¿Novedad? Ninguna

A raíz de las declaraciones del terrorista Hernández Norambuena, uno de los responsables del asesinato de Jaime Guzmán, ha vuelto a quedar en tela de juicio la Concertación, no sólo por su incapacidad de hacer efectivo el castigo a los autores del crimen, sino como responsable de acciones u omisiones que les han permitido a todos ellos quedar en la impunidad (pues el único preso lo está en Brasil y por un secuestro cometido allá; no es aventurado suponer que si lo hubiera perpetrado en Chile también estaría libre).
Ahora se ha publicado el contenido de las actas del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en que una mayoría de consejeros votó en contra de apelar a la sentencia de la Corte de Apelaciones que liberó de responsabilidad al Director de Investigaciones que ocultó a la justicia una filmación de los responsables del asesinato del senador y al jefe de la oficina de seguridad del gobierno de Aylwin, por ocultar los antecedentes de un traslado de armas de los terroristas. El mismo CDE, tan severo para adherir a todas las acciones contra ex uniformados, en circunstancias que su obligación era, precisamente, no colaborar al éxito de ellas, porque su misión es defender al Estado y todas esas acciones terminaban en demandas cuantiosas contra éste. Pero en el caso Guzmán, donde fue asesinado un senador, miembro de un poder del Estado, el Consejo de Defensa de éste se abstuvo de perseguir responsabilidades.
Poco se ha recordado en estos días la sospechosa fuga de la Cárcel de Alta Seguridad de los asesinos de Guzmán, todos del FPMR. A ese respecto, reproduzco la versión de un funcionario de Gendarmería acerca de hechos anteriores a esa fuga: 1) A los vigilantes del sector les cambiaron las armas, que tenían un alcance de 400 metros, por otras con alcance de 20 metros; 2) Las rondas que se hacían cada 5 minutos, se ampliaron a 15 minutos; 3) Cambiaron los gendarmes antiguos por otros recién egresados, que sólo atinaron a refugiarse cuando desde el helicóptero en que se fugaron los reos se disparó a la guardia. Y, 4) Lo más increíble, Emmanuelle Verhoeven, contratada por Gendarmería para prestar ayuda sicológica a los reos terroristas, era la "comandante Ana", miembro del FPMR y pareja de uno de los jefes de éste, Galvarino Apablaza, participante del crimen de Guzmán, que hoy goza de la protección del gobierno en Argentina, donde vive perfectamente libre (ver detalles y fuentes en p. 370 y sigtes. de mi libro "Terapia para Cerebros Lavados", El Mercurio-Aguilar, 2008).
¿Alguna novedad, entonces, acerca de la responsabilidad de la Concertación en la completa impunidad del asesinato del senador Jaime Guzmán? Por supuesto, ninguna. Los mismos que indultaron a TODOS los terroristas y han perseguido a los militares que lucharon contra ellos antes de 1990, han seguido tendiendo un manto de protección contra los primeros y persiguiendo a los segundos con posterioridad.