La Risible Justicia Penal Chilena

La nueva justicia penal surgida de la reforma, por deficiente que sea, no tiene cómo fracasar, porque la antigua había devenido un "aparatchik" (expresión rusa anterior a 1989) al servicio de la izquierda.
Como el asesinato del senador Jaime Guzmán acaeció antes de la reforma procesal penal, está radicado en la antigua justicia; y como dicho crimen sucedió durante la Concertación y por 19 años fue "investigado" bajo ésta, no hubo ningún responsable condenado, porque los pocos que estaban presos, entre ellos el hechor material, se fugaron ayudados por Emmanuelle Verhoeven, una "compañera" belga, ex conviviente de Apablaza, jefe del FPMR, contratada ad hoc por Gendarmería y financiada por los cntribuyentes chilenos para prestar ayuda sicológica a los frentistas que se fugaron fácilmente en un helicóptero, a cuyo piloto sólo le faltó quedarse a almorzar antes de partir, en la llamada "Cárcel de Alta Seguridad" (seguramente en alusión a la "alta seguridad" de que los frentistas podrían fugarse).
Pero, como a veces sucede, "se dio vuelta la tortilla" y un frentista habló demás en Brasil, lo que ha llevado a otros miembros de la cúpula del Frente a tener problemas con la justicia. Y el ministro Mario Carroza, juez de la causa sobre el asesinato de Guzmán, ha sido sorprendido diciendo la verdad y ha hecho una aseveraciòn notable: "El delito que se investiga, por la repercusión que provoca, puede ser de aquellos que han sido definidos como de lesa humanidad y, por ende, imprescriptibles".
Este solemne disparate judicial es el que ha servido para condenar a decenas de uniformados: "la repercusión que provoca". No se trata de saber si el delito está tipificado o no en la ley, si hay pruebas de culpabilidad, si hay causales o no de extinción de responsabilidad, sino sólo de "la repercusión que provoca".
Como la izquierda chilena y mundial es especialista en generar "repercusión" de lo que dice, aunque sea totalmente falso, se ha condenado por delitos de "lesa humanidad" a numerosos ex uniformados favorecidos por la amnistía, la prescripción, la cosa juzgada y, frecuentemente, la falta de pruebas (léase en este blog un caso, el del brigadier (r) Krassnoff, sometido a increíbles abusos judiciales, detallados en mi entrega del 31 de julio, "Nueva y Gran Prevaricación").
La declaraciòn del ministro Carroza ha llevado a un lector de "La Segunda" a observar que si ése es el criterio judicial que impera en Chile, el gobierno argentino ha tenido toda la razón al denegar la extradición, porque queda en evidencia que en Chile no hay debido proceso para los delitos de connotación polìtica. Bueno, la evidencia de eso está en casi todas las sentencias dictadas contra ex uniformados durante más de diez años.
Pero esto no es lo más paradójico; lo son los argumentos que ahora esgrimen los jueces y abogados de izquierda para sostener que no cabe aplicar la figura de delito de lesa humanidad. Un connotado ex ministro de la Corte Suprema, que se caracterizó por condenar a ex uniformados, ahora argumenta que tales delitos sólo fueron establecidos en Chile por una ley del año pasado y que era aplicable sólo a hechos cuyo principio de ejecución fuera posterior a la promulgación de tal ley, es decir, al año pasado. Pero eso no obstó para que la justicia de izquierda condenara a ex uniformados por hechos de hasta 36 años atrás.
Naturalmente, los abogados comunistas que han oficiado de querellantes contra uniformados en retiro, basados en que incurrieron en "delitos de lesa humanidad", ahora que correligionarios suyos, como Apablaza, Villanueva y Hernández Norambuena corren el riesgo de ser juzgados como autores de ellos y perder la posibilidad de ampararse en la prescripciòn, afirman que tales delitos sólo los comete el Estado. Esto tampoco es verdad, pues el Tratado de Roma, al tipificarlos, se refirió expresamente "al Estado o una organización". Y, de hecho, el terrorismo del FPMR, que es "una organización", se encuadraba totalmente en la tipificación de los delitos de lesa humanidad, porque actuaba indiscriminadamente contra la población civil cuando ponía bombas en el metro, incendiaba buses o hacía estallar autos-bombas en las calles.
En fin, podríamos seguir repasando las insostenibles contradicciones en que incurren jueces y abogados de izquierda o cándidos juueces sorprendidos diciendo la verdad, pero lo ùnico concreto es que lo uniformados siguen presos y los terroristas libres (salvo un aislado Villanueva, que pronto será liberado, seguro), lo que configura una de las mayores injusticias impunes de la sociedad en que vivimos y da la razón a Cristina Fernández al sostener implícitamente, aunque al servicio de una causa equivocada, que en Chile no existe debido proceso.