El Prevaricato de Piñera

El Gobierno rechazó cinco veces la solicitud de indulto del general (r) Odlanier Mena. La primera, apenas asumió. La Presidenta Bachelet había dejado pendiente en el Ministerio de Justicia la solicitud, seguramente inclinada a otorgar el indulto en vista de la evidencia de que el general era inocente y vistos su delicado estado de salud y su edad. Pero, consciente de que ello le crearía un problema político con los agentes del odio en nuestra política, prefirió dejar el tema a su sucesor, en la certeza de que éste acogería el indulto. Pero una de las primeras medidas del nuevo Ministro Bulnes fue rechazarlo, se supone que tras consulta con el Presidente, pese a que acogerlo era una manera de comenzar a cumplir la promesa de campaña de éste a los presos políticos ex uniformados. En definitiva, Piñera ha resultado mucho peor para éstos que Bachelet, y por eso en su entorno hay quienes anuncian que prefieren votar por ella.

Después de ese rechazo el indulto fue solicitado en cuatro oportunidades más. En una de ellas, bajo un Ministro de Justicia de derecha, Teodoro Ribera, éste había obtenido la venia presidencial, pero un desafortunado episodio lo obligó a renunciar imprevistamente. Sucedido por Patricia Pérez, una de cuyas primeras medidas fue mandar a bodegas la Historia del Ministerio de Justicia que había encargado Ribera a la historiadora Patricia Arancibia Clavel, nada cabía esperar de ella. Pues la flamante ministra dio como uno de los argumentos para soterrar el texto de Patricia Arancibia el de que el mismo hacía referencia al "gobierno marxista" de Salvador Allende, tratamiento con el cual no concordaba; y otro era que el libro mencionaba al "Presidente Joaquín Prieto", en circunstancias que, según la cultura histórica de la ministra, se llamaba "José Joaquín". Pero esto no era efectivo, pues, como aclaró un historiador citando la respectiva fe de bautismo en carta a "El Mercurio", se llamaba sólo "Joaquín".

Pero lo notable de los sucesivos rechazos que ella le dispensó al indulto fue que su principal razón era que Mena estaba condenado por un "crimen de lesa humanidad". Esto implicó hacer incurrir al Presidente Piñera reiteradamente en la misma prevaricación o "torcida admnistración de justicia" que él se había comprometido como candidato a combatir cuando fuera electo Presidente.

Pues, en primer lugar, los "crímenes de lesa haumanidad" no existían en la legislación chilena a la fecha de las tres muertes de que, sin ningun fundamento, se responsabilizó al general (r) Mena, en octubre de 1973. Tales delitos fueron establecidos en Chile por ley de 2009, que incorporó a nuestro ordenamiento el Tratado de Roma de 1998, cuyo texto señala expresamente no ser aplicable a hechos anteriores a su vigencia.

En segundo lugar, lo sucedido en el caso de los tres elementos de izquierda que murieron en 1973 a manos de efectivos del regimiento que comandaba el general no se ajusta al tipo descrito en el Tratado de Roma. Éste dice: "Se entenderá por 'crímenes de lesa humanidad' cualquiera de los siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil: a) Por 'ataque a una población civil' se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos (...) contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización".

Esa descripción se ajusta mucho mejor a las acciones que el terrorismo marxista desplegaba contra la población civil que a la tarea del Gobierno Militar de defender a ésta del terrorismo. De hecho, la Junta protegía a la población contra los "crímenes de lesa humanidad" de la izquierda. Y, además, ya he probado (léase mi libro publicado en este blog el 11 de septiembre) que la política expresa de la Junta era la de respetar los derechos de las personas, según sucesivos instructivos a todos los efectivos uniformados.

Por eso es tan ostensible la prevaricación de los jueces de izquierda contra los presos políticos militares. Sebastián Piñera, al incurrir también en ella para rechazar los indultos en nombre de que no puede perdonar "crímenes de lesa humanidad" ha incurrido a su turno en igual prevaricación o "torcida administración de justicia".

Esto revela que la repetición constante de una falsedad, en lo cual se especializan los abogados de izquierda encabezados por Eduardo Contreras (cuya risible querella contra todos los civiles que convocaron a los militares en 1973 sigue avanzando) ha hecho presa del Presidente y de su Ministra de Justicia. Ambos se han convertido en testimonio vivo de la plena vigencia del "díctum" de Goebbels: "una mentira mil veces repetida pasa a ser verdad".

Más aún, tengo la intuición de que todas las actuaciones y declaraciones del Presidente en el 40° aniversario del 11 de septiembre y el 25° aniversario del triunfo del "No", y desde luego su sevicia con los ancianos presos políticos de "Cordillera", que han puesto a la derecha en estado de crisis terminal, han estado inspiradas por las convicciones que crearon en él teleseries de falsificación histórica como "Imágenes Prohibidas y "Ecos del Desierto", donde se responsabiliza a la Junta Militar del caso Lonquén, de la muerte del sacerdote Jarlan, de los "quemados", de los "degollados" y de las víctimas de la "Caravana de la Muerte", pese a que está archicomprobado que la Junta fue ajena a todas y cada una de esas situaciones.