Derecha Cómplice

         El desastre electoral de la derecha en 2013 se gestó a partir de la criminalización de que la hizo víctima Sebastián Piñera en el 40° aniversario del 11 (declaró a los miembros de aquélla –que lo habían llevado a él al poder—“cómplices pasivos de atropellos a los DD. HH.”, poco antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias). Ningún sector político puede aspirar a un gran apoyo ciudadano si desde su propio seno es acusado de complicidad en supuestos crímenes atroces. Lo peor es que la esperanza de una rectificación de tan lapidario veredicto se ve cada vez más lejana, pues la derecha acentúa día a día su apoyo a la campaña dirigida a su propia destrucción.

          Léanse las siguiente declaraciones de uno de sus precandidatos presidenciales y, paradójicamente, crítico de Piñera, Manuel José Ossandón (RN), en “La Segunda” del 27.08, p. 15. Preguntado tendenciosamente sobre “qué le queda a la derecha en el siempre presente tema de los DD. HH.”, cae redondo en la trampa que le tiende el periodista y no sólo eso, lo empeora todo respondiendo: “Hay que tener una postura clara y categórica de rechazo a actuaciones tan deplorables como quemar vivas a personas porque piensan distinto”.

          Insólito. Como dicen ahora (reflejo de las costumbres dominantes), “¿qué yerba estaba fumando Ossandón?” La terrorista y el acompañante de ella a que se refiere portaban bombas incendiarias, en 1986, para quemar a otros, y accidentalmente una se rompió y los quemó a ambos. Hubo un juicio y una sentencia, que produjo cosa juzgada, acreditando eso. Quedó claro que no fueron quemados “por pensar distinto” y ni siquiera por practicar una conducta terrorista, sino por un accidente que el fallo le atribuyó a la misma portadora de los artefactos. Claro, hoy día un juez de izquierda, que por ser tal no respeta la prescripción ni la cosa juzgada, ha reabierto el caso en medio de una maniobra de distracción publicitaria del gobierno y se encuentra con el intríngulis de que un conscripto ha confesado haber pateado accidentalmente el explosivo incendiario. Nadie sabe en qué terminará todo este absurdo judicial, pero si hay algo comprobadamente falso es que fueron quemados “por pensar distinto”. Es esperable que esto último lo afirme un comunista obtuso, pero no un senador de derecha que pretende dirigir los destinos de la República. ¿Cómo va a gobernar si ni siquiera sabe hechos básicos de la historia reciente? ¿Si, como un Piñera más, repite consignas marxistas sabidamente falsas?

          Lamentablemente no se detuvo ahí, sino que quiso quedar todavía mejor con la extrema izquierda, consciente del avance en las encuestas que ese comportamiento le permitió a su otrora criticado Piñera, de modo que más adelante agregó: “Hay que insistir en la búsqueda de las personas desaparecidas. Cuando propuse el año pasado la creación de una comisión final de búsqueda a nivel del Senado, nadie respondió”.

          Otra consigna de extrema izquierda. Y un rasgo de tremenda ingenuidad política. Los destinos de todas las personas que eran todavía ignorados ya han quedado aclarados en publicaciones de prensa que he detallado en la p. 252 de mi libro “Terapia para Cerebros Lavados”, que cualquiera puede adquirir en internet según el aviso que se publica en esta misma página. De los 1.102 desaparecidos consignados en los Informes Rettig y Reparación y Reconciliación, de todos se sabe el destino. Lo que sucede es que hay restos que LA IZQUIERDA NO QUIERE IDENTIFICAR y que están en el Instituto Médico Legal y en los patios 9, 12, 25, 26, 27, 28 y 29 del Cementerio General. Hace un par de meses se dieron el trabajo de identificar a uno, y sólo uno, e inmediatamente se comprobó que era un supuesto “desaparecido”. Entretanto, han “reaparecido” seis en los últimos años, que figuraban en la nómina. El senador Ossandón, si hubiera estado informado, lo que debería haber hecho era apercibir bajo amenaza de alguna sanción a las autoridades de izquierda para identificar los restos que hay. Claro, estando el Instituto Médico Legal bajo la dirección de un mirista (que fue funcionario de la exclusiva confianza de Sebastián Piñera durante todo su mandato), por supuesto que muchos restos van a permanecer sin identificar, porque a la izquierda no le conviene quedarse sin desaparecidos. Y por eso nadie le hizo caso a la propuesta de Ossandón, pese a que todo el mundo vocea la consigna de los “detenidos desaparecidos” a la primera oportunidad que se le presenta de denigrar al Gobierno Militar.

          En esta materia, pues, la derecha ha devenido una lamentable cómplice de la DC y la izquierda en la tarea del “asesinato de imagen” del señalado régimen. Y Ossandón no es el único: recuérdese a Hernán  Larraín (UDI) rindiendo público homenaje de desagravio a la extremista quemada, en compañía de Patricio Walker. ¡Un culto “republicano” al terrorismo de izquierda! Así, pues, no sólo Piñera está en ese afán suicida. Suicida, porque nadie va a convencer a los chilenos –y eso es indeleble-- de que los partidos de derecha no fueron la base política civil del Gobierno Militar.

          Otro testimonio de esta complicidad de la derecha lo dio días atrás la plana mayor del Colegio de Abogados, es decir, su presidente, Arturo Alessandri Cohn, su ex presidenta, Olga Feliú, y su consejero, Pedro Pablo Vergara, a los cuales se les vio orgullosos en la prensa recibiendo como nuevo asociado del Colegio al presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, connotado juez de izquierda que preside un tribunal cuyo pleno, el 27 de marzo último, en un informe a propósito de una materia legal, confesó paladinamente, en el considerando 5°, desconocer la legalidad interna para los efectos de obtener las condenas de militares en juicios de derechos humanos.

          Hace unos días me correspondió contribuir, en la televisión estatal, a dejar en evidencia al ex ministro de corte Alejandro Solís y llevarlo a confesar que no impuso condenas a los militares por haberles probado ser autores de delito, como era su deber, sino en virtud de una mera “ficción”. Fue el término empleado por él para definir la peregrina invención del “secuestro permanente”.

          El clima de escándalo moral soterrado (pues ni la izquierda ni su derecha cómplice quisieron destacar tan escandalosa confesión de prevaricación) fue tal, que el gobierno decidió premiar a Solís, aliviándole su desprestigio, y nombrarlo jefe del departamento de DD. HH. del Ministerio de Defensa, cargo desde el cual puede sostener mejor las “ficciones” para condenar a más uniformados fuera del estado de derecho. Debió jubilar como juez, según la ley, pero “se le saca la vuelta" a la misma nombrándolo “perseguidor jefe” en el Ejecutivo. El presupuesto da para todo.

          El año pasado escribí un artículo denunciando una prevaricación similar a las de Solís, cometida en un fallo de la sala penal de la Corte Suprema, redactado por su abogado integrante Luis Bates, y fundado expresamente en la misma ficción que confesó aquél en la TV. Envié el artículo a la revista del Colegio de Abogados. Después de meses de vacilaciones, su director me informó que, por acuerdo del consejo editorial, en que hay mayoría de derecha, mi artículo no se podía publicar. Eso me indujo a reproducirlo en este blog el 27.03.15, donde ha recibido a esta fecha 1.847 lecturas y 99 comentarios, ciertamente más, por ambos conceptos, de los que habría suscitado en la revista del Colegio.

          Obviamente, tal complicidad del Colegio con los atropellos de los jueces de izquierda debe haber conmovido el corazoncito revolucionario de Sergio Muñoz, presidente de la Corte Suprema, que dejó de manifiesto su extrema politización en la última inauguración del año judicial, cuando llamó a la justicia del trabajo a destruir el “modelo neoliberal” de relaciones laborales establecido en la legislación.

          Entonces seguramente Muñoz, emocionado por la renuencia del Colegio a acoger críticas a la tarea de desconocer el tenor de las leyes en que se halla empeñada la mayoría de la judicatura, decidió asociarse a esa entidad tan bien comportada ante la labor de la retroexcavadora judicial que remueve las bases del estado de derecho.

          Tampoco cabe hacerse ilusión alguna con la nueva justicia penal: en la revista “Sábado” de “El Mercurio” de hoy he leído que el principal exponente de esa nueva justicia, el fiscal Carlos Gajardo, declara que sus jueces más admirados son, precisamente, Alejandro Solís y Carlos Cerda, principales exponentes de la doctrina de que deben fallar, no según lo que ordenan las leyes y la verdad de los hechos, sino según lo que les dictan sus particulares ideas políticas y las “ficciones” que logren discurrir en apoyo a ellas.

          Parodiando a Nicanor Parra, cabe reiterar una vez más un lugar común: en el actual proceso de demolición del estado de derecho en Chile, “la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas”.