció de la memoria
colectiva, como tantas cosas... (15).
Nótese
que la amnistía de 1941 benefició a personal uniformado que había cometido
delitos sustancialmente iguales a los descritos como “atropellos a los derechos
humanos” posteriores a 1973, consistentes en quitar la vida a elementos que se
habían alzado en armas contra el régimen. Hoy los “juristas de izquierda” los
habrían calificado como “delitos de lesa humanidad” o habrían recurrido a la
ficción del “secuestro permanente” para burlar la respectiva ley de amnistía.
Entre los
extremistas amnistiados en 1978 se benefició el activista mexicano José Sosa
Gil, uno de los doce mil o más extranjeros ingresados durante la UP que
denunció después la OEA. El 19 de agosto de 1973 Sosa había asesinado a tiros,
en un paradero de buses, al subteniente de Ejército Héctor Lacrampette, sin
ninguna razón conocida. Obtuvo su libertad en 1978.
En todo
caso, en el momento la jerarquía eclesiástica manifestó: “La Iglesia de
Santiago valoriza el espíritu de concordia y reconciliación nacional invocado
en la adopción de esta medida y la celebra como signo alentador de un
reencuentro fraterno. (…) La voluntad de paz evidenciada en la presente
amnistía exige ser corroborada por todos con espíritu generoso. Sólo una nueva
actitud de respeto, comprensión y perdón podrá acercar a los chilenos a una
nueva sociedad surgida de un consenso y protegida por el derecho” (16).
Surge el tema de los desaparecidos
Bajo el
ministerio de Sergio Fernández tuvo lugar una publicitada huelga de hambre de
familiares de detenidos-desaparecidos. El nuevo titular de Interior tuvo que
recurrir a las herramientas que tenía, porque hacer desaparecer personas no
había sido nunca una política de gobierno, pero en los primeros tiempos después
del 11 de septiembre de 1973 (entre esa fecha y el 31 de diciembre del mismo
año cayeron el 57% del total de muertos entre 1973 y 1990, como después
comprobaron las comisiones formadas bajo la administración Aylwin), el país
vivió un período de lucha interna desordenada y poco controlada.
Ante la
huelga de hambre, Fernández declaró, en cadena nacional de radio y televisión:
“Frente a
la nómina de presuntos desaparecidos a la que actualmente se ha reducido el
problema, declaro categóricamente que el gobierno no tiene antecedentes que
comprueben la detención de ninguna de esas personas. Considerando que la
mayoría de los presuntos desaparecidos corresponde a activistas, es muy posible
no sólo que esas personas hayan pasado al clandestinaje sino que también hayan
podido caer en enfrentamientos con fuerzas de seguridad, bajo identidades
falsas que portaban, lo cual impidió la oportuna individualización de éstas”
(17).
Los huelguistas de hambre ocuparon
dependencias de organismos internacionales, como Unicef, Cruz Roja, OIT y
varias iglesias de barrio. El eco internacional que siempre logra la izquierda
en sus maniobras propagandísticas se tradujo en que centenares de huelguistas
se plegaron al ayuno en 21 países europeos y americanos. El infaltable senador
Edward Kennedy visitó a los huelguistas de hambre en Ginebra.
Pero hubo
una reacción local a favor del Gobierno: al cuarto día de huelga, 66 individuos
de un autodenominado Grupo de Unidad
Católica se tomaron la Catedral Metropolitana y, sorpresivamente, leyeron
una proclama de apoyo al Gobierno Militar. Ese movimiento no pasó más allá.
Después
de quince días, la Iglesia decide tomar contacto con el Gobierno y el ministro
del Interior se compromete a efectuar una investigación. El Comité Permanente del
Episcopado insta a poner fin a la huelga de hambre. Una semana después y pese a
la llegada a Chile de una comisión de abogados católicos y de la Comisión
Allana de la ONU, que apoyan las demandas de las víctimas, el ministro del
Interior reitera: “No tenemos antecedentes que comprueben la detención de estas
personas y por lo tanto rechazamos la sugerencia de que ellos puedan estar
detenidos ocultamente por las autoridades”.
Finalmente
la huelga de hambre se diluye, experimenta deserciones y deja de ser noticia.
Clotario
Blest, ante la fracasada “acción no violenta”, declara: “Cuando estábamos por
doblar la mano al tirano, la jerarquía eclesiástica, que al comienzo apoyaba a
las víctimas, termina por ser dominada por los sectores conservadores que vuelven
a dejar desamparados a los necesitados, dándole la mano a la dictadura”.
El nuncio
apostólico, Ángelo Sodano, expresa: “No matar y no matarse también”, a lo cual
el jesuita José Aldunate replica: “…la huelga de hambre, aun la indefinida,
adquiere el carácter de un sacrificio meritorio y de un don en aras del amor”
(18).
La oposición del
general Leigh
El Comandante
en Jefe de la Fuerza Aérea venía actuando, de hecho y desde hacía tiempo, como
un “opositor interno” y, en particular, como un detractor personal del
Presidente Pinochet. Desde el mismo 1974 venía discutiéndole los atributos de
que progresivamente este último estaba dotándose en el ejercicio del Poder
Ejecutivo. Esto hizo crisis en 1978.
Ya en
marzo, en el aniversario de la FACH, el general Leigh había hecho un discurso
lleno de sugerencias institucionales distintas de las que promovía el Gobierno,
las cuales derivaban de los anuncios de Chacarillas del año anterior y se
materializaban en el proyecto de nueva Constitución.
Como
diferentes cifras lo corroborarán en este mismo capítulo, en 1978 el país
prosperaba a un ritmo con pocos precedentes y estaba casi completamente
pacificado, como que en todo ese ejercicio sólo 9 personas perdieron la vida
con motivo de la violencia política y la represión consiguiente. La Consulta de
comienzos del año había hecho patente el apoyo ciudadano, porque más de cinco
millones de chilenos se habían expresado electoralmente, a lo cual nadie podía
obligarlos.
Pero las
“élites habladoras” que menciona el historiador inglés Paul Johnson son capaces
de crear un clima de opinión distinto por sí mismas. Dos testimonios del
divorcio entre la realidad y esta superestructura política de wishful thinking de los adversarios del
Gobierno Militar los encontramos en las siguientes opiniones del entonces
recién designado embajador de los Estados Unidos, en Chile, George Landau y del
general Leigh.
El
primero: “Es sólo cuestión de tiempo: hasta que el Ejército se dé cuenta de que
el único camino para que Chile mejore sus relaciones con el mundo es la
sustitución de Pinochet”, le dijo al funcionario del Consejo Nacional de
Seguridad en Washington, Robert Pastor. Y añadió: “Los generales saben que si
tenemos suficientes pruebas contra Contreras, no hay manera de que él hubiera
podido hacerlo sin informar a Pinochet, con quien desayunaba cada día” (19).
Pero
después quedó probado que había manera y el propio Townley se lo enrostró a
Contreras, como antes vimos.
Al mismo
tiempo, los adversarios internos de Pinochet querían aprovechar el caso
Letelier para sacarlo del poder. Leigh, en particular, anunció en un Consejo
Aéreo de junio: “He decidido intensificar el ataque…” (20).
Sus intenciones estaban a la vista.
Creía que su hora había llegado. Y, en cierta manera, había llegado, pero no en
el sentido que él esperaba.
Así,
aprovechó un aniversario de la FACH para plantear, ni más ni menos, un
itinerario político diferente del anunciado por Pinochet. Éste, que estaba
presente, después dijo que había estado a punto de retirarse. Pero no lo hizo y
le pidió a Leigh que precisara sus proposiciones. Leigh las precisó el 16 de
mayo, proponiendo excluir al Ejército de la Junta, incorporar a veinte asesores
civiles a cada una de las Comisiones Legislativas, sin visto bueno del
respectivo presidente de la Comisión y miembro de la Junta; un plazo de cinco
años para modificar la Constitución y dictar leyes electorales y de partidos
políticos.
Tenía
calendario institucional propio. ¿Qué diría el resto de la Junta?
Leigh no midió su
propia fuerza
Finalmente,
el Comandante en Jefe de la Aviación fue un paso más allá y el 18 de julio
concedió una entrevista al diario milanés Corriere
della Sera, que fue conocida inmediatamente en Chile.
Afirmaba
allí que “nuestra imagen internacional” exigía “actuar desde el interior del
propio Chile”. “Aquí falta un itinerario político. Si el Gobierno lo
anunciaba”, añadía, y lo respetaba, “nos proporcionaría oxígeno”.
Nótese la
imagen que se había forjado de Chile este miembro de la Junta: un país al borde
de la asfixia. ¿Qué quedaba para el hombre de la calle y la opinión pública
exterior?
Pero la realidad era que el país crecía
a más del 8 por ciento al año, la inflación caía visiblemente, estaba
pacificado y tenía las cuentas internas y externas en orden… Pero Leigh creía
otra cosa. Añadía: “Ya es tarde, pero es necesario… para el retorno a la
normalidad”.
¿En qué
país vivía? ¿Qué más “normalidad” quería? Él era la mejor prueba de que la
propaganda izquierdista prevalecía sobre la realidad cuando se trataba de
convencer a las personas (lo que sigue sucediendo hasta hoy). Leigh había
“comprado” el relato sobre el país en crisis que pintaba Radio Moscú noche a
noche y que reproducían sus “compañeros de ruta”, la prensa europea y la mayor
parte de la norteamericana. Tenía un solo defecto: tal país no existía.
Estas
imágenes sin base, con todo, no dejan de tener importancia… si los afectados
por ellas y que son el blanco de las críticas se las creen. A lo largo de la
historia hay ejemplos: al Shah de Irán lo convencieron de que estaba caído… y
se marchó. En el propio Chile, al general Ibáñez, en 1931, lo convencieron de
que debía renunciar, y renunció. Si no lo hubiera hecho ¿quién lo iba a echar?
No el Ejército, que estaba con él.
Los chilenos vimos, algo más de
cuarenta años después, lo que se requirió para echar a un gobierno fracasado,
devenido impopular, que había desatado la escasez y la hiperinflación y había
sido sorprendido propiciando el armamentismo ilegal para dar un golpe de mano y
quedarse con el poder total; y que, encima de todo eso, había atropellado
sistemáticamente la Constitución y las leyes. Sólo pudieron sacarlo las Fuerzas
Armadas y Carabineros actuando de consuno y tras un úkase civil enviado por una sustancial mayoría parlamentaria.
¿El
embajador Landau y el general Leigh querían convencer a los chilenos de que al
Presidente de un gobierno exitoso de un país próspero y pacificado debía
renunciar “para mejorar la imagen internacional”?
Todo lo que
dicho general expresó al Corriere della
Sera no fue sino una colección adicional de clavos en su ataúd: el “retorno
a la normalidad” (es decir, que se fueran Pinochet y la Junta) “no admitía un
plazo superior a cinco años”; debería elaborarse “un programa” en que
intervinieran los civiles, porque, si no, se arriesgaba a que “precipitaran la
situación”. ¿Quiénes? ¿Un “golpe civil” contra un “gobierno militar”? Parece
que la historia enseña que los golpes que resultan son al revés. Y remachaba el
último clavo: “Desgraciadamente, para todo esto no hay comprensión en la
autoridad, que debería comprenderlo mejor que nadie”.
Le
preguntó entonces Corriere della Sera
que haría él, Leigh, si fuera Presidente. Respuesta: “Exactamente todas las
cosas que he dicho”. “¿La Consulta Nacional? No debió celebrarse”. “¿El caso
Letelier? Un problema muy delicado. Condeno vigorosamente ese crimen.” Añadía
que si hubiera “una implicación de Chile “, o “de organismos del país”, “yo
consideraría muy seriamente mi posición en la Junta”.
A esas
alturas la Junta estaba informada de la participación de la DINA en el caso
Letelier, así es que el general estaba planteando renunciar ya, es decir,
generar una crisis nada menos que en la Junta de Gobierno.
El mismo día en que se conoció la
entrevista, Merino le pidió a Leigh que la desautorizara, pero éste no sólo no
lo hizo, sino que en un reportaje radial reafirmó sus dichos. Al día siguiente
la Junta almorzó en su sede, el Edificio Diego Portales y sus miembros se
levantaron de la mesa en medio de gritos y recriminaciones.
Pinochet
no se resolvía a actuar, pero un comité de sus ministros, sin saberlo él (y más
resuelto que él), sí. A la cabeza estaba el menos pensado, el de Hacienda,
Sergio de Castro, quien se había convencido de que el propósito de Leigh era
crearle un gravísimo problema a Pinochet y estaba actuando de consuno con algún
partido político: “Le habrán dicho que es alto (era bajo), peludo (era bastante
calvo) y buenmozo (discutible), y se lo
habrá creído”, declaró de Castro años después (21).
Un “comité de
ministros” resuelto
El comité
de ministros actuó por su cuenta. Lo integraban Sergio Fernández, de Interior;
Hernán Cubillos, de Relaciones Exteriores; Mónica Madariaga, de Justicia;
Sergio de Castro, de Hacienda; y el almirante Luis Niemann, de Educación, más
los generales Sergio Covarrubias (Estado Mayor Presidencial), René Vidal
(Secretaría General de Gobierno, todavía no reemplazado), Julio Canessa
(Comisión Nacional de Regionalización) y Odlanier Mena (CNI). Este comité
ad-hoc actuaba como una asesoría política presidencial y de él surgió la idea
de que el Gabinete escribiera una carta a Leigh criticándolo y solidarizando
con Pinochet, Merino y Mendoza. Actuaron, se reitera, por su cuenta y sin
conocimiento del Presidente… pero es difícil que éste no lo haya sabido.
En una
siguiente reunión, recuerda de Castro (22) “noté que tanto el contralmirante
Luis Niemann de Educación como el general Canessa de Conara, no estaban muy
convencidos de enviar esa carta. Estaba el problema de que por una parte eran
ministros de Estado, pero por otra dependían de sus respectivas instituciones.
Recuerdo que Canessa señaló que esto era muy delicado y que convenía darle a
Leigh la posibilidad de una salida porque era peligroso acorralarlo. Estaba muy
alarmado por la capacidad militar de la Fuerza Aérea. Yo no estuve de acuerdo y
de una manera quizás un tanto brusca golpeé la mesa y dije que por el
contrario, lo que había que hacer era no dejarle ninguna salida y que tenía que
irse porque era evidente que era él quien intentaba acorralar al Presidente”.
Al final
hubo unanimidad para mandar la carta. Como no había acuerdo sobre el texto y
existía sólo un borrador confeccionado por Jaime Guzmán por encargo de
Fernández, se pensó convocar a una reunión posterior para firmarla. Pero de
nuevo de Castro demandó finiquitar la carta en el acto y así se hizo: mandaron
pasar en limpio el borrador de Guzmán y hacia las 22 horas la firmaron.
En ella
le manifestaban a Leigh su total discrepancia con lo que había declarado al
diario italiano, la inoportunidad de la fecha que había elegido (cuando nos
visitaban comisionados de derechos humanos de las Naciones Unidas), la sorpresa
porque Leigh apareciera ignorando el itinerario político establecido en
Chacarillas y la esperanza de que el periodista italiano lo hubiera
malinterpretado.
Los
ministros no hicieron pública la carta, pero sí dijeron a la prensa que la
habían enviado “libre y espontáneamente”. Leigh la recibió a mediodía del jueves
20 y el Consejo Aéreo la analizó el viernes 21. En su seno había cuatro
posiciones: no responder, escribir a Pinochet delatando la insolencia de los
ministros, esperar o abandonar la FACH el gobierno.
De los 19
miembros del Consejo Aéreo, 17 eran incondicionales de Leigh. No lo eran Javier
Lopetegui, agregado aéreo en Washington, ni Fernando Matthei, ministro de
Salud, ninguno de los cuales asistió al Consejo del 21.
Leigh le mandó pedir a Matthei su
renuncia a la FACH y éste se la anunció para el lunes 24.
Merino
visitó a Leigh y le pidió que renunciara a la Junta, pero éste desechó la idea,
restándole toda seriedad a la petición. Y en sólo una carilla respondió al
Consejo de Ministros declarándolo “jurídicamente inexistente” y carente “de
representatividad para dirigirse a las más altas autoridades del país.”
En fin, reiteró sus declaraciones al
diario italiano y declaró no aceptar lecciones de quienes no habían vivido
cabalmente el 11 de septiembre de 1973.
En
seguida hizo pública su respuesta, lo que llevó a los ministros a publicar,
también, su carta. La crisis tomó así pleno estado público.
El
viernes 21 Pinochet se reunió con los generales de la guarnición en el Edificio
Diego Portales mientras Leigh lo hacía con los de la Aviación en el Ministerio
de Defensa.
El sábado
22 Leigh fue visitado por el general de Aviación José Martini, segundo en el
escalafón; el coronel de Aviación y abogado Julio Tapia y su asesor, el abogado
radical Jorge Ovalle. Ante los rumores de destitución, concluyeron que no había
armas legales para materializarla. Se equivocaban. Había una.
A esa
hora Roberto Kelly, Sergio Fernández y Sergio de Castro convencían al general
Matthei de no renunciar a su ministerio ni a la FACH.
Endurecimiento de
posición
El
almirante Merino procuró negociar una salida, ofreciendo al ya mencionado
segundo hombre de la FACH, general José Martini, reemplazar a Leigh, pero ambos
recién nombrados acordaron rechazar la oferta.
Leigh se
creía más firme de lo que era. Es verdad que tenía el respaldo de todos sus
generales y que el decreto ley N° 527, Estatuto de la Junta, establecía que la
remoción de un miembro sólo procedía en caso de su “imposibilidad absoluta”.
Pero quedó demostrado que “imposibilidad absoluta”, paradójicamente, es un término
relativo, pues otro artículo del Estatuto determinaba que sólo los tres
restantes miembros de la Junta podían determinar cuándo la había.
El general
Leigh creía que su postura era tan firme que el lunes 24 acudió a una reunión
de la Junta en la oficina de Pinochet, en el quinto piso del Edificio Diego
Portales, llevando en la mano un documento que, él conjeturaba, iba a
solucionar la crisis: anunciaba que la Junta se reunía en sesión permanente
“hasta dejar clarificado el itinerario de restauración institucional” (23).
Pero a
esa hora el Ejército había rodeado todas las bases de la FACH en el país,
incluida la principal, El Bosque, y
también había rodeado el Edificio Diego Portales.
Los
restantes miembros de la Junta criticaron acerbamente a Leigh y Pinochet
replicó al papel que el primero portaba extrayendo otro con la enumeración de
las veces en que había contradicho públicamente a la Junta.
Los tres
miembros restantes de ésta le pidieron que renunciara. Se negó. Le dijeron que
tenían listo el decreto destituyéndolo. “Hagan lo que quieran”, dijo, “pero es
ilegal”. Y se retiró.
El destino trabaja por
su cuenta
El lunes 24 el general Matthei iba a
presentarle su renuncia a Leigh a la Fuerza Aérea, como había quedado de
hacerlo. Pero esa mañana en la Avenida Costanera lo adelantó en auto Roberto
Kelly, que había recibido la misión de informar a Merino en Viña de que Leigh
iba a ser destituido. Merino se había mostrado conforme, de todo lo cual Kelly
informó a Pinochet.
Kelly se extrañó de que Matthei, en
lugar de seguir en su auto y encaminarse al Ministerio de Salud, en calle
Monjitas, entrara junto con él al subterráneo del Edificio Diego Portales.
“-- ¿Por qué viniste, tienes alguna
ceremonia?
“—Vengo a presentar mi renuncia a la
FACH y te vi pasar. Voy a comunicarle lo mismo a Sergio Fernández.
“Sorprendido –sigue Kelly-- le pregunté
por qué había tomado esa decisión. (…) Ambos subimos a la oficina de Fernández,
quien llegó un rato más tarde seguido de Sergio de Castro” (24).
Matthei finalmente fue disuadido por
los tres ministros de renunciar a la FACH, porque si lo hubiera hecho no podría
haber sido después Comandante en Jefe y miembro de la Junta en reemplazo de
Leigh. En consecuencia, permaneció en una oficina del Diego Portales a la
espera de los acontecimientos.
A las 9.30 lo citó Pinochet y le dijo:
“-- Mire, Matthei, echamos a Leigh y lo
hemos nombrado a usted Comandante en Jefe de la FACH y miembro de la Junta. Así
que proceda a asumir el mando de su institución”.
Entretanto, la ministra de Justicia,
Mónica Madariaga, había redactado el decreto de destitución de Leigh, que fue
enviado a la Contraloría, donde demoraron su toma de razón por variadas razones
burocráticas, pero finalmente lo despacharon al ministro de Defensa, general
César Raúl Benavides, con el timbre “totalmente tramitado”.
Entonces Benavides bajó dos pisos e
irrumpió en la reunión de los generales de la FACH y le comunicó a Leigh que
había sido destituido y debía marcharse. A los demás les indicó que debían dispersarse.
Leigh manifestó que sólo podía
destituirlo un decreto y Benavides se lo exhibió, diciéndole, “Aquí está el
decreto”.
Renunciaron ocho generales de la FACH
más antiguos que Matthei y también los demás, salvo Lopetegui, que estaba en
Washington, y el propio Matthei. Éste se dedicó metódicamente a ascender a los
respectivos coroneles, reuniéndose con la mitad de ellos en Cerrillos y con la otra mitad en El Bosque, dejando el alto mando
inmediatamente reconstituido, mientras los renunciados almorzaban por última
vez en el comedor de la Comandancia en Jefe.
Todos los renunciados y casi todos los
ascendidos fueron a ver a Leigh esa tarde a su casa. A Matthei lo fue a ver
menos gente: unos pocos amigos y algunos ministros, encabezados por Hernán
Cubillos (25).
Expectación pública y
atentado
La
Segunda, vespertino que yo entonces dirigía, pudo informar de todos
los acontecimientos, porque sucedieron a la “hora perfecta” para el diario y
para quedar los acontecimientos cubiertos a la salida del mismo a la calle, a
las 14 horas. Vendió ese día más de 80 mil ejemplares, tres veces más que lo
habitual, tras sacar las respectivas ediciones extra.
El general Leigh, ya retirado, se
dedicó al corretaje de propiedades y fue víctima años después, en su oficina,
de un atentado del brazo armado comunista, el FPMR, junto a su socio como
corredor y también general (r) Enrique Ruiz Bunger, que había sido Director de
Inteligencia de la FACH. Ambos sobrevivieron a las balas, pero Leigh quedó muy
disminuido y perdió un ojo. Su socio y camarada también quedó malherido y con
un brazo inmovilizado. Más encima ha sido posteriormente perseguido por la
prevaricación de la justicia de izquierda, a raíz de la muerte de dos
terroristas del MIR en los ’70, hechos prescritos. Falleció ya nonagenario y
semiinválido, en 2017, tras ser llevado desde el penal de Punta Peuco al
hospital institucional.
Sus agresores seguramente están entre
los indultados e indemnizados por Aylwin y gozan de trabajo garantizado por
“instituciones humanitarias” en Europa.
Pues los guerrilleros, tanto del MIR
como del FPMR, o sus familiares, han recibido, en tanto, múltiples beneficios
legales y previsionales, como indemnización por haber sido privados por los
uniformados del “derecho” a tomarse el poder por las armas y establecer en
Chile un régimen totalitario sin elecciones ni plazo de término.
La versión de Pinochet
El Presidente
de la Junta emitió un comunicado en el cual explicaba:
“En
repetidas ocasiones y en distintas instancias, se le ha representado al señor
General que su posición envuelve el retorno a un pasado que el país no debe
volver a sufrir, pues éste es un Gobierno que no es de mera rectificación de
las viejas estructuras. De estos hechos guardamos permanente silencio y
discreción hasta que se agotaron las gestiones para convencer al señor
Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea que su posición era día a día más
incompatible con los principios por los que él mismo luchó en otro tiempo.
“Tan
lamentable proceso ha culminado en los últimos días con declaraciones hechas
para ser difundidas en el extranjero, que por su contenido comprometen la
seguridad nacional y resultan, además, lesivas para el Gobierno de las Fuerzas
Armadas y de Orden. La Junta de Gobierno, en uso de las facultades que le
confiere el Decreto Ley 527 de 1974, ha acordado, por unanimidad, que la
conducta del señor General Leigh tipifica la imposibilidad absoluta de
continuar ejerciendo, desde esta misma fecha, los cargos de miembro de la
Honorable Junta de Gobierno y Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile”
(26).
El
general Matthei prestó juramento y se hizo cargo de su nueva y alta función de
Comandante en Jefe y miembro de la Junta en circunstancias muy delicadas, pero
actuó bien y, como él mismo declaró: “El único peligro era que la Fuerza Aérea
no aceptara mi mando, pero tal como lo declaré ante la prensa, lo aceptaron
como algo inevitable. No hubo nadie que dijera ‘un momentito, mi general’. A
los dos meses tenía a la Fuerza Aérea funcionando perfectamente” (27).
Lo de
Leigh tenía ramificaciones. Años después, el dirigente sindical de izquierda
Clotario Blest confesó, ante una pregunta de la escritora Mónica Echeverría:
“Me
comentaron algunos integrantes del CODEHS que el equipo de Leigh había tomado
contacto con usted meses antes.
“Efectivamente,
algunos compañeros de la ANEF me invitaron a una reunión en la oficina de un
connotado abogado. Allí me insinuaron que se preparaba un golpe contra Pinochet
por parte de la Fuerza Aérea y me preguntaron si yo estaría dispuesto a
apoyarlos, ofreciendo a cambio un alto puesto en el futuro gobierno.
“¿Qué les
contestó usted?
“Les dije
que ya en el año 1956 el movimiento Línea Recta me había hecho la misma proposición
y yo me había negado rotundamente, porque ustedes comprenderán, agregué, que no
estoy dispuesto a participar en ninguna aventura golpista dirigida por
uniformados, pues no creo en los ideales democráticos de ellos. Pese a mi
negativa, volvieron a insistir semanas después, varias veces” (28).
Grandes pasos hacia la
nueva Constitución
El año 1978 fue
uno de los más trascendentales de la Revolución Militar, en términos de los
acontecimientos que sucedieron: Consulta Nacional, amnistía, destitución del
general Leigh y, según pronto veremos, cuasi guerra con Argentina (y
potencialmente con Perú y Bolivia).
Pues
bien, además lo fue porque el 16 de agosto de ese año la Comisión de Estudios
para la Nueva Constitución, Comisión Ortúzar
o Comisión Constituyente, que había
trabajado durante casi cinco años (recuérdese que comenzó a reunirse muy poco
después del 11 de septiembre de 1973), hizo entrega, mediante la persona de su
Presidente, Enrique Ortúzar Escobar, de un anteproyecto de Constitución al
Presidente de la República.
Las actas
de la Comisión están contenidas en doce grandes tomos, en el formato de las
actas de sesiones del antiguo Congreso Nacional, pues el trabajo de
transcripción y edición lo hicieron jefes y funcionarios del Parlamento
declarado en receso. Sergio Fernández dice que la Comisión celebró más de 400
sesiones durante cinco años y que para los “duros” del Gobierno, que habrían
preferido seguir con el sistema de las Actas
Constitucionales, la entrega del proyecto fue un golpe. Había “una decisión
irreversible de institucionalización”.
El
siguiente día 11 de septiembre Pinochet, en su discurso aniversario de la
efeméride, se refiere al anteproyecto y anuncia que el próximo paso es
consultar al Consejo de Estado, el
que emitirá un informe para que finalmente sea la Junta, con la colaboración
técnica de la Comisión Constituyente,
la que apruebe la redacción definitiva. Ésta se consultará a la ciudadanía
mediante plebiscito.
Pero el Presidente del Consejo de Estado, Jorge Alessandri,
devuelve al gobernante el anteproyecto cuando lo recibe, con la observación de
que no tiene la forma de un texto articulado, que es la propia de una
Constitución. Y entonces Pinochet a su turno lo devuelve a Ortúzar y la Comisión Constituyente, por fin, el 18
de octubre le remite al Presidente de la República el texto articulado que
solicita el Consejo.
Éste
terminará su labor sólo el 8 de agosto de 1980, tras 21 meses y 57 sesiones
plenarias, y entregará cuatro extensos documentos con un total de 350 páginas
(29).
Tarea urgente: aplacar
a EE. UU.
Siendo indispensable remediar los
efectos negativos que la actuación de oficiales chilenos en el caso Letelier
había tenido en nuestras relaciones con el país del norte, en especial habiendo
allá un gobierno demócrata, como el de Jimmy Carter, se hizo evidente que era
preciso entregar al autor material del atentado, el norteamericano Michael
Townley.
Los norteamericanos ya habían
comprobado que las fotografías de los pasaportes visados en Paraguay por la
embajada norteamericana para unos supuestos “Juan Williams Rose” y “Alejandro
Romeral Jara” eran de Townley y Armando Fernández Larios, un teniente chileno.
Por añadidura, fue acreditado en Chile
como embajador George Walter Landau, que había sido embajador en Paraguay
cuando se había extendido los pasaportes.
Con el propósito de llegar a un acuerdo
a ese respecto viajaron a Washington el 7 de abril el subsecretario del
Interior, general Enrique Montero Marx, y un abogado externo contratado para
colaborar en el caso, Miguel Alex Schweitzer, hijo del ex ministro de Justicia.
Allí negociaron con el fiscal encargado del caso, Eugene Propper, y su adjunto,
Larry Barcella, los términos de un pacto para expulsar a Townley de Chile (30).
En el plano internacional, agravaba las
cosas el que la izquierda chilena y mundial se hubiera movido para que en 1978
se declarara un boicot a las exportaciones e importaciones chilenas hacia y
desde puertos norteamericanos y europeos.
Pero la situación de los presos o
condenados de izquierda en Chile, que era motivo de la campaña de desprestigio
internacional del Gobierno bajo el pretexto de los “atropellos a los derechos
humanos”, fue suavizada por el Gobierno y el 15 de abril de 1978 éste accedió a
que 109 personas que se encontraban en la cárcel por atentar contra la Ley de
Seguridad Interior recibieran autorización para dejar el país.
Estas situaciones se han contabilizado
como “exilios”, en circunstancias que el
Gobierno sólo de manera excepcional expulsó gente del país y si hubo alto
número que viajó al extranjero fue porque, estando sometidos a proceso por
atentar contra la seguridad interior, obtenían de otras naciones el
ofrecimiento de viajar a ellas como refugiados, generalmente en situaciones
económicas ventajosas y con trabajo asegurado en Europa y Canadá, y las mismas
personas deseaban dirigirse al exterior. Luego, no eran “exiliadas” (31).
El “equipo civil” es
mayoría
Entre abril y
diciembre de 1978 se formó una mayoría de ministros civiles en el gabinete.
Inicialmente partió con la ya referida designación de Sergio Fernández, que
había sido ministro del Trabajo y después Contralor General, en la cartera de
Interior. Hasta, en algún momento, se habló de que él pasaría a ser una especie
de Primer Ministro, pero en el hecho eso no sucedió, aunque recibió de Pinochet
la misión de formar el resto del gabinete.
Junto con
él juró en Defensa el general César Raúl Benavides, que años después sería
vicecomandante del Ejército y, como tal, miembro de la Junta de Gobierno.
En abril
también asumió, como antes dijimos, Hernán Cubillos como ministro de Relaciones
Exteriores. Posteriormente, en diciembre, ingresaron al gabinete Gonzalo Vial,
abogado, historiador y educador, en Educación, sustituyendo al almirante Luis
Niemann; en Trabajo y Previsión Social asumió José Piñera, economista doctorado
en Harvard, que impulsaría trascendentales reformas de orden laboral,
previsional y, posteriormente, como ministro de Minería, relativas a la
propiedad minera, lo cual consagraría la condición esencial para que fluyera la
inversión de esa especialidad al país, tras crearse el derecho real de concesión minera a privados. Sustituyó al abogado
Vasco Costa. Y el Chicago Boy Miguel
Kast asumió en Odeplán, sustituyendo a Kelly, quien fue designado en Economía.
En Vivienda, en cambio, asume un
general (r), Jaime Estrada, reemplazando al civil Edmundo Ruiz; y en Minería
otro uniformado, el capitán de Navío Carlos Quiñones, tomó el lugar de Enrique
Valenzuela. Como recién se dijo, en Economía, Fomento y Reconstrucción quedó
Roberto Kelly, que antes había sido el alma de la adopción por parte del
Gobierno Militar del modelo económico inspirado por El Ladrillo y quien lo recopiló y ordenó imprimir y distribuir; y
en Agricultura juró Alfonso Márquez de la Plata, ingeniero agrónomo y ex
presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura.
Curiosamente,
José Piñera fue recusado por la Fuerza Aérea, argumentando que era próximo a la
DC. En realidad, su padre había sido toda la vida militante de ese partido,
como también sus hermanos, pero José participaba plenamente de las líneas
fundamentales de la política de libre mercado del Gobierno Militar. Sergio de
Castro debe hablar con Fernández, a raíz del “veto aéreo” y éste con Pinochet,
hasta lograr superarlo y nombrarse a Piñera en Trabajo (32).
Como se
aprecia, para equilibrar las cosas ante el ingreso de más civiles al gabinete,
el Presidente ha designado a dos uniformados en reemplazo de civiles: en
Vivienda al general de Ejército (r) Jaime Estrada y en Minería al capitán de
navío Carlos Quiñones. El primero favorable y el segundo adverso al modelo de
Chicago.
En todo
caso, sólo quedaron siete militares: los dos recién nombrados; el general César
Raúl Benavides en Defensa; el coronel de Aviación Mario Jiménez en Salud; el
general de Carabineros Lautaro Recabarren en Tierras y Colonización; el general
Julio Fernández en la Secretaría General de Gobierno, reemplazando a su similar
René Vidal; y el general Sergio Covarrubias en la Secretaría General de la
Presidencia.
En las
carteras de Justicia y Obras Públicas continuaban, respectivamente, los civiles
Mónica Madariaga, ex abogada de la Contraloría General de la República,
emparentada con el Presidente Pinochet y persona de su confianza; y Hugo León,
ingeniero civil y ex dirigente de la construcción.
Completaba
el ministerio el Chicago Boy José Luis Federici, en Transportes y
Telecomunicaciones.
También
existía ya en 1978 una asesoría política civil e informal del Ejecutivo,
conocida por la sigla ASEP, por la cual pasaron importantes políticos de larga
trayectoria: Francisco Bulnes Sanfuentes, ex senador del Partido Nacional; Juan
de Dios Carmona, ex senador y ex ministro democratacristiano (que había
renunciado al partido); Sergio Diez, también ex senador, pero del Partido
Nacional; el ex senador radical Ángel Faivovich; y el abogado y decano de
Derecho de la Universidad de Chile, Hugo Rosende, que había sido senador del
desaparecido Partido Conservador.
Asimismo,
el ministro del Interior, Sergio Fernández, en sus memorias políticas revela
que mantuvo un permanente contacto –en visitas privadas que les hacía— con los
ex Presidentes Jorge Alessandri y Gabriel González Videla, que eran,
respectivamente, presidente y vicepresidente del Consejo de Estado. “González
Videla –dice—se había alejado de las visiones estatistas de su juventud. En la
época de sus conversaciones conmigo propiciaba el establecimiento de un sistema
de amplia libertad económica y social”.
José Piñera “desmonta”
el boicot
El dirigente
sindical de la AFL-CIO norteamericana, George Meany, había enviado un ultimátum
amenazador al Presidente Pinochet en los siguientes términos:
“Si el 28
de noviembre de 1978 no he recibido una respuesta satisfactoria de parte del
presidente Pinochet sobre las libertades sindicales en Chile, la AFL-CIO estará
dispuesta a cooperar con todos los sindicatos hermanos de la América latina y
del Caribe para montar una acción internacional contra la represión del
gobierno chileno sobre sus trabajadores…” (33).
Pasó el 28 de
noviembre, pero el ministro del Trabajo, José Piñera, quien durante sus veranos
universitarios en los Estados Unidos había trabajado en la Casa W. R. Grace de
Wall Street, del magnate financiero e influyente hombre de negocios, Peter Grace,
con antiguos y muchos negocios en Chile, aprovechó este contacto y consiguió
traer al magnate al país en diciembre.
“Grace
llegó en su avión particular al aeropuerto de Pudahuel el 28 de diciembre de
1978 a las 8 de la mañana, acompañado del cubano Tony Navarro. A los nueve y
media de la mañana asistió a una reunión con Sergio de Castro y José Piñera en
el Ministerio de Hacienda. A las 11.45 se entrevistó con Pinochet. A las 17
horas continuaron las conversaciones con Piñera y de Castro, y a las 20 horas
le ofrecieron una comida de despedida, después de la cual regresó a Nueva York.
“Su
mensaje fue inequívoco: había que cambiar el sistema legislativo laboral en
Chile, como único modo de detener el boicot.
“El 2 de
enero de 1979 el ministro Piñera anunció al país los lineamientos de lo que
sería conocido como el Plan Laboral, después de reunirse con dirigentes
sindicales y, sobre todo, con empresarios. El mismo día el ministro del
Interior, Sergio Fernández, envió instrucciones a Intendentes y Gobernadores a
fin de que los directorios de los sindicatos pudieran realizar reuniones
ordinarias y extraordinarias para tomar conocimiento de los detalles del Plan,
en las sedes sindicales y fuera de las horas de trabajo, sin necesidad de
permiso previo. (…)
“Una llamada telefónica de Grace a
Piñera trajo la noticia: el boicot norteamericano se suspendía hasta la primera
semana de julio de 1979. Por primera vez Piñera empleó el citófono para
comunicarse con Pinochet y le dio la buena nueva (34).
Nueva amenaza de
boicot
Pero el
29 de noviembre una organización sindical interamericana, ORIT, levantó otra
amenaza de boicot contra Chile. La publicación de la noticia suscitó una
respuesta masiva en la Plaza Bulnes de Santiago, a la que concurrió un número
imprevisto de personas que desfilaron durante horas. Fue presidida por la Junta
de Gobierno.
El acto
sorprendió no sólo por su magnitud, pues la concurrencia fue espontánea, sino
porque los representantes de los trabajadores no-marxistas expresaron un
decidido apoyo al Gobierno. Hubo concentraciones similares en Arica,
Antofagasta, Copiapó, Concepción, Temuco y Puerto Montt.
Se
dirigió a la ciudadanía el presidente del Sindicato de Industrias Metalúrgicas,
Nelson Aguilar, quien repudió la amenaza de boicot diciendo: “Nosotros los
chilenos tenemos el orgullo de decir que hemos sabido enfrentarnos a cualquier
tipo de problema y siempre hemos logrado salir adelante, con esfuerzo, con
empuje y con hombría”.
Después
el presidente de la Confederación Marítima de Chile, Martín Bustos, manifestó:
“Nos encontramos frente a la mayor agresión que la ambición de unos pocos y la desinformación de muchos han permitido
montar en contra de nuestro país (…) A los gestores de este boicot, preparado
en contra de Chile, no les importa traer hambre y pobreza a la clase
trabajadora”.
Pinochet
también habló y destacó los logros en beneficio de los trabajadores:
“A pesar
de estar privados de todo tipo de ayuda, hemos disminuido la inflación, la
extrema pobreza y hemos ordenado la economía hacia un pleno desarrollo.
“Fortalecimos
los sindicatos de base, que son los genuinos representantes de los
trabajadores.
“Capacitamos
a más de 150.000 trabajadores mediante becas de perfeccionamiento,
proporcionadas por el sistema de capacitación creado bajo este Gobierno.
“Creamos
una carrera docente que dignifique a los trabajadores de la educación.
“Hemos
puesto término a la desigualdad en la asignación familiar.
“Se dio
término a la odiosa diferencia entre empleados y obreros.
“Se
cumplió en toda su extensión los convenios colectivos, con sanción de acuerdo
al rigor de la ley a los que pretenden desconocer aquellos actos.
“Se dio
asignación maternal a la madre trabajadora, asignación de movilización, de
colación y de ingreso mínimo para los trabajadores.
“Se
otorgó subsidio de cesantía para los trabajadores del sector público y privado
que pierdan sus fuentes de trabajo.
“Se amplió las pensiones asistenciales
para inválidos y ancianos.
“Se efectuó un reajuste automático de
remuneraciones tres veces al año, iguales al 100 % del alza del costo de la
vida en el mismo período.
“Hoy pueden constituirse dentro de una
misma empresa uno o más sindicatos, industriales o profesionales.
“Consecuencia de esa libertad, se ha
entregado al trabajador la decisión de afiliarse o no a una entidad sindical,
con lo cual se ha eliminado el carácter obligatorio de las cotizaciones, lo que
antes se prestó a abusos e injusticias y se arrebató la libertad.
“En el futuro, cada trabajador
determinará libremente a qué federación, confederación o entidad fuera de la
propia empresa se destinará esa cuota, respecto de la cual, con anterioridad,
no disponía de medio alguno para controlar su uso efectivo” (35).
La respuesta interna masiva y
cohesionada echó por tierra el intento de boicot de la ORIT.
Argentina desconoce el
fallo del Beagle
Otro de los
hechos que hizo al año ’78 uno de los más difíciles que debió enfrentar la
Junta fue el desconocimiento argentino del fallo de S. M. Británica sobre el
Canal Beagle del año anterior, que había declarado como chilenas las islas Lennox, Picton y Nueva, pretendidas por
Argentina.
El
gobierno vecino comunicó por Nota Diplomática al chileno que “había decidido
declarar insanablemente nula la decisión del árbitro”.
Pero esa actitud transandina no
resistía análisis. “Como lo ha señalado el ex embajador Gutiérrez Olivos,
bastará remitirse a la opinión que ese documento mereció a una de las mayores
eminencias del Derecho Internacional contemporáneo, el profesor Charles
Rousseau, de la Universidad de París, quien escribió: ‘La Declaración de
Nulidad de fecha 25 de enero de 1978 es un documento de diez páginas
dactilografiadas que prueba hasta la evidencia que ciertos almirantes sudamericanos
tendrían gran necesidad de seguir cursos nocturnos de Derecho Internacional’”
(36).
Habían
tenido lugar conversaciones infructuosas entre los Presidentes, generales
Videla y Pinochet, en el aeródromo de Plumerillo, en Mendoza, el 19 de enero. La
reunión había durado todo el día. Las diplomacias respectivas estaban ausentes.
El asistente de Pinochet era el coronel Ernesto Videla, que después tuvo un
importante papel en el Tratado de 1984.
Se llegó
a unas actas de acuerdo, pero fueron objetadas por un representante naval de
Argentina, que pretendía que Chile se obligara a retirar sus fuerzas de las
islas disputadas. Recuerda Pinochet: “Fue necesario que redactáramos y
corrigiéramos más de cuatro o cinco veces el ‘Acta de Mendoza’, pues un señor general
de Infantería de Marina argentino quería incorporar sus ideas, hasta que lo
objeté en forma dura y brusca, lo cual obligó al Presidente Videla a resolver
que dicho oficial no participara más en la redacción del documento" (37).
Después
hubo otra reunión de ambos Presidentes en febrero de 1979, en el aeropuerto de
El Tepual, Puerto Montt. Se firmaron allí las actas de Plumerillo, sin el
agregado que pretendía el representante naval argentino. Pinochet dice que
Chile se atendrá a la juridicidad del laudo y a los tratados vigentes entre
ambos países. Videla es criticado en Buenos Aires por no reaccionar ante eso y
emite una declaración tonante: “El laudo arbitral no existe; el camino
justiciable está terminado”.
Entonces
Chile tiene hasta noviembre para recurrir ante La Haya en pos del cumplimiento
del laudo. Argentina sostiene que La Haya significa la guerra. El nuevo
canciller chileno, Hernán Cubillos, piensa en una mediación papal como
alternativa.
El nudo de la cuestión
Como antes
se señaló, la tesis Argentina derrotada sostenía que el curso del canal Beagle
viraba hacia el sur antes de las islas
Picton, Lennox y Nueva y que las
mismas quedaban al oriente del meridiano del Cabo de Hornos, en el Atlántico,
meridiano que originaba una recta hacia el norte que determinaba la frontera
entre los dos países, de acuerdo con el principio bioceánico, según el cual
nuestro país no podía pretender punto alguno hacia el Atlántico ni Argentina
punto alguno hacia el Pacífico.
La tesis
chilena, confirmada por el laudo, era que el Beagle corría de oriente a
poniente y, por tanto, de acuerdo con el Tratado de 1881 entre ambos países,
todas las islas al sur del Canal, hasta el Cabo de Hornos, eran chilenas.
Recuérdese
también que Chile se había apresurado, apenas dictado el fallo, a nombrar
alcaldes de mar en las tres islas y precisar sus aguas territoriales, todo por
decreto N° 416 de julio de 1977 ya referido en el capítulo anterior.
Argentina
optó por la amenaza de guerra si no se accedía a sus pretensiones y durante
todo 1978 montó un verdadero espectáculo de preparativos bélicos, con traslado
de tropas al sur, cañoneos de alto calibre cerca de la frontera, vuelos de
aviones de combate en las madrugadas hasta tocar la frontera con Chile y el
también operático (recuérdese la también operática visita el año anterior del
almirante Torti) envío por ferrocarril de miles de ataúdes hacia la zona
austral.
Todo ello
obligó a nuestro país a un despliegue militar, naval y aéreo que no tenía
previsto y que irrogó ingentes gastos no presupuestados, sobre todo a raíz de
la Enmienda Kennedy, que prohibía a
los Estados Unidos vender armas a Chile.
Hubo
persecución contra chilenos en el sur argentino, distinguiéndose por su
odiosidad el gobernador Néstor Kirchner, de Santa Cruz, pese a ser hijo de
madre chilena de apellido Ostoic, una de las familias más conocidas de Punta
Arenas (no obstante lo cual Kirchner decía que su madre era “croata”).
Argentina
envió a su único portaaviones a la Isla de los Estados, en la zona austral y todo
parecía anunciar la ruptura de hostilidades. El Presidente Pinochet había sido
categórico para desechar toda posibilidad de una concesión territorial y para
reducir cualquier negociación a las aguas territoriales.
Hacia el
20 de diciembre de 1978 la guerra parecía inminente y las órdenes despachadas
por el Almirante Merino a la escuadra surta en los archipiélagos australes eran
de abrir fuego ante cualquier señal de invasión marítima. Por tierra, los
ejércitos estaban enfrentados y menudeaban incidentes fronterizos que podían
provocar el conflicto generalizado.
Pero un
violentísimo temporal se desató sobre la zona austral y pareció afectar más a
la Isla de los Estados y a la marina argentina que a la chilena, al menos según
lo que afirmaban las noticias.
En la
fecha crítica, que caía en un sábado previo a la Navidad, yo me hallaba en la
mañana en mi oficina de la dirección de La
Segunda. Cerca del mediodía, cuando ya tenía que despachar el titular del
diario, recibí un llamado anónimo desde el Ministerio de Defensa, cuyas
palabras aproximadas fueron:
“Soy un
oficial de la Armada, pero no le puedo dar mi nombre. Quiero informarle que la
Armada argentina, cuyo track tenemos
rigurosamente controlado, ha levado anclas en la zona austral y se dirige hacia
el norte, hacia Puerto Belgrano.”
Esto
significaba que el peligro inminente de guerra había pasado. Como director del
diario yo tenía que elegir entre titular o no con la información anónima que
había recibido. Me arriesgué y La Segunda
fue el primer medio que anunció el regreso al norte de la fuerza naval
argentina, que era efectivo, y, por tanto, lo mismo lo era el término del
peligro de guerra inminente en la zona insular austral.
El 22 de
diciembre el Papa Juan Pablo II anunció su mediación en el conflicto. Nuestro
país se plegó sin vacilar y Argentina con reticencia, pero a las 18.30 de ese
mismo día lo anunció. El peligro de guerra había pasado.
Balance económico
anual
El año 1978 el país
siguió creciendo fuerte, aunque no tanto como en el ejercicio anterior: 8,2%. Y
la inflación volvió a caer a menos de la mitad del ejercicio anterior: el IPC
aumentó 30,3%.
La Tasa de Inversión en Capital Fijo
subió a 14,5 % del PIB, desde el 13,3 % del año anterior.
El
desempleo en todo el país subió levemente a 13,6 %.
El
déficit fiscal siguió bajando, esta vez al 0,8 % del PIB. El equilibrio fiscal
era inminente.
La situación externa se deterioró. El
saldo de la Balanza Comercial fue negativo en -782,6 millones de dólares,
superior en más de tres veces al del año anterior. El saldo negativo de la
Cuenta Corriente aumentó a -1.087,9 millones de dólares, cerca del doble del
año anterior. Y la Deuda Externa llegó a 6.664 millones de dólares. La Cuenta
de Capitales de la Balanza de Pagos arrojó un gran superávit: 1.234 millones de
dólares. Ingresaban cada vez más capitales externos al país.
El saldo de la Balanza de Pagos fue de
nuevo positivo y mayor y llegó a 712 millones de dólares (38).
Las Reservas Internacionales Brutas del
Banco Central llegaron a mil 58 millones de dólares, con un aumento de 784
millones 700 mil dólares respecto del año anterior (39).
REFERENCIAS DEL CAPÍTULO VI:
(1) Vial, Gonzalo:
“Pinochet…”, op. cit., t. II, p. 363.
(2) Ekaizer, Ernesto:
“Yo, Augusto”, op. cit., p. 348.
(3) “Qué Pasa”, 25 de
septiembre de 1975.
(4) Rojas, Gonzalo:
“Chile Escoge…”, op. cit., t. I, p. 286.
(5) Ídem.
(6) Ídem.
(7) Vial, Gonzalo:
“Pinochet…”, op. cit., t. I, p. 280.
(8) Huneeus, Carlos:
“El Régimen…”, op. cit., p. 293,294.
(9) Cuevas, Gustavo:
“Pinochet…”, op. cit., p. 97.
10) Ibíd., p. 221.
(11) Huneeus, Carlos:
“El régimen…”, op. cit., ps. 320, 321.
(12) Gonzalo Vial:
“Historia de Chile 1891-1973”, Santillana del Pacífico, Santiago, 1983, volumen
II, p. 44.
(13) Ley N° 6.885,
publicada en el Diario Oficial de 17 de abril de 1941.
(14) Echeverría,
Mónica: “Antihistoria…”, op. cit., p.352.
(15) Mario Correa
Bascuñán: “Una Visión Olvidada”, Geniart, Santiago, 1996, p. 211.
(16) “El Mercurio”,
Santiago, 22 de abril de 1978, p. 12.
(17) Osorio, Víctor y Cabezas, Iván:
“Los Hijos de Pinochet”, Planeta, Santiago, 1995, p. 238.
(18) Echeverría,
Mónica: “Antihistoria…”, op. cit., ps. 353,354.
(19) Ekaizer, Ernesto:
“Yo, Augusto”, op. cit., p. 350.
(20) Vial, Gonzalo:
“Pinochet…”, op. cit., t. I, p. 328.
(21) Arancibia,
Patricia: “Sergio de Castro…”, op. cit. p. 301.
(22) Ibíd., p. 302.
(23) Vial, Gonzalo:
“Pinochet…”, op. cit., t. I, p. 335.
(24) Arancibia,
Patricia: “Conversando con Roberto Kelly”, op. cit., p.247.
(25) Vial, Gonzalo:
“Pinochet…”, op. cit., t. I, p.337.
(26) Pinochet,
Augusto: “Camino…”, op. cit., t. II, p. 182.
(27) Schiappacasse,
Mauricio: “Augusto Pinochet: Un Soldado de la Paz”, Maye, Santiago, 2009, p.
32.
(28) Echeverría, Mónica:
“Antihistoria…”, op. cit., p. 361.
(29) Rojas Gonzalo:
“Chile Escoge…”, op. cit., t. I, p.317.
(30) Ekaizer, Ernesto:
“Yo, Augusto”, op. cit., p. 348.
(31) “El Mercurio”,
Santiago, 15 de abril de 1978.
(32) Rojas, Gonzalo:
“Chile Escoge…”, op. cit., t. I, p. 200.
(33) Labin, Suzanne:
“Chili: Le Crime de Résister”, op. cit., p. 229.
(34) Osorio, Víctor y
Cabezas, Iván: “Los Hijos…”, op. cit., ps. 73, 74.
(35) Pinochet,
Augusto: “Camino…”, op. cit., t. II, p. 203.
(36) Canessa, Julio y
Balart, Francisco: “Pinochet y la…”, op. cit., p. 288.
(37) Pinochet,
Augusto: “Camino…”, op. cit., t. II, p. 168.
(38) Banco Central de
Chile, Dirección de Estudios: “Indicadores Económicos y Sociales 1960-1985”,
Santiago, 1986; “Indicadores Económicos y Sociales 1960-2000”, Santiago 2001.
(39)
Díaz, José; Lüders, Rolf y Wagner, Gert: “La República en Cifras", op. cit., p. 514.(CONTINUARÁ MAÑANA)
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