Más de Cuarenta Años Después

          Cuando Juanito Guzmán Tapia, de triste memoria y habiendo sido entusiasta partidario de la Junta Militar (tanto que en Talca, donde era juez durante el GM, le pidió a Lucía Pinochet que su padre, que visitaba la ciudad, le autografiara una foto donde salían juntos), sometió a proceso sin ninguna prueba ni ley que lo respaldara, al general Pinochet, en diciembre de 2000, se hizo famoso en todo el mundo. Pero el mundo ha sido ingrato con él y lo ha relegado a un merecido olvido. “¡Justicia divina!” habría exclamado Julio Martínez.

En ese tiempo recibí un llamado de la BBC de Londres para que aceptara una entrevista televisada sobre el procesamiento. Accedí y entonces mi interlocutor inglés quiso saber cuáles iban a ser mis opiniones y se las adelanté: haría ver la inocencia del ex Presidente y su ninguna vinculación con los hechos, pues en dos de las cuatro ciudades donde habían tenido lugar los fusilamientos de octubre de 1973, que se le imputaba a su general-delegado, éste no había estado al perpetrarse los mismos; y en las otras dos, donde sí estaba, él había sido por completo ajeno a los hechos. Pero pasado un rato me volvieron a llamar de la BBC diciéndome que ya no se interesaban por la entrevista. Sólo estaban dispuestos a divulgar una versión condenatoria de Pinochet.

Ya me había sucedido en 1978, cuando, siendo yo director de “La Segunda”, un equipo de la BBC llenó mi oficina de reflectores, cámaras y micrófonos para una prolongada entrevista sobre la situación chilena, destinada a exhibirse en un programa de alta audiencia. Sin sorpresa me enteré después de que no había sido incluida, aunque sí lo fueron, “para salvar la cara”, las de los defensores con argumentos más débiles en favor del GM. Ésa es la forma en que los medios de comunicación se arreglan para presentar “las dos versiones”. Recuerdo que los camarógrafos británicos, cuando abandonaron mi oficina de “La Segunda”, me endilgaron sendas miradas asesinas, pero no me importó, porque ya estaba acostumbrado a la odiosidad de los izquierdistas chilenos. Años después, en 1983, visité la BBC a invitación del gobierno británico y justamente me tocó asistir al mismo programa en que mi entrevista había sido excluida. Y entonces aproveché de preguntarle al director por qué no habían utilizado mi entrevista cuando años antes habían tenido como tema al GM chileno. Su respuesta, con una sonrisa, fue: “Facts of life” (“hechos de la vida”).

La izquierda procede siempre así. Cuando un nutrido panel de profesores y periodistas me entrevistó hace pocos años, también durante más de una hora, en preparación del documental izquierdista “El Diario de Agustín”, hice una defensa sustantiva de la conducta de “El Mercurio” durante 1973-90. Como conozco al periodismo de izquierda (Allende les decía que “no debían defender la verdad, sino la revolución”) no me hacía ilusiones en el sentido de que finalmente fueran a incluir mi participación, que restaba base a la tesis descalificatoria que inspiraba al documental. Por tanto, cuando vi este último no me sorprendió que mi participación hubiera sido suprimida por completo.

Con la misma vocación de velar por la verdad histórica, el año 2000 me hice un especialista en el juicio a Pinochet, que la izquierda bautizó como “Caravana de la Muerte”, designación que ahora usan por igual la izquierda, el centro y la derecha, como es costumbre en Chile. De la misma manera que nadie conoce por su nombre la Ley de Defensa de la Democracia, con que González Videla se defendió del golpismo comunista en los años ’40, sino que le dicen “Ley Maldita”, el nombre que le dieron los comunistas, casi no hay derechista que ahora no repita la consigna de “violaciones a los derechos humanos”, implantada por el KGB desde el mismo 11 de septiembre de 1973 en todo el mundo para condenar la defensa que el GM hizo contra la conspiración armada marxista y por preciso encargo de la mayoría democrática chilena, encargo específicamente formulado, entre otros, por el Presidente del Senado, Eduardo Frei Montalva, y por el Presidente del PDC, Patricio Aylwin, quien después crucificó a los militares ante la faz del país y del mundo, mediante su engendro antijurídico y político denominado Comisión Rettig.

En estos días el Poder Judicial, funcional al atropello sistemático del debido proceso, de la Constitución y de las leyes, ha fallado, por fin, el episodio “Antofagasta” de la “Caravana de la Muerte”. Yo había pronosticado hace años que esta causa nunca iba a ser fallada, porque era tan patente la absoluta ausencia de responsabilidad de Pinochet y su general-delegado en esas muertes, que ningún juez iba a poder dejar constancia de ella en una sentencia, y por lo tanto, no se iba a pronunciar ninguna. Pero ese pronóstico estaba fundado en mi inveterada ingenuidad: yo pensaba que ningún hombre honesto iba a poder concluir que Pinochet y Arellano tenían alguna responsabilidad, pues conocía y conozco el caso como pocos, tanto que en 2001 escribí un libro basado en él y que por largas semanas fue de los más vendidos, “La Verdad del Juicio a Pinochet”, fundado exclusivamente en piezas del proceso. 

Bueno, ahora todos sabemos que ni la ley ni la verdad les importan un comino a nuestros jueces en los procesos contra militares. Y por eso recién la muy desprestigiada sala penal de la Corte Suprema no sólo ha condenado ahora a los responsables de los fusilamientos de Antofagasta, a los cuales debió haber reconocido las eximentes de responsabilidad de cosa juzgada (lo fue en 1986), amnistía y prescripción, sino que también se ha burlado olímpicamente de la verdad, siendo la más inamovible y comprobada en el proceso que el comandante del regimiento y el general-delegado estaban durmiendo en la casa habitación del primero cuando un grupo insubordinado de oficiales medios perpetró, sin orden ni conocimiento de ambos, los catorce fusilamientos inicuos de presos que se hallaban en la cárcel de la ciudad.

         Pero estamos viviendo el tiempo más oscuro de la judicatura chilena y este fallo se añade como otro jalón negro a tan aciago período. En una época en que se adultera casi todo en Chile, la Corte Suprema se hace parte en ese estado de cosas y falsea, una vez más, la verdad y la legalidad.