Los Pobres Sí Pueden Esperar

Hoy en "La Segunda" (p. 54) se informa que con 622 mil millones de pesos anuales se terminaría la pobreza en Chile, sobre la base de cifras de la encuesta CASEN de 2009.
En estos días se ha informado del escándalo del pago a "exonerados" de izquierda, personas que dicen haber sido despedidas por razones políticas durante el Gobierno Militar. Los solos exonerados son 157 mil, pero también se pagan pensiones a más de 30 mil que se han declarado "torturados" y hay además 80 mil personas de izquierda que reciben diferentes pagos, indemnizaciones y pensiones decretadas por las Comisiones Rettig y de Reparación de los años 90.
Con los fondos destinados cada año a los solos "exonerados", una dádiva política que la Concertación logró consagrar para sus partidarios, es decir, su clientela política, se podría sacar de la pobreza al 38 por ciento de las personas que la sufren en Chile. Pero "los pobres pueden esperar".
Se ha denunciado, además, la forma escandalosa en que la extrema izquierda ha falsificado situaciones para que su clientela política medre a costa del Estado chileno. Por ejemplo, el Partido Comunista ha conseguido que se les paguen pensiones de "exonerados" a entre mil y mil 200 supuestos funcionarios suyos que alega haber tenido en 1973. El partido Renovación Nacional, varias veces mayor que lo que ha sido siempre el Comunista, tiene hoy entre 30 y 40 funcionarios, según ha revelado su diputado Edwards. Así abusa la extrema izquierda del erario, en una operación fraudulenta que, por comparación, ha convertido al MOP-GATE en "peanuts".
De hecho, en Chile el Estado paga prácticamente dos plantas administrativas: la propia, constituida por la burocracia que trabaja para el Estado, y la "planta en la sombra", que son los pagos a la extrema izquierda pensionada e indemnizada.
Los pobres chilenos, que conocen directamente la situación, pues ven que familias extremistas de mejor situación económica que ellos reciben mucho más del Estado, por el solo hecho de haber participado en la lucha armada (que tenía por objeto terminar con la democracia), ven con rabia cómo los que se dedicaron a la subversión para tomarse el poder reciben pensiones, indemnizaciones, becas educacionales, atención gratuita de salud (programas PRAIS) y subsidios variados.
Un botón de muestra de la generosidad oficial con la subversión roja: el Partido Comunista funciona en un inmueble de la Avenida Vicuña Mackenna que es de propiedad estatal y que el Gobierno de Sebastián Piñera le cede gratuitamente.
La ironía máxima reside en que el comunismo, que goza de todos estos beneficios y granjerías a costa de los contribuyentes chilenos, se encuentra empeñado en una labor revolucionaria en contra del régimen que tanto lo favorece, encabezada por dos de sus agentes principales, Camila Vallejo, dirigente estudiantil, y Jaime Gajardo, dirigente del profesorado; y por sus "encapuchados", la fuerza terrorista heredera del FPMR, que nunca se ha disuelto por completo ("por si las moscas", como confesó Corvalán). Todos ellos despliegan la violencia de la cual los chilenos somos testigos.
Los pobres sí "pueden esperar", porque primero y antes que a ellos hay que darles el dinero público a los comunistas y demás extremistas.
El partido rojo sesiona en su sede de Vicuña Mackenna para discurrir la manera más apropiada de derrocar al régimen que se la ha cedido gratuitamente; y sus grupos de choque viven dedicados a subvertir el orden legal, aprovechándose de que en el país no existe autoridad que haga valer sus prerrogativas legales y constitucionales.
Si no fuera trágico sería risible.