Más Fantásticas Prevaricaciones Judiciales (V)

Anteayer, en una IV entrega en este blog sobre pruebas de las acusaciones falsas y prevaricaciones de nuestros jueces de izquierda contra militares, quedó expuesta una falsificación documentaria evidente (reemplazar el número "16" por el "17" en un oficio), mediante la cual se perseguía inculpar al delegado del Presidente de la Junta en 1973, general Pinochet, de muertes de las cuales no tuvo la menor noticia. 

El oficio falsificado está reproducido en el libro "Los Zarpazos del Puma", de Patricia Verdugo, y fue base de una sentencia del ministro sumariante Juan Guzmán para procesar al general Arellano, delegado de Pinochet. La burda falsificación siguió su curso ante la Corte de Apelaciones, que miró para otro lado, y fue validada por la Corte Suprema para desaforar al entonces senador Pinochet.  

Y la relatora del caso ante la Suprema, Ana Gloria Chevesich, tampoco nada dijo, a los jueces que se fundaron en su relato, de que la imputación a Arellano y Pinochet se basaba en un documento adulterado. 

Bueno, yo he querido publicar esto para que emerja de la profundidad de un expediente que no lee nadie, y he visto recién que cerca de quinientas personas al menos leyeron mi blog de anteayer y eso ya es algo, porque quinientos chilenos saben que se falsificó un oficio para poder culpar al delegado de Pinochet, que el 16 estaba en Santiago, de unas muertes acaecidas en esa fecha en Copiapó.

Cada mañana en Radio Agricultura se suceden comentaristas, casi todos de derecha, desde las ocho de la mañana, y ni uno solo comenta siquiera un hecho tan insólito como que un juez se base en un documento falso para acusar a alguien, a sabiendas de que es falso; y que se base en el libro de una autora que no sólo ha publicado el oficio falsificado como si fuera auténtico, sino que, una página antes, ha publicado otro oficio, del día anterior, pidiendo al jefe del cementerio de Copiapó ¡sepultar a trece personas que todavía no habían muerto! Es que, "para mentir y comer pescado, hay que tener mucho cuidado!" (ver páginas 150 y 151 de "Los Zarpazos del Puma".)

Bueno, todo esto que habría sido muy entretenido de comentar durante la mañana de ayer en los nutridos programas de conversaciones de Radio Agricultura NUNCA HA SIDO SIQUIERA MENCIONADO por el periodismo chileno, salvo en mis escritos.

Hoy añado otro testimonio más de las prevaricaciones de los jueces, pero en este caso, por lo menos, prevaricaron sin recurrir a un documento ostensiblemente falsificado, como el de Copiapó. Se trata del caso de La Serena, en que tampoco el delegado del general Pinochet participó en la decisión de quitar la vida a personas detenidas allí.

Secretaría Criminal

Rol N° 2.182-98

Ministro de Fuero Sra. Patricia González

Se tenga presente.

ILTMA. MINISTRO DE FUERO

SRA. PATRICIA GONZALEZ QUIROZ

                    Sergio Arellano Iturriaga, abogado, por don SERGIO VICTOR ARELLANO STARK, en autos Rol N° 2.182-98 “A”, Cuaderno La Serena, a V.S. Iltma. respetuosamente digo:

                    Durante su extenso sumario, esta causa se ha caracterizado por el sesgo en su conducción por parte del primer sustanciador, la manipulación de pruebas por algunas de las partes y la inducción de testigos que muchas veces no eran tales; de supuestas actuaciones que se dieron por "legalmente establecidas" en autos de procesamiento que no resisten un análisis elemental en la forma ni en el fondo; en fin, de imputaciones interesadas de los propios responsables de ejecuciones (como Lagos, Haag, Lapostol, Del Río, Ortiz, Castillo White, Rivera entre otros); de autojustificaciones y burdas tergiversaciones de hechos ocurridos hace cuarenta años. Asimismo, se ha obtenido valiosa prueba documental que desvirtúa tales hechos inexistentes que el ministro Guzmán dio por "plenamente establecidos" y que, sin embargo, ha sido sistemáticamente desestimada en procesamientos y autos acusatorios sin intentar siquiera explicar el motivo para ignorar, por ejemplo, una copia del acta de un consejo de guerra celebrado en Copiapó, las declaraciones de los integrantes de otro en Valdivia, la confesión de un general y juez militar en orden a ser responsable de la muerte de tres personas por las cuales se acusó a un inocente, las conclusiones del Informe Rettig (integrado por personalidades del más alto nivel), etcétera, etcétera. Todo ello ha derivado en el "establecimiento" de hechos de hace cuatro décadas casi únicamente en base a falsas declaraciones -muchas de ellas de personas presentadas por los abogados querellantes-, sin que se observe un intento de corroboración por parte del Tribunal, por lo que asumen así automáticamente la calidad de pruebas y como tales son citadas en autos de procesamiento e, inclusive, en autos acusatorios.

                    Hemos dicho antes que en este juicio se ha faltado al debido proceso y que, tal como algunos jueces han tenido la dignidad de fallar con apego al derecho y a la justicia, aun cuando hayan estado en minoría, ha habido decisiones livianas, sin fundamentos, basadas en evidentes errores de hecho y, todavía peor, en contra de la prueba rendida. El ex ministro Guzmán Tapia llegó al extremo de interrogar testigos al tenor del difamatorio libro de Patricia Verdugo (v.gr. declaración del general Carrasco), sin considerar en modo alguno la prueba rendida en contra de sus falsas aseveraciones (es ya insólito que se haya debido rendir prueba en contra de lo dicho en un libro). En cambio, el libro mi autoría, que también obra en autos, ha sido simplemente ignorado, a pesar de dar cuenta de antecedentes categóricos que han sido acompañados al proceso. Es como si la constante campaña mediática hubiese hecho mella en la Justicia, hasta el punto que la verdad y los principios de equidad procesal han dejado de importar. Instrumentos tecnológicos imposibles de refutar -como es el Logbook que ratifica una a una las fechas indicadas en las respectivas bitácoras de vuelo- no han sido siquiera mencionados en resoluciones que a todas luces son aberrantes.

                    Como otros, el llamado episodio La Serena fue objeto de debate e investigación por distinguidos integrantes de la histórica Comisión Verdad y Reconciliación y ahí están sus conclusiones, que a estas alturas poco o nada parecen importar, como tampoco interesan las opiniones de los dos dignatarios eclesiásticos que más información directa y personal tenían de lo sucedido en materia de derechos humanos en aquellos dramáticos días, como son el Cardenal Silva Henríquez y el Obispo metodista Vásquez del Valle, el primero en su calidad de Arzobispo de Santiago, presidente de la Conferencia Episcopal y fundador de la Vicaría de la Solidaridad; y el segundo como fundador del Comité Pro Paz, Comité de Ayuda a los Refugiados y del hoy desvirtuado FASIC.

Ante la eventualidad que SS.I. o miembros de los tribunales superiores de justicia se sientan en la libertad y/o en la obligación de evaluar con rigor y objetividad el mérito procesal y, consiguientemente, se interesen por profundizar en la verdad de los hechos, debidamente acreditada en autos, a continuación transcribo las páginas 234 y siguientes, correspondientes al capítulo XXVI del libro "De Conspiraciones y Justicia", publicado en dos ediciones a fines del año 2003, en cuanto constituye un relato fidedigno de lo sucedido en esa ciudad durante la estada de nuestro representado, con sus luces y sombras.

                                       =====

En la mañana del martes 16 de octubre de 1973 Sergio Arellano Stark se dirigió a Tobalaba a embarcarse en el helicóptero que lo llevaría a las guarniciones del norte, con las mismas instrucciones que debió cumplir en el sur del país[1]. Ese viaje cambiaría su vida. Cinco días en la existencia de un hombre excepcionalmente recto modificarían la imagen que proyectaba hacia mucha gente. Algún día llegaría a ser más conocido por lo sucedido en esos fatídicos cinco días que por lo obrado a lo largo de toda su vida. Porque en tres ciudades del norte sí hubo irregularidades, hubo crímenes injustificables de personas detenidas, de seres indefensos que ni siquiera tuvieron la oportunidad de enfrentar un juicio por sus reales o supuestos delitos. Porque esta vez en el grupo a su mando hubo alguien que fue a matar.

Durante la tarde anterior a su viaje se había presentado en el despacho del general el comandante Sergio Arredondo González, el mismo que se desempeñara como su jefe de estado mayor en la Agrupación Centro durante el 11 de septiembre y los días siguientes.  Le manifestó que estaría gustoso de acompañarlo, recordándole que no se había puesto término formal a la mencionada agrupación, por lo que él seguía siendo técnicamente su jefe de estado mayor. La “tinterillada” hizo sonreír a Arellano, pero la idea le pareció bien. El “Rorro” era un tipo simpático y había sido un buen colaborador en los pocos días que trabajaron juntos. Siendo el general del arma de infantería y el comandante de caballería, nunca habían tenido mayor contacto, pero el mes anterior había surgido entre ambos la camaradería y confianza suficientes como para justificar su presencia en la delegación. Le expuso brevemente las tareas que debía emprender en los planos institucional, jurisdiccional y de gobierno interior, señalándole que esperaba su ayuda en el primero de ellos.

Arellano no sabía que en esos días el comandante Arredondo estaba al mando de la Academia de Guerra. Es cierto que se trataba de algo circunstancial, de un interinato en un instituto por ahora algo disminuido por las recientes destinaciones de sus oficiales más antiguos, pero mucho tiempo después tendría motivos para reflexionar por qué no se lo comentó. Es claro que de saberlo el general probablemente no habría accedido a su oferta, porque ¿qué sentido tenía que el director de la Academia de Guerra del Ejército dejara su cargo para incorporarse motu propio a una actividad de coordinación en la que tendría un papel menor?  No tenía ninguna lógica. Más aún, constituía una falta de responsabilidad que Arredondo dejara el mando del instituto militar más importante del país para asumir una tarea que hasta entonces había desempeñado un joven oficial.

Lo que Arellano tampoco sabía es que en la Academia de Guerra estaba funcionando el “comité de coroneles” de que habla el Informe Rettig, grupo de oficiales que colaboró activamente con Manuel Contreras en la elaboración de estatutos, tareas y objetivos de la naciente DINA, así como en la confección de fichas para el apremiante reclutamiento de cuadros. Esta actividad se llevó a cabo con la mayor reserva, por lo que prácticamente nadie en el Ejército tenía conocimiento que allí se incubaba una organización que funcionaría al margen de las Fuerzas Armadas y estaría destinada a reprimir a los opositores al naciente régimen, estableciendo en la institución (y en lo posible en los restantes cuerpos armados) cadenas de oficiales de enlace cuyo mando real estaría radicado en la propia DINA, aparte de los oficiales, suboficiales y civiles que durante los meses siguientes fueron directamente asignados a la que inicialmente se denominó “Comisión Dina”, dependiente del Servicio Nacional de Detenidos, SENDET.

El brazo derecho de Contreras en esta intensa tarea fue su compañero y compadre Sergio Arredondo, quien desde su posición de Director de la Academia se constituyó en privilegiado convocante del selecto grupo de oficiales que trabajaría en la formación de este organismo que, aunque tendría existencia legal, se asemejaría mucho a un grupo paramilitar. El “Rorro” se convirtió en esos días en el alter ego de Contreras, quien debía repartir su tiempo entre Tejas Verdes y Santiago, a lo que se agregaba la necesidad de conversar casi diariamente con el general Pinochet. En buenas cuentas, el popular equitador había asumido en cuerpo y alma una labor que para su temperamento era fascinante: bajo el mando de su gran amigo, era el aglutinador y conductor de los hombres que darían vida a una organización de inusitado poder, que permitiría destruir para siempre a la izquierda marxista y transformar a Chile en un estado policial. Nunca se vio en algo de semejantes proyecciones y, claro, se trabajaba contra el tiempo, porque la oposición del general Pickering había impedido a Contreras tener algo preparado, y la Dirección de Inteligencia Nacional era una necesidad ahora.  La espaciosa oficina de la dirección del instituto fue el lugar en que se dio origen a esta organización. Participaban en estas reuniones no más de cinco tenientes coroneles de la propia Academia más un par de coroneles de plena confianza de Contreras y, ocasionalmente, algún coronel de provincia especialmente invitado. Luego se integrarían algunos alumnos del mismo instituto.

En tales circunstancias era impensable que Arredondo dejara esas tareas, a menos que hubiese una muy buena razón, una razón necesariamente relacionada con el incipiente organismo, con las urgentes tareas a que el grupo de su dirección estaba abocado, porque eso sí era más importante que la transitoria dirección de la Academia de Guerra.  Contreras y su amigo tampoco podían perder de vista que al interior del Ejército había generales que contaban con ascendiente y prestigio, como eran los que dirigieron la conspiración e hicieron posible el golpe, entre los cuales -a pesar de su baja antigüedad- la cabeza visible era Arellano. Su tarea primordial no era otra que fortalecer el poder personal de Pinochet, para lo que había que eliminar o neutralizar cualquier amenaza.

Ya hemos visto que los integrantes de la llamada “Cofradía de Lo Curro” habían comenzado a reunirse secretamente en una residencia particular ubicada en ese sector cuando se hizo evidente que el presidente Allende no respondería el memorándum del Comité de los Quince. Quienes fueron parte de este Comité en representación del Ejército, los mismos que formaron el primer núcleo de las reuniones de Lo Curro, sólo aceptaron la posibilidad de un golpe de estado cuando se hizo evidente que estaban bloqueadas todas las posibilidades de encontrar una salida democrática a la crisis nacional. Pero para quienes el objetivo no era la democracia sino la instauración de un gobierno de fuerza, de una dictadura que sólo reconociera metas y no plazos, estos generales dialogantes constituían un obstáculo. Aunque Oscar Bonilla solo estuvo en la primera reunión del comité y nunca participó en los encuentros de Lo Curro, el carisma y el espíritu conciliador que mostró desde el Ministerio del Interior también amenazaba las aspiraciones de los nuevos conspiradores, aquellos que no estaban ahora conjurados contra un gobierno colapsado, sino contra los tradicionales valores de las fuerzas armadas y de la democracia, cuya defensa irrestricta había sido la razón de la intervención militar.

Algunos de estos flamantes conspiradores, como fue el caso del propio Arredondo, habían participado en algunas de las últimas reuniones de la “cofradía”, a las que fueron invitados precisamente por su calidad de profesores de la Academia de Guerra, cuyos planes para enfrentar hipotéticas contingencias internas fueron utilizados el 11 de septiembre. Además, en razón de sus grados militares y por considerarse que tenían mayor movilidad que los generales, fueron los encargados de sondear las posiciones de los comandantes de unidades de Santiago. Esta participación también sirvió a los factotums de la DINA, ya que obtuvieron información de gran utilidad sobre el pensamiento político de los generales asistentes, lo que de otra manera habría sido una tarea prácticamente imposible.

Del viaje que el general Arellano hizo al sur entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre probablemente Arredondo y Contreras ni siquiera se enteraron y, si así fue, no pareció interesarles o bien no estaban preparados para actuar. Pero -aunque al parecer a última hora-  sí supieron del viaje al norte, que se iniciaría el 16 de octubre. Era una oportunidad inmejorable para “agitar el tablero”. No debió ser el comandante Arredondo el gestor de la idea, pero la asumió como propia, pletórico de entusiasmo ante la que sería “la primera misión de la DINA”.  Daba por descontado que el general lo aceptaría en su delegación, por lo que sólo quedaba definir en qué lugares contaba con oficiales “duros” de confianza.

El ex compañero de los dos principales gestores del naciente organismo -y pariente político de Arredondo- Tommy Harris, era un buen nombre en La Serena.  En Calama Carlos Minoletti había dado desde los primeros días muestras de ser un hombre dispuesto a todo, habiéndose echado al bolsillo a su errático jefe Eugenio Rivera. Antofagasta representaba un buen desafío: era la sede de la 1ª División de Ejército, al mando de un general de poco relieve pero de mayor antigüedad que Arellano, y entre ellos se mantenía una conocida distancia desde hacía muchos años. Pero su segundo era un duro de todo el agrado de Arredondo. El coronel Adrián Ortiz era también oficial de caballería y Lagos, otro hombre de la misma arma, le había mostrado una ilimitada confianza, hasta el punto que Ortiz había instalado su oficina en la Intendencia, asumiendo directamente tareas de gobierno interior que le correspondían a su jefe. Además de eso tenía el control de detenidos, incluida la cárcel pública y la dirección de la Escuela de Unidades Mecanizadas, lo que garantizaba contar con vehículos, tropas, armas y acceso a los presos políticos.

Así fue como en las postreras horas del 15 de octubre el teniente coronel Sergio Arredondo González se integró a la delegación dispuesta por el comandante en jefe del Ejército, atribuyéndose el pomposo cargo de “jefe de estado mayor” de la misma. No se trataba de una actuación de la Agrupación Centro ni de las emergencias del 11 de septiembre (para cuyo efecto fue creada la agrupación), pero haber tenido ese cargo un mes atrás daba alguna justificación a su decisión y algo de lustre a una función muy por debajo de las que se encontraba realizando hasta entonces.

El martes 16 de octubre, cuando el general llegó al aeródromo con su ayudante, el teniente Juan Chiminelli, ya se encontraba allí un sonriente Arredondo junto a los dos oficiales de seguridad que lo habían acompañado al sur, Moren y Fernández. Estaban también los miembros de la tripulación, el mayor Espinoza vistiendo de civil, y el mayor Carlos López Tapia, a quien no se le alcanzó a avisar que había sido reemplazado por Arredondo. El general Arellano le dio las explicaciones del caso y dispuso su regreso al cuartel general de Peñalolén.

Antes de embarcarse, el jefe militar informó a Arredondo, Espinoza y Chiminelli que el día anterior la auditoría de la 2ª División de Ejército, con sede en Santiago, le había dado cuenta de un consejo de guerra efectuado en Copiapó y dispuesto por el jefe de la 1ª. División, cuya formalidad debía revisar. Asimismo se le había entregado un proyecto de sentencia que contemplaba la condena a muerte para tres personas en La Serena -Roberto Guzmán, Manuel Marcarian y Carlos Alcayaga-, a quienes en los antecedentes enviados por el comandante del regimiento se les imputaba la sublevación de mineros del campamento Desvío Norte y robo de explosivos para fines terroristas.

Esa guarnición quedaba (al igual que hoy) dentro de la 2ª División  y sometida a su auditoría y juez militar. Además no contaba con auditor propio, por lo que los antecedentes que inculpaban a esos tres detenidos fueron enviados a Santiago para su evaluación. Mirando en retrospectiva, el procedimiento era extraño, puesto que se pretendía que el consejo de guerra que debía juzgarlos, integrado por personas sin formación jurídica, acatara sin más la proposición -o imposición- de la jefatura de división. Esta no sabía que, luego de enviar los antecedentes en consulta a Santiago, el teniente coronel Ariosto Lapostol, intendente de Coquimbo, había dispuesto la formación de un consejo de guerra sin esperar la opinión solicitada, tribunal que, según se dijo en su momento, habría dispuesto condenas de treinta años (información que al parecer no era efectiva). Lo cierto es que el delegado debía entregar el proyecto y exigir la formación de un tribunal.

Este episodio, característico de esos días, fue representado acertadamente como una irregularidad por la Comisión Rettig, en cuyo informe se hizo ver la improcedencia de iniciar un nuevo juicio para un delito que se entendía ya juzgado. De cualquier modo, en el mismo párrafo en que se refiere a esta situación, el Informe agrega:  “Pero no se hablaba de ejecuciones sin proceso; más aún, el mensaje del delegado en viaje contenía una referencia expresa y repetida a facilitar el derecho a defensa de los procesados”, calificando -por lo anterior- su actuación como caracterizada por su  “relativo respeto de los marcos jurídicos”.

Detengámonos por un momento en algunos de los acompañantes del general en esta gira. Su ayudante Chiminelli y los miembros de la tripulación, eran de su dependencia habitual en el llamado Comando de Tropas de Peñalolén, como lo había sido el mayor López, su segundo al mando en el viaje al sur. No era parte de esa repartición el mayor Pedro Espinoza, quien recordemos que viajaba de civil sin pertenecer a la delegación y manteniendo dependencia del director del Servicio de Inteligencia Militar general Augusto Lutz. Y tampoco lo eran el integrante de la nueva cofradía conspirativa Sergio Arredondo ni los oficiales de seguridad Marcelo Moren Brito y Armando Fernández Larios. El hecho es que todos los mencionados fueron después incorporados a la DINA. Por ello es que el Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación expresa:  “A estas alturas, conviene precisar que el alto oficial delegado se trasladó a los distintos lugares del país que debía visitar en compañía de otras personas, también oficiales de Ejército, que aparecían a simple vista como integrantes de un grupo oficial, para apoyo del delegado principal y bajo su autoridad. Sin embargo, la Comisión ha podido establecer que ello no fue necesariamente así, pues casi todos los demás integrantes de la comitiva provenían de distintos estamentos y unidades del Ejército, donde no estaban supeditados ordinariamente a la jerarquía única y exclusiva del alto oficial delegado. Un elemento de juicio adicional, e importante, es que todas estas personas, salvo el jefe superior, pertenecerán después a la DINA, y varias de ellas con cargos destacados en dicho organismo e intervención relevante en ejecuciones irregulares”.[2]

Es del caso precisar que en estas misiones la actuación de los oficiales Chiminelli y Espinoza fue netamente profesional, sin que ninguno de ellos tuviese participación en los crímenes que se cometieron. Por el contrario, sin hacer un juicio de valor sobre los procesos que posteriormente ha debido enfrentar Pedro Espinoza, es justo señalar que mantuvo invariable lealtad hacia su superior -a pesar de no estar en su línea de mando-, hasta el punto que su desacato a la convocatoria del coronel Ortiz en Antofagasta y la información que entregara al general en Calama permitieron a éste conocer y apreciar la dimensión de lo que sucedió a sus espaldas.

 En octubre de 1990, con ocasión de las investigaciones que llevaba a cabo la Comisión Rettig, Espinoza se acercó a mi padre -a quien no veía desde hacía muchos años- para expresarle su intención de entregar un testimonio. Este se tradujo en una declaración suscrita ante el notario Eduardo Avello Concha, en la que manifestó que, además de la carga que le ha significado ver su nombre relacionado con hechos a los que fue completamente ajeno, “se ha estremecido mi conciencia de soldado ante la aberrante injusticia con que se ha tratado a un soldado prestigiado, querido y respetado por generaciones de militares, como es el general Sergio Arellano Stark, quien no sólo no tuvo ninguna injerencia en ejecuciones sin juicio, sino que actuó con decisión y energía en cuanto se enteró de lo sucedido. Por eso, y luego de mucho meditarlo, he resuelto hacer esta declaración, en la que me ceñiré estrictamente a la verdad y en la que sólo me referiré a hechos de los que fui testigo directo y presencial.”

Agrega Espinoza: “Hubiese preferido que los verdaderos responsables hubiesen tenido la dignidad de asumir con rectitud y coraje las consecuencias de sus actos, pero en éste, como en otros casos, no ha sido así, por lo que mi conciencia y respeto por mí mismo me obligan a prestar este testimonio”.

Específicamente respecto de lo sucedido en la primera etapa del viaje al norte la declaración señala: 

“En La Serena debíamos estar unas pocas horas y no se me había ordenado (por el general Lutz) ninguna labor especial en esa ciudad. Asistí a una charla que el general Arellano dio al personal sobre la responsabilidad que el Ejército tenía frente a la población civil y la necesidad de actuar con moderación y buen criterio. Luego el general ingresó a la oficina del teniente coronel, comandante del regimiento, Ariosto Lapostol, con éste y otra persona, que supongo era el fiscal. Yo permanecí en dependencias contiguas a la del comandante del regimiento en compañía del teniente Juan Chiminelli. Los demás miembros del grupo militar se retiraron del recinto de la comandancia en cuanto comenzó esta reunión.

 “Debió transcurrir una hora y media o dos, cuando se sintieron unos disparos. El general y el comandante del regimiento continuaban reunidos. Con el teniente Chiminelli acudimos al patio desde donde provenían los disparos, en el sector opuesto al que estábamos, y vimos un número indeterminado de personas que estaban muertas. Naturalmente yo ignoraba si se había cumplido algún fallo del consejo de guerra. Era de suponer que efectivamente así había sido, aunque el número de fusilados me sorprendió”.

“Inmediatamente después nos dirigimos al helicóptero, por ser la hora ordenada para partir. Allí el general Arellano, que estaba junto al comandante Lapostol, habló brevemente con el comandante Arredondo y subimos a bordo. En el interior del helicóptero era prácticamente imposible hacerse escuchar, por lo que no se habló más del tema. En ese momento no supe que al general se le informó sólo de los tres reos condenados, como tampoco supe que la sentencia respectiva no había sido firmada por los integrantes del consejo. Por lo demás no eran materias de mi incumbencia”.

Lapostol y Arellano no volvieron a conversar. En 1990, interesado en aportar antecedentes a la Comisión Rettig y aprovechando la circunstancia de haber conocido a su hijo Cristián en nuestras comunes actividades relacionadas con seguros, le planteé la posibilidad de reunir a nuestros padres a tratar el tema, con presencia de ex oficiales que podrían hacer de testigos.  Lapostol no tuvo problemas y la reunión se hizo el 22 de agosto en la casa del general (r) Jorge Court, a quien acompañaban los generales (r) Jorge Barba y Ernesto Videla.

Éstos confeccionaron un acta de los testimonios de cada uno, los que resultaron bastante coincidentes, hasta el punto que el ex comandante del regimiento Arica de La Serena expresó al final con cierto dramatismo: “Mi general. Yo creo que las cosas están claras y ninguno de nosotros tuvo responsabilidad en esos hechos. Yo soy su testigo y usted es mi testigo”. Esta frase sería recordada años después por Court en una declaración judicial.

En lo sustantivo, lo dicho por Lapostol fue lo siguiente, relatado en tercera persona por tratarse de un acta redactada por los generales mencionados:

“.............. mientras tanto, había ordenado la reunión de todo el personal del regimiento, pues el general Arellano había manifestado su deseo de conversar con todo el personal. Es de hacer presente que, durante el trayecto del aeropuerto al cuartel del regimiento, el general Arellano le manifestó la naturaleza de su misión y le entregó la carta de delegación que traía del comandante en jefe del Ejército, la que no leyó porque hizo fe en su superior, como lo habría hecho cualquiera otro en aquellas circunstancias”.

“Después de un lapso prolongado, mientras se reunía al personal, parte del cual se encontraba fuera del cuartel..., se le informó que éste se encontraba ya reunido en el casino de suboficiales, por lo que se trasladó con el general y su comitiva a ese recinto. Allí el general Arellano dio a conocer la naturaleza de su misión, la situación que se vivía en todo el país e hizo presente al personal que había que asumir una conducta tranquila, sin abusos ni prepotencias”.

“Al término de la reunión se trasladó con el general a la comandancia de la unidad. En ese lugar estuvo exponiéndole los antecedentes de la situación de unos 900 detenidos, entre los cuales se encontraban los señores Guzmán, Marcarian y Alcayaga. Sobre éstos le hizo presente que ya tenían sentencias, por lo que no correspondía hacerles un consejo de guerra, que era lo que él estaba recomendando al general para el resto. Este no le contestó nada, por lo que entendiendo que había informado correctamente a su superior, se retiró al jardín del regimiento, en donde se quedó por un lapso de unos diez minutos. Transcurrido ese tiempo, el general Arellano se reunió con él en el jardín. Allí estuvieron nuevamente analizando la situación”.

En la reunión de 1990 ambos coincidieron en recordar que se mantuvo la discrepancia en relación a los tres detenidos mencionados, por cuanto el general insistió en validar el criterio de la Auditoría en Santiago, el que había sido previamente consultado por el propio comandante en razón de su dependencia jurisdiccional. Por ello al delegado le parecía que el consejo de guerra debía incluir a dichas personas y tener en cuenta el proyecto de sentencia enviado.

Al igual que Arellano, Lapostol recordó que, mientras conversaban en el patio, “ambos escucharon un disparo. Posteriormente se supo que uno de los reos había agredido a un conscripto, asiéndole el fusil y tratando de quitárselo, por lo que éste disparó, dándole muerte”. El ex coronel agregó que llamó “a un capitán (Mario Vargas) que se encontraba en el jardín a averiguar qué estaba sucediendo. Mientras seguían analizando la situación, los sorprendieron los estampidos de varios disparos. Al oírlos el general Arellano manifestó que podría ser el resultado del consejo de guerra que ya se habría realizado. El capitán en cuestión no volvió a traer ninguna noticia de lo acontecido. Luego se presentó la comitiva del general, por lo que se trasladaron todos al aeropuerto para el embarque en el helicóptero.”  Ambos oficiales coincidieron en que este zarpó sin que ninguno de ellos fuese informado de lo acontecido, de lo cual afirmó Lapostol, haberse enterado “sólo al regresar al cuartel del regimiento”.

El ex comandante agregó respecto del mayor Marcelo Moren, entonces segundo comandante del regimiento Arica: “...éste fue enviado a Santiago a cargo de tropas de la unidad el 10 de septiembre de 1973. Participó en la desocupación de la Universidad Técnica del Estado. Después se apartó de las fuerzas a su cargo y no regresó al regimiento ni lo volví a ver hasta la fecha en que llegó con la comitiva del general Arellano. Ignoro donde estuvo en el lapso intermedio”.  Tampoco el general lo sabe, al menos respecto del período posterior al regreso del contingente a su cargo y hasta el inicio del viaje al sur.[3]

Semanas después de esta reunión, Ariosto Lapostol fue invitado a prestar su testimonio ante la Comisión Verdad y Reconciliación. Accedió y recibió en su oficina al abogado de la Comisión Francisco Javier Recabarren, a quien entregó un completo relato, coincidente con el recién transcrito.

En este aspecto la declaración prestada por Arellano en el juicio no difiere mayormente de la anterior y, por cierto, es exactamente la misma versión que éste ha sostenido en forma invariable:

“El comandante Lapostol me informó sobre varios procesos; yo le impartí instrucciones generales, sin profundizar en casos concretos. No recuerdo haberme separado del comandante, con quien conversamos en su oficina y en un patio adyacente. Mientras tanto, creíamos que se estaba efectuando el consejo de guerra, ya que se disponía de un abogado. Había pasado un momento cuando escuchamos un disparo y le pedí al comandante que mandara a un oficial a averiguar el motivo, pero éste no regresó. Pocos momentos después, estando en la oficina del comandante, escuchamos una descarga, sin saber ninguno de los dos de qué se trataba, aunque pensamos que podría ser que el consejo de guerra había dictado sentencia y la había ejecutado. Después de escuchar los disparos nos dirigimos al helicóptero, y antes de subir pregunté al comandante Arredondo qué había sucedido. Él me informó que se había cumplido la sentencia. Yo entendí que se refería a las tres personas anteriormente mencionadas...”

Ese 16 de octubre en La Serena fueron ultimados 15 detenidos, aparte de un preso de apellido Ramírez, quien probablemente estaba también destinado al cadalso, por lo que puede que al escuchar algún cruel alarde se haya rebelado, recibiendo un disparo que anticipó su suerte en algunos minutos. La información fue publicada al día siguiente en el diario local “El Día” aduciendo un consejo de guerra que no existió y la calidad de “confesos” de diversos delitos por parte de los fusilados, entre los cuales había connotados serenenses, destacándose el músico Jorge Peña, ciertamente ajeno a cualquiera de las fechorías imputadas.

Obviamente el general no tuvo acceso a ese diario, puesto que se retiró de la ciudad el mismo día. Sólo habían participado en los hechos tres de los cuatro oficiales ajenos a su mando regular: Sergio Arredondo, Marcelo Moren y Armando Fernández, aparte de oficiales locales, entre los que tuvo un papel protagónico el recientemente reincorporado Tommy Harris. En esos días la muerte no era noticia: centenares de partidarios del gobierno depuesto y 82 uniformados murieron durante 1973. Transcurrieron años antes que Arellano Stark se enterara de lo que sucedió ese fatídico día en el regimiento Arica.

A mediados de 1986 mi padre golpeaba las puertas de las oficinas militares para obtener antecedentes que le permitieran defenderse de las imputaciones que se le hacían públicamente. El comandante en jefe, por intermedio de su vicecomandante, general Santiago Sinclair, había rechazado sin  más sus dos solicitudes para constituir un tribunal de honor y ni siquiera le fue posible obtener audiencias con las máximas autoridades de su institución, a pesar que decenas de oficiales retirados (y varios activos) se agrupaban en torno a él para manifestarle su solidaridad. Fue el general Humberto Gordon, director de la CNI, quien rompió el hielo e instruyó al abogado Víctor Gálvez para hurgar en los archivos de la Institución hasta encontrar las piezas procesales que podrían explicar en parte lo sucedido. El propio Gordon ratificó el contenido de las mismas ante la Comisión Rettig y años más tarde lo hizo ante el ministro Juan Guzmán, al igual que el abogado Gálvez.

Cuando éste último encontró los antecedentes requeridos, el general Gordon nos invitó a sus oficinas, señalándonos que nos tenía buenas noticias. Y efectivamente lo eran, ya que constituían la prueba definitiva de la veracidad de todo lo que mi padre había sostenido. Ante mi solicitud de obtener fotocopias, Gálvez me respondió que no sería posible, considerando que se trataba de enfrentar un debate público, por cuanto los juicios que se iniciaban abortaban prontamente por la aplicación de la ley de amnistía, política que el Ejército no quebraría alentando investigaciones de ninguna naturaleza. De cualquier modo, me señaló que los procesos estarían disponibles.

Respecto de La Serena había algunos expedientes no muy voluminosos. Lo verdaderamente importante, que fue lo se nos exhibió, era un extenso legajo: el proyecto de sentencia elaborado en la Auditoría de la Segunda División, el que contemplaba la pena de muerte para los tres detenidos mencionados, al cabo de numerosos y fundados considerandos previos, con impecable técnica jurídica.  Como hemos dicho antes, al final venía lo más sorprendente: un simple párrafo, escrito con otro tipo de máquina, agregaba al texto del fallo imputaciones de delitos subversivos similares a otras doce personas, las que -literalmente de una plumada- eran también condenadas a la pena máxima. En el margen de la hoja, en forma manuscrita, se daba cuenta del incidente que terminó con la vida de Ramírez. Se cerraba este híbrido jurídico con un gráfico ininteligible y de forma redondeada. Pero no había firma alguna, como tampoco referencia a ningún consejo de guerra.

La información entregada por Humberto Gordon a la Comisión Verdad y Reconciliación (similar a la aportada después al juez Guzmán) era la siguiente:

“Entre dichos antecedentes estaba una sentencia sin firma que, luego de largas y acuciosas consideraciones, condenaba a muerte a tres detenidos, uno de ellos de apellido Guzmán. Una vez redactada la sentencia, había un párrafo en que se hacía referencia a situaciones más bien generales y se condenaba a muerte a otras doce personas. En el margen se escribió a mano una nota que daba cuenta de una persona fallecida al atacar a un guardia, seguida de una media firma ilegible. Este documento no fue firmado y estaba separado de los procesos respectivos.”

La calidad de la justicia en el declarado estado de guerra dejaba mucho que desear, y también la coherencia de algunos jefes militares: la causa rol 5A-73, relacionada con el fusilado Roberto Guzmán, no se cerró con su muerte. Los supuestos 30 años de presidio a que habría sido condenado antes de ser ejecutado en virtud de una sentencia que no llegó a ser tal, se transformaron en algún momento posterior a su muerte en cinco años. Y el 26 de junio de 1975 se rebajó la pena ¡¡a 541 días de cárcel!!  Al parecer el comandante Lapostol nunca cerró el proceso, o al menos no incluyó en el mismo la pretendida sentencia que lo habría condenado a 30 años ni el certificado de defunción, lo que en algún momento debió llevar a revisiones superficiales que terminaron en esta aberración. Lo dramático es que no sólo se trataba de formalidades; eran seres humanos los que estaban en juego. En lo que le correspondió hacer con motivo del frustrado proyecto de sentencia, relacionado con un consejo de guerra que ya se habría efectuado (al menos fue lo informado), al general Arellano le cupo indudablemente una responsabilidad. En su descargo sólo puedo acotar que tuvo la hombría de enfrentarla, como en todos los actos de su vida. Pero definitivamente nada tuvo que ver con las restantes personas asesinadas por sujetos para quienes la vida de los llamados enemigos no era más que una pieza en un sórdido juego de morbo y poder.

En algún momento, muy posterior a 1986, alguien decidió que los expedientes de los consejos de guerra se habían quemado en un incendio o que se destruían periódicamente. Por ello, durante el juicio llevado por el ministro Guzmán, las solicitudes que hiciéramos por intermedio del tribunal resultaron infructuosas, si bien pudimos contar con las declaraciones de las dos personas que nos permitieron su conocimiento.

En sus primeras declaraciones judiciales Arredondo y Moren contestaron vaguedades, soslayando toda responsabilidad. El primero llegó a decir que los recuerdos se le confundían en la vorágine de acontecimientos de esa época, en que las noches eran días y los días noches. Ya revisarían convenientemente tales declaraciones, pero invariablemente eludiendo la verdad y, a nuestro entender, sin experimentar la menor presión del juez para obtenerla.

Lo que efectivamente sucedió al interior del regimiento Arica lo supimos mucho después, durante la tramitación del juicio. Imprudentemente Sergio Arredondo se jactó ante sus amistades -incluido su abogado- de haber fraguado la matanza con un ex compañero de curso de él y Contreras, llamado Tommy Harris Haegen, quien se había retirado del Ejército, reincorporándose en esos días con el grado de capitán o mayor.  Harris, actualmente fallecido y a quien nunca habíamos escuchado mencionar, no sólo retiró de su lugar de reclusión a los tres que enfrentaban la pena capital, sino a otros doce detenidos, “por su propia iniciativa” según la versión de quien dirigió la masacre. Cuando conversamos al respecto con el abogado, éste nos dijo que su cliente no entregaría ese antecedente al tribunal porque no deseaba manchar la memoria de su amigo. Hicimos algunas indagaciones y comprobamos que no sólo tenían relaciones de amistad, sino familiares. Lo que quedó claro con esta información es que el sonriente teniente coronel se sentía con respaldo para actuar a su antojo a espaldas de quien -al decir del Informe Rettig- aparecía como su autoridad, aunque “no fue necesariamente así”.[4] Así se consumaría la primera cruenta operación de los nuevos conspiradores.

Obviamente esta información fue entregada en el juicio, pero no hubo seguimiento. El propio general Arellano la hizo pública en una entrevista concedida a El Mercurio en marzo de 2000. Fue también reproducida por Hermógenes Pérez de Arce en su libro “La verdad del juicio a Pinochet”. Y ahí quedó, consignada para la posteridad, pero al parecer considerada poco relevante por el ministro de fuero, probablemente porque podría desmoronar todo el andamiaje en que se construyó su caso. Porque si se validaba este antecedente, ¿cómo hubiese podido sostener que “se encuentra plenamente justificado que....... el delegado del a la sazón Comandante en Jefe del Ejército Augusto Pinochet Ugarte, el entonces general de Ejército Sergio Arellano Stark, ordenó sacar desde la Cárcel Pública de la ciudad a....(los quince fusilados)”?

El entramado manejado desde un escritorio de la Auditoría General también operó para bloquear buena parte de los contactos con oficiales en retiro, quienes recibían oportuna “orientación”. Tanto Lapostol como algunos “olvidadizos” oficiales modificaron casi simultáneamente sus anteriores declaraciones para acusar concertadamente a Arellano. Resultó insólito comprobar cómo Ariosto Lapostol afirmaba bajo juramento que nunca había declarado ante la Comisión Rettig, que lo aseverado en casa del general Court fue al calor de una “reunión social”, que el general Arellano había hecho marcas junto a nombres de procesados (sin indicar en base a qué información), que Marcelo Moren (!!) estuvo junto a ellos en su conversación, que el capitán Vargas había regresado y dado cuenta de los muertos al general.

Nada de esto era sostenible, pero el juez nada cuestionó. Ni siquiera mostró signos de rectificación cuando, tiempo después, compareció el ex capitán Mario Vargas afirmando que dio cuenta directamente al propio Lapostol de lo que había visto y que no estaba presente el general, quien ya se había retirado. Tampoco pareció hacerle fuerza lo informado por un integrante de la Comisión Rettig, quien confirmó que el ex comandante había efectivamente declarado ante esa entidad[5]. Ni la ratificación judicial entregada por quienes suscribieron el acta de la reunión de 1990. Ya la verdad parecía no importar. El general Sergio Arellano se había transformado en un chivo expiatorio necesario para muchos fines diversos. Parecía que para él ya no habría justicia.

Arellano perdió, al menos entonces; pero otros ganaron. No tuvimos conocimiento que surgiesen querellas contra el ex comandante del regimiento Arica de La Serena por otros homicidios registrados en el Informe Rettig, como la muerte de José Rodríguez Torres en el interior de esa unidad militar el 1 de noviembre, como tampoco por el homicidio, seis días después, del padre del anterior, José Rodríguez Acosta, también dentro del regimiento; ni por el crimen del ciudadano argentino Bernardo Lejderman y su cónyuge mexicana María Avalos, ambos víctimas de personal de dotación del regimiento Arica. La trenza de la DINA también lograba su objetivo: los dardos apuntaban hacia donde ellos querían; ya no prosperaría la línea de investigación que Arellano solicitaba, altamente peligrosa para sus intereses. Y por supuesto ganó Juan Guzmán, que avanzaba a paso firme hacia su objetivo, en la certeza que difícilmente la prensa o la opinión pública estaría en condiciones de analizar la consistencia de sus resoluciones o los vacíos de su proceso estrella. De hecho ni aún los tribunales superiores se han abocado a hacerlo.                                  

                              =======

Lo anterior,

Sírvase US.I. tenerlo presente.

---

[1] En página 164 del libro "De Conspiraciones y Justicia", que obra en autos, se transcribe íntegramente carta a Augusto Pinochet, enviada al Senado por correo certificado el 17 de julio de 1998.

[2] La posición del general Arellano sobre las actuaciones posteriores de la DINA fue expresada en carta privada al general Pinochet, enviada a fines de 1974, en que comparaba a esa entidad con la Gestapo, denunciando la violación a los derechos humanos fundamentales. Copia íntegra de dicho documento obra en autos y está parcialmente transcrito en la página 111 del libro "De Conspiraciones y Justicia", que obra en autos.

[3] Antes de esa fecha el general no conocía a Moren y Fernández Larios, quienes le fueron asignados por el Estado Mayor del Ejército como oficiales de seguridad.

[4] En otra de las paradojas de este caso es que el ignorado (en este juicio) Informe Rettig contiene, en su página 91, un expreso reconocimiento al desempeño del general Arellano como juez militar de la II División, función que ejerciera desde diciembre de 1973, en lo que entendemos constituye la única nota favorable de ese Informe sobre un jefe militar.

[5] No fue el único integrante de la Comisión Rettig en entregar su testimonio a la Justicia. El ex ministro de la Corte Suprema Ricardo Martin expresó: "Tengo la certeza que al general Arellano no le correspondió ninguna actitud criticable en su misión"; en tanto que el entonces presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos Jaime Castillo declaró sobre su actuación y responsabilidad: "Los delitos de un dependiente de mando superior, cometidos fuera de la esfera de ese mando, no involucran penalmente a su jefe, sin perjuicio de la responsabilidad militar que pueda corresponderle asumir". Raúl Rettig declaró a la prensa: "Es indudable que el hecho de haber ido a declarar a la Comisión y haber esclarecido su situación le sirvió al general Arellano".