HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN MILITAR CHILENA 1973-1990 (III)

CAPÍTULO I. 1973: Una revolución imposible de evitar (CONTINUACIÓN).

Ejército guerrillero en paulatina desaparición…

              Nadie podía saber, todavía en ese momento, el calibre de la amenaza armada que representaba el ejército clandestino de la Unidad Popular.

              En octubre de 1973 Aylwin fue muy explícito para expresar lo que creía la gente más informada, aunque en 1993 negara haber dicho lo que dijo, y que fue lo siguiente, como quedó grabado en un video de fácil acceso a través de YouTube:

              “Nosotros tenemos el convencimiento de que la llamada ´Vía Chilena de Construcción del Socialismo’, que empujó y enarboló como bandera la Unidad Popular y exhibió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada y eso lo sabían los militantes de la Unidad Popular y lo sabía Allende; y por eso se aprestaban, a través de la organización de milicias armadas muy fuertemente equipadas y que constituían un verdadero ejército paralelo, para dar un golpe y asumir por la violencia la totalidad del poder. En esas circunstancias pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista”.

Esas palabras quedaron filmadas y fueron subidas a YouTube, donde también está la grabación de 1993 en que Aylwin negó haberlas dicho (49).

En un libro, el almirante Sergio Justiniano, muy cercano al miembro de la Junta, almirante José Toribio Merino, escribió: “Las armas encontradas habrían podido armar cinco batallones; en su mayoría eran de procedencia rusa, checoslovaca o de Alemania Oriental y llegadas a Chile por intermedio de Cuba, país al que se le pagaba con vestuario, alimentos y otros artículos que escaseaban en Chile” (50).

              Ese ejército clandestino extremista, que había sido reiteradamente denunciado por los líderes opositores entre 1970 y 1973, después de pasado el peligro algunos de éstos juzgaron que era conveniente minimizarlo, sobre todo cuando se aproximaba el momento de contar con los votos de la extrema izquierda para volver al poder, y empezó a “desaparecer”. De hecho, en el Informe Rettig de 1991, encargado por Aylwin, los muertos por la extrema izquierda se atribuyen a una innominada “violencia de particulares actuando por móviles políticos” y no a las “milicias muy fuertemente armadas y que constituían un verdadero ejército paralelo”. De hecho, en la “historia oficial” terminaron por desaparecer.

              De ello dejó constancia en 2008 el historiador Gonzalo Vial, que 17 años antes, en 1991, fue muy severo para juzgar la represión militar y no estuvo muy atento para dimensionar la amenaza armada marxista. Pero con el tiempo volvió sobre sus pasos y escribió:

              “El secretario general del PS en 1973 (Carlos Altamirano), que el 89, refiriéndose sólo a su partido, hablaba de 1.500 hombres, el año 2003 dijo que no eran siquiera 150… insuficientes para ‘atacar una comisaría’ y que apenas dominaban ‘el tiro al blanco en polígono’ (agregó). El año 1989 el Secretario General del Partido Comunista (Luis Corvalán) había fijado en 3.000 sus paramilitares del 73, ahora los rebajaba a 1.500… y así sucesivamente” (51).

             Vial se refría al cálculo de Altamirano en su libro entrevista con Patricia Politzer, Altamirano, en el cual estimó en unos diez mil hombres en armas el contingente guerrillero local con que contaba la UP.

Contingente guerrillero extranjero

           En resumen, entre las fuerzas subversivas y guerrilleras de 1973, que la versión “políticamente correcta” de la historia y el Informe Rettig de 1991 virtualmente hicieron “desaparecer”, se encuentran las siguientes, detalladas por sus respectivos denunciadores:

1.- Patricio Aylwin, en la ya citada entrevista a NC News Service del 24 de septiembre de 1973 denunció “milicias armadas con enorme poder militar de que disponía el Gobierno y con la colaboración de no menos de diez mil extranjeros que había en este país pretendían o habrían consumado una dictadura comunista” (52).

           2.- Comisión Especial de Consulta sobre Seguridad de la Organización de Estados Americanos (OEA), formada por delegados de Estados Unidos, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Uruguay y República Dominicana, que expresa en su Informe:

“El número aproximado de extranjeros ingresados ilegalmente a Chile pudo estimarse en septiembre de 1973 entre doce y quince mil individuos. (…) Luego del 11 de septiembre y hasta marzo siguiente, más de tres mil quinientos extranjeros salieron de Chile en calidad de asilados, refugiados o expulsados” (53).

              3.- El general cubano Patricio de la Guardia Font fue juzgado y fusilado en su país y durante el proceso fue sometido al siguiente interrogatorio:

             “Mayor Julio González Guithon: Y misiones internacionalistas, además de esta de Angola, ¿había cumplido anteriormente?

              “Patricio de la Guardia Font: Estuve en Chile.

             “Mayor Julio González Guithon: ¿Fue condecorado en aquella oportunidad por alguna razón?

            “Patricio de la Guardia Font: Fui condecorado con la Medalla Internacionalista de Primer Grado, porque estaba en Chile al frente de los compañeros de Tropas, cuando el golpe de Estado en Chile, y cumplí otras operaciones especiales.”

“Tropas” es el nombre de un regimiento cubano (54).

Conservo fotocopia de la página donde está el diálogo anteriormente reproducido y cuando se la mostré al historiador norteamericano James Whelan, quiso comprar el libro vía Miami y lo consiguió, para encontrarse con que la página antes reproducida había sido suprimida de esa nueva edición.

4.- El mismo historiador James Whelan escribió que en la oficina de Daniel Vergara, subsecretario del Interior de Allende, después del pronunciamiento, los militares encontraron la nómina de 14.085 extranjeros introducidos clandestinamente al país durante el gobierno de la UP (55).

Las relaciones con Frei Montalva

        El principal líder civil que había apoyado el pronunciamiento militar fue Eduardo Frei Montalva, Presidente del Senado, cuerpo legislativo que no fue disuelto hasta el 23 de septiembre. De partida Frei tuvo una relación difícil con el Presidente de la Junta, general Augusto Pinochet. En los primeros días después del 11 éste tuvo una llamada suya, pero prefirió no atenderla.

Al salir del Te Deum celebrado el 18 de septiembre en la Gratitud Nacional Frei se marcha sin despedirse de Pinochet, que se siente desairado y pregunta el porqué de esa actitud. Se le responde que se debe a las medidas tomadas respecto del Congreso, entre ellas el retiro del auto oficial que usaba el Presidente del Senado (56).

          “Sólo en diciembre de 1973 y en su propia casa –escribe el historiador Gonzalo Rojas Sánchez-- Pinochet recibe a Eduardo Frei. La conversación gira en torno al futuro de Chile. El gobernante inicia la conversación insistiendo en que el país está en ruinas, que no tiene con qué vivir y, por lo tanto, es lógico que se vengan tomando medidas drásticas, porque ‘a grandes males, grandes remedios’. Frei, por su parte, se queja del aprovechamiento que algunos empresarios estarían haciendo de la situación, y argumenta que eso no sucedería en democracia; Pinochet aclara que la democracia volverá cuando esté consolidado todo, porque no quiere entregar el Gobierno para volver a lo mismo; entonces Frei lo interroga por la duración del proceso y pregunta si serán ¿unos 5 años? Pueden ser cinco, pueden ser diez, pueden ser veinte”, es la cazurra respuesta de Pinochet. Disgustado, Frei termina la reunión. En la próxima oportunidad que pida audiencia, unos meses después, Pinochet prefiere retrasar la entrevista” (57).

            Pero la DC oficialmente apoyaba el pronunciamiento, tanto que mantuvo transitoriamente expulsados del partido a los trece dirigentes que emitieron una declaración repudiando el golpe, alternativa a la oficial del partido (58).

El primer ministerio

La amenaza armada extremista fue el desafío más visible e inmediato para la Junta, pero resultó relativamente fácil de controlar, si bien con un costo inmediato y alto para las Fuerzas Armadas y Carabineros, como hemos visto y veremos, y que se ha ocultado. En todo caso, fue mucho menor que el pagado en vidas por el ejército clandestino marxista.

Pero ni siquiera Pinochet estaba seguro en su propia casa. Refiere: “En cuanto a mi hogar, desde el mismo día 11 de septiembre fue atacado por personas que valiéndose de la oscuridad de la noche disparaban desde unos 150 a 200 metros de distancia, ataques que fueron repelidos por los dos hombres de seguridad que mantenía en ese lugar. El 14 de septiembre me encontraba en reunión en el Ministerio de Defensa, cuando me avisó el general Benavides que mi casa en Laura de Neves había sido atacada con armas automáticas, las cuales destruyeron parte de una cornisa y algunos vidrios. No se habían escuchado los disparos, sino sólo el chasquido de las balas, pues estos señores marxistas disparaban desde corta distancia con armas provistas de silenciador, lo que no era primera vez que ocurría.

“La oportuna llegada de las tropas, que dispuso el general Benavides y que cubrieron la zona hizo huir a los atacantes y evitó males mayores. Desde ese momento mi casa y mi familia quedaron protegidos por personal militar que cercó toda la manzana” (59).

Después de los combates de las primeras horas y de un dominio del territorio que en el exterior sorprendió por su eficacia y prontitud, el nuevo gobierno ya tenía sólidamente el poder en sus manos y el día 12 estaba designado el ministerio que iba a asesorar al Poder Ejecutivo: un gabinete de nueve uniformados en servicio activo, dos en retiro y dos civiles:

Interior, general de Ejército Óscar Bonilla; Relaciones Exteriores, contraalmirante Ismael Huerta; Economía, general de Ejército Rolando González; Hacienda, contraalmirante Lorenzo Gotuzzo; Educación, civil José Navarro; Defensa, vicealmirante Patricio Carvajal; Obras Públicas, general de Aviación Sergio Figueroa; Agricultura, coronel de Aviación (r) Sergio Crespo; Tierras, general de Carabineros (r) Diego Barba; Trabajo y Previsión, general de Carabineros Mario Mac-Kay; Salud, coronel de Sanidad Aérea Alberto Spoerer; Minería, general de Carabineros Arturo Yovane; Vivienda, general de Ejército Arturo Vivero; y Secretaría General de Gobierno, coronel de Ejército Pedro Ewing (60).

Ese primer ministerio contenía una curiosidad: el general Rolando González, de Economía, era todavía, el mismo 12 de septiembre, ministro de Minería del gobierno de Salvador Allende. Para él la fecha significó, pues, sólo un cambio de cartera (61).

Y ya ese mismo día 12 empieza a circular al interior del régimen, es decir, de la Junta y sus asesores, El Ladrillo, como llamaban al conjunto de planes que los economistas de derecha habían preparado para el eventual gobierno de Jorge Alessandri, si triunfaba en la elección de 1970, que se complementó durante la Unidad Popular (1970-73) con aportes de economistas democratacristianos y que finalmente publicara el Centro de Estudios Públicos en forma de texto en 1992 (62).

Roberto Kelly, oficial retirado de la Armada, que trabajaba en el Grupo Edwards, del dueño de El Mercurio, Agustín Edwards, era muy próximo al almirante Merino y debe ser considerado el principal responsable de que El Ladrillo haya sido profusamente distribuido apenas hubo cambio de gobierno.

Junto a él fue decisivo Hernán Cubillos, otro oficial retirado de la Armada que, como civil, se había convertido en hombre de confianza y mano derecha del citado Agustín Edwards.

Legitimidad del nuevo gobierno

              Desde un primer momento el régimen militar tuvo un mayoritario y amplio apoyo ciudadano, aunque el transcurso del tiempo y la intensa propaganda internacional contraria a ese régimen haya hecho olvidarlo.

              En octubre de 1973 el Colegio de Abogados reflejó la opinión interna dominante y dirigió una comunicación a sus organizaciones congéneres del exterior, que posteriormente se publicó en la Revista de Derecho y Jurisprudencia del mismo mes. Estaba firmada por el presidente del Colegio, el más destacado jurista democratacristiano de ese tiempo, Alejandro Silva Bascuñán, y argumentaba lo siguiente sobre la toma del poder por las Fuerzas Armadas y Carabineros:

              “Han concurrido, pues, a juicio del Colegio de Abogados, en el caso de Chile, todas las condiciones doctrinarias para estimar como legítima la rebelión armada que depuso al Gobierno anterior. Y es obvio que, como dice un autor, ‘si es legítimo deponer a una autoridad ilegítima, quien la reemplace a través del ejercicio legítimo del derecho de rebelión, necesariamente tendrá que tener un título de origen legítimo (que es posterior a la rebelión). Sería absurdo que existiera un derecho legítimo de rebelión y no se pudiera reemplazar la autoridad ilegítima, ya que no se puede dejar vacante el ejercicio del poder’. En este sentido, como el bien común exige que el orden jurídico no permanezca por largo tiempo sin ninguna autoridad legítima, el título de la que ha tomado el poder le ha de permitir dictar una normativa jurídica de emergencia o irregular desde el punto de vista de su forma, pero que tendrá la validez o eficacia de una legislación normal. Tal es el caso de la que se está dictando y aplicando en Chile desde el 11 de septiembre último” (63).

              Es decir, si fuera por la rigurosidad histórico-jurídica, quienes hoy hablan de “la dictadura” serían más precisos si aludieran al “gobierno legítimo” que nos rigió de 1973 en adelante.

Derechos de las personas

A partir del bando N°1, que anunció el término del gobierno del Presidente Allende y la asunción del poder por la Junta Militar de Gobierno, fueron dictados otros motivados porque en ese momento la amenaza armada extremista parecía ser el desafío más urgente. Esa noción predominante explica excesos que después ha resultado difícil justificar.

              Al día siguiente del 11 se dictó el bando más draconiano, derivado de las muertes registradas hasta ese momento a manos del extremismo. Fue el N° 25, que en dos de sus disposiciones advertía: “1°. Se otorga un plazo hasta las 15 horas de hoy miércoles 12 de septiembre, para que todas aquellas personas o grupos de personas que estén oponiendo resistencia armada al nuevo Gobierno de los chilenos depongan su actitud y entreguen sus armas a los representantes de las FF. AA. y Carabineros; 2°. Todas aquellas personas que insistan en la actitud suicida e irresponsable antes señalada serán objeto de un ataque definitivo por parte de los efectivos de las FF. AA. y Carabineros. Los que sean tomados prisioneros, serán fusilados en el acto”.

              Estas draconianas disposiciones se prestaron para excesos, lo que obligó a la Junta a dictar la Circular N° 1 de la Junta de Gobierno:

“Dicta normas de conducta en procedimientos que empleen Fuerzas Armadas y Carabineros. Santiago, 7 de enero de 1974:

“… Nuestra etapa en el gobierno de la Nación no puede ni debe caracterizarse por actos inhumanos que tengan que ocultarse a la ciudadanía y que sólo engendran una reacción de violencia, de odios y de venganza. (…)

“6.a. La actitud de las FF. AA. y Carabineros para cualquier chileno o extranjero que sea sorprendido empuñando las armas, en actos criminales contra las tropas y población civil o sabotajes que afecten a nuestras fuerzas o a la población civil, debe estar orientada al aniquilamiento en combate de estos extremistas o violentistas o, por medio del procedimiento judicial más rápido, si se han rendido.

“6.b. Aquellos que sean sorprendidos promoviendo la subversión, deben ser sometidos a juicio y sancionados de acuerdo con los procedimientos rápidos que otorgan los tribunales militares en tiempo de guerra. (…)

“6.g. El concepto de ‘mano dura’ no autoriza el empleo de procedimientos desterrados de la civilización; la ‘mano dura’ es más bien una ‘mano justa’, para interpretar mejor el espíritu de la Junta de Gobierno en la conducción del país. (…)

“8. La presente circular deberá ser difundida, leída y comentada a todos los mandos de las FF. AA. y Carabineros e Investigaciones, debiendo establecerse las responsabilidades, sanciones y penas correspondientes ante cualquier incumplimiento de las disposiciones que ella contiene. (Fdo.) Augusto Pinochet Ugarte, General de Ejército, Presidente de la Junta de Gobierno.”

              Posteriormente, el 1° de febrero de 1974 se distribuyó la “Circular Confidencial N°22”, de 25 de enero de 1974, del Ministerio del Interior, relacionada con la detención de personas. Ella expresaba, en sus partes pertinentes:

“A) Antecedentes: (…)  Decreto ley N° 228 de 24 de diciembre de 1973, publicado en el Diario Oficial de 3 de enero de 1974, artículo 1°, que establece que todas las atribuciones conferidas por el artículo 72, N°17, inciso tercero, de la Constitución Política del Estado al Presidente de la República por la declaración de Estado de Sitio, serán ejercidas por la Junta de Gobierno por medio de Decretos Supremos firmados por el Ministro del Interior, con la fórmula “Por orden de la Junta”. (…) En consecuencia, este ministerio dispone: 1) La detención de personas en uso de facultades del Estado de Sitio es única y exclusivamente privativa de la Junta Militar de Gobierno y se ejercerá a través de Decretos del Ministerio del Interior. 2) La detención de personas por la Justicia Militar sólo podrá llevarse a efecto en virtud de una orden emanada de un Tribunal competente y de acuerdo a las normas legales vigentes. 3) Ninguna autoridad está autorizada para practicar detenciones al margen de las presentes disposiciones; lo mismo se aplica  a los Servicios de Inteligencia Militar de cualquier institución, que también deberán someterse obligatoriamente a tales normas. Lo expresado es sin perjuicio del cumplimiento de órdenes dispuestas por la autoridad competente y en los casos en que la Ley Penal autorice la detención respecto de personas sorprendidas in fraganti. (…) 6) El Ministerio de Defensa dispondrá que todos los C.A.J.S.I. (nota del autor: Comandantes de Áreas de Justicia y Seguridad Interior) envíen una lista completa de las personas que se encuentren detenidas a la fecha, conforme a esta facultad constitucional, indicando la fecha en que fueron detenidas. Esta lista deberán enviarla al Ministerio de Defensa Nacional en el plazo de diez días después de recibidas las instrucciones que ese Ministerio disponga, las que se harán llegar por intermedio de la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (SENDET) al Ministerio del Interior. (…) 10) El Ministerio de Defensa Nacional dará las órdenes pertinentes para el inmediato cumplimiento de estas instrucciones. Saluda atentamente a US. (Fdo.) Oscar Bonilla Bradanovic, General de División, Ministro del Interior”.

              Este documento fue repartido a todas las unidades uniformadas y de la policía civil del país y desvirtúa la consigna falsa, pero generalizadamente repetida, de que “la violación de los derechos humanos fue una política sistemática y permanente del Gobierno Militar”.

              Hubo posteriores normativas, que en su momento se examinará, confirmando la política de protección de los derechos de las personas durante ese régimen y no de “sistemático atropello a los derechos humanos”. En la propia Declaración de Principios del Gobierno de Chile, la Junta propiciaba “un orden jurídico respetuoso de los derechos humanos: marco para el actual gobierno” (64).

“Un Vietnam Publicitario”

       Cuando las cosas estaban sucediendo, en 1973, no se pensaba que los militares estaban “atropellando los derechos humanos” o “cometiendo delitos de lesa humanidad”, porque el miedo a la amenaza extremista era muy grande. Por eso Patricio Aylwin decía (en los mismos primeros tres meses en que morían mil ochocientos del total de poco más de tres mil caídos entre 1973 y 1990):

           “Es muy fácil convertirse en juez de otros que están peleando, mientras uno está cómodamente sentado en el escritorio. Yo no me siento con autoridad moral para juzgar si han sido excesivos o no, porque lo cierto es que (…) han tenido muchas bajas y han recibido la acción. No tengo una cuantificación, yo creo que hay más muertos de los que se ha dicho, pero al mismo tiempo tengo otra cosa clara: que la versión que se ha dado en el extranjero es tremendamente exagerada. Cuando se habla de los muertos flotando en el río Mapocho. Cuando se habla de los cientos de miles o varias decenas de miles de muertos, heridos y prisioneros, es una exageración manifiesta” (65).

            El apoyo democratacristiano fue explícito, tanto en una declaración del 12 de septiembre de la directiva de Aylwin, Osvaldo Olguín y Eduardo Cerda, para quienes los propósitos de la Junta “interpretan el sentimiento general y merecen la patriótica cooperación de todos los sectores” (66) y como consta de la siguiente Acta de la sesión N° 29 de la Junta de Gobierno:

              “En Santiago, a seis días del mes de noviembre de 1973, siendo las 16 horas, se reunió la Junta en sesión secreta”.

              El primer punto y más extenso de la tabla es el siguiente: “Se recibe en audiencia a los ex parlamentarios señores Juan de Dios Carmona, Juan Hamilton y Enrique Krauss, quienes dan una información general de la impresión que han podido recoger en su visita a Europa en relación con los últimos acontecimientos ocurridos en el país.

              “A su juicio, Roma es el centro de la propaganda mundial en contra de Chile y donde se estarían reuniendo los ex embajadores que no regresarían al país, estimando que la situación con Italia no podrá arreglarse antes de cuatro o cinco meses, lo cual puede repercutir en alto grado en los embarques y desembarques de productos de Chile, muy en especial en lo referente al cobre.

              “En síntesis, consideran que esta intensa campaña en contra de Chile será mantenida a toda costa a fin de transformar nuestra situación como en un Vietnam publicitario” (67).

              Un documento titulado “El Partido Demócrata Cristiano y la dictadura militar”, que apareció en la revista Chile-América números 4 y 5 (1975), publicada en Roma por exiliados chilenos, con un comité editor que integraban, entre otros, el ex Vicepresidente de la República y connotado líder del PDC, Bernardo Leighton, y el ex senador y ex ministro socialista José Antonio Viera-Gallo, era descrito así:

              “El documento señala  que el 14 de septiembre de 1973, en casa de Javier Lagarrigue, íntimo amigo de Eduardo Frei Montalva, se produjo un encuentro entre el ex Presidente y su antiguo amigo, el general de división Oscar Bonilla, quien ha asumido la cartera de Interior. Aparte de Lagarrigue y de los dos personajes nombrados sólo se encuentra presente el senador democratacristiano Juan de Dios Carmona, que fue ministro de Defensa (…) Frei aseguró que el Partido apoyaría a la Junta Militar y se acordó el envío inmediato de una carta a los partidos de la Unión Mundial Demócrata Cristiana (UMDC). Se acordó también la urgente salida de una delegación del PDC al extranjero.

              “La carta tenía un poco más de cinco carillas y una introducción que decía: ‘En nuestra correspondencia de julio último dijimos que la acción del gobierno de Salvador Allende había colocado a la democracia chilena ‘entre la espada y el paredón’. Esto es, entre una salida militar, con todos los riesgos que ella significa, o una dictadura totalitaria’.

              “Afirma que ‘la gran mayoría recibió jubilosa y aliviada la noticia del derrocamiento de Allende’, y reseña la declaración oficial de la mesa directiva del PDC, dada a conocer el 12 de setiembre, subrayando la frase en la cual se sostenía que los propósitos de la Junta Militar ‘interpretan el sentimiento general y merecen la patriótica colaboración de todos los sectores’”.

              Pero a la vez una minoría de 13 personalidades disidentes de la DC, al día siguiente de la declaración de la directiva DC del 12, suscribió una declaración condenando “categóricamente el derrocamiento del Presidente constitucional de Chile. (…) Nos inclinamos respetuosos ante el sacrificio de su vida que él hizo en defensa de la Autoridad Constitucional”. Había sido redactada por Bernardo Leighton, que a la vez había firmado el Acuerdo de la Cámara llamando a las Fuerzas Armadas y Carabineros a “poner término a la situación de hecho existente”. Con razón era conocido como “Hermano Bernardo”: siempre quedaba bien con todos.

Uno de los firmantes, José Piñera Carvallo, retiró su firma (aparece rayada en el original); y otro que inicialmente no quiso firmar, Radomiro Tomic, pidió al día siguiente que se incorporara su firma. Lo mismo hicieron los diputados Marino Penna y Waldemar Carrasco (68).

              Firmantes originales del documento disidente, entonces: Bernardo Leighton, Ignacio Palma, Renán Fuentealba, Sergio Saavedra, Claudio Huepe, Andrés Aylwin, Mariano Ruiz-Esquide, Jorge Cash, Jorge Donoso, Belisario Velasco, Ignacio Balbontín, Florencio Ceballos y Fernando Sanhueza (Los Trece).

Delegación DC al exterior

              El diario El Metropolitano de Santiago, durante el breve período en que se publicó y procuró ganarse un espacio en “la gran prensa”, en el año 2000, informó también lo siguiente:

               “La revista ‘Chile-América’ indica que el 16 de octubre de 1973 ‘con la aquiescencia de la Junta Militar salen de gira a América Latina y Europa los dirigentes DC, Enrique Krauss (diputado), Juan de Dios Carmona y Juan Hamilton (senadores) para explicar las razones que ha tenido el PDC para apoyar el pronunciamiento militar.’

              “Posteriormente, por separado, el presidente del Partido, senador Patricio Aylwin viaja a la República Federal Alemana para contactar con los dirigentes democratacristianos de ese país.

            “En otra misión, Pedro Jesús Rodríguez, ministro de Justicia de Frei, y Alejandro Silva Bascuñán, presidente del Colegio de Abogados, ambos militantes democratacristianos, integran una delegación de juristas que realiza una gira de 32 días por países europeos en una acción destinada a mejorar ‘la imagen internacional de la Junta’” (69).             

¿Para qué sirvió todo esto? Para que el PDC comprobara que, en el mundo de 1973, el sol calentaba más en el lado opuesto a la Junta. Todo lo descrito sólo condujo a que se transformara en adversario a ella, al comprobar cómo el embate propagandístico del KGB había arrastrado al mundo entero a esa posición. Éste fue un punto de inflexión político en Chile, perjudicial para la Junta.

La legalidad de excepción

            Ya el mismo 11 de septiembre, mediante los decretos leyes N°s 3 y 4 de fecha 18 de septiembre se establecieron, respectivamente, el Estado de Sitio en todo el país y el Estado de Emergencia en las provincias, con el añadido de que el decreto ley N°5, de 22 de septiembre, estableció que, para los efectos de la aplicación de las penas, el Estado de Sitio debía entenderse como “tiempo de guerra”. Se modificó la Ley de Control de Armas y se amplió la competencia de los tribunales militares. A los seis meses del 11 el Estado de Sitio se renovó por otro período similar y sólo después de un año se disminuyó del grado de “tiempo de guerra” al de “defensa interna”.

              En todo caso, la lucha armada era una realidad desde el día 11 en adelante. Estaba presente en primer término esa preocupación, porque se combatía en las calles del centro de Santiago, donde funcionaba la Junta. “Mira –le dice Pinochet al almirante Patricio Carvajal, flamante Ministro de Defensa, en una transmisión radiofónica de la mañana del 11— es conveniente tirar una proclama por la radio que hay estado de sitio; en consecuencia, no se aceptan los grupos; la gente tiene que estar en sus casas, porque se arriesgan a que se encuentren en un problema y puedan caer heridos y no hay sangre para salvarlos” (70).

La situación, entonces, estaba controlada pero era  peligrosa en las  calles, donde solo el día 11 habían caído muertos, como antes se señaló, 30 uniformados y 18 habían resultado heridos por el fuego extremista. Pero la respuesta castrense al ataque extremista fue dura, como que entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973 hubo 1.522 caídos bajo el fuego de las fuerzas armadas y de orden, mientras 301 fueron víctimas de la “violencia política”, eufemismo con que las comisiones formadas por  Aylwin después de 1990, Comisión Nacional De Verdad y Reconciliación y Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, cuyo sesgo político fue evidente (más en la primera que en la segunda), describieron a los caídos bajo los disparos extremistas.

Es decir, 1.823 personas cayeron entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973, lo que representaba el 57 % de todas las víctimas registradas para el período 1973-1990. Y en esos 93 días primeros días de la Revolución Militar la acción del gobierno tenía el apoyo político de toda la derecha, de los principales líderes de la DC, encabezados por Frei y Aylwin; de la Democracia Radical y de la Izquierda Radical de Luis Bossay, escindida de la UP (71).

En los primeros días Pinochet “no trepida en no dormir durante dos noches seguidas, porque la preocupación del combate lo exige” (72).

Y con el correr de los años ha resultado, inesperadamente, que la mejor síntesis y más aproximada a la realidad de las verdaderas consecuencias de la lucha armada que tuvo lugar en 1973 fue la que dio el propio general Augusto Pinochet en una entrevista a la revista Ercilla del 13 al 19 de mayo de 1974, p. 12: “’El combate duró prácticamente cuatro horas’, con un saldo de muertes que, seis meses después, llegó a 1.600 víctimas. ‘Cerca de doscientas de las cuales son de nosotros’”.

Después de 1990, las Comisiones Nacionales antes nombradas, formadas por el gobierno de Patricio Aylwin, llegaron a parecidas conclusiones, según acabamos de ver.

Pero en el resto del mundo y en el propio Chile la impresión era de un número de víctimas mucho mayor. Recuerdo que, en mi calidad de diputado, en los días siguientes el 11 me pidió una entrevista un periodista australiano. Fue a mi casa y me preguntó escuetamente cuántos muertos había. Yo le respondí que no tenía idea, pero que se oía mucho intercambio de disparos. No satisfecho con mi respuesta, me pidió una cifra de caídos y ante tal exigencia le dije que los estimaba en trece mil. No sé por qué se me ocurrió esa cifra. Pero el australiano se irritó en extremo y me aseguró que eran más de cien mil. Casi inmediatamente se retiró molesto de mi domicilio. Supongo que él transmitió la cifra de cien mil a su país de origen, cuando la verdad era que, en ese momento y según se ha sabido después, posiblemente no pasaban de mil, de acuerdo a los datos de las Comisiones formadas en 1990.

La imagen internacional

El teniente coronel Patrick Ryan, miembro de la misión naval de su país acá entre 1972 y 1976, escribió en noviembre de ese último año un artículo titulado El Chile de Allende y los Mil Días Perdidos, en el cual expresó:

“Durante diez años, los Estados Unidos luchó contra el comunismo en Vietnam, país localizado a unas 7 mil millas de las costas de California, con una trágica pérdida de 55 mil vidas norteamericanas, seis veces más la cantidad anterior en heridos, sin tomar en cuenta el tremendo costo de 150 mil millones de dólares.(...) ¡Perdimos la guerra!

“Por otro lado, la República de Chile, situada en nuestro hemisferio, luchó contra el comunismo en el patio trasero de los Estados Unidos, sin la ayuda de los B-52, de la VII Flota y sin la visita de Bob Hope. Ningún dedo norteamericano apretó gatillos de M-16, ningún desfile horroroso de ataúdes envueltos en la bandera norteamericana fue enviado vía aérea diariamente desde Santiago de Chile para ser sepultados en los Estados Unidos. Lo que es más aún, sin nuestra ayuda y sin sentirse abrumados con nuestra táctica de ‘respuesta calculada’, los chilenos derrotaron al comunismo.

“El gobierno de los Estados Unidos no ha aplaudido esta brillante derrota del comunismo, pero, en forma increíble, nuestro Senado y el Congreso, por medio de la Enmienda Kennedy al Acta de Ayuda al Extranjero, han terminado toda la ayuda militar al nuevo gobierno anticomunista de Chile. ¿Por qué?”

El diario Times, de Londres, que es de derecha, también lavó el cerebro de sus lectores con respecto a Chile. El mismo ya citado teniente coronel Ryan fue, en un caso, víctima de ello, y nos refiere:

“De personal interés para el autor fue un artículo del ‘Times’ de Londres (27.10.73), escrito por Godfrey Hodgson y William Shaweron, que señaló: ‘En la planificación del golpe de estado el almirante José Toribio Merino mantuvo contacto personal con el teniente coronel Patrick J. Ryan, del Cuerpo de Infantería de Marina de la Misión Naval Norteamericana en Valparaíso, Chile’. Aunque yo encontré el reportaje sobre mi contacto personal diario con el Almirante Merino muy lisonjero ¡también encontré que era muy falso! Durante los ocho meses precedentes al golpe mi calendario de escritorio revela solamente dos citas con el Almirante Merino y se refieren a asuntos estrictamente mundanos. Estas citas fueron contactos típicos vice-almirante a teniente coronel. Él habló y yo escuché y en seguida llevé a cabo sus órdenes. El reportaje del ‘Times’ de Londres acerca de mis deberes de contacto con Merino en referencia al golpe fue absolutamente falso y tipificó la desinformación y los hechos ‘fabricados’ que fueron diseminados en relación al golpe en Chile” (73).

Newsweek inventa cadáveres

La revista norteamericana Newsweek del 8 de octubre de 1973 publicó el reportaje más calumnioso y falso de todos los medios de ese país, obra del periodista John Barnes. Ese artículo hizo un enorme daño a Chile, pues sirvió de base al senador Kennedy para hacer aprobar la prohibición de vender armas a nuestro país.

Titulado “Matadero en Santiago”, aseveraba que la Junta se había deshecho de 2.796 santiaguinos, que aseguraba haber visto en la morgue, durante el golpe.

La realidad es preciso volver a repetirla: las comisiones de Verdad y Reconciliación y de Reparación y Reconciliación, en 1991 y 1992, lograron comprobar que entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973, en todo el país y no sólo en Santiago, murieron 1.823 personas, 1.522 de ellas a manos de las Fuerzas Armadas y Carabineros y 301 debidas a lo que, piadosamente con el terrorismo de izquierda, dichas comisiones llamaron “víctimas de la violencia política” o “de particulares obrando por motivos políticos”, las cuales, no obstante, siempre se cargan a la cuenta de la Junta.

El arte de la desinformación

Un comentario norteamericano, del escritor Lloyd Billingsley, aparecido en FrontPageMagazine.com el martes 24 de enero de 2006, sobre un libro publicado en los Estados Unidos, titulado El Mundo Estaba Yendo en Nuestro Rumbo: El KGB y la Batalla por el Tercer Mundo (“The World Was Going Our Way: The KGB and the Battle for the Third World”) (Basic Books), se refiere a las revelaciones de los archivos del oficial de la inteligencia soviética Vasili Mitrokin, contrabandeadas a occidente en 1992. Expresa:

“El volumen también destaca que, en 1976, el New York Times publicó 66 artículos sobre abusos de derechos humanos en Chile y sólo cuatro sobre Camboya, donde el Khmer Rouge mató a 1,5 millones de personas del total de la población de 7,5 millones. Los autores no encuentran una explicación adecuada para esta ‘extraordinaria discrepancia’, pero hay una: los especialistas en desinformación del KGB hicieron bien su trabajo y encontraron a muchos en la izquierda norteamericana dispuestos a creerles.”

El grueso de la campaña de desinformación acerca de Chile en el mundo lo llevó a cabo la Unión Soviética. En la publicación alemana Deutschland Magazine de 3 de febrero de 1978, su enviado a Chile, Kurt Ziesel, titulaba: “Moscú Invierte 200 Millones de Dólares en Mentiras Sobre Chile”, suma que el Gobierno Militar ni siquiera cercanamente podía gastar para desvirtuar las respectivas mentiras. Esa información fue obtenida, según la publicación, de agentes del KGB soviético. Ziesel añade:

“Recientemente se descubrieron los métodos que se emplearon para ese fin. El Gobierno Militar ha declarado culpables y ha detenido a 125 miembros de ese preciso servicio secreto y a numerosos funcionarios estatales por desempeñarse como agentes de las potencias orientales. Noche tras noche ellos irrumpían en hogares, arrastraban a la calle a numerosos individuos, los golpeaban, torturaban y asesinaban. Ya a la mañana siguiente, la radiodifusión de Moscú proporcionaba antecedentes sobre estas agresiones —supuestamente efectuadas por los militares— agregando en cada caso datos exactos de lugar, tiempo y nombres de los sacrificados. Los agentes habían notificado sus crímenes a Moscú, por radio.

“Ya durante la Segunda Guerra Mundial, Brezhnev realizaba actos similares en Ucrania, donde los agentes soviéticos, vestidos con uniformes alemanes, aterrorizaban a la población con asesinatos y torturas con el fin de transformarlos en guerrilleros contra las fuerzas alemanas.

“El verdadero escándalo radica en que los medios de comunicación occidentales son, en parte voluntaria y en parte involuntariamente, cómplices de estas maquinaciones de Moscú. De esta manera, la revista ‘Stern’ describió como sacrificio por el pronunciamiento en contra de Allende, realizado en septiembre de 1973: ‘2.000 cadáveres flotaban en el río Mapocho que corre a través de Santiago’. En realidad, el río Mapocho no lleva nada de agua en septiembre, o a lo sumo una corriente de unos pocos centímetros de profundidad, debido a que el deshielo en los Andes todavía no ha comenzado. No obstante, esta historia de horror fue inescrupulosamente aceptada por numerosos medios de comunicación y todavía se sigue difundiendo.

“El corresponsal de la revista ‘Stern’, Heno Buss, frecuentó un largo tiempo al director de la línea aérea alemana Lufthansa, en Santiago. Un día, cuando apareció de nuevo por las oficinas de Lufthansa, la secretaria le pidió que se retirara. Como él preguntó la razón de esa actitud, se le mostró un artículo escrito por él en la revista ‘Stern’, el cual estaba lleno de calumnias. Buss extrajo el manuscrito original tal cual lo había enviado a la revista. Su artículo había sido transformado por la redacción en algo negativo. ‘Libertad de prensa’ al estilo Nannen & Cía.

“En Santiago, el administrador del hotel en que yo me hospedaba, que era procedente de Viena y de apellido Kulka, me contó la siguiente anécdota, que a él mismo le había sucedido: un año después del pronunciamiento en contra de Allende estuvo de visita en Viena y se encontró con su antiguo compañero de colegio, ahora Canciller Federal austriaco, Bruno Kreisky. Él le reprochó al Canciller que el Partido Socialdemócrata Austriaco (SPO) y los medios de comunicación occidentales divulgaban las mentiras más atroces contra Chile. En vista de eso, Kreisky sacó una fotografía de su escritorio. En ésta se veía una enorme plaza con muchos árboles. De cada árbol colgaba un cadáver. ‘Así se instaló tu régimen militar’, afirmó Kreisky triunfante. Kulka observó la foto y moviendo la cabeza dijo: ‘Esta fotografía muestra la Plaza Vergara en Viña del Mar, un balneario ubicado a 100 kilómetros al oeste de Santiago. Al fondo puede ver el Hotel O’Higgins. Durante y después del pronunciamiento yo fui el administrador de ese hotel. Todos los días pasaba, por lo menos unas cinco veces, por esa plaza con sus árboles. Tu foto es un montaje fotográfico, una pésima falsificación con la que tú te dejaste engañar.’ Avergonzado, Kreisky guardó de nuevo la fotografía en el cajón de su escritorio.”

El Departamento D del KGB

La desinformación es un arte totalitario. Lo practicó el nacional-socialismo, bajo Hitler y a través de Goebbels, quien sostenía que “una mentira mil veces repetida termina por parecer verdad”.

El servicio secreto soviético, el KGB (Komitet Gosudarstvenoy Besopastnosti), Comité de Seguridad del Estado, tenía un “Departamento D”, de Desinformatsiya, destinado a fabricar mentiras en todo el mundo para favorecer al comunismo. Fue revelado en detalle por Ladislav Bittman, jefe de la desinformación checa, en 1985, en su libro “El KGB y la Desinformación Soviética”. En una oportunidad llegaron a falsificar una edición de la revista Newsweek para ser distribuida en Asia y África, en 1963. Un artículo de ella sobre John Kennedy había sido reemplazado completo por otro opuesto, apoyando el interés soviético. El escritor Alvaro Pineda de Castro afirma:

“La revelación la hizo Laszlo Szabo ante el Senado norteamericano, luego de abandonar su cargo de Agregado Civil en la Embajada de Hungría, y agregó que los planes fueron fraguados por el periodista norteamericano Noel Field. Este personaje figuró junto con Alger Hiss en el famoso juicio por espionaje y actividades subversivas que le siguió el comité del Senado sobre actividades antinorteamericanas, en el cual fue condenado por perjurio a varios años de cárcel, en 1948, y en el cual el ex Presidente Richard Nixon tuvo el papel de acusador principal” (74).

La desinformación reviste múltiples modalidades y hasta la prensa más seria resulta infiltrada por ella.

El historiador Paul Johnson ha escrito, según vimos en el Prólogo, que la máquina de propaganda de la URSS tuvo éxito en demonizar a Pinochet entre las élites habladoras del mundo, lo cual fue el último triunfo del KGB antes de que desapareciera en el basurero de la historia. Esa gigantesca tarea propagandística del comunismo internacional fue muy importante, porque predispuso a la opinión pública mundial contra la Junta, al crear una imagen de grandes derramamientos de sangre inexistentes.

Por ejemplo, la prestigiada revista inglesa The Economist, que inmediatamente después del 11 de septiembre publicó un artículo favorable al pronunciamiento, a la semana siguiente ya había virado completamente, tras ser lapidada por la crítica izquierdista mundial, pasando a convertirse en ácida denostadora del mismo, arrastrada por la ola originada en Moscú.

Hasta un historiador crítico del Gobierno Militar en materia de derechos humanos, como Gonzalo Vial, ha reconocido que “la campaña de la U.R.S.S. cooperó decisivamente al ostracismo internacional del régimen militar y, como suplemento, a fijar sin vuelta la imagen ‘ogresca’ de Pinochet” (75).

Durante los 16 años y medio de la Revolución Militar Chilena se mantuvo una divergencia total entre lo que opinaban los residentes extranjeros en Chile, de diversas nacionalidades, que eran  abrumadoramente partidarios de la Junta, con lo que creía la opinión pública predominante de sus respectivos países, inundada por la propaganda anti-Junta.

La realidad interna

En Santiago, de hecho, el 11 de septiembre el control de la ciudad se consiguió en pocas horas. Sólo hubo escaramuzas aisladas en poblaciones periféricas, algunos recintos universitarios dominados por el extremismo y en fábricas incautadas por la Unidad Popular. En el centro hubo intercambio de fuego con francotiradores apostados en edificios estatales. Fue el caso de la Torre Entel, cuyo fuego de fusiles fue preciso silenciar con artillería, o de la industria fabril Indumet, donde cayó el carabinero, póstumamente ascendido a suboficial, Fabriciano González Urzúa, bajo el fuego extremista, como antes se mencionó. En su memoria fue bautizada con su nombre, a partir de entonces, la Escuela de Suboficiales de ese cuerpo policial.

Concepción y Talcahuano fueron controladas sin disparar un tiro. Los extremistas detenidos en esas ciudades fueron llevados a la isla Quiriquina. Tampoco en Valparaíso hubo enfrentamientos importantes y los extremistas detenidos fueron llevados al cuartel Silva Palma y al vapor Lebu, que estaba de para y presto a ser enajenado. En Punta Arenas los detenidos allí y en la zona sur fueron enviados a la isla Dawson, donde también fueron confinados los presos de mayor relevancia de la zona central.

           En la revista Qué Pasa del 27 de septiembre de 1973 Pinochet declara: “La Junta trabaja como una sola entidad; yo fui elegido presidente por ser el más viejo; en realidad es porque el Ejército es la institución más antigua (…); pero no sólo seré yo Presidente de la Junta: después de un tiempo lo será el almirante Merino, luego el general Leigh y así sucesivamente; soy un hombre sin ambiciones, no quiero aparecer como el detentador del poder; (…) respecto a la forma de operar de la Junta, ella trabaja en forma colegiada, dado que los problemas que estamos enfrentando en estos primeros días tienen un carácter unitario”. Sus declaraciones resultarían sobrepasadas por la evidencia de su propio liderazgo y ambición.

         A nadie se ocultaba que había existido bastante intercambio de fuego. Uno de los primeros bandos advertía que quien usara armas contra los efectivos uniformados sería ejecutado en el lugar de los hechos. Situaciones tales menudearon en esos días. En particular, recuerdo que el cadáver de un  extremista abatido en un balcón del quinto o sexto piso de un edificio de CORFO, que quedaba a una cuadra de El Mercurio, donde yo concurría a diario, permaneció cerca de una semana allí junto a su arma, hasta que las nuevas autoridades tomaron control de la institución y de ese recinto.

           Pero el mundo tampoco sabe que los militares chilenos no estaban completamente inadvertidos mientras la izquierda se armaba, y se habían enterado de los preparativos extremistas. He aquí lo que nos dice el almirante Sergio Huidobro Justiniano en su libro Decisión  Naval: “Los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas tenían detectados a todos los cabecillas de la violencia. Conocían sus claves, sistemas de comunicaciones y sus enlaces. Sabían, por ejemplo, que ellos –las Fuerzas Armadas y Carabineros— sólo se estaban adelantando por una semana a un golpe marxista que proclamaría la República Popular de Chile y eliminaría a seis mil oficiales, políticos, periodistas, profesionales y dirigentes gremiales, como se señalaba en el Plan Z de la Unidad Popular. En Concepción la radio de la Universidad (un núcleo extremista) transmitía las 24 horas y en cada melodía venía un mensaje. En Santiago, los miristas debían escuchar la Radio Nacional; los socialistas, la Corporación; los del MAPU sintonizaban La Candelaria. Cada uno sabía a qué atenerse. Si el Centro de Madres Laura Allende de La Legua llamaba a reunión en el sitio acostumbrado, significaba que los “compañeros” de la Población debían ir a retirar las armas en el lugar en que estaban ocultas” (76).

Servicio de inteligencia del Gobierno

              La DINA, Dirección de Inteligencia Nacional, ha sido elegida como responsable de casi todos los denominados por sus detractores –y cada vez más ex partidarios “arrepentidos”-- como “atropellos a los derechos humanos” que se achaca al Gobierno Militar. Pero eso no corresponde a la verdad histórica, de partida porque la mayoría de las muertes en la contienda se produjo antes de que existiera la DINA.

Las ya mencionadas comisiones formadas después de 1990 para investigar el tema de los atropellos a los derechos humanos –Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación o Comisión Rettig, y la posterior y complementaria Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación— concluyeron que el 56 por ciento de la muertes entre 1973 y 1990 se produjo entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre del primero de esos años. Y la DINA no existía a esa fecha, pues recién a mediados de noviembre de 1973 el teniente coronel Manuel Contreras fue convocado a estudiar la formación de un organismo de inteligencia del nuevo gobierno, distinto de los que tenían las ramas de la defensa y Carabineros de Chile; y el mismo no se creó hasta mediados de 1974.

              El 12 de noviembre él recién expuso los lineamientos generales de su concepción sobre un futuro servicio de esa especialidad a las altas autoridades del gobierno y de los servicios de inteligencia existentes. Pero es verdad que a partir de ese momento comenzó a funcionar lo que se denominó “Comisión DINA”.

              Sin embargo, fue sólo cuando se dictó el Decreto Ley N° 521, de fecha 18 de junio de 1974 que nació la DINA. Su director fue el recién ascendido a coronel Manuel Contreras.

La crisis económica

              La lucha por combatir a la guerrilla extremista y restablecer la ley y el orden era la más urgente, pero el país tenía armas para enfrentarla y lo estaba haciendo con éxito. En cambio, las circunstancias económicas a que había llevado la revolución socialista de Allende eran críticas y el país se había quedado sin armas para enfrentarla. El mismo Presidente había dicho, poco antes de caer, que sólo había reservas de harina para “unos pocos días más” y la penuria de recursos y de reservas era generalizada en todo el ámbito público (77).

              En la distribución de responsabilidades entre los miembros de la Junta, la dirección de los asuntos económicos del Gobierno recayó en el Almirante Merino. El general Pinochet quedó a  cargo de los temas políticos y militares; el general Leigh de los sociales y culturales y el general Mendoza de los problemas agrarios y de tierras fiscales.

              Quiso el destino que desde un año antes Merino hubiera estado preocupado de cómo enfrentar la catástrofe económica provocada por la Unidad Popular. En las memorias del oficial retirado de la Armada, Roberto Kelly, un hombre clave del Gobierno Militar, cuyo papel no ha sido debidamente ponderado, se dice lo siguiente, en relación a un conversación que tuvo con  Merino en 1972: “Recuerdo que la respuesta de Merino fue muy asertiva: Si nos movemos ahora, nos vamos a hacer cargo de este caos que no tiene salida y nos van a culpar a nosotros por esta situación. Porque la verdad es que no tenemos ningún proyecto alternativo que podríamos utilizar para salvar al país. Además, con la propaganda mundial que existe a favor de este gobierno, no podemos correr el riesgo de aventurarnos solos en un camino desconocido”.

              Preguntado por la historiadora y autora de su biografía, Patricia Arancibia, sobre cuál fue su reacción, responde:

              “Es que Merino tenía razón. Nada se sacaba con dar un golpe de fuerza si es que no se tenía claro hacia dónde debía marchar el país en el futuro, sobre todo en materia económica. Le señalé entonces que había que ponerse a trabajar en serio y elaborar un plan que mostrara que había una salida y en un momento adecuado estaría dispuesto a mostrárselo. Me contestó ‘tráemelo’. Volví a Santiago con la sensación de que me había echado una enorme responsabilidad.

              “¿Qué curso de acción siguió?

              “Me reuní privadamente con Emilio Sanfuentes, quien a mi juicio era la persona indicada para armar equipo y cumplir la tarea encomendada. Era uno de los economistas del Cesec (nota del autor: Centro de Estudios Socio-Económicos del Grupo Edwards) y formaba parte del grupo de Hernán (Cubillos) dentro de ‘El Mercurio’. (…)
              “¿Cómo se lo planteó a Sanfuentes?

              “Le conté mi conversación con Merino y le pregunté en cuánto tiempo se podría presentar un plan económico y social para sacar adelante al país. Me contestó que en 30 días, lo cual me pareció un plazo demasiado corto. En ese momento yo no sabía que ya existía un esbozo de plan económico que habían realizado algunos economistas para la candidatura de Alessandri, pero no había sido considerado por éste, y que podría servir de base para elaborar lo que posteriormente se conocería como ‘El Ladrillo’” (78). 

REFERENCIAS DE ESTA III ENTREGA:
(49) Entrevista concedida por Patricio Aylwin a NC News Service de Washington y Bonn, el 24 de septiembre de 1973, reproducida en el diario “La Prensa” de Santiago el 19 de octubre de 1973 y luego subida a YouTube.

(50) Huidobro Justiniano, Sergio: “Decisión Naval”, Ultramar, Santiago, 1998, p. 253.

(51) Vial, Gonzalo en “La Segunda”, columna, 19 de febrero de 2008.

(52) Aylwin, Patricio, en “La Prensa”, Santiago, 19 de octubre de 1973.

(53) “La Segunda”, 13 de julio de 1990, p. 16.

(54) “Vindicación de Cuba”, Editorial Política, Belascón N° 864, La Habana, Cuba, 1989, p. 291.

(55) Whelan, op. cit., p. 541.

(56) Pinochet, Augusto: “Camino Recorrido. Memorias de un Soldado.” Instituto Geográfico Militar, Santiago, 1991, tomo II, p. 26.

(57) Rojas Sánchez, Gonzalo: “Chile Escoge la Libertad”, Zig-Zag, Santiago, 1998, tomo I, p. 134.

(58) Whelan, op. cit., p. 759.

(59) Pinochet, Augusto: “Camino Recorrido”, op. cit., t. II, p. 23.

(60) Ibíd., p. 20.

(61) Cuevas Farren, Gustavo: “Pinochet: Balance de una Misión”, Arquén, Santiago, 1998, p. 37.

(62) Centro de Estudios Públicos: “El Ladrillo”, Santiago, 1992.

(63) Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo LXX, N°s 7 y 8, septiembre-octubre de 1973, p. 286 y 287.

(64) “Declaración de Principios del Gobierno de Chile”, en realidad, los ideólogos del régimen no le atribuían importancia, tanto que Jaime Guzmán le expresó a Gonzalo Rojas: “Los militares quieren una Declaración de Principios… habrá que hacerla”. Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op. cit., t. I, p. 88.

(65) Aylwin, Patricio, en “La Prensa”, Santiago, 19 de octubre de 1973.

(66) González Camus, Ignacio: “Renán Fuentealba en la Génesis de la Concertación”, Catalonia, Santiago, 2007, p. 172.

(67) “El Metropolitano”, Santiago, de 6 de septiembre de 2000, p. 17, citando a “El Siglo” de 28 de agosto de 1993, cuyo director, Claudio de Negri, le declaró: “Nunca hemos recibido un desmentido por la publicación de estos documentos”.

(68) González Camus, Ignacio, op. cit., p. 172.

(69) “El Metropolitano”, Santiago, 06.09.00, p. 16.

(70) Rojas Sánchez, Gonzalo: “Chile Escoge la Libertad”, op. cit., p. 21.

(71) Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Informe, p. 196, anexo estadístico. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Informe, p. 526 a 530.

(72) Rojas, Sánchez, op. cit., t. I, p. 20.

(73) Ryan, Patrick: “El Chile de Allende y los Mil Días Perdidos”, “Los Editores”, sin pie de imprenta, Santiago, 1973, 26 páginas.

(74) Pineda de Castro, Alvaro: “Pinochet: Verdad y Ficción”, Vsallo de Mumbert, Mdrid, sin fecha, p.87.

(75) Vial, Gonzalo: op. cit., tomo II, p. 286-7.

(76) Huidobro Justiniano, Sergio: “Decisión Naval”, Ediciones Ultramar, Con Con, 1998, p. 251.

(77) “Breve Historia de la Unidad Popular”, Ediciones El Mercurio, 1973, p. 415.

(78) Arancibia, Patricia: “Conversando con Roberto Kelly V.”, Editorial Biblioteca Americana, Santiago, 2005, p. 139.

             
(CONTINUARÁ MAÑANA)