Dos Rectificaciones y Una Jornada con los Muertos-Vivos

          “Setting the record straight”, como dice “Time” (aunque no siempre lo cumple, como cuando publicaba falsedades sobre el Gobierno Militar chileno): este blog, cuando se equivoca, debe repararlo, y anteayer sugerí que si MB daba un paso al costado después del 11 de marzo y el Congreso designaba a Lagos como su sucesor para “ordenar las cosas aquí” (según él dice que le pide la gente) éste podría después presentarse como alternativa presidencial al mal mayor para el país, Sebastián Piñera. Pues bien, me equivoqué: la Constitución impide que el designado por el Congreso se presente como candidato. Luego, debería ser otro, para que Lagos pueda presentarse como “mal menor” y salir elegido con, entre otros votos, el mío, si la alternativa fuere Piñera.

          Hecha la rectificación, puedo informar que ayer pasé unas horas en Punta Peuco, con los militares que salvaron al país del golpe armado marxista y que Chile, en agradecimiento, ha confinado ilegalmente en un penal, en la mayoría de los casos de por vida, porque ya son octogenarios o casi y las penas impuestas por los jueces de izquierda que querían llegar a la Suprema (la mayoría lo logró) son absurdamente largas y exceden de su expectativa de vida.

          El comandante (r) Cáceres, de la Armada, condenado a cinco años y un día por un delito inventado por la sala penal de Juica y Cía., el de “no haber estado ahí”, me abrazó, apoyándose en su bastón y comentamos, una vez más su “delito”. Pues yo me había burlado de las numerosas condenas a militares por el solo hecho de “haber estado ahí”, sin probarles ningún ilícito. Pero Cáceres había sido ya trasladado del cuartel Ancla 2 cuando estuvo detenido allí en 1973 un extremista entrenado en Cuba que después murió. La sala penal, integrada por el abogado Luis Bates, redactor del fallo, condenó a cinco oficiales en virtud de una “ficción jurídica”, como la que, con tanta gracia, confesara el juez Solís en TV, y les aumentó la pena remitida de 541 días con que venían de primera instancia y Apelaciones, a cinco años y un día efectivos, acogiendo lo solicitado en el recurso de casación interpuesto por el Departamento de DD. HH. del Ministerio del Interior del mayor perseguidor de los salvadores de Chile, Sebastián Piñera.

          También debo dejar constancia de otra rectificación, que me formuló el suboficial (r) de Carabineros, Gamaliel Soto, cuya condena a diez años y un día le fue impuesta, comenté yo en columna de hace unos meses, por el “delito” de  haber trasladado a un matrimonio de médicos miristas hace más de cuarenta años, de una comisaría a un cuartel de la FACH, entregándolos sanos y salvos. El ministro Carlos Cerda, haciendo méritos para ascender a la Suprema (lo que logró) le impuso diez años de condena al suboficial, referí yo. Pues bien, debo rectificar eso: el suboficial (r) me refirió que él ni siquiera trasladó al matrimonio, al cual conocía por residir en la misma ciudad, sino que se limitó a atenderlo, proporcionándole alimentación y abrigo, en el cuartel policial. Quien trasladó a la pareja fue personal de la FACH. Así es que la figura penal por la cual cumple diez años y un día es la de “proporcionar alimentación y abrigo a un matrimonio extremista”. Hecha esta segunda rectificación.

          Mientras yo recibía estos antecedentes, en las proximidades yacía con sus muletas al lado otro preso octogenario que, me dijeron, estaba afectado de cáncer terminal (¿Lorena Fries hará algo por sus derechos humanos?). Finalmente no alcancé a acercarme a él porque se me aproximaron numerosos presos políticos para que les firmara libros míos que les llevé de regalo y cuya lectura, espero, no les agrave las penosas condiciones de cumplimiento de sus penas.

          Terminada la visita, me reafirmé en la mala opinión que tengo del país actual y de la mayoría de sus habitantes. Y ella cae a sus niveles más bajos cuando visito a los presos políticos de Punta Peuco, sobre todo al leer que hay un trío de mujeres odiosas (Michelle Bachelet, Isabel Allende y Javiera Blanco, autora del famoso e ilegal úkase “los violadores de derechos humanos no tienen derecho a beneficios penitenciarios”), discurriendo alguna fórmula para trasladarlos a una cárcel peor e incrementar sus injustas penalidades.