A Cualquiera Puede Pasarle

Juristas, analistas, opinólogos, políticos, espcialistas y generalistas han opinado sobre la acusación constitucional a la Intendenta de la VIII Región, junto a una especie que también lo ha hecho y a la cual yo pertenezco: la de los blogueros. Y, que yo sepa, nadie ha dicho lo esencial del caso, con una sola excepción: la Intendenta.
Todos nos hemos constreñido a debatir si hay "infracción de la Constitución" o "delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión", que son las causales por las cuales puede ser acusado un Intendente. Y a esta altura del debate parecía que la única causal sobreviviente era la "infracción a la Constitución", pues todo el mundo estaba concorde en que "traición" no era lo que había hecho la Intendenta; tampoco "sedición", pues no pretendía alzarse contra ninguna otra autoridad; ni "malversación de fondos públicos", porque no los había manejado en el caso (a lo más podía decirse que había propuesto destinar fondos para personas que habían perdido sus casas en el terremoto, sin que las hubieran perdido; pero, en definitiva, no lo hizo); ni, en fin, "concusión", pues nadie ha dicho siquiera que hubiera ofrecido o recibido un cohecho.
En consecuencia, sólo quedaba en pie que la promesa podría ser una "infracción a la Constitución". Por cierto, el sentido común dice que no, que una infracción a la Constitución sancionable con un "juicio político", como se llama el procedimiento de una acusación constitucional, es otra cosa y de otro nivel. Pasar con luz roja también es, en último término, una "infracción a la Constitución", pero nadie diría que se puede acusar constitucionalmente al Presidente, a un Ministro o a un Intendente por pasar con luz roja. Es de sentido común.
No obstante, un senador del mismo partido de la Intendenta dijo en un diario que, si él hubiera estado en el cargo, visto lo sucedido, habría renunciado en febrero.
Hasta aquí el debate.
Yo, que leo varios diarios, varias revistas, oigo espacios políticos en la radio y los veo en la televisión (no todos, por supuesto) creía que los anteriores eran los términos del debate.
Hasta que ayer, en "La Segunda", leí una entrevista a la Intendenta de la VIII Región. Le consultan por la opinión del senador de su partido, que habría renunciado en febrero, y ella dice algo que hace toda la diferencia: está de acuerdo en que si él hubiera sido el Intendente, habría renunciado. Y explica: "por cómo es él". Pero ella es distinta, y por eso no habría renunciado en febrero ni lo ha hecho hasta hoy.
Pero eso no fue lo más importante de la entrevista. Lo más importante es de la esencia del problema y nadie lo había dicho hasta ahora (al menos, nadie entre todas las versiones y opiniones que he leído): hay una resolución exenta de Vivienda, la número 2.186, que permite a personas postular a proyectos colectivos en favor de damnificados, con un 80 por ciento de damificados. Es decir, permite postular también a personas que no hayan resultado directamente damnificadas, si forman parte del "colectivo" que ha resultado damnificado.
De acuerdo con esa resolución, lo que ofreció la Intendenta no fue "hacer una trampita", como todos (me incluyo) creíamos, sino acogerse a un procedimiento excepcional, pero perfectamente legal.
Nos hemos encontrado con una mujer fuerte, qué duda cabe. Por algo sus adversarios quieren sacarla de la escena durante cinco años y sus aliados (con algunas excepciones) la defienden a brazo partido. Pero resulta que, además, tenía una sustento legal para actuar como actuó.
Al parecer, a quienes formularon la acusación constitucional les faltó leer todas las leyes que tenían que leer antes de presentarla. "La letra chica", la resolución exenta 2.186.
A cualquiera puede pasarle.