Derechos Humanos: Cada Vez Peor

El Estado de Derecho, entendiendo por tal aquel en que se aplican las leyes, no rige en Chile para los uniformados. Éstos han dejado que ello suceda, exhibiendo una actitud sumisa ante los atropellos. La civilidad que apoyó al Gobierno Militar, que en su momento fue mayoría, le ha dado vuelta la espalda a quienes la salvaron a ella y al país del terrorismo y del régimen totalitario; y los propios afectados, los presos políticos ilegalmente privados de libertad, con atropello de toda legalidad, tampoco han logrado levantar un movimiento de protesta audible.
Ahora la 8a sala de la Corte de Apelaciones ha dictado condenas de 15, 10 y 5 años contra ocho oficiales (r) y dos civiles colaboradores de servicios de inteligencia, por el inexistente "secuestro" de cinco extremistas de izquierda en épocas que están cubiertas por la amnistía y la prescripción. Todo el mundo sabe que ninguno está secuestrado. Además, el Código tipifica ese delito sólo para el caso de autores que sean particulares, pues en el caso de los funcionarios públicos la figura pertinente sería la de detención ilegal, pero los politizados jueces saben que, en ese caso, sería muy fácil probar que esas personas no están detenidas en ninguna cárcel. No importa que el delito aducido no sea al que corresponde juzgar, porque aquí nadie pregunta nada. Simplemente se atropella la ley y se mete presos a los uniformados. Pues si se aplicara la ley y se acogieran las excepciones de inexistencia del delito (no hay nadie secuestrado), de amnistía, prescripción y, en muchos casos, cosa juzgada, habría manifestaciones públicas de la extrema izquierda, desórdenes de unos pocos encapuchados y algunos bombazos. Si se atropella la ley y se manda presos a los militares, en cambio, no pasa nada. Nadie protesta ni desfila ni menos pone bombas. Por eso jueces que no son de izquierda, como Ana Gloria Chevesich o Lamberto Cisternas (ex subsecretario de Justicia del Gobierno Militar) concurren con sus votos a condenar a los militares "contra-legem". Están en la onda políticamente correcta y nadie les va a decir nada. Lo mismo vale para los políticos que fueron partidarios del Gobierno Militar. Ahora suelen ser los primeros en condenar la lucha antiterrorista que antes aplaudieron. ¡Pero si el propio Patricio Aylwin, en 1973, cuando las muertes eran más numerosas, defendía públicamente la acción de los uniformados!
Los abogados de éstos no sacan nada con hacer ver la inconstitucionalidad de lo que sucede. Ellos alegan que sus defendidos están siendo condenados sobre la base de tratados internacionales dictados con posterioridad a los hechos; prueban que esos tratados no tipifican los delitos, como lo exige la Constitución para condenar a alguien; hacen ver que el propio Presidente Aylwin, en su famosa carta a la Corte Suprema, reconoció textualmente la validez de la amnistía. Pero todo es en vano.
En conferencia de 2005 ante los oficiales en retiro, el abogado Carlos Portales, defensor de uniformados, refirió: "Después del alegato y a los pocos días de salir el fallo fui a hablar con (el ministro sumariante) y le pregunté por qué falló la causa así. si esto no va por ahí. ¿Cuál fue la respuesta de ese ministro? Insisto en que hay un cierto grado de confianza (entre ambos). 'Mira, Carlos, me dijo, yo tengo tres hijos a quienes tengo que darles de comer'. Eso lo dice todo. Es el grado de amedrentamiento de jueces y ministros". (Revista de los Oficiales en Retiro, año 12 N° 12)
La dictadura de lo "políticamente correcto" se ha impuesto. Lo peor es que la mayoría de los oficiales condenados no sólo están amparados por la amnistía y la prescripcón y, en cierto casos, por la cosa juzgada, sino que jamás siquiera participaron en la detención de los supuestos "secuestrados". Pero a los jueces nada de eso les importa. Si liberaran a alguno de los inocentes condenados públicamente por la izquierda, tendrían a ésta encima de ellos insultándolos y amenazándolos.
Esto se pondrá cada día peor porque preside la Corte Suprema un juez de izquierda y otro miembro izquierdista del mismo tribunal, nombrado con votos de la derecha, está tomando la iniciativa de abrir miles de procesos similares a los que están en marcha. Por supuesto, a la postre esto significará miles de millones de pesos más en indemnizciones. A la extrema izquierda los contribucyetes chilenos le están pagando como indemnización más de 300 millones de dólares anuales, por haber sido derrotada en su intento de imponer por las armas un régimen totalitario. Y la suma va "in crescendo", con el apoyo de la oficina de derechos humanos del Ministerio del Interior y del Consejo de Defensa del Estado, con pleno respaldo del Presidente Piñera, que prometió a los uniformados en retiro hacer todo lo contrario. Pero ya la "familia militar" le dio sus ochocientos mil votos y lo eligió Presidente, y su arrepentimiento no tiene ningún efecto legal.
Son las leyes de la política, según las cuales, si es electoralmente conveniente, no se respetan las leyes. Si es políticamente correcto pasar por sobre el Estado de Derecho, peor para el Estado de Derecho. Total, los uniformados no protestan en las calles, no lanzan piedras a los carabineros ni ponen bombas. ¡Duro con ellos! Porque, aunque haya otra elección ¿por quién van a votar si no es por nosotros de nuevo? ¿O creen ustedes que van a votar por la la DC y la izquierda que fueron los primeros en crucificarlos?