Probidad, Transparencia, Legalidad

Hoy apareció en "La Segunda" la noticia de que el diputado Jorge Burgos ofició a la Fiscalía Nacional para que investigue la posibilidad de pagos irregulares de LAN a funcionarios argentinos para obtener permiso de operación en el país vecino, por constituir también dichos pagos un ilícito en Chile (pues allá ya se ha abierto proceso a raíz de los mismos).
Dados los precedentes que hay acerca de informaciones que afectan a ciertas personas, pronostico que ésta sólo aparecerá en "La Segunda" de hoy y no en otros medios, tal como sucedió el 17 de diciembre de 2009, cuando fue el único diario que dio cuenta de la sorprendente "vuelta de chaqueta" de parlamentarios concertacionistas que impidió pedir la grabación del llamado telefónico de compra de acciones de LAN a Banchile usando información privilegiada.
Aparte de que eso no aparezca publicado en ninguna otra parte, lo cual comprobaremos mañana, también es alta la posibilidad de que, al menos en Chile, nada se investigue al respecto. En Argentina, si bien, como dije, ya hay un proceso abierto, su destino es impredecible, pero muchos sostienen que es predecible.
Las actuaciones del diputado Burgos son destellos de probidad en un medio en que pocos más (o, mejor dicho, casi ninguno más) velan por la misma.
Y la limitada información al respecto revela el escaso grado de transparencia que impera entre nosotros, pues de ella se habla y pontifica mucho, en general, pero cuando llega el momento de practicarla, se hace poco. Incluso el año pasado el Consejo de Transparencia estuvo en tela de juicio por ¡haber sido demasiado transparente! Se prefiere la opacidad, a sabiendas de que ésta conduce al cómodo olvido y a la todavía más cómoda impunidad.
En cuanto a nuestro estado de derecho, ha dado hoy también algunas señales de sobrevivencia, pero débiles. En efecto, se ha intentado restablecer el imperio de la ley en Pascua, ante las reiteradas usurpaciones ilegales allí registradas.
Éste ha pasado a ser un tema políticamente sensible, lo que explica que las usurpaciones, que tuvieron lugar en septiembre, hasta hoy hubieran permanecido sin sanción ni haya habido medida legal que les hubiere puesto término.
Bajo un estado de derecho normal, que en nuestro país, por cierto, no existe, la situación se habría desenvuelto de la siguiente manera: si uno o más usurpadores se hubieren apropiado de uno o más inmuebles, los dueños legítimos, ya hubieren sido entes públicos, privados o personas naturales, habrían ocurrido a la justicia y/o a las fuerzas del orden. Éstas, comprobadas las situaciones delictivas, habrían requerido de la orden judicial correspondiente para proceder al desalojo de los inmuebles y la restitución a sus legítimos dueños. Y en cualquiera de los casos la autoridad judicial, una vez estudiados los antecedentes, habría ordenado el desalojo con auxilio de la fuerza pública y habría impuesto las correspondientes penas a los usurpadores. Pero acá la acción judicial de uno de los afectados para obtener amparo de la justicia ¡fue rechazada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso!
El Gobierno, bajo un real estado de derecho, ni siquiera habría tenido que saber de las acciones judiciales y su consecuencia policial, salvo por el deber del Ministerio del Interior de estar informado, pero nada más.
En cambio, hasta el día de hoy no se habían concretado los pasos para restablecer la legalidad, dado el clima de fragilidad de nuestro estado de derecho, que no funciona por sí mismo sino que está sometido a toda suerte de condicionamientos políticos.
Afortunadamente, Raúl Celis, Intendente de Valparaíso, tomó las decisiones políticas (que deberían ser innecesarias en un verdadero estado de derecho) y se están dado pasos para el restablecimiento de la legalidad en Pascua.
Por supuesto, los políticos de izquierda, cuyo hábitat natural ha sido siempre, en mayor o menor medida, la ilegalidad, han levantado voces de protesta por el hecho de que se restablezca mínimamente el imperio de la ley. Y han convocado a sus organizaciones de fachada internacionales para que interpelen a la autoridad chilena.
Son los mismos que décadas atrás llamaban a tomarse el poder por las armas, y lo habrían logrado si los uniformados chilenos no hubieran velado porque se restablecieran la legalidad (si bien desvirtuada en estos veinte años últimos) y la democracia en Chile, por lo cual centenares de aquellos, con el aplauso y financiamiento de las mismas referidas entidades internacionales de fachada, están siendo hoy injusta e ilegalmente procesados y condenados.
Celebremos, pues, los destellos de probidad, transparencia y estado de derecho que hemos visto hoy y hagamos votos porque no sólo sean eso, destellos, sino un precedente estable que vuelva a restablecer el imperio de dichas virtudes y de aquel estado en el territorio nacional.