VIOLACIÓN MASIVA DE DERECHOS HUMANOS

Por primera vez desde 1990 ha sido elegido Presidente de la República un político que votó Sí a Pinochet en 1988, José Antonio Kast.

Los seis gobernantes partidarios del No en 1988 (el último, Gabriel Boric, obró ex post, pues en ese año era un niño) han perpetrado una masiva violación de los derechos humanos de 500 exmilitares.

En efecto, un derecho humano fundamental es el que todos tenemos a un debido proceso en causas penales. 

Ese medio millar de personas han sido ilegalmente condenadas por un delito inexistente, el de "secuestro permanente". Pero nunca nadie ha podido probar que hubiera habido un solo "secuestrado permanente". 

Esta figura imaginaria fue inventada por un ministro sumariante que hace diez años confesó en cámara haber violado la ley y hecho trampa, pues había condenado sin haber probado el delito. Y confesó haberlo "fingido". "Fue una ficción jurídica", dijo textualmente. Añadió con realismo: "Si yo no digo que la realidad fuera ésa". 

El video con estas confesiones ha sido de amplia circulación desde 2015 hasta nuestros días.

En los períodos de Aylwin, Frei Ruiz-Tagle, Lagos y Bachelet I se habían interpuesto unas 300 querellas por el inexistente delito. Después, en 2010 asumió Sebastián Piñera, que en su primer gobierno presentó cerca de mil querellas adicionales contra exmilitares. 

Así traicionó la promesa que, como candidato, había formulado a los militares en retiro en su Club, en el sentido de que iba a hacer respetar la prescripción como eximente de responsabilidad penal. Obtuvo los votos de la "familia militar" y después triplicó las querellas contra sus miembros.

El delito de secuestro no pudo existir, porque está tipificado sólo respecto de "particulares", en el párrafo 3 del título III del Código Penal. Luego, los agentes del Estado no pueden incurrir en él.

Como primera medida el Presidente electo debería restablecer la legalidad e indultar a los 400 reos condenados arbitrariamente, violando su derecho humano a un debido proceso.

Hasta 2005 la Corte Suprema respetó la amnistía y la prescripción. Después se plegó a la violación masiva de derechos humanos. Tanto que la actual presidenta del tribunal logró integrarlo sólo tras garantizar a los senadores de izquierda que nunca había aplicado la amnistía ni la prescripción, delito de prevaricación castigado en el art. 223 Nº1 del Código Penal con presidio y reclusión y otras penas. Y gracias a eso fue designada. 

Ése es el desolador contexto de la masiva y sistemática violación de los derechos humanos de los exmilitares.