CAPÍTULO
V
1977:
El despegue económico
La DC contacta a los
comunistas
En La Tercera de 4 de julio de 1999,
suplemento “Documentos Secretos”, p. 6, se da cuenta de un informe de la CIA
norteamericana que revelaba la “Operación Primavera” contra el Gobierno
Militar.
En un
documento fechado el 29 de noviembre de 1977 consta un acuerdo entre miembros
de la DC, los partidos de la Unidad Popular y líderes de la Iglesia Católica
para unir esfuerzos con el fin de desestabilizar al régimen: “El plan consiste
en movilizaciones sociales, como huelgas, paros generales exigiendo el incremento
de los salarios, presentación de peticiones al Gobierno, enviar cartas a
gobiernos extranjeros, acciones legales en los tribunales, manifestaciones
espontáneas, reuniones en iglesias y declaraciones a la prensa y la radio”.
Si en
1976 el Gobierno tuvo razones para sentirse acosado, en 1977 el acoso no cesará,
pero conseguirá más éxitos económicos. Soportará el ataque de la DC, al PC y a
la jerarquía eclesiástica. Y en el frente externo, el de la URSS, sus
satélites, en particular Cuba; Europa y los Estados Unidos. Cuando Pinochet
dijo que su lucha era la de David contra Goliat, estaba en lo cierto.
El reporte de la CIA añade: “El
Ministro del Interior ha ordenado a la CNI investigar este plan, solicitando a
Carabineros e Investigaciones que realicen las detenciones necesarias”.
Se inicia el despegue
No obstante
eso, reinaba el optimismo interno y el nuevo ministro de Hacienda, Sergio de
Castro, pudo dirigirse al país por cadena nacional el 4 de marzo de 1977 para
anunciar trascendentales medidas liberalizadoras en los sectores del comercio
exterior, del crédito, tributario, previsional, agrícola y de la inversión
extranjera, con miras a incrementar la inversión privada, indispensable para el
crecimiento y el desarrollo.
En
síntesis, anunció la revaluación del peso en diez por ciento, es decir, una
baja del precio del dólar, medida inusitada para los países en desarrollo,
siempre escasos de divisas y en procesos de continuas devaluaciones.
Anunció también la reducción de la tasa
de encaje en depósitos a la vista, que era de 83 %, a 75 %, lo que implicaba un
aumento en la cantidad de dinero y, por tanto, un impulso expansivo a la
economía. Los bancos podían prestar más, teniendo los mismos depósitos.
Asimismo, anunció una rebaja del
impuesto a las empresas de 18 % a 15 % para 1977 y reducciones similares en los
dos años siguientes. Es decir, los empresarios nacionales y extranjeros iban a
poder retener cada año un mayor porcentaje de sus beneficios.
También anunció una rebaja de
cotizaciones al Fondo Único de Prestaciones Familiares de 25 % a 21 %, lo que
implicaba abaratar la contratación de trabajadores y trabajadoras, con el
consiguiente impulso al empleo.
Y, en fin, anunció aportes del Banco
Central a los bancos de fomento, apertura de líneas de crédito nuevas para
inversión por parte de CORFO y otorgamiento de avales de ésta para compra de
bienes de capital en el exterior.
¿Cómo andaba la
popularidad del régimen?
El testimonio
del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, que ya a esas alturas había transitado
hacia la oposición al régimen y forjaba la alianza en su contra, pero vivía
tranquila y confortablemente en Santiago, entre frecuentes viajes al exterior a
que lo convocaba su calidad de pro-hombre de la DC internacional, puede servir
para medir el grado en que la gente apreciaba al Gobierno.
En carta
a su yerno Eugenio Ortega, de 7 de marzo de 1977 y que ha sido publicada por el
historiador Cristián Gazmuri, autor de una biografía de Frei, y el tratadista
Álvaro Pineda de Castro, el ex Presidente se expresaba así:
“Ayer (6
de marzo de 1977) fui al Estadio a ver el partido Chile-Perú. Nunca he visto un
Estadio más repleto. A ese Estadio repleto y ya oscuro, porque había luz
artificial, llegó Pinochet. Hubo un aplauso de todo el Estadio. No puedo
asegurarle si las galerías se pusieron de pie, pero en la parte en que yo
estaba, en las galerías colindantes a la marquesina, en una de cuyas orillas
estaba, vi que se ponían de pie. No hubo un solo chiflidito. Quedé muy
impactado. A mí todo el mundo me saludó en forma especialmente cordial. Donde
yo estaba había mucho pueblo, y la verdad es que cuando llegó Pinochet se
pararon como movidos por un resorte y aplaudían a rabiar. Este es el Chile de
hoy (1).”
Anuncio político
trascendental
Tal vez
el hecho institucional más importante previo a la aprobación de la Constitución
de 1980 tuvo lugar en el aniversario del Combate de La Concepción, el 9 de
julio de 1977, en una ceremonia cívico-militar muy bien escenificada al
anochecer, en el cerro Chacarillas, cerca del centro de Santiago, en un acto
organizado por el gremialismo universitario que apoyaba al Gobierno.
El
discurso presidencial de ese día, tras cuyo texto no era difícil advertir la
pluma de Jaime Guzmán, remeció el ambiente político, despertó la ira comunista y,
en definitiva, diferenció políticamente a la Revolución Militar Chilena de
todas las otras experiencias latinoamericanas encabezadas por uniformados.
Allí
Pinochet anunció el retorno a la democracia bajo un nuevo régimen que
reemplazaría al anterior sistema político-institucional “agotado”. Lo que
vendría sería una nueva democracia, que caracterizó como “autoritaria,
protegida, integradora, tecnificada y de auténtica participación social”, que
se iría implementando gradualmente.
Anticipó
el fin del Gobierno Militar para 1985, pero antes, en 1981, sería instalado un
Parlamento de cámara única, con miembros designados por el Gobierno y dotado de
atribuciones legislativas, mientras que la Junta retendría para sí el poder
constituyente.
Ese
Congreso de cámara única duraría hasta 1985, en que la votación popular
elegiría a los dos tercios de la misma cámara y el tercio restante lo
designaría el Gobierno.
Este
segundo nuevo Parlamento debería elegir el nombre de un Presidente de la
República llamado a gobernar en los siguientes seis años.
Los demás
miembros de la Junta no se dieron por enterados, salvo Leigh, quien el 9 de
julio se encontraba en Puerto Montt y manifestó no estar al tanto de los
anuncios. Por lo cual, afirmó, los comentaría cuando los leyera
El ex
ministro de Hacienda, Sergio de Castro, muchos años después, recordaba así la reacción de los adversarios: “Por
supuesto, los comunistas estigmatizaron esa definición como fascista y los
opositores más cultos creyeron ver allí la huella del franquismo” (2).
Pero
otros opositores democráticos, como el historiador Carlos Huneeus (DC), dijeron
que Chacarillas “marcó el comienzo de una estrategia política que puso término
al régimen militar tradicional y abrió paso a una nueva forma de gobierno, con un
cierto énfasis en la institucionalización. Su materialización corresponderá al
gabinete encabezado por el nuevo Ministro del Interior, Sergio Fernández, quien
asumió el 14 de abril de 1978, siendo el primer civil en ocupar ese cargo desde
el golpe de estado” (3).
Ajuste ministerial
parcialmente efímero
El 9 de
marzo de 1977 ya se había producido un cambio menor en el gabinete y habían
entrado Renato Damilano y Edmundo Ruiz a las carteras de Justicia y Vivienda y
Urbanismo, respectivamente.
“El
ministro Damilano, amigo personal de Pinochet, está poco más de un mes en el
cargo, pues, por reiteradas y comprometedoras declaraciones contra la Iglesia
es despedido. En su lugar es nombrada Mónica Madariaga” (4).
Mónica
Madariaga está llamada a jugar un papel destacado. Es familiar del Presidente y
abogada de su confianza. Ha desarrollado su carrera en la Contraloría General
de la Republica. Tendrá un rol preponderante, pues será la principal encargada
de la redacción del decreto ley N° 2191 sobre Amnistía en el año siguiente.
Concomitancia en
derechos humanos
Como
antes se ha probado, nunca fue “política sistemática” del Gobierno Militar,
como ha pasado a ser un lugar común decir entre sus adversarios, la de
atropellar los derechos humanos. Al contrario, desde los primeros meses tras el
11 de septiembre la Junta emitió sucesivos documentos, circulares, decretos e
instructivos ordenando respetarlos.
Pero era
evidente para todo el mundo que mandos medios militares, actuando por su cuenta
y a veces en concomitancia con civiles, lo mismo que el órgano oficial de
inteligencia antisubversiva, la DINA, no siempre cumplían esos mandatos.
Me tocó estar en reuniones, durante
1973 y 1974, del grupo fundador de la revista Qué Pasa (aparecida en abril de 1971) y que era conocido como
“Grupo Portada”, en que Jaime Guzmán, asesor cercano al Presidente Pinochet,
refería haberle comentado a éste que (textual) “la DINA se está convirtiendo en
un Estado dentro del Estado”.
Recuerdo que esto lo expresó durante
una reunión-almuerzo en al Apart-hotel que había en esos años en Américo
Vespucio casi esquina de Apoquindo. Asistía a la reunión el periodista
británico Robert Moss, que era simpatizante del Gobierno Militar y había venido
a Chile frecuentemente durante la UP, a raíz de lo cual escribió un libro
titulado El Experimento Marxista Chileno,
que fue editado en Santiago por la Editorial Gabriela Mistral, ex Quimantú y ex
Zig-Zag.
Presiones
norteamericanas (I)
El 27 de
mayo el subsecretario de Estado norteamericano, Warren Christopher, convocó al
embajador chileno en los Estados Unidos, Jorge Cauas, quien le “admitió que el
tema de los desaparecidos era el más relevante, pero en seguida intentó
restarle envergadura. Dijo que había personas con doble identidad, otras que se
habían marchado de Chile y finalmente aquellas que habían muerto poco después
del golpe.
“Al
hablar de la DINA Cauas señaló:
“—Cualquier
país tiene necesidad de un Servicio de Inteligencia. Pinochet ha prohibido
públicamente las acciones ilegales. Muchos prisioneros condenados bajo el
estado de sitio han sido amnistiados. En estos momentos sólo tenemos un
prisionero sin cargos (5).”
“El 3 de
noviembre de 1977 el ministro de Relaciones Exteriores, Patricio Carvajal,
llamó al encargado de negocios de la embajada norteamericana, Thomas Boyatt.
“—Thomas,
llamo para anticiparle una noticia. Dentro de un rato se va a anunciar que el
general Pinochet ha nombrado al general retirado Odlanier Mena director de la
CNI. Quiero que sepa que el general Mena es una excelente persona y que a su
nombramiento seguirán más cambios en la CNI (6)”.
Las
presiones del gobierno de los Estados Unidos muchas veces nacían de que
funcionarios medios de éste asimilaban las consignas originadas en el Departamento de Desinformatsiya del KGB
soviético, pero no por ello tales presiones surtían menos efecto y, como en el
caso citado, contribuían a que la Revolución Militar se preocupara más de
garantizar los derechos humanos de sus detractores internos, aunque estuvieran
vinculados al terrorismo de extrema izquierda.
El tema
era fundamentalmente propagandístico. El gobierno y la opinión pública
norteamericanos (y, para el caso, también los europeos y de los países
restantes) reaccionaban a la propaganda. Ésta era y es mundialmente dominada por
la izquierda y, en esos años, la izquierda era “programada” por la desinformatsiya soviética. Si no ¿cómo
explicar que el New York Times dedicara
66 comentarios a la situación de los derechos humanos en Chile, donde las
supuestas víctimas eran unos pocos cientos, y dos comentarios a la eliminación
de un millón y medio de personas en Camboya a manos de Pol Pot, según más
arriba se ha documentado?
Presiones civiles
La
presión y las advertencias de los partidarios civiles del régimen también
fueron determinantes para que se resolviera poner fin a la DINA, aunque ésta
recibió el golpe decisivo al aparecer indicios de su responsabilidad en el
atentado de 1976 contra Orlando Letelier.
En medios castrenses se apreciaba la
eficacia antisubversiva del organismo, que era real. Pero su papel represivo
era frecuentemente sobredimensionado, como quedó en evidencia tras el Informe Rettig de 1991, en que ella
apareció como responsable de sólo una minoría de muertes y desaparecimientos de
personas, contra la versión generalizada que se había impuesto anteriormente,
que le achacaba la casi totalidad.
Pues, en realidad, la mayor parte de
las bajas de la confrontación se produjo entre el 11 de septiembre y el 31 de
diciembre de 1973… cuando ni siquiera existía la DINA, que vino a crearse sólo
a mediados de 1974.
Pero en
realidad lo que conspiró definitivamente contra su permanencia fueron los
crímenes cometidos en el extranjero –entre ellos un atentado frustrado— que
provocaron un enorme daño al buen nombre del régimen y acerca de cuyos detalles
ni la Junta ni su Presidente estaban enterados.
Incluso, como varias veces se ha
prevenido más arriba, de la existencia
del hechor material principal de esos atentados en el exterior, el
norteamericano Michael Townley, ni el general Pinochet ni del resto de la Junta
tenían siquiera noticia, según se ha acreditado en el capítulo anterior.
El hecho
fue que el 13 de agosto de 1977, por decreto ley N° 1.876, la DINA fue
disuelta. El mismo día se creó el organismo que la reemplazaría, la Central
Nacional de Informaciones, CNI, por decreto ley N° 1.878.
Resultó
muy indicativo que a la cabeza del nuevo ente de inteligencia fuera puesto el
general (r) Odlanier Mena Salinas, un hombre de impecable postura en materia de
derechos humanos, de destacado papel en la defensa del norte chileno, al mando
el Regimiento Rancagua de Arica,
cuando el país estaba amenazado de invasión peruana en 1974.
Pero después de 2000 Mena fue
injustamente procesado y condenado, por un delito que comprobadamente no había
cometido (y que además estaba amnistiado y prescrito) por la justicia de
izquierda que pasó a controlar el Poder Judicial y la Corte Suprema a comienzos
del nuevo siglo.
Finalmente, fue víctima de la última
injusticia que el destino le tenía deparada: su traslado desde el penal
Cordillera, donde cumplía su ilegal condena en condiciones relativamente
pasables y en las cercanías del Hospital Militar en el cual debía tratarse una
grave enfermedad terminal que lo aquejaba. Dicho traslado fue al lejano penal
Punta Peuco. Derivó de un gesto político del presidente Sebastián Piñera,
entonces bajo en las encuestas, hacia el Partido Comunista, cuyas huestes no
sólo celebraron sino que presidieron el traslado y el vejamen de los oficiales
presos a la salida del recinto de Cordillera.
Ante el traslado y tras negársele el
indulto que solicitaba, Mena puso fin a sus días en marzo de 2013.
El
historiador Gonzalo Vial, crítico de Gobierno Militar en materia de derechos
humanos, reconocía la calidad moral de ese general, escribiendo sobre él:
“Mena, en
efecto, era un hombre integérrimo, y bajo su mando la CNI no cometió sino
abusos aislados y prontamente, la mayoría de los casos, reprimidos por el
condigno castigo interno” (7).
Sorprendido diciendo
la verdad
En un Pleno
Comunista celebrado en el exilio pero profusamente distribuido por mimeógrafo
en Chile, Luis Corvalán, que había sido liberado tras el canje por Bukovsky,
prisionero de conciencia soviético, como más arriba se ha visto, fue
sorprendido confesando algunas verdades:
“Al
sostener desde 1956 la posibilidad de la vía pacífica en nuestro país, tuvimos
en cuenta, primero, que se trataba sólo de una posibilidad y, segundo, que de
abrirse paso la revolución por dicha vía, en algún momento podría surgir la
alternativa de la lucha armada. Consecuentemente, nos preocupamos desde 1963 de
la preparación militar de los miembros del partido. (…) Cuando después de las
elecciones de marzo de 1973 estaba claro que la reacción buscaría el
derribamiento del Gobierno a través del golpe de Estado, lanzamos la consigna
‘no a la guerra civil’ y simultáneamente intensificamos la preparación
combativa de aquellos militantes que ya trabajaban en ese frente y los
pertrechamos de algún armamento” (8).
Nótese
que desde 1963 ya los comunistas habían adoptado la vía armada, antecedente que
la mayoría de los historiadores se ha negado a incorporar a sus análisis.
Después, en 1980, Corvalán reafirmaba
que “el derecho del pueblo a la rebelión pasa a ser cada vez más indiscutible”,
en consonancia con el acuerdo entre altos dirigentes comunistas de enviar a
jóvenes del partido a entrenarse militarmente en Cuba para regresar después a
combatir clandestinamente en la guerrilla chilena (9).
Eficacia de gestión en
Salud
La
Revolución Militar, debido a las exigencias impuestas desde 1975 por el
Programa de Recuperación Económica, había debido hacer enormes reducciones en
las sobrecargadas plantas de la administración pública, reducciones estimadas
en noventa mil funcionarios, pero eso fue suplido con una gran mejoría en la
calidad de la gestión, pues se impuso una disciplina que antes no existía, se
exigió a los funcionarios públicos cumplir adecuadamente sus labores y
simplemente no se admitió algo que era antes habitual –y lamentablemente pasó a
serlo también después de 1990: los “paros ilegales”, mediante los cuales se les
ha extraído a las sucesivas administraciones posteriores mejoramientos de
remuneraciones exigidos por directivas politizadas, en particular en el sector
Salud.
Ya en
1977, por ejemplo, la mortalidad materna en los partos, que había descendido de
un 2,65 por mil en 1967 a 1,63 por mil en 1972, había sido reducida a 1,02 por
mil (10).
Un laudo que traería
consecuencias
El 2 de mayo de
1977 se dio a conocer el laudo o fallo arbitral de la Reina IsabeI II de
Inglaterra recaído en el conflicto del Beagle entre Argentina y Chile, que le
había sido sometido en 1971.
El laudo
lo dictaron tres miembros de la Corte Internacional de Justicia de La Haya,
acerca de cuyos nombres ambos países se habían puesto de acuerdo. Eran
personajes de alcurnia e insobornables. Argentina perdió y ahí mismo aprendió
que nunca más se sometería a personajes tales, y aplicó esta experiencia al
conflicto sobre Laguna del Desierto que tuvo con nosotros un par de décadas
después y entonces, al revés de 1977, ganó.
El
Tratado de 1881 entre ambos países había declarado que todas las islas al sur
del Canal Beagle y hasta el Cabo de Hornos serían chilenas. Aparte de islotes
menores, las del Canal eran tres, Picton,
Nueva y Lennox.
La tesis
chilena y que resultó triunfante sostenía que el Canal corría de Oriente a
Poniente hasta el Cabo de San Pío y, por tanto, las citadas islas quedaban al
sur de él y eran chilenas. La tesis argentina era que el Canal doblaba al sur
antes de las islas Picton y Nueva, que, por lo tanto, no quedaban al
sur de él y eran argentinas.
“Desde
Londres, el principal defensor chileno, José Miguel Barros, comunicó por
teléfono el resultado al canciller (Patricio) Carvajal: ‘Colo Colo ganó a River
Plate, tres por cero’” (11).
El
gobierno chileno –la Armada-- se apresuró a fijar las “líneas de base rectas”
que determinaban las aguas territoriales y la zona económica exclusiva de 200
millas autorizada por la Convención de Ginebra de 1958. Asimismo, nombró
“Alcaldes de Mar” de las islas. La decisión proverbial de Merino quedó de
manifiesto una vez más.
Pinochet, algo reticente, firmó el
correspondiente decreto N° 416 de julio de 1977.
En
Argentina el respectivo gobierno militar se comportaba con muy poca resignación
jurídica y, apoyado en su prensa y opinión pública, expresó que pretendía
alguna de las islas chilenas y, desde luego, rechazaba nuestra determinación de
las aguas territoriales y zona económica exclusiva. Lo más grave era que se
manifestaba dispuesto a la guerra si Chile no cedía.
En algún
momento el despliegue argentino pareció algo operático: a mediados de año llegó
en un avión blanco, vestido de blanco, el almirante Julio A. Torti, alto,
tostado y de pelo también blanco, y nos notificó de que el laudo debía estar
modificado, a satisfacción de los argentinos, para el 14 de enero de 1978.
Pinochet le respondió escuetamente que
no, así es que Torti regresó al aeropuerto e hizo mutis por el foro.
El
Presidente chileno asumió personalmente la conducción del conflicto y planteó
una postura de la cual no se apartó nunca un milímetro: uno, se podía conversar
entre militares el tema; dos, debía evitarse la guerra por todos los medios;
tres, pero si Argentina la declaraba, Chile debía estar preparado para ganarla
y no aceptar ningún cese de hostilidades mientras hubiera un soldado argentino
en territorio chileno (esto se lo oí afirmar personalmente); cuatro, el fallo
británico no se podía modificar; y cinco, de lo único que podía hablarse era de
aguas, no de territorios.
Los
uniformados y especialistas argentinos alegaban que “los árbitros se habían
equivocado en dos aspectos fundamentales: 1. Los jueces no tomaron en cuenta
que el meridiano del Cabo de Hornos es el límite natural y definitivo entre
Argentina y Chile en el mar austral. Al no tener en cuenta este principio, los
jueces entregaron a Chile islas e islotes que estaban en el Atlántico (los
jueces habían establecido que esa separación bioceánica no tenía base
jurídica). 2. El espacio marítimo llamado ‘Martillo’ (lo que ambos países
habían aceptado arbitrar) se limitaba solamente a las islas Picton, Lennox y Nueva e islotes
anexos, pero en ningún caso a las otras islas e islotes ubicados en la zona del
archipiélago de Hornos. Concluían que los jueces las incluyeron en el laudo en
forma extemporánea. Por último, afirmaban, como consecuencia de estos dos
graves errores de la Corte Arbitral, el laudo había destruido el ‘principio
Atlántico-Pacífico’.
Además, las autoridades argentinas
temían los efectos que el derecho internacional del mar tendría en la
proyección marítima de las islas atribuidas a Chile por el laudo. En efecto, el
derecho del mar reconocía ahora a cada estado, en vez del tradicional mar de 3
millas, un mar territorial de hasta 12 millas y, dependiendo del caso, una zona
económica exclusiva de 200 millas.
Por factores geográficos,
fundamentalmente, Chile no podría aspirar a las 200 millas, pero de igual forma
incrementaría su proyección marítima hacia el este, con lo que se alteraría el
equilibrio tradicional en la región del Atlántico sur” (12).
Sea como
fuere, al final del conflicto, años después (Tratado de Paz y Amistad de 1984)
todos los puntos básicos impuestos por Pinochet y detallados más arriba fueron
respetados.
Carretera Austral y la
Antártica
En enero el
Presidente viajó a inspeccionar el avance de la Carretera Austral desde Chaitén
hacia el norte y hacia el sur. Esa vía estaba destinada a incorporar al
territorio patrio efectivamente más de 150 mil kilómetros cuadrados, un veinte
por ciento del total del país.
“Visualizo
en el futuro –dijo Pinochet en la región--
dentro de 30 o 50 años, las caletas de la zona convertidas en ciudades,
el mar entregando sus productos, las tierras agrícolas y ganaderas dando sus
beneficios”.
Añadía que ya eran numerosos los
empresarios pesqueros que estaban pidiendo autorización para instalarse en la
zona (13).
En
seguida viajó a la Antártica en el transporte Aquiles, en un recorrido de ida y vuelta de tres mil kilómetros.
Visitó las bases antárticas de la Armada, Arturo
Prat; de la Fuerza Aérea, Presidente
Frei; y del Ejército, Bernardo
O’Higgins. En la segunda de ellas, ubicada en la isla Rey Jorge, comprobó
que había excelentes relaciones con la dotación de una base rusa muy próxima,
que yo mismo tuve oportunidad también de visitar, siendo muy bien recibido, un
par de años después, invitado por el empresario chileno-alemán Guillermo
Schiess.
Pinochet
llegó hasta la sub-base Yelcho en el
paralelo 65° de latitud sur. Ha sido el Jefe de Estado que ha llegado a la
mayor latitud austral y, posiblemente, el que con mayor detenimiento ha
recorrido cada rincón del territorio nacional, enterándose personalmente de sus
problemas.
Un golpe venido de
fuera
En 1977
el texto de la condena habitual en Naciones Unidas, derivada de la persecución
soviética basada en el tema de las violaciones a los derechos humanos, fue más
desfavorable que nunca y también mayor que nunca el número de países que la
votaron a favor: 96. Sólo 14 naciones votaron a favor de Chile y 26 se
abstuvieron.
Pinochet había escrito una carta
personal al presidente Carter para que influyera en que la resolución de la ONU
fuera benigna, pero no consiguió su propósito (14).
Los norteamericanos no solían ser
leales con quienes les ayudaban a luchar contra el comunismo, menos si eran
demócratas, como Carter.
Pues los
hechos objetivos eran que el organismo de inteligencia chileno al cual se
atribuía la mayor parte de los llamados “atropellos a los derechos humanos”, la
DINA, había sido disuelto precisamente por esa causa en 1977. La ONU no lo tuvo
en cuenta ni los Estados Unidos tampoco.
Además, en el mismo año 1977 el
Presidente de la República había anunciado un itinerario constitucional, la
designación de un Parlamento en 1981 y elecciones en 1985, de modo que nadie
podía hablar de una “dictadura sin término”.
Hasta el
número de atentados contra uniformados venía aproximándose a cero, según el
registro llevado por el Ejército: había registrado 52 en 1973, menos de la
mitad, 25, en 1974; tan solo 3 en 1976 y ninguno en 1977 (15).
Pero la
condena de Naciones Unidas implicó, en diciembre de 1977, un golpe sicológico
demasiado fuerte para Chile. Fue un impacto depresivo exclusivamente anímico,
porque la economía marchaba espléndidamente, la paz interna era visible y
palpable y las perspectivas futuras mucho mejores.
Se reeditaba
una vez más el absurdo contraste entre la situación de Chile que describían los
organismos internacionales y los medios de comunicación del resto del mundo,
con el clima que realmente imperaba en la vida interna nacional. La prensa
extranjera parecía, a este respecto, programada desde las oficinas del KGB en
Moscú. Más específicamente, desde su Departamento
de Desinformatsiya.
Disolución de los
partidos políticos
Entre 1973 y
1977, dice Pinochet en sus memorias, “los partidos políticos democráticos que
no fueron suprimidos se mantenían en receso, sometidos a un conjunto de
prohibiciones mientras rigiera la medida que les impedía desarrollar su
actividad. Esas prohibiciones fueron establecidas en un reglamento especial. El
decreto ley N° 77 había disuelto los partidos marxistas. Los demás quedaron en
receso, entendiéndose por tal ‘la situación de inactividad que les afecta en
todo cuanto tienda a la consecución de los fines que les son propios, sin que
ello signifique en caso alguno suprimir su existencia como tales’”.
El reglamento les impedía: a) Hacer o
efectuar declaraciones de principios sobre hechos de política concreta; b)
Efectuar cualquier tipo de reuniones, en lugares cerrados, secretarías o casas
particulares, sean ellas de sus organismos directivos en cualquier nivel o de
sus bases, y c) Mantener secretarías de propaganda y en general, realizar
labores de propaganda por medio de la prensa, radio o televisión o por
cualquiera de los medios de difusión señalados en la ley sobre abusos de
publicidad.
“Nuestra intención era mantener el
receso para no alterar la unidad nacional afectada por el Gobierno de la Unidad
Popular, pero, al no respetarse lo que señalaba la ley, se optó porque los
partidos políticos fueran disueltos” (16).
En realidad, esta decisión la precipitó
la Democracia Cristiana. Todo el mundo sabía que no estaba en receso y, sin
embargo, el Gobierno hacía “la vista gorda”. Pero en 1977 hubo una pugna con
motivo de la renovación de la directiva nacional.
El autor Gustavo Cuevas describe así el
episodio:
“Surgieron
dos corrientes internas para disputarse la presidencia, una encabezada por el
ex senador Andrés Zaldívar, favorable a un entendimiento opositor que excluyera
a la izquierda radicalizada, y otra liderada por el ex senador Tomás Reyes
Vicuña, que era en cambio partidario de establecer una alianza con la izquierda
tras el objetivo común de acelerar el cambio de gobierno. Las autoridades
interceptaron los mensajes con la propaganda de una y otra candidatura y
decidieron entregar a la opinión pública el conocimiento de las dos propuestas
en competencia, difusión que le sirvió como fundamento para la adopción de una
drástica medida: se resolvió extender la proscripción de los partidos políticos
que se había dictado en septiembre de 1973 (nota
del autor: ella afectaba sólo a los de la Unidad Popular) a todas las
colectividades que hasta ese momento sólo estaban afectas al receso político,
las que consiguientemente debían disolverse. Es decir, a partir de este momento
la disolución alcanzaba por igual a los partidos que habían constituido la
Unidad Popular como a los que habían sido la oposición al gobierno de Allende”
(17).
La resistencia
política más tenaz
Un momento
difícil se vivió cuando el 16 de noviembre de 1977 agentes de seguridad
allanaron la “casa de retiros” San Francisco Javier de la Iglesia Católica.
El Cardenal Silva Henríquez protestó
ante el Presidente por los hechos y éste le respondió, junto con lamentar la
comprobación de que la Iglesia estaba siendo utilizada por ciertos sectores,
que no podía resultar grato practicar un operativo en una casa de ejercicios
espirituales, pues se desarrollaban ahí actividades que trasgredían la
legislación vigente. El Presidente adjuntó testimonios fotográficos de ex
dirigentes sindicales y políticos del disuelto PDC presentes en la “casa de
retiros”.
El Presidente también aclaró que no
había habido allanamiento alguno, pues se había ingresado a la casa de
ejercicios con autorización de las hermanas dominicanas tutoras del lugar.
Pero el Cardenal se había molestado
porque los agentes habían entrado violentamente, armados, sorprendiendo
reunidos a Andrés Zaldívar, Tomás Reyes, Eduardo Ríos, Ernesto Vogel, y otros.
Los dos primeros ex senadores de la DC y los dos después nombrados dirigentes
sindicales (18).
Pinochet
refiere en sus memorias un intercambio que refleja la tensión de las
relaciones:
“En abril
recibí una comunicación del Obispo de Temuco y Secretario General de la
Conferencia Episcopal de Chile, de cuyas partes principales copio a continuación:
“Por encargo del Comité Permanente del
Episcopado cumplo con agradecerle la autorización concedida por Ud., a pedido
nuestro, de dejar entrar al país a los reverendos padres Julián Brown y
Alejandro Bastiens, y permanecer en él al Presbítero Paolo Toffoletti. (Tres
sacerdotes de tendencias marxistas).
“El Comité Permanente espera que Su
Excelencia, al leer nuestra última declaración sobre la convivencia nacional
haya percibido que no fue escrita con ánimo de criticar al Gobierno, sino más
bien de reafirmar los principios del
humanismo cristiano y de la doctrina
social de la Iglesia, que son nuestra contribución para el futuro de Chile.
“Queremos, por último, manifestar
a Su Excelencia nuestra preocupación por la aplicación del Bando 107, en lo que
se refiere a censura previa de las publicaciones de la Iglesia. Esperamos que
en la práctica el Bando no coartará nuestra libertad de expresión.
“El Comité Permanente me encarga
reafirmar a Su Excelencia nuestra voluntad de cooperar en todos los esfuerzos
positivos suyos y de su Gobierno por el bien de nuestro país.”
“Les
respondí, entre otras cosas, lo siguiente:
“Me
complace que la favorable solución dada por el Gobierno al problema que
afectaba a los reverendos padres Julián Brown y Alejandro Bastiens, como
asimismo al Presbítero Paolo Toffoletti, haya satisfecho de modo especial al
Comité Permanente del Episcopado.
“En
cuanto a la reciente declaración pública de dicho Comité titulada ‘La
Convivencia Nacional’, el Gobierno ha querido dejar en libre juicio a la
ciudadanía la apreciación de si en realidad su texto se atiene al campo
‘exclusivamente moral y pastoral’, al que afirma circunscribirse en uno de sus
párrafos iniciales, o si en realidad desborda el terreno de los principios
propios de la doctrina social de la Iglesia Católica, que Ud. invoca en su
carta, para entrar más bien en aseveraciones o puntos de vista que se sitúan en
el mero campo de la política contingente, dentro del cual los propios católicos
tienen la más amplia libertad para adoptar sus posiciones de acuerdo con lo que
su recta conciencia les dicte. (…)
“La
jerarquía eclesiástica puede tener la más absoluta seguridad de que ‘la actitud
respetuosa y cordial’ que según usted mismo lo manifiesta en su carta que
contesto, ha mantenido el actual Gobierno hacia la Iglesia Católica, no será
variada, ya que ella corresponde a una muy profunda convicción de respeto hacia
todas las confesiones religiosas, proyección lógica de la amplia libertad de
conciencia y de cultos de que nuestro país disfruta y que en esos días había
sido proclamada por numerosos dignatarios de otros credos religiosos.
“En tal
inspiración, puede Ud. estar cierto de que el Bando N° 107 de la Jefatura de la
Zona en Estado de Emergencia para la Región Metropolitana y Provincia de San
Antonio, no será jamás aplicado en menoscabo de esos principios y valores, ya
que su objetivo dentro de la emergencia que vivimos es muy diferente, y sólo
apunta a contar con un instrumento legal que permita evitar que durante ella se
atente en contra de los valores morales e institucionales básicos de la
República” (19).
El aparato
propagandístico comunista
En el
hecho la propaganda en contra del Gobierno Militar y cuyo origen era el área
comunista tenía la capacidad de cambiar la realidad a los ojos del mundo y
establecer la versión falsa a través de ni más ni menos que la Organización de
las Naciones Unidas.
Pues objetivamente la chilena era una
sociedad que vivía en paz y prosperidad –todos los indicadores lo corroboraban—
pero la publicidad adversa llevaba a 96 países a condenar al Gobierno por
atropellar los derechos de sus gobernados. La paradoja era que éstos parecían
no darse cuenta.
Un indicador del poder de la propaganda
comunista mundial lo dio una investigación del historiador chileno Claudio
Véliz, publicada en la Revista Estudios Públicos N° 108 del año 2007 del Centro de Estudios Públicos. Antes había
sido publicada en inglés en la revista Quadrant
en 2007.
Ahí Véliz refiere haber asistido en
1954 a una reunión en que el dirigente comunista irlandés Alex Digges propuso
crear una organización que, bajo la fachada de defender a personas presas por
razones políticas, desprestigiara a las naciones del mundo libre.
Digges sabidamente trabajaba para el
Comintern soviético, una organización de propaganda pro-comunista financiada
por la URSS, y manifestó que, por consiguiente, no convenía que su persona
apareciera al frente del organismo que proponía. Entonces propuso a Paul
Berenson, que no estaba identificado como comunista, para encabezar el
organismo.
Curiosamente, en la misma reunión
Berenson rechazó el ofrecimiento diciendo que no estaba dispuesto a oficiar de
“tonto útil” del comunismo. No obstante, algo lo indujo después a cambiar de
opinión y fue él quien, de hecho, fundó Amnesty
International en 1961.
O sea, durante casi cincuenta años el
mundo no supo que Amnesty International
fue creada como un órgano de propaganda del Partido Comunista de la URSS. Su
labor ha sido fundamental en la creación de una falsa imagen del Gobierno Militar
chileno.
En 2000 fue causa de bochorno para la
Cámara de los Lores británica que condenó al ex Presidente Pinochet, el tener
que anular su fallo inicial tras comprobarse que uno de los jueces, lord
Hoffmann, era socio de Amnesty
International, uno de los querellantes contra el ex mandatario. Se
consideró que eso le restaba toda imparcialidad (20).
“El Gobierno está
‘caído´”
Tanto era la
influencia de la propaganda antichilena de origen soviético que hasta había
penetrado en las filas del propio Gobierno Militar.
Así, en una oportunidad, hacia fines
del año 1977, en que fui al edificio de gobierno, el Diego Portales, en
cumplimiento de alguna tarea propia de mi trabajo como director de La Segunda y en los escalones de la
entrada, me encontré con Jaime Guzmán, el líder gremialista y cercano asesor
del Presidente Pinochet.
Tuvimos una conversación intrascendente
pero, de pasada, al tratar el tema proverbial de estos encuentros casuales, es
decir, opinar sobre “cómo está la situación”, ahora que se había anunciado ya
una “Consulta Nacional”, Jaime me sorprendió con una afirmación:
--Era la
única salida—me dijo– porque el Gobierno estaba caído.
--¿Y
quién lo iba a derrocar?— pregunté yo, muy sorprendido.
Mi
pregunta lo desconcertó, pero me insinuó que había disensiones internas en la
Junta y cierta desorientación. Yo le recordé que para hacer caer a un régimen
fracasado como el de la UP, que tenía al país en la ruina, era impopular debido
a la escasez y la inflación, ambas sin precedentes, estaba amparando el
armamentismo clandestino y que se aprestaba a consumar un golpe de Estado, se
había requerido no sólo el respaldo de una mayoría política sustancial
expresada en la Cámara sino la actuación unánime de las Fuerzas Armadas y
Carabineros. Y que nada de aquello se alzaba ahora en contra del gobierno de
éstas.
Nos
separamos, yo muy intrigado y supongo que él convencido todavía de que el
régimen estaba o había estado a punto de caer, y de que el anuncio de la
Consulta lo había salvado.
El último viaje de Pinochet
Con ocasión de
la firma sobre el nuevo Tratado del Canal de Panamá, celebrado entre el
gobierno norteamericano de Jimmy Carter y el panameño del general Manuel
Antonio Noriega, fueron invitados a Washington todos los Presidentes de América
Latina, en septiembre de 1977.
El Jefe
del Estado chileno viajó acompañado de una comitiva de la cual formábamos parte
los directores de los principales diarios nacionales.
El
gobierno de Carter era francamente hostil al régimen chileno, lo que se había
manifestado en el voto norteamericano en contra del país en las Naciones
Unidas, al condenarlo por violaciones a los derechos humanos justamente cuando
el número de caídos en la lucha entre el terrorismo de izquierda y la represión
había bajado a un mínimo de 25, desde 139 en el año anterior y a partir de los
1.261 caídos entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973, según el Informe Rettig, a los cuales la Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación, formada después, añadió 562. Es decir, como tanta veces se
ha recordado, cayeron 1.823 personas en la lucha de esos 111 días, el 57 % de
todos los caídos en los más de 16 años que duró ese régimen (21).
Nótese que durante esos mismos 111 días
de lucha armada de 1973 todo el espectro político-parlamentario no marxista
apoyaba la Revolución Militar y la defendía ante las críticas del exterior, en
lo cual se distinguieron el presidente del Senado, Eduardo Frei Montalva, y el
presidente del Partido Demócrata Cristiano, Patricio Aylwin Azócar.
En su
viaje de 1977 el Presidente Pinochet tuvo una larga reunión con su igual
norteamericano Carter en la Casa Blanca, a la cual acudió acompañado del
Canciller, vicealmirante Patricio Carvajal, y del embajador en Washington,
Jorge Cauas.
Por el lado norteamericano el equipo
era impresionante: además de Carter estaban el Vicepresidente, Walter Mondale;
el Secretario de Estado, Cyrus Vance; el Subsecretario para Asuntos
Latinoamericanos, Terence Todman; y el asesor presidencial de Seguridad,
Zbignew Brzezinsky. Ello revelaba la importancia que le atribuían a la
situación de Chile.
Los temas
tratados fueron varios: suscripción del Tratado de No-Proliferación Nuclear,
ante lo cual la posición fue que Chile lo firmaría cuando las principales
potencias lo hubieran suscrito; la mediterraneidad boliviana, a cuyo respecto
el Presidente chileno señaló la dificultad que representaba la volubilidad
boliviana; la carrera armamentista en América Latina, en la cual el Presidente
chileno aseguró que no participábamos, pues éramos de los países menos armados
en el subcontinente; y, por supuesto, “los derechos humanos”. Ante este último
tema Pinochet aseguró que se habían hecho enormes esfuerzos, pero la agresión
armada roja los desvirtuaba.
Si
entonces se hubieran conocido las conclusiones del Informe Rettig de catorce años después, Pinochet habría podido
documentar con cifras que los enfrentamientos internos se habían minimizado y
el país vivía tranquilo, pero como el tema era político y suscitado por Moscú y
La Habana, las acusaciones y los votos en la ONU contra Chile, incluido el
norteamericano, aumentaban anualmente.
Carter,
en la reunión, le pidió le pidió a Pinochet la libertad de una lista de
personas detenidas y éste se comprometió a revisar sus casos.
En la
tarde, en la embajada chilena, los directores de diarios chilenos conversamos
con él acerca de la entrevista de la mañana, y nos reveló que Carter le había
preguntado “qué necesitaba”. Él le había respondido (con orgullo, según dijo):
--Presidente, Chile no viene acá a
pedir nada.
Tras eso terminó la entrevista con
ambos mirándose en silencio.
Un detalle que no he olvidado de su
relato fue que, al despedirse de Carter, un gobernante abiertamente hostil a
él, nos dijo con cierta satisfacción: “Le apreté la mano con toda la fuerza que
pude, y noté que le dolió”.
Reunión con
Presidentes de Bolivia y Perú
Pinochet
aprovechó la estadía en Washington de todos sus pares latinoamericanos para
formular una invitación a los de Bolivia y Perú, Hugo Bánzer y Francisco
Morales Bermudes, a conversar en la Embajada de Chile sobre temas de interés
común. Dice en sus memorias al respecto:
“Cerca de
las 17 horas llegó el Presidente del Perú, General Morales Bermudes, quien pasó
al escritorio del embajador y ahí tratamos el tema del corredor. Le expresé que
era necesario buscar una solución para Bolivia. Su respuesta fue que Perú ya
había dado una contestación y en tal punto se mantuvo el resto de nuestra
conversación.
“Luego
pasamos al salón donde nos esperaba Banzer y allí nos reunimos los tres
Presidentes para conversar el tema, pero las palabras con que se trató el
asunto fueron escasas y no se llegó a ninguna conclusión. Sin embargo, emitimos
una declaración conjunta que dice: ‘Con motivo de la presencia en Washington DC
de los Jefes de Estado americanos, para realzar la suscripción de los tratados
recientemente acordados entre las repúblicas de Panamá y los Estados Unidos de
América, a iniciativa del Presidente de Bolivia, los excelentísimos mandatarios
de Bolivia, Chile y Perú se reunieron en esta capital para considerar el estado
de las relaciones entre sus países y la marcha de las negociaciones encaminadas
a solucionar el problema de la mediterraneidad de Bolivia.
“Como
resultado del cordial y constructivo análisis que realizaron, y reafirmando la
voluntad de diálogo que los anima, acordaron instruir a sus respectivas
cancillerías para que, conforme a este propósito, continúen los esfuerzos
orientados al logro de una solución del citado problema que corresponde al
deseo de cooperación, amistad y paz que los inspiran”.
Es decir,
nada (22).
De
regreso en Chile Pinochet recibió al líder de la Unión Social Cristiana de
Baviera, República Federal de Alemania, Franz Josef Strauss, que siempre
mantuvo adhesión al Gobierno Militar chileno, erigiéndose en una excepción en
su propio país a ese respecto. Se reunieron en Santiago y Puerto Montt, lugar
este último donde cambiaron principalmente impresiones sobre la influencia de
la colonización alemana en la zona.
La
preocupación general por la campaña publicitaria internacional adversa al
Gobierno, originada en Moscú y La Habana, llevó a la necesidad de estudiar una
estrategia propagandística de defensa de la verdad. “Nombré (…) una comisión
que estudiara la forma de romper ese mito de que pisoteábamos los derechos
humanos, pero al conocer el valor de una campaña en tal sentido, cercano a los
5.000.000 de dólares mensuales, expresé que prefería invertir ese dinero en
casas y beneficios para los más necesitados en vez de pagar a quienes nos
ayudarían a demostrar la falsedad de los ataques de nuestros detractores” (23).
Balance económico
anual
Realmente la
economía inició en 1977 “un despegue”, una etapa de alto crecimiento: el PIB
aumentó 9,9%, una cifra con muy pocos precedentes en Chile. Afortunadamente
también el desempleo comenzó a caer: fue de 11,8 %, en todo el país, es decir,
casi un punto menos que el año anterior. Y también la inflación disminuyó a
menos de la mitad que el año precedente: 63,5 %.
La Tasa de Inversión en Capital Fijo
subió un poco, a 13,3 % del PIB.
El déficit fiscal fue, al final de
1977, equivalente a un -1,8 % del PIB. El Gobierno se acercaba al equilibrio de
sus cuentas, hecho inusitado en el Chile del siglo XX.
Pero la Balanza Comercial se volvió
negativa en -231,8 millones de dólares y la Cuenta Corriente de la Balanza de
Pagos, muy negativa, con -551,4 millones de dólares. Los economistas prefieren
llamar a este indicador “ahorro externo”… y lo es. Lo que sucede es que se
vuelve volátil cuando se pierde la confianza del exterior.
La Cuenta de Capitales mostró un
superávit de 454 millones de dólares y el saldo de la Balanza de Pagos fue
positivo en 118 millones de dólares.
La Deuda Externa aumentó y llegó a
5.201 millones de dólares (24).
Las Reservas Internacionales Brutas del
Banco Central subieron a 273 millones 300 mil dólares, con un aumento de 165
millones 400 mil dólares respecto del año anterior (25).
REFERENCIAS DEL CAPÍTULO V: “1977: El despegue económico”
(1) Sánchez, Francisco y
Schiappacasse, Mauricio: “Augusto Pinochet: el Reconstructor de Chile”, Maye,
Santiago, 2010, p. 92.
(2) Arancibia, Patricia: “Sergio de
Castro…”, op. cit., p. 283.
(3) Carlos Huneeus: “El Régimen de
Pinochet”, Editorial Sudamericana, Santiago, 2000, p. 291.
(4) Rojas, Gonzalo: “Chile Elige…”,
op. cit., t. I, p. 199.
(5) Ekaizer, Ernesto: “Yo, Augusto”,
op. cit., p. 345.
(6) Ibíd., p. 346.
(7) Vial, Gonzalo: “Pinochet, la
Biografía”, El Mercurio- Aguilar, Santiago, 2002, tomo II, p. 382.
(8) Cuevas, Gustavo: “Pinochet…”, op.
cit., p. 120.
(9) Ídem.
(10) Schuster Cortés,
Augusto: “Salud: Mensajes y Reflexiones”, Subsecretaría de Salud, Santiago,
1989, p. 329.
(11) Vial, Gonzalo:
“Pinochet, la Biografía”, op. cit., tomo I, p. 12.
(12) Sánchez y
Schiaccapasse: “Pinochet…”, op. cit., p. 77.
(13) Pinochet,
Augusto: “Camino Recorrido”, op. cit., t. I, p. 136.
(14) Ekaizer, Ernesto:
“Yo, Augusto”, op. cit., p. 347.
(15) Ejército de
Chile: “Presentación…”, op. cit., tomo IV, p. 463 y s.
(16) Pinochet,
Augusto: “Camino…”, op. cit., t. II, p. 140.
(17) Cuevas, Gustavo:
“Pinochet…”, op. cit., p. 87.
(18) Rojas, Gonzalo:
“Chile Escoge…”, op. cit., t I, p. 242.
(19) Pinochet,
Augusto: “Camino…”, op. cit., t. II, p.141.
(20) Vial, Gonzalo:
“Pinochet…”, op. cit., t. II, ps. 669-670.
(21) “Informe de la
Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación”, en adelante “Informe Rettig”,
diario “La Nación”, Santiago, 5 de marzo de 1991, p. 196. “Informe de la
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación”, Andros Impresores, Santiago,
1996, p. 526 a 530.
(22) Pinochet,
Augusto: “Camino…”, op. cit., t. II, p. 150.
(23) Ibíd., p. 161.
(24) Banco Central de
Chile, Dirección de Estudios: “Indicadores Económicos y Sociales 1960 1985”,
Santiago, 1986; e “Indicadores Económicos y Sociales 1960-2000”, Santiago,
2001.
(25) Díaz, José,
Lüders, Rolf y Wagner, Gert: “La República…”, op. cit., p. 514.
(CONTINUARÁ MAÑANA)
Muy buen articulo, como siempre Don Hermogenes !!
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