CAPÍTULO
XVII
1989:
Plebiscito constitucional y elecciones generales
Receso
veraniego
Durante enero y
febrero no se avanzó en materia de acuerdos constitucionales, pero el ministro
Cáceres se encargó de pedir informes jurídicos para determinar los plazos
legales que demandaba una convocatoria a plebiscito, como lo exigía una reforma
constitucional, aunque ésta todavía no estuviera acordada.
Entre
los partidarios del Gobierno había nerviosismo presidencial y algún ministro
dejó entrever que Pinochet podría volver a ser candidato en la elección de fin
de año, e incluso un pequeño partido casi desconocido y de reciente formación,
el Liberal-Demócrata, lo postulaba
formalmente.
Mientras
tanto, se había hecho pública la ambición presidencial del ex senador Sergio
Diez, de Renovación Nacional, que
comenzó a recorrer el país, mientras se esparcía el rumor de que también
competiría el popular ministro de Hacienda, Hernán Büchi, quien aparecía muy
favorecido en las encuestas; y, en fin, el ex ministro José Piñera también
dejaba ver interés por competir.
A
esas alturas Renovación Nacional
tendía más a inclinarse a la oposición que hacia el Gobierno y el 26 de enero
formó una comisión para discutir reformas constitucionales con la Concertación. Sus juristas
representantes en las reuniones fueron Ricardo Rivadeneira, Carlos Reymond,
José Luis Cea y Óscar Godoy, mientras por la Concertación negociarían Francisco Cumplido, Adolfo Veloso, Carlos
Andrade y Enrique Prieto, quedando como coordinadores Reymond y Cumplido (1).
Pero
el ministro Cáceres continuó con su propia agenda reformista, cuidadoso de contar
con el respaldo de Pinochet, no siempre sostenido. El estudio de los plazos
legales envueltos en la convocatoria a la reforma y el consiguiente plebiscito
arrojó que éste debía llevarse a cabo a más tardar el 15 de septiembre de 1989
o de lo contrario iba a interferir en las elecciones de fin de año de
Presidente y Congreso.
Tomándole
el pulso a las ambiciones políticas, Cáceres declaró a la prensa que se pensaba
acortar el siguiente período presidencial desde los ocho años previstos en la
Constitución a cuatro, visto que la DC aspiraba a que uno de los suyos fuera el
primero en La Moneda después del Gobierno Militar y a los síntomas de que las
ambiciones del socialismo y del PPD, especialmente del fundador de éste,
Ricardo Lagos, no podían esperar los ocho años de un período presidencial
normal. Lagos, que seguía siendo el
mismo “del dedo”, declaró, tonante:
“Tenemos
que decir al señor Cáceres y a otros sectores que hablan de reformas a la hora
undécima, que no habrá reforma constitucional que no sea el restablecimiento de
la soberanía del pueblo. ¿Está dispuesto el señor Cáceres a plebiscitar una
reforma que diga que todo el parlamento será elegido y tendrá las facultades
constituyentes normales de una democracia? Lo demás, que no se preocupe el señor
Cáceres, porque con la mayoría parlamentaria le vamos a cambiar la
Constitución” (2).
Un
Pinochet duro de roer
El 11 de marzo se
cumplía el octavo aniversario de la vigencia de la Constitución y del mandato
presidencial de Pinochet –prorrogado por un año a raíz del triunfo del “No”, de
acuerdo al articulado transitorio de la Carta— y en los días previos el Presidente
seguía recibiendo en La Moneda y en su casa a partidarios del statu quo o “sector duro” de su gobierno.
El
discurso presidencial del 11 iba a ser fundamental y Cáceres obtuvo la
seguridad de que en él Pinochet anunciaría las reformas. Lo hizo y mostró
algunas cartas, como “las proposiciones relacionadas con el artículo octavo (…)
en cuanto dicho precepto no tiene por objeto perseguir ideas”; derogación de la
facultad presidencial de disolver la Cámara por una vez o de expulsar personas
o prohibir su ingreso durante el estado de sitio; aceptación de un nuevo
integrante del Consejo de Seguridad Nacional y disminución del primer período
presidencial a cuatro años (3).
El
ministro Cáceres mantuvo reuniones en días sucesivos con Sergio Onofre Jarpa,
presidente de RN; Patricio Aylwin, de la DC y ya pre-candidato presidencial; y
Jaime Guzmán, de la UDI. Todavía había declaraciones del sector duro del
Gobierno, que se expresaban a través de los ministros Melnick y Rosende, los
cuales no veían con buenos ojos estas negociaciones. Tampoco miraban con buenos
ojos la concurrencia de Aylwin a Palacio Ricardo Lagos, del PPD y Enrique Silva
Cimma, del PR.
Uvas
envenenadas
En ese momento
tuvo lugar una de las maniobras más sospechosas del confuso y lamentable papel
que siempre jugaron los Estados Unidos de América respecto del Gobierno
Militar: su Agencia de Control de
Alimentos y Medicamentos (FDA) comunicó al gobierno chileno que veinte
gramos de uva negra procedente de nuestro país contenían indicios de cianuro y
que se había dado instrucciones de que la fruta chilena exportada al país del
norte fuera retirada de los lugares de expendio. Ese mero anuncio era
catastrófico para la agricultura chilena.
“Incluso
se publicaron versiones, no desclasificadas hasta hoy, que indicaban que la
embajada de Estados Unidos habría tenido conocimiento previo de un borrador del
discurso del 11 de marzo, en el cual el general Pinochet anunciaría un no
rotundo a las reformas y que el caso de las uvas había sido su efecto”, pensaba
el ministro del Interior chileno (4).
El
episodio tenía tres características de una típica intervención de la inteligencia norteamericana: 1) equivocada
(Pinochet no iba a hacer semejante anuncio); 2) torpe (los exportadores
chilenos se movilizaron ágilmente y “convencieron” a los sindicatos
norteamericanos de desembarcar y distribuir la uva de todas maneras); y 3) útil
al interés soviético (un elemento de extrema izquierda dejó sus huellas
digitales en la primera denuncia de envenenamiento de uvas, mediante un llamado
a la embajada norteamericana en Santiago).
En
efecto, la embajada recibió el llamado, al cual dio gran publicidad.
De
hecho, fueron interrumpidos los embarques de uva a los Estados Unidos durante
más de una semana. Fueron destruidas 300 mil cajas de la fruta y el daño para
los productores nacionales se estimó en 300 millones de dólares.
El
almirante José Toribio Merino dijo: “Es una canallada más de las tantas que nos
han hecho los Estados Unidos”. El ministro de la Vivienda, Miguel Ángel Poduje,
atribuyó el atentado al Partido Comunista,
la tesis más verosímil. Un autor y ex ministro de Minería del Gobierno Militar,
Jorge López Bain, interpretó así los hechos, tras haber visitado los Estados
Unidos y conversado con varias de sus autoridades:
“No
pasaría mucho tiempo para que se llegara al límite de la desvergüenza cuando,
en un intento por desestabilizar al Gobierno chileno, funcionarios de Aduanas
norteamericanos inyectaron cianuro en una partida de uvas destinadas a los
mercados de Estados Unidos, haciéndolo aparecer como de responsabilidad de los
productores y exportadores chilenos. Obviamente, el solo anuncio de haberse
detectado cianuro en las uvas produjo, en forma automática, el cierre de
mercados de exportación de uva chilena. Demandó años el recuperarlos (5)”.
Reuniones
y conversaciones
Pasado
el vendaval de la uva, terminaron yendo a La Moneda no sólo Jarpa y Aylwin –la
entrevista de Cáceres con éste suscitó enorme expectación periodística, pero
transcurrió en medio de mutuos gestos de caballerosidad y moderación--; Enrique
Silva Cimma, ex Contralor y ex ministro de Allende, por el PR; Patricio
Phillips, ex senador, por el Partido Nacional y el abogado Sergio Miranda
Carrington, por Avanzada Nacional. Ricardo Lagos, por cierto, no pidió ni
recibió invitación del “señor Cáceres”.
Este
último anunció el 20 de marzo una comisión técnica para evaluar las
proposiciones de reforma, “compuesta por Raúl Bertelsen, presidente de la Comisión de Estudio de las Leyes Orgánicas
Constitucionales; Rafael Valdivieso, secretario del Consejo de Estado; Arturo Marín, prosecretario del mismo Consejo y jefe de gabinete del ministro;
y Hermógenes Pérez de Arce, miembro de las comisiones legislativas de la Junta
de Gobierno (6).”
Paralelamente
trabajaban, con buenos resultados, los miembros de la comisión RN-Concertación, alcanzando importantes
consensos entre ellos. Tras reunirse la comisión de RN cuatro veces con la comisión técnica designada por el ministro
y esta última dos veces con la de la Concertación,
a comienzos de abril ya Carlos Cáceres tenía en sus manos un borrador de
reforma y un ordenamiento de materias a modificar.
Pinochet
da una sorpresa
El 25 de abril
Pinochet convocó a Cáceres a tomar té en La Moneda e inesperadamente, en su
presencia, fue tarjando una a una las propuestas de reforma constitucional. El
ministro lo notó alterado y por consiguiente le propuso volver a reunirse al
día siguiente, cuando su ánimo se hubiera calmado, y Pinochet aceptó.
Así
lo hicieron, a las ocho de la mañana. Después de un saludo frío, el ministro le
dijo al Presidente:
“—Observo
que usted está tomando un camino muy distinto al que habíamos estado
conversando, por lo que quiero decirle que lo dejo en libertad de acción…”
Pinochet
le interrumpió:
“—Yo
siempre tengo libertad de acción. No me la venga a conceder usted. El que toma
aquí las decisiones de gobierno soy yo, y efectivamente quiero que deje el
ministerio. Sólo le pido reserva y que no se lo comunique a nadie todavía,
porque estoy estudiando la nueva composición del gabinete.”
Después,
ya en su despacho, Cáceres recibió un llamado convocándolo a consejo de
gabinete para el mediodía. Éste se desarrolló normalmente y como el primero que
siempre hablaba en esas ocasiones era el ministro del Interior, abordó la
situación del país sin referirse al tema constitucional. Hablaron otros
ministros y antes de terminar el consejo el Presidente dijo sorpresivamente:
“—Le
he pedido la renuncia al ministro del Interior y en los próximos días daré a
conocer el nuevo gabinete. Solicito que pongan sus cargos a disposición”.
Luego
se levantó y se fue (7).
Esto
desencadenó no sólo el “poner los cargos a disposición” sino una ola de
renuncias efectivas y definitivas: las presentaron Hernán Felipe Errázuriz (RR.
EE.), Pablo Baraona (Minería), el general Enrique Seguel (que había sustituido
a Büchi en Hacienda), Gonzalo García, (subsecretario de Interior) y el
Secretario General de la Presidencia subrogante, general Fernando Lyon. El
general Jorge Ballerino, titular del cargo y pese a estar enfermo, le
representó al Presidente que consideraba su decisión como un grave error. Lo
mismo le hizo ver el almirante Merino, que lo fue a visitar.
El
hecho fue que cuando Cáceres llegó a la mañana siguiente al ministerio a
retirar sus efectos personales y dejar todo ordenado a su sucesor, Pinochet lo
llamó para pedirle que lo acompañara a la ceremonia del 62° aniversario de
Carabineros, lo que implicaba confirmarlo en el cargo, y en el camino, cuando,
en vista de esto, Cáceres le pidió autorización para dar a conocer la propuesta
oficial del Gobierno en materia de reformas constitucionales, le respondió:
“--
Siga adelante, ministro, usted se mantiene al mando de toda esa gestión”.
Entonces
al día siguiente Cáceres dio a conocer, por cadena de radio y televisión,
diecinueve cambios a la Carta, siete de los cuales se consideraba relevantes
(8).
Pero
la oposición los consideró insuficientes y a partir de ese momento se desató un
período de marchas, contra-marchas, anuncios de “protocolos secretos” entre RN
y la Concertación, reuniones airadas en esta última, donde el principal
obstáculo a un acuerdo era Lagos, que finalmente cedió; y así Aylwin pudo
llamar a Cáceres y decirle, a las dos de la tarde del 31 de mayo:
“—Tenemos
luz verde, ministro” (9).
Medio
centenar de reformas
Cuando
se resume cuáles fueron los principales entre los 54 cambios constitucionales
que se introdujo en 1989, casi nadie alude al que a mí me parecía más
importante y que se analizó en el capítulo anterior: el bajo quórum de 3/5 para
modificar el propio capítulo que establecía los 2/3 para reformar los demás
aspectos fundamentales de la Constitución, omisión que habría permitido
desmantelarla con sólo el 60 % de los parlamentarios.
Veamos
una reseña típica de las que incurría en esa omisión: “Las principales
(modificaciones): suprimir el polémico artículo 8° e igualmente la
incompatibilidad entre los cargos sindicales y la militancia política; aumentar
el número de los senadores votados popularmente (de 26 a 38) y el de aquellos
que elegiría la Región Metropolitana (de dos a cuatro); no proveer las
eventuales vacancias de las senadurías designadas; un cambio semántico, pero
significativo, introducido en las facultades del Consejo de Seguridad Nacional,
sustituyendo el amenazador “representar” por el más suave “hacer presente su
opinión”; empatar el número de representantes civiles y militares –cuatro y
cuatro— en el mismo Consejo, incorporando al Contralor; facilitar las reformas
de la Constitución; poner término a la facultad de disolver la Cámara Baja, que
tenía el Jefe del Estado por una vez durante su mandato; disminuir éste a seis
años…” (10).
El
31 de mayo Pinochet anunció el acuerdo. Poco antes nos convidó a los
representantes suyos ante los negociadores de la Concertación a almorzar en La Moneda, entre quienes recuerdo a
Francisco Bulnes Ripamonti (prematuramente fallecido antes de terminar el
cometido), Raúl Bertelsen, Arturo Marín y Rafael Valdivieso. Después de
almuerzo se acercó a mí y en tono entre severo y bromista me dijo, señalándome
con el índice: “Usted es responsable de lo que suceda con estas reformas”. No
se explicó mayormente, pero lo atribuí a que le hicieron ver la importancia de
subir el quórum de modificación del capítulo sobre “Reforma de la
Constitución”, que se había dejado inadvertidamente bajo (3/5) en la
Constitución de 1980, tema en el cual siempre insistí mucho.
Plebiscito
masivo
El
30 de julio de 1989 fueron aprobadas plebiscitariamente las reformas por el
91,25 % de los votantes, contra un 8,74 % que votó en contra de ellas,
atendiendo al llamado del Partido
Comunista, el único que se oponía. Votaron 7.082.079 personas sobre una
población de 12.707.000 personas. La abstención fue de 6,5 por ciento. En ese
tiempo había gran interés por participar en los comicios. Y de paso por
ratificar popularmente la Constitución.
Pues
fue la de 1989 una importante ocasión en que el pueblo, libre y
voluntariamente, reiteró su respaldo a la Constitución de 1980, que tantos
críticos señalan como “aprobada entre cuatro paredes”. La verdad es que ninguna
otra en Chile ha sido tan largamente preparada (entre 1973 y 1980 por una
comisión de juristas de distintas tendencias), ni tan repetida y masivamente
respaldada por la ciudadanía como ésta, en los plebiscitos de 1980, 1989 y
2005.
De
las 54 modificaciones, las principales fueron: 1) Supresión del artículo 8° que
ponía fuera de la ley a movimientos antidemocráticos; 2) Supresión de la
incompatibilidad entre cargos sindicales y militancia política; 3) Aumento de
26 (dos por región) a 38 (hubo que dividir regiones) del número de senadores
elegidos (la Constitución contemplaba nueve designados –número que podía variar
según el número de ex Presidentes vivos-- en función de anteriores desempeños
de alto rango); 3) No se llenarían vacancias de senadores designados; 4) El
Consejo de Seguridad no podría “representar”, sino sólo “hacer presentes” a
otras altas autoridades las ilegalidades o inconstitucionalidades de otros
altos poderes; 5) Igualar en él el número de civiles y militares, incorporando
al Contralor en dicho Consejo; 6) Facilitar las reformas constitucionales; 7)
Suprimir la facultad del Presidente de la República de disolver la Cámara de
Diputados una vez durante su mandato; 8) Disminuir la duración del período
presidencial a seis años y excepcionalmente a cuatro en el mandato que
comenzaba en 1990; 9) Aumentar a 2/3 el quórum para modificar el capítulo sobre
reforma de la Constitución.
El
Gobierno obtuvo dos logros: que este último capítulo necesitara de ese quórum
más alto para ser modificado; y que la Ley de las Fuerzas Armadas pasara a ser
Orgánica Constitucional, cuya modificación requería cuatro séptimos de los
votos y no simple mayoría, como antes.
Bitácora
del terrorismo
La
principal fuente de temor e inseguridad de los chilenos en los años anteriores
y también en 1989 fue el terrorismo de extrema izquierda, generosamente
financiado desde el área soviética y Cuba, con la complicidad norteamericana y
europea, que sancionaban al gobierno chileno por reprimir a los terroristas,
calificando su acción como de “atropello a los derechos humanos”. En pleno año
de elecciones el brazo armado comunista, el FPMR,
con cuyo vocero, Alex Vojcovich, convivía entonces la ex ayudista del MIR,
futura ministra de Salud y de Defensa y Presidenta de la República en dos
ocasiones, Michelle Bachelet, se mantenía activo.
El
año electoral y de reformas constitucionales consensuadas de ninguna manera
aminoró la acción terrorista del partido rojo.
Sus
principales jefes, entre ellos Galvarino Apablaza, hoy (2018) asilado en
Argentina, habían viajado en agosto de 1989 a un evento celebratorio de la
revolución sandinista en Nicaragua. Quedó acá a cargo Enrique Villanueva Molina,
actualmente cumpliendo condena de libertad vigilada en la V Región, después de
habérsele rebajado por la Sala Penal de la Corte Suprema la pena de presidio
perpetuo por su participación en el asesinato del senador Jaime Guzmán, en 1991
(cualquier militar condenado por lo mismo envidiaría su condición). Villanueva
había sido incriminado en el asesinato del senador por su camarada frentista Ramiro (Mauricio Hernández Norambuena). El
mismo Villanueva, entre otras decisiones, autorizó la instalación de cohetes
LAW para ser disparados contra helicópteros del Ejército en el Aeródromo de
Tobalaba. Al ir a comprobar esa instalación en la noche del 20 de agosto de
1989, los frentistas se encontraron con el teniente Roberto Zegers Reed y un
conscripto, que estaban desmantelando los cohetes. Les dispararon y cayó el
teniente con nueve disparos calibre 45 en el cuerpo, que le quitaron la vida,
tras responder el fuego junto al conscripto, con lo que a su turno dieron
muerte al frentista Roberto Nordenflycht, hijastro del ex senador comunista
Volodia Teitelboim.
¿Quién
recuerda hoy al teniente Zegers, caído velando por la seguridad en su patria?
Muy pocos, si es que alguno. Al contrario, se ha rendido en Temuco, con la
anuencia del alcalde de centroderecha y concejales UDI y RN, un homenaje a un
ex frentista, carabinero expulsado del Cuerpo en 1969 por su vinculación
extremista, Víctor Maturana Burgos.
Ante
este odioso contraste, ha elevado la voz en protesta una hermana del teniente
Zegers, en carta al Diario Austral de
Temuco, la cual reprodujo el diario digital Chile
Informa de 25 de febrero de 2017.
Terroristas
formados en la RDA
En el libro sobre
la Stasi, servicio secreto de Alemania Oriental, de John O. Koehler, se informa
que hasta 1989 y la caída del régimen de la RDA “pocos sospechaban que más de
doscientos de los más peligrosos terroristas (chilenos) habían sido entrenados
por especialistas de la Stasi en Alemania del Este. El último curso se graduó
en agosto de 1989, cuando la RDA ya se encaminaba a su desintegración. Parece
que no todos los graduados del último curso de terrorismo alemán oriental para
extremistas chilenos regresaron a su patria. Un investigador del terrorismo
europeo occidental me dijo, bajo condición de anonimato, que había fuertes indicios
de que algunos de ellos habían ingresado al movimiento separatista vasco ETA,
que había asolado a España durante años. Mis requerimientos de información al
Secretariado Español de Seguridad nunca fueron respondidos (11)”.
Esta
amenaza a veces no se tenía en cuenta en el contexto de la lucha contra el
terror subversivo.
Año
electoral
Como antes se
dijo, de acuerdo con el articulado transitorio de la Constitución, en caso de
una derrota del “Sí” en el plebiscito de 1988, debían tener lugar en diciembre de
1989 elecciones parlamentarias y presidenciales.
En
la oposición se había ido colocando en la posición de “candidato natural” el ex
senador y presidente de la DC, Patricio Aylwin, que de partida había asumido la
presidencia de su colectividad, frente a sus oponentes Gabriel Valdés
Subercaseaux, Eduardo Frei Ruiz Tagle y Andrés Zaldívar Larraín.
Algunas
encuestas señalaban, sorprendentemente, que había una personalidad del Gobierno
que superaba en popularidad a Aylwin y a cualquier otra figura: el ministro de
Hacienda, Hernán Büchi, un personaje no convencional y simpático, que había
adquirido notoriedad internacional, tanto que el New York Times lo había descrito como “una mezcla de guerrillero
izquierdista y cantante de rock”.
En
abril Büchi renunció a la cartera de Hacienda, declarando iniciar “un período
de reflexión”. Fue reemplazado por el subsecretario, un militar e ingeniero
comercial, general Enrique Seguel.
Sin
un anuncio explícito, la campaña de Büchi se dio por comenzada con su venia.
Comenzó por conferir la jefatura de la misma a un personaje del “No”, Sebastián
Piñera, de controvertida trayectoria empresarial y simpatizante
democratacristiano, que en los “rounds” presidenciales internos de la DC había
trabajado impulsando la candidatura de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (esto último me
lo dijo personalmente el mismo Frei meses después). Piñera había votado “No” en
la consulta de 1978 y en los plebiscitos de 1980 y 1988.
Ascanio
Cavallo lo confirma: “Piñera quema sus últimos cartuchos democratacristianos
apoyando a Eduardo Frei en la lucha interna de diciembre, cuando pierde a manos
de Aylwin; opina que esa opción devolverá al país a los años ’60 (Aylwin no le
perdonará ese juicio en mucho tiempo). Allamand percibe que es su momento.
Piñera representa el tipo de centristas que quisiera capturar con su partido:
el público DC que por 25 años le ha escamoteado a la derecha las grandes
mayorías” (12).
El
gabinete de Cáceres respalda firmemente la postulación de Büchi, y así se lo
hacen saber. “Más tarde algunos se arrepentirán ante lo que consideran una
actitud ‘desleal’ de la candidatura con el régimen: cuando Büchi, forzado por
las evidencias de las encuestas, critique la policía secreta, la situación de
derechos humanos, el exilio, el control de la prensa, la permanencia del
general Pinochet” (13).
No
debería haber extrañado a nadie, entonces, que al poco tiempo Büchi comunicara
que una “contradicción vital” entre su propio concepto de la existencia y la
política le impedían ser candidato, dejando en el mayor de los desconciertos al
Gobierno y al gobiernismo.
Renovación Nacional proclamó entonces la
candidatura presidencial del ex ministro del Interior –que hasta 1973 había
sido senador y presidente del Partido
Nacional-- Sergio Onofre Jarpa. Esto provocó el rechazo de la UDI y, discretamente, del círculo más
cercano al Presidente. Los empresarios más poderosos, que eran casi todos
partidarios del Gobierno, señalaron su escepticismo frente a la postulación de
Jarpa, cuyas simpatías por el libre mercado eran escasas.
La
candidatura Büchi
El periodista y
analista político Ascanio Cavallo vio así las cosas:
“… algunos
pequeños empresarios a los que nadie conoce piden que Büchi sea candidato. Uno
de ellos instala un furgón en la Costanera de Santiago y, durante varios
sábados seguidos, distribuye miles de pegatinas –confeccionadas y financiadas
por él mismo-- con un tan sencillo como
inolvidable slogan: Büchi es el hombre.
“…
en la yesca seca de una derecha recién impactada por la derrota en el
plebiscito, la idea se esparce como un incendio, con una fuerza sorda e
incierta, pero mucho más poderosa que la de otros hombres lanzados por su
cuenta a la competencia: el ex ministro José Piñera, cuyo refinamiento
intelectual no ha sido suficiente para constituir un Partido de la Libertad; Sergio Diez, débilmente apoyado por
antiguos caciques del extinto PN; y
el abogado Pablo Rodríguez, un nacionalista de fuste que alcanza a explorar la
vigencia del voto ‘duro’ por unos pocos y frustrantes meses (14)”.
Las
encuestas de opinión desde hacía meses mostraban que Büchi gozaba de gran
popularidad. El dirigente de RN,
Andrés Allamand, se convirtió en activo promotor de la idea de su postulación.
Allamand fue siempre inclinado a marchar hacia el centro, de modo que un nombre
DC acudió a su mente como posible
jefe de campaña de Büchi: Sebastián Piñera.
Cavallo
lo tiene bien calibrado: “Es un hombre audaz, que tampoco se anda con chicas.
Por tradición familiar, ha estado cerca del PDC y para el plebiscito fue un
inequívoco promotor del No” (15).
Por
otra parte, el gabinete de Cáceres –del cual forma parte Büchi en Hacienda—
respalda firmemente la postulación de éste, y así se lo hace saber, pero más
tarde algunos se arrepienten cuando el pre-candidato cae en consignas del
adversario y critica a la “policía secreta”, “la situación de los derechos
humanos”, “el exilio”, “el control de la prensa”, “la permanencia del general
Pinochet” (en la Comandancia en Jefe del Ejército).
Pero
a Büchi no le podía suceder otra cosa si el manejo estaba entregado a Allamand
y Piñera. Entonces no puede menos que empezar a sentir una comezón de
conciencia, síntoma de una contradicción
vital, como él mismo la llamará y que confesará después.
Piñera
constituye el comando en sus oficinas de Bancard.
Es un personaje sin complejos. “Paralelamente, imparte minuciosas instrucciones
a Büchi: cuando salga del ministerio debe tomar un microbús (por ningún motivo
un auto). (… ) Esto es lo que debe contarles a algunos amigos periodistas que
estarán oportunamente allí para testimoniar su condición de hombre sencillo,
jovial y sensible”.
Cavallo
ha captado detalles:
“En
las semanas que siguen, estas instrucciones se repiten y toman el aspecto de
una pesadilla. Piñera y Allamand trabajan a
mil preparando estrategias, redactando discursos, contactando gente. (…)
Pero el ‘aún no candidato’ se muestra incómodo. Vacila, guarda silencio, se
ausenta. (…) Allamand y Piñera toman las decisiones sin siquiera consultar a
Büchi. Aceptan un foro con Aylwin en TV, arreglan un encuentro con Mario Vargas
Llosa en Lima, contratan al publicista norteamericano Mark Klugman para redactar
los discursos, lo mueven de un lado a otro. Uno de esos días reúnen a varias
decenas de empresarios dispuestos a dar aportes financieros para la causa. Pero
el no-candidato desaparece… (16)”.
Se
prepara una reunión con políticos y empresarios en el Centro de Estudios Públicos, pero el candidato llega horas después
de lo convenido. Cuando lo emplazan, “como aliviándose de una carga
insoportable, Büchi dice que prefiere dejar la candidatura” (17).
A
mediados de mayo Büchi va a visitar a Carlos Cáceres y le comunica su decisión.
“Tenía la convicción más absoluta –racional y visceral-- que no era la persona indicada para ser
candidato a nada y fue imposible convencerlo”, recuerda Cáceres (18).
Un
apronte frustrado
Yo
mismo me vi envuelto en el proceso, pues mi amigo Máximo Silva Bafalluy,
destacado militante UDI y ex ministro
del Trabajo del Gobierno Militar, me aseguró que si yo contaba con el apoyo de
Hernán Büchi y del Presidente Pinochet, la UDI
me proclamaría candidato presidencial.
Yo
había conversado con Jaime Guzmán, que si bien en privado no manifestó
entusiasmo con la idea, públicamente dijo que el mío era “un buen nombre” para
reemplazar a Büchi.
Entonces
fui a visitar a éste, ya renunciado. Me recibió en su casa de Vitacura una
tarde fría de domingo. Su respuesta fue evasiva, si bien me dejó entrever que
yo integraba una nómina de tres nombres a los cuales él tenía en consideración.
Me pareció que los otros dos eran Carlos Cáceres y José Piñera.
Yo
mismo pensaba, y lo declaré así en entrevistas, que el candidato óptimo a
sucederlo era Carlos Cáceres. El propio Sergio Onofre Jarpa se lo había
ofrecido a éste, pero el entonces ministro del Interior nunca aceptó.
Posteriormente,
impulsado por el dinamismo de Máximo Silva, pedí una audiencia al Presidente
Pinochet, que me la concedió en La Moneda, un mediodía. Cuando me recibió le
manifesté mi disposición a postular a reemplazar a Büchi en la candidatura
representativa de su gobierno y le pedí su apoyo.
Él
me contestó, diría que textualmente:
“Sí;
yo lo apoyo. Pero no puedo darle plata”.
Yo
me sorprendí, porque no había pensado en eso, si bien probablemente “eso”
debería haber sido una de las primeras cosas en que debería haber pensado.
Al
poco rato el Presidente se puso de pie, terminando la entrevista y, tomándome
de un brazo, se dirigió a la puerta del despacho presidencial, donde estaban
aglomerados los periodistas, y les dijo explícitamente que apoyaba mi
postulación presidencial.
El
tema no hizo titulares ese día ni el siguiente, lo que no hablaba bien de las
simpatías de la prensa conmigo ni de mis posibilidades. Fue noticia muy
secundaria. El único que le dio alguna importancia fue Sergio Onofre Jarpa, que
declaró considerarla una novedad muy negativa para la unidad de los partidarios
del Gobierno.
Sin
embargo, el asunto encontró una salida natural cuando Büchi anunció en julio
que retomaba su candidatura. Entonces todos los partidarios del Gobierno nos
unimos tras él.
El
discurso del 23 de agosto
Cuando el
Presidente cumple 16 años como comandante en jefe, el 16 de agosto de 1989, se
presenta una ocasión para “tranquilizar a la tropa”, porque se ha venido
haciendo evidente la cercanía de un posible cambio de gobierno. La candidatura
opositora de Aylwin se ha venido comportando con más tino político que las
representativas del oficialismo y ya ha superado a Büchi en las encuestas.
Por
eso es delicado el discurso presidencial del 23 de agosto, del cual se encarga
un oficial que ha tenido una carrera meteórica, el brigadier general Jorge Ballerino
Sanford, que pronto sería ascendido al
cuerpo de mayores generales en octubre, menos de dos meses después.
Entre
la oficialidad se teme una vendetta
opositora, pues la gente de extrema izquierda adversa al gobierno ataca todavía
a los militares en las calles y sus cuadros paramilitares continúan activos. El
discurso del 23 de agosto debe hacerse cargo de esa situación y, al leerlo,
Pinochet expresa las nueve condiciones que estipulan las Fuerzas Armadas:
cumplimiento de las funciones constitucionales que les han sido reconocidas,
inamovilidad de los Comandantes en Jefe, respeto al Consejo de Seguridad
Nacional, consideración por el prestigio de las Fuerzas Armadas, evitar la
propagación de la doctrina de la lucha de clases, combatir el terrorismo, y las
dos más cruciales: respetar la Ley de Amnistía de 1978 y evitar la intervención
política en materia de estructuras internas, presupuesto, carrera profesional y
justicia militar.
Mientras
siguió Pinochet como Comandante en Jefe hubo una sola violación flagrante de
esas condiciones, la de no respetar la Ley de Amnistía, pues Aylwin, en una
actuación abiertamente inconstitucional, pidió a la Corte Suprema ordenar a los
tribunales no aplicarla en los procesos hasta la sentencia definitiva, en carta
de 4 de marzo de 1991, donde decía: “No dejaría tranquila mi conciencia si no
hiciera presente al Excmo. Tribunal que en mi concepto, la amnistía vigente,
que el Gobierno respeta, no debe ni puede ser obstáculo para que se realice la
investigación judicial y se determinen
las responsabilidades que correspondan…” Eso era contrario a la ley y,
específicamente, al art. 107 del Código de Procedimiento Penal, como se verá
más abajo.
Después
de dejar Pinochet la Comandancia en Jefe, ya en 1998, se incumplieron otras de
las condiciones que él había puesto: no se veló por el prestigio de las Fuerzas
Armadas, se propagó la doctrina de la lucha de clases, se brindó impunidad al
terrorismo de extrema izquierda, se derogó de facto por los jueces la Ley de
Amnistía y hubo despidos en Defensa de asesores uniformados (r) por razones
políticas, especialmente durante la primera administración Piñera.
En
particular, la carta de Aylwin a la Corte Suprema en desmedro de la Ley de
Amnistía violó dos de las condiciones de Pinochet, pues implicó una actuación
inconstitucional, incompatible con el art. 73 de la Carta, que prohíbe
expresamente al Presidente (y otras autoridades) “avocarse causas pendientes”,
es decir, pretender determinar cómo deben fallarse esas causas; y fue además
contradictoria con el artículo 107 del Código de Procedimiento Penal, que
ordena a los jueces poner inmediato término a los procesos por delitos
amnistiados, apenas se compruebe que los hechos quedan cubiertos por el perdón.
Epílogo
y “amarre”
Un paso dirigido a
defender su institución si el Gobierno no ganaba la elección de diciembre lo
dio Pinochet el 9 de octubre de 1989: llamó a 12 generales a retiro inmediato,
que sumados a los 13 que había llamado a fines de 1988, alcanzaban a 25, del
total de 53 miembros del alto mando. Debieron dejar la institución. Nadie
recordaba una remoción reglamentaria tan extensa. La explicación es que así se
tornó más estable la estructura del Ejército para los años que venían. El nuevo
régimen debería resignarse a tener un cuerpo de generales de larga permanencia.
La
sorpresa mayor es la salida del vicecomandante del Ejército, Jorge Zincke
Quiroz, nombrado menos de un año antes. Es la primera vez que el segundo hombre
dura menos de un año. La explicación la encuentra un analista opositor, el
periodista Ascanio Cavallo, en la insistencia de Zincke en poner bajo su mando
al brigadier general Ramón Castro Ivanovic, secretario general del Ejército
desde hace más de cinco años, que antes ha sido secretario privado del general Pinochet
y hombre de su absoluta confianza y que no reconoce otro mando que el del
Presidente, de cuyas finanzas y asuntos familiares ha estado a cargo. Pero
Zincke “lo acusa, manda oficios, eleva protestas; Castro inmutable”. Y se va
Zincke (19).
Éste
entrega su mando en un plazo inusitadamente breve: un día. Su sucesor es el
teniente general Jorge Lúcar.
Reseña
de las candidaturas presidenciales
Una
buena reseña del movido ambiente que se desató antes de la elección de 1989 lo
hizo Gustavo Cuevas Farren en su libro “Pinochet: Balance de una Misión”, y lo
sintetizo a continuación:
El primer aspirante fue el ex senador
Sergio Diez, que venía de los partidos Conservador y Nacional y había sido
miembro de la Comisión Constituyente y ex embajador ante la ONU. Recorrió el
país, pero paradojalmente Renovación Nacional nunca le asignó posibilidad y la
UDI, por su parte, aunque le miraba con simpatías, levantó el nombre del ex
diputado Hermógenes Pérez de Arce. Por lo tanto, Diez terminó por retirarse,
aceptando en cambio una candidatura a Senador, cargo para el que fue electo.
Otro sector político que tempranamente
levantó un candidato fue el nacionalista, representado en el Partido del Sur y
Avanzada Nacional. Fue proclamado el abogado Pablo Rodríguez Grez. El nacionalismo
chileno participaba de la crítica demócrata cristiana al modelo al modelo
económico, llegando incluso más lejos.
Luego de algunos meses de campaña el
candidato Rodríguez renunció a la postulación, marcando esta renuncia su retiro
de la actividad política.
En los círculos cercanos al Gobierno
comenzó a mencionarse el nombre del ministro de Hacienda Hernán Büchi como una
posibilidad presidencial. Él renuncia al ministerio de Hacienda, como una clara
señal de que finalmente aceptaría la candidatura. Sin embargo, de manera
sorpresiva, aduciendo lo que llamó ‘una contradicción vital’, optó por declinar
el ofrecimiento en abril de 1989.
Por esta causa la iniciativa volvió a
los partidos del sector. Renovación Nacional proclamó la candidatura de Sergio
Onofre Jarpa y la Unión Demócrata Independiente levantó el nombre del ex
diputado Hermógenes Pérez de Arce. Pero ninguno
logró entusiasmar, de manera que ambas pre-candidaturas fueron
retiradas. Consiguientemente se ejerció una fuerte presión sobre Büchi a fin de
que reconsiderara su decisión, lo que definitivamente se consigue a mediados de
1989, convirtiéndose en el postulante oficial y único de la centro-derecha;
recibirá además el apoyo de la Democracia Radical y de parte del Partido
Nacional.
Mientras tanto, a inicios de 1989
había surgido una nueva figura política: se trataba del empresario Francisco
Javier Errázuriz, independiente. Acuñó el adjetivo de ‘centro-centro’ y logró
articular un frente heterogéneo; de un lado recibió el apoyo de dos grupos
políticos pinochetistas, Avanzada Nacional y Partido del Sur, y del otro,
obtenía el de dos sectores que habían estado en la Concertación: el Partido
Socialista Chileno y el Partido Liberal, sumando además la adhesión de parte
del Partido Nacional.
Por su lado, la Concertación consideró
que necesitaría afrontar la elección presidencial de manera unitaria. La
Izquierda que estaba en la Concertación tenía la convicción de que en estas
elecciones no podría postular a un hombre de sus filas, debido a que estaba aún
cercano en la memoria colectiva el traumático final de la democracia con
Salvador Allende. Por ello sus posibilidades de nominación de candidatura
quedaron entregadas a la Democracia Cristiana, al Partido Radical y a
personalidades independientes, y efectivamente de estos sectores saldrían los
nombres del ex senador Patricio Aylwin, del ex Contralor General de la
República Enrique Silva Cimma y del ex ministro de Estado Alejandro Hales
Jamarne.
Fue en la Democracia Cristiana misma
donde hubo más tensión. La Junta Nacional pidió a quien fuera vocero de la
Concertación, Patricio Aylwin, que aceptara la candidatura presidencial. El ex
senador declinó el ofrecimiento, sosteniendo que debía plantearse una
competencia interna entre quienes
también tenían ambiciones presidenciales, los que en definitiva eran tres: el
propio Aylwin, Gabriel Valdés Subercaseaux y Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Aylwin
representaba la línea que llevó al partido a participar dentro del sistema
institucional elaborado por el gobierno de Pinochet. Gabriel Valdés
representaba una línea dura, exhibiendo su trayectoria de dirigente claramente
opositor. En cuanto a Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se explicaba así: ‘Pareciera que
las alineaciones que se han presentado en el último tiempo son las mismas de
hace quince, veinte, veinticinco años atrás. Entonces, ha llegado el momento de
quebrar ese esquema’.
Aylwin, en la lucha interna, exhibió
rasgos que no le eran conocidos, en especial la descalificación de sus
oponentes. La de Gabriel Valdés fue tajante: ‘es un nombre que provoca rechazo
en los sectores medios del país (…) su candidatura pondría en serio peligro la
posibilidad de éxito de la oposición’. Respecto a Eduardo Frei Ruiz-Tagle: ‘se
beneficia de la popularidad que aún conserva, con mucha razón, el nombre de su
padre, pero creo que eso no es suficiente para asegurar que se pueda mantener
esa popularidad fundamentalmente sobre esa base’.
Entretanto, al PDC le correspondió
elegir una nueva Junta Nacional, la que a su vez se encargaría de proclamar al
candidato definitivo del partido. Los distintos aspirantes postularon sus
propias listas para miembros de la Junta, descubriéndose a este respecto
adulteraciones en los padrones electorales internos. Pero era conocido el
arrastre del ex senador Aylwin después del triunfo plebiscitario. Éste sostuvo:
‘…nadie puede sostener que todas las irregularidades provengan de un sector’.
Así las cosas, Eduardo Frei fue el
primero en renunciar a sus pretensiones. Poco después haría lo mismo Gabriel
Valdés. Así llegó el 4 de febrero de 1989, fecha en que se reúne la Junta y,
permaneciendo sólo Aylwin como pre-candidato, a poco de comenzar esta reunión
Ricardo Hormazábal, por los partidarios de Valdés, y Alejandro Foxley, por los
de Eduardo Frei, plantearon una decisión de consenso en torno a Aylwin, que fue
ratificado por aclamación.
Otro partido que también proclamó
candidato presidencial fue el Radical, designando al presidente de la
colectividad, Enrique Silva Cimma, quien afirmaría poco después: ‘Mi nombre es
intransable… Hay una sola limitante a este planteamiento: que el interés del
conjunto determine que el nombre debe ser otro’. A su vez el Partido Social
Demócrata proclamó al abogado Eugenio Velasco Letelier y el Partido Socialista
de Almeyda decidió apoyar a un independiente: Alejandro Hales Jamarne. Pero su
candidatura no despegó. Enrique Silva Cimma terminó por retirar su nombre.
También se retiró Eugenio Velasco. Y en definitiva sería Patricio Aylwin el
nominado de la Concertación por la Democracia, correspondiéndole enfrentarse
electoralmente a las otras dos candidaturas definitivas, la de Hernán Büchi por
la centro-derecha y la de Francisco Javier Errázuriz por el centro político
(20).
Acuerdo
sobre el Banco Central
El ministro del
Interior, Carlos Cáceres, que había sido presidente del Banco Central y
ministro de Hacienda a comienzos de los ’80, era un convencido de que debía
materializarse la idea del Gobierno de dejar instituida la autonomía del Banco
Central, que era la mejor garantía de que no volvieran a generarse las
condiciones que llevaron al país a sufrir las inflaciones más altas del mundo
bajo gobiernos políticos que recurrían a la emisión monetaria para cubrir los
déficit fiscales derivados de la demagogia.
La
Constitución de 1980 establecía dicha autonomía y designaba al instituto emisor
como una institución autónoma, con patrimonio propio y de carácter técnico.
Convencido
de la necesidad de dejar bien establecidos esos principios, cualquiera fuera el
resultado de las elecciones presidenciales, Cáceres tuvo la audacia de concebir
un acuerdo con la oposición para que economistas de su sector se integraran al
Consejo del Banco Central. Se requería audacia, porque para Pinochet era hacer
una concesión, dado que el Gobierno podría haber procedido a nombrar la
totalidad de los consejeros, pero eso habría abierto un flanco de crítica e
inestabilidad si la oposición triunfaba en la elección presidencial.
Cáceres
entonces llamó a Aylwin que, siendo candidato, se sorprendió ante la proposición
y finalmente delegó en Alejandro Foxley el tema. Éste negoció con Cáceres en
medio de gran reserva y tuvo que manejar también las aspiraciones internas
dentro de la Concertación. Por ejemplo, los socialistas aspiraban a tener un
representante, pero esa sola idea provocaba rechazo en la Junta,
particularmente en el almirante Merino.
Finalmente,
por parte del Gobierno, fueron acordados los nombres del general Manuel Concha,
subsecretario de Hacienda, y Alfonso Serrano, economista y vicepresidente del Banco
Central; y por parte de la Concertación, el economista del PPD Juan Eduardo
Herrera y Roberto Zahler, académico y funcionario internacional. Y como
presidente se logró acuerdo en el nombre del economista Andrés Bianchi, que era
Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL
y mantenía una actitud objetiva cuando se trataba de temas políticos.
El
acuerdo se logró el 4 de diciembre, pocos días antes de la elección
presidencial, y significó dar una solución de las que se denominan “de Estado”
a un tema crucial para garantizar la sanidad económica del país a futuro. Fue
un logro de Cáceres (21).
Triunfo
electoral de la Concertación
La Concertación de Partidos por el No había
devenido Concertación de Partidos por la
Democracia. Su candidato presidencial, Patricio Aylwin, presidente de la Democracia Cristiana, tras ser designado
pasó a encabezar las encuestas en las que antes lo había superado Büchi.
Y
los partidos de la Concertación,
democratacristiano, socialista y radical, pactaron ir en una sola lista
parlamentaria. A su turno, RN y la UDI también lo hicieron, tras una ardua
negociación.
En
fin, la izquierda más extrema, encabezada por el Partido Comunista, constituyó
otro pacto, como antes se detalló, el PAIS,
Partido de Avanzada de la Izquierda
Socialista, en vista de que la DC
todavía no estaba preparada para facilitar a la colectividad roja el acceso al
Parlamento. Al PAIS pertenecía, en
ese tiempo, una joven Michelle Bachelet (22).
Cuando
Büchi quiso separar aguas del Gobierno Militar no sólo teniendo un jefe de
campaña de simpatía DC y que venía del “No”, sino yendo a visitar a la Comisión de Derechos Humanos, presidida
por el DC Jaime Castillo y, en fin, declarando que, si era elegido Presidente,
preferiría no ser acompañado como Comandante en Jefe del Ejército por el
General Pinochet, “explotó el capitán general: ‘Fíjense que yo, con todo lo
dictador que dicen que soy, no le puedo pedir la renuncia ni a Merino ni a
Matthei ni a Stange, por cuanto la Constitución me lo prohíbe. Y estos
caballeros, que aún no llegan, ¡me quieren pedir la renuncia a mí!’” (23).
Esto
provocó el fortalecimiento del tercer candidato, también gobiernista, el
empresario Francisco Javier Errázuriz, que había fundado un partido denominado Unión de Centro-Centro y se manifestaba
respetuoso de Pinochet.
El
locutor oficial de la franja televisiva de Aylwin previa a la elección, el ya
conocido Patricio Bañados, que había desempeñado igual papel durante la campaña
del plebiscito presidencial de 1988,
remarcaba en sus apariciones que nada cambiaría radicalmente y que sólo
las cosas negativas serían suprimidas. La gente le creía, porque había sido
rostro del noticiero de Televisión Nacional, es decir, del canal del Gobierno
Militar, durante bastante tiempo; y también del noticiero del no menos
gobiernista canal de la Universidad de Chile. Y esa tranquilización que él
predicaba le atrajo, sin duda, votos del “Sí” a Aylwin.
Realizados
los comicios, los resultados finales dieron el 55,2 % a Aylwin, el 29,4 % a
Büchi y el 15,4 % a Errázuriz, repitiendo aproximadamente los resultados del
plebiscito de 1988, pero esta vez con los votos del Gobierno divididos entre
dos candidatos.
En
la elección parlamentaria la Concertación
obtuvo 72 de los 120 diputados (60 %) y el pacto gobiernista, Democracia y Progreso, los restantes 48
(40 %). Es decir, un mentís para la tesis de la Concertación de que el sistema electoral binominal estaba concebido
para favorecer a la minoría.
En
el Senado, gracias a los nueve senadores designados que establecía la
Constitución, más los doce senadores de RN,
tres de la UDI y un independiente de
derecha, los herederos del “Sí” sumaron 25 votos y tuvieron mayoría sobre los
23 que logró elegir la Concertación, pero siempre que los designados se
alinearan con la oposición, lo que no siempre iba a suceder.
Ex
funcionarios elegidos parlamentarios
Pero
las elecciones parlamentarias y presidenciales abiertas de fines de 1989, las
primeras en casi diecisiete y casi veinte años, respectivamente, iban a
concentrar el interés del país –y en no poca medida del resto del mundo—
durante el resto del año.
Fueron
elegidos popularmente como parlamentarios numerosos funcionarios y personeros
del Gobierno Militar:
Senadores:
Ignacio Pérez Walker, ex miembro del Consejo
Económico y Social; Alberto Cooper, ex intendente de la IV Región; Beltrán
Urenda, ex presidente del Consejo
Económico y Social; Jaime Guzmán, ex miembro de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución y de la Comisión de Estudio de las Leyes Orgánicas
Constitucionales y asesor presidencial; Mario Ríos, ex subsecretario
General de Gobierno; Sergio Onofre Jarpa, ex ministro del Interior; Eugenio
Cantuarias, ex alcalde de Talcahuano; Francisco Prat, ex intendente de la IX
Región; Sergio Diez, ex miembro de la Comisión
de Estudio de la Nueva Constitución y ex embajador ante la ONU; y el
general (r) Bruno Siebert, ex ministro de Obras Públicas.
Fueron
elegidos diputados los ex alcaldes designados por el Gobierno Militar María
Angélica Cristi, Patricio Melero, Víctor Pérez, Francisco Bartolucci, Arturo
Longton, Carlos Bombal y Hugo Álamos; y el ex consejero de Estado, Juan Antonio
Coloma.
Entrevista
Pinochet-Aylwin
En medio de gran
expectación llegó Aylwin a La Moneda, como Presidente electo, el 21 de
diciembre y, como se lo había sugerido su equipo comunicacional, saludó de
manera fría y distante al Presidente Pinochet, a raíz de lo cual éste mantuvo
más de la cuenta firmemente retenida la mano de su sucesor, incomodándolo. Pero
una vez que los periodistas y fotógrafos se retiraron, como se usa en política,
la conversación entre ambos fue fluida y abierta.
Aylwin
solicitó dos cosas concretas: revisar las leyes que estaban siendo redactadas,
antes de ser aprobadas por la Junta, y que Pinochet lo dejara en libertad de
acción en la Comandancia en Jefe del Ejército. Pero éste se negó y en tono algo
socarrón le dijo:
“—
¿Así que usted quiere que deje la Comandancia en Jefe? La mejor garantía para
la estabilidad de su gobierno es mi permanencia en el mando” (24).
Alan
García de nuevo
Los dichos e
iniciativas del presidente peruano causan en 1989 nuevos conflictos con el
gobierno chileno. En su encuentro con el presidente boliviano, Jaime Paz
Zamora, en septiembre en el lago Titicaca, apoya la “aspiración” boliviana de
una salida al mar, aspiración que implica, naturalmente, entrega de territorios
y proyecciones marítimas por parte de Chile. Sin embargo, García reconoce la
validez de los tratados vigentes, mientras Bolivia alega la nulidad del
suscrito con Chile en 1904.
El
canciller chileno, Hernán Felipe Errázuriz, informa al Presidente que las
declaraciones de García no representan el sentir de las autoridades
diplomáticas peruanas, de su opinión pública ni de sus fuerzas armadas y se
contraponen al espíritu nacionalista que predomina en ese país. Hay un
“entendimiento de caballeros” entre Chile y Perú en el sentido de que cualquier
declaración sobre la aspiración marítima boliviana será previamente puesta en
conocimiento de la otra parte.
Pese
al incumplimiento de García, al poco tiempo la cancillería chilena da por
superada la situación ocasionada por sus declaraciones (25).
Balance
económico del año
Ya
se hablaba otra vez en el mundo del milagro
chileno y el país en 1989 se ponía a la cabeza de América Latina en
múltiples aspectos. En 1989 el PIB creció a una tasa sin precedentes, 10,6 %,
más propia de los “tigres asiáticos” que de nuestro hemisferio. El desempleo
siguió disminuyendo, a 7,1 % de promedio anual, pero en enero de 1990 se acercó
al 5 %, según cifras del Banco Central.
La
inflación, es cierto, volvió a subir, desde el 12,7 % de 1988 a 21,4 %. Fue un
retroceso, explicable por el criterio expansivo impuesto por un año electoral.
Pero la Tasa de Inversión en Capital fijo dio un salto y alcanzó a 24,5 % del
PIB, guarismo que muy rara vez volvería a alcanzarse después, pero anunciaba
años muy positivos para el crecimiento.
El
déficit del Presupuesto aumentó, pero a una cifra todavía prudente, -2,5 % del
PIB.
Las
cuentas externas también fueron positivas. La Balanza Comercial volvió a tener
superávit, de 1.483,2 millones de dólares. Pero la Cuenta Corriente aumentó su
déficit, a -689,9 millones de dólares, casi triplicando el del año anterior.
Como contrapartida, la Cuenta de Capitales más que dobló su superávit, que fue
de 723,1 millones de dólares. Por añadidura, la deuda externa bajó a 16.232
millones de dólares, casi 1.400 millones menos que el ejercicio anterior (26).
Las
Reservas Internacionales Brutas del Banco Central aumentaron a 4.762 millones
300 mil dólares, es decir subieron en 501 millones 100 mil dólares respecto del
fin del año anterior (27).
Ese
último año completo del Gobierno Militar justificó, desde el punto de vista
económico, la medalla Misión Cumplida
que recibieron del Presidente ministros y altos jefes civiles y uniformados el
11 de marzo del año siguiente, cuando dejaron el Gobierno.
REFERENCIAS
CAPÍTULO XVII:
(1)
Arancibia, Patricia: “Carlos F. Cáceres…”, op. cit., p. 106.
(2) Ibíd.,
p. 110.
(3) Ibíd.,
p. 112.
(5) López Bain, Jorge: “Testigo
Presencial”, Maye, Santiago, 2012, p.212.
(6)
Arancibia, Patricia: “Carlos F. Cáceres…”, op. cit., p. 114.
(7) Ibíd.,
p.117.
(8) Ibíd.,
ps. 130 a 134.
(9) Ibíd.,
ps. 140 a 156.
(10) Vial,
Gonzalo: “Pinochet…”, op. cit., t. II, p. Vial, ps. 583-584.
(11)
Koehler, John O.: “Stasi”, op. cit. p. 315.
(12)
Cavallo, Ascanio: “Los Hombres…”, op. cit., p. 90
(13) Ibíd., p. 91.
(14) Ibíd., p. 89.
(15) Ibíd., p. 90.
(16) Ibíd., p. 92.
(17) Ibíd., p. 93.
(18)
Arancibia, Patricia: “Carlos F. Cáceres…”, op. cit., p. 146.
(19) Vial, Gonzalo: “Pinochet…”, op.
cit., t. II, p. 587.
(20) Cuevas, Gustavo: Pinochet…”, op.
cit. p. 215.
(21) Arancibia, Patricia: “Carlos F. Cáceres…”,
op. cit., ps. 172 y sigtes.
(22) Insunza, Andrea y Ortega, Javier:
“Michelle Bachelet…”, op. cit., ps. 94 y 156.
(23) Cavallo, Ascanio: “Los Hombres…”,
op. cit., ps. 158 y 203-216.
(24) Arancibia, Patricia: “Carlos F.
Cáceres…”, op. cit., ps. 180-181.
(25) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op.
cit., t. II, p. 741.
(26) Banco Central, Dirección de
Estudios: “Indicadores Económicos y Sociales 1960-1985”, Santiago, 1986;
“Indicadores Económicos y Sociales 1960-2000”, Santiago, 2001.
(27) Díaz, José; Lüders, Rolf y Wagner,
Gert: “La República en Cifras”, op. cit., p. 516.
( CONCLUIRÁ MAÑANA)
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