Legado de Refinada Tortura

          Entre las “perlas” del legado de Michelle Bachelet se encuentra su proyecto sobre los reclusos que padecen una enfermedad terminal o cuyas facultades mentales se encuentran disminuidas. Para el común de los reos ella abre la posibilidad de que puedan completar la pena en sus domicilios, pero si han sido condenados por “delitos de lesa humanidad”, se les exige algo más: una declaración pública de arrepentimiento y aportar antecedentes serios y efectivos de los que tengan conocimiento en su causa o en otras.

          Esta es una refinada tortura que Michelle Bachelet ha resuelto infligir a los Presos Políticos Militares, que son tales porque están privados de libertad por razones políticas y sin fundamento legal. Desde luego, todos los condenados por “delitos de lesa humanidad” no debieron serlo, porque estos últimos fueron tipificados en nuestra legislación en 2009, con posterioridad a los hechos que se les imputan a los presos. Y hasta los más legos saben que no puede haber delito sin una ley previa que lo establezca. Ya sólo por eso son, técnicamente, presos políticos.

          Además, si usted lee la definición en la ley de los delitos de lesa humanidad, que los describe como “ataques generalizados a una población civil”, verá que se encuadran en lo que hacían el MIR y el FPMR, que ponían bombas en lugares públicos, explosivos en el Metro, artefactos incendiarios contra buses y hacían estallar autos-bombas frente a edificios, por ejemplo, como el Diego Portales y la embajada norteamericana, donde morían transeúntes. O sea, los uniformados no sólo no cometían “delitos de lesa humanidad”, sino que combatían a quienes los perpetraban.

          Y como por esos delitos están condenados, la mayoría sin pruebas y muchos sin haber visto en su vida a los guerrilleros que ahora se llaman “víctimas” suyas ¿de qué van a expresar arrepentimiento? y ¿qué antecedentes van a aportar? Recuerdo que la primera vez, hace más de una decena de años, en que al brigadier Krassnoff lo recluyeron, escribió una carta a los diarios, que se publicó, en que decía que jamás en su vida había visto a la persona de Miguel Ángel Sandoval, a quien lo culpaban de haber ultimado. Y nadie respondió una línea a eso, en circunstancias que, si no hubiera sido verdad, jueces, abogados y particulares conocedores del caso podrían haberlo desmentido y citado las situaciones en que sí hubiera estado relacionado Miguel Krassnoff con Miguel Ángel Sandoval. No había ninguna. Es que había sido condenado en virtud de una “ficción jurídica”, como confesó en cámara el juez que lo condenó, especializado en ese ardid, Alejandro Solís, hoy en confortable retiro como asesor del Ministro de Defensa, que lo contrató apenas esa confesión estremeció a la opinión pública, para hacerle más llevadero cualquier menoscabo que hubiera sufrido su imagen de idoneidad magisterial.

          Hace un par de días vi la película “Inquebrantable”, sobre un atleta norteamericano, ganador en las Olimpíadas de 1936, que cayó prisionero de los japoneses durante la II guerra y fue conducido a un campo de concentración donde le infligían los peores tratos. Los japoneses, al enterarse de que era famoso, le ofrecieron trasladarlo a un hotel en Tokio y darle una vida confortable si leía por radio los mensajes antinorteamericanos que ellos le redactaran. El atleta se negó y volvió al campo de concentración a recibir los peores castigos. “Es que yo no puedo leer eso”, les contestó a sus captores.

El apremio ilegítimo a que lo sometían era similar al que discurre el proyecto Bachelet para beneficiar a los demás reclusos enfermos terminales o con sus facultades mentales perdidas: “digan lo que yo quiero que digan o sigan recluidos sin ningún beneficio”. Porque, además, si no se arrepienten de lo que no han hecho tampoco gozan de permisos de salida, libertad vigilada o reducción de la pena, como los que tienen los demás presos, los “no-políticos”.

          Una refinada tortura, condigna del resto de su legado.