El Papa Irá a Punta Peuco

          Si Su Santidad se informa debidamente acerca de la realidad chilena, es seguro que va pedir se le organice una visita a Punta Peuco.

Ahí están las personas más marginadas, discriminadas y vulneradas de la sociedad chilena actual. ¿Cómo Francisco no les va a llevar una palabra de consuelo, cuando el Señor ha dicho que “los últimos serán los primeros” e instado a que acudan a Él quienes tengan “hambre y sed de justicia”?

Los internados ahí son, por otra parte, personas de avanzada edad y que han sido privados de derechos básicos que tienen los demás habitantes del país. Son los más discriminados de la nacionalidad, más incluso que los que están por nacer, pues aun éstos tienen a amplios sectores de opinión pública que los defienden de la muerte. En cambio, a los “leprosos” de Punta Peuco los han abandonado no sólo quienes fueron salvados por ellos, sino las propias instituciones donde sirvieron y a las cuales una enorme mayoría ciudadana, en su momento, dirigió un angustiado pedido de auxilio, a través de sus representantes en el Parlamento. Y precisamente los presos de ese recinto fueron los convocados a poner la cara ante el peligro armado que se denunciaba.

          Pese a eso, han sido discriminados y juzgados por un sistema carente de las garantías del que sirve para aplicar la justicia a los demás chilenos.

Ellos ni siquiera tienen un derecho fundamental de sus conciudadanos: el de que no pueden ser condenados si no se prueba que han cometido un delito. Pues ese penal está lleno de sentenciados por una mera “ficción jurídica”, es decir, se ha fingido el delito de que se les acusa. Así lo confesó su principal verdugo, el juez Alejandro Solís, en la televisión, en presencia mía, en el programa “El Informante”, en 2015.

Y la propia Corte Suprema en pleno confesó, en su Informe 8182-10, que “no hay leyes que permitan” condenar a los militares. Textual. Pero los han condenado igual.

          El Papa debe extender una mano de consuelo a estos abandonados de la mano de Dios, de la Justicia y de los hombres, tan marginados y excluidos.

Pues, por añadidura, a ningún otro chileno se le puede encarcelar si no es por una ley dictada con anterioridad al hecho que se le imputa. Así lo dice la Constitución, pero Punta Peuco está lleno de condenados por hechos de hace cuarenta años, calificados después como “delitos de lesa humanidad”, que sólo se establecieron en nuestro país por ley de 2009.

          El Papa dice velar por los excluidos, y en ese penal los reos han sido excluidos hasta de los beneficios carcelarios de los demás reos, como son las salidas dominicales o diarias y la libertad condicional, después de cumplidos ciertos años. No se les reconocen porque, por ejemplo, según sus perseguidores, no muestran “arrepentimiento”, en circunstancias de que no han cometido el delito que se les imputa y los jueces los han condenado por meras presunciones. ¿Cómo a alguien se le va a exigir arrepentirse de algo que no hizo?

          Y con mayor razón pedirá el Papa ir allá cuando sepa que están presos en ese recinto ancianos que han perdido la razón y ni siquiera saben dónde están. Ese ya es un tema humanitario. Pero incluso los privados de razón seguramente se sentirían muy contentos de que un Sumo Pontífice los fuera a visitar y les diera una palabra de consuelo, sobre todo si casi nadie más en Chile lo hace. Al contrario, los que profesan la doctrina del odio los vilipendian cuanto pueden, con la complicidad general.

          No me cabe ninguna duda de que Francisco, como hombre de conciencia que es, pedirá ir allá a llevar una voz y un gesto de consuelo a los chilenos más perseguidos, discriminados y marginados de todos. Y el Señor bendecirá esa valiente decisión.