Defensoría Contra la Defensoría

Cuando la Concertación llegó al poder, su principal blanco era el autoritarismo, porque habíamos tenido 17 años de un gobierno autoritario, que, por lo demás, mucho bien le hizo al país (basta comparar al Chile de 1973 con el de 1990).
Como parte de eso se empezó a aplicar mano blanda contra la delincuencia, que podía clasificarse en terrorista y común. Como gran parte de los que habían propiciado, protegido y financiado la primera desde 1965 y hasta 1990 estaban en el nuevo gobierno, la legislación en favor de la delincuencia terrorista no se hizo esperar. Los respectivos delincuentes fueron todos perdonados de una u otra manera, ya mediante indultos, ya mediante conmutación envidiable de penas, porque debían irse a vivir en infiernos tales como Bélgica y con trabajos garantizados por ACNUR u otros órganos burocráticos manejados por la izquierda dorada internacional.
En cuanto a los delincuentes comunes, también fueron considerados víctimas del autoritarismo y se prohibió su detención por sospechas, aparte de castigarse severamente a los policías que de cualquier forma pudieran haber maltratado a un delincuente, aunque hubieran sido incomparablemente más suave que éste con sus víctimas.
Ergo, la delincuencia comenzó a aumentar. Pero ello no fue obstáculo para que en la reforma procesal penal (que le ha costado al país un ojo de la cara y le ha dejado colgando el otro, si bien ella era en algunos aspectos necesaria) se contemplara un adicional trato muy favorable para los delincuentes, pues no sólo se crearon los juzgados de garantía (que son de garantía para los imputados, la cual es extrema, como todo el mundo ha podido ver) sino también se les brinda una defensoría penal pública.
Traduciendo para los ciudadanos comunes: cuando antes usted estacionaba su auto y algún maleante lo rondaba para robarle la radio, si había algún carabinero cerca lo detectaba, se lo llevaba a la comisaría y le daba algunos buenos consejos para que no se volviera a presentar en las inmediaciones. Después de 1990, cuando el malhechor era aprehendido, ponía el grito en el cielo y los "buenos consejos" del carabinero podían costarle a éste su trabajo. Entonces, el carabinero que detectaba al ladrón que rondaba su auto no le hacía nada, el ladrón esperaba a que el carabinero se alejara, y le robaba la radio a su auto, y a veces el auto mismo. Usted iba a la comisaría vecina a quejarse y allí le decían que no podían hacer nada, porque los sancionaban por detener al malhechor, debido a que se había derogado la detención por sospechas.
Bueno, ahora resulta que, como todo el mundo sabe que los delincuentes tienen tantas garantías, hay que defender a las personas honradas. Y para eso alguien ha discurrido que el Estado tiene que defenderlas gratuitamente. Pero el costo de todo eso lo tienen que pagar los contribuyentes, que pertenecen al bando de las víctimas, pues es bien sabido que los delincuentes no están en la nómina de los mayores contrtibuyentes. Entonces, un disparate trae consigo otro disparate.
Párrafo aparte merece el hecho de que la policía chilena, como tal, trabaja "a la chilena". Cuando le asaltaron la casa a Eduardo Frei en Santo Domingo, a los pocos días todos los delincuentes habían sido capturados y las especies recuperadas. Era un ex Presidente y con ínfulas de repetirse el plato. Cuando me desvalijaron mi casa de la costa, yo les dije tanto al fiscal como a Investigaciones dónde estaban los delincuentes, qué vehículo tenían, en qué comuna tenían un negocio. Pero nunca pillaron a nadie ni recuperaron nada, porque no soy ex Presidente y si bien he tenido también ínfulas presidenciales, nadie las toma en serio y menos los carabineros y los detectives.
En resumen, porque los que comentan este blog se quejan de que escribo muy largo: restablecer la severidad contra los delincuentes y, desde luego, la detención por sospechas; restringir su derecho a defensa gratuita y llamarles la atención a los jueces "garantistas"; y olvidarse por completo de la defensoría de las víctimas, porque, como uno que se cuenta repetidamente entre ellas, digo que nos bastaría que las policías "hicieran su pega", igual que cuando el afectado es un ex Presidente o cuando hay un crimen horrendo y publicitado, porque ahí sí que se mueven.
La defensoría pública para las víctimas es, en definitiva, un disparate sin otro fundamento que el de tratar de contrarrestar otros disparates. Eliminándolos todos se acaba la necesidad de que ella exista.