Mera Imbecilidad

La Ley de Seguridad Interior castiga con presidio o reclusión de 541 días a 5 años a quienes de palabra o por escrito llamen a "perturbar el orden constitucional". El rector de la Universidad Diego Portales y columnista de El Mercurio, Carlos Peña,  llamó a más que a eso en los días siguientes al 4 de septiembre de 2022, estando plenamente vigente la Constitución de 1980. Pues conminó a "lanzarla lejos" y a continuar un proceso constituyente que estaba ya fenecido, para dictar una nueva Carta. No tenía ningún sustento jurídico, pero los políticos le prestaron oídos y formaron el contubernio Piñera - Boric para llevar a cabo un ilícito segundo proceso.

Y lo hicieron sin consultar al titular de la potestad constituyente, la ciudadanía, desoyendo a la cátedra: "Las normas constitucionales actuales no facultan a los poderes colegisladores para elaborar una nueva Constitución". (Prof. J. I. Vásquez, El Mercurio, 17.01.23). 

¡Que se joda! le dijeron a la cátedra. No les importó nada, pese a ser todo tan absolutamente ilegal como las situaciones que constan de las conversaciones grabadas del abogado Luis Hermosilla con el empresario Daniel Sauer y la abogada Leonarda Villalobos, que han provocado tanta expectación y escándalo.

Ahora leo que la Universidad Andrés Bello otorgará un premio especial al rector Peña por su mérito social. En realidad, el más notorio ha sido inspirar este segundo proceso nulo de derecho público y doblemente inconstitucional que sumió al país en un torrente de gastos, incertidumbre, desembolsos para pagar asesores, consejeros, expertos y árbitros. Además ha habido utilización de edificios públicos, cuerpos especiales en los diarios, una elección nacional el 7 de mayo más un plebiscito final, con los desembolsos consiguientes. 

Foros, paneles y farándula por más de un año y una propuesta de Constitución que, pese a tener origen en la derecha, significaría un aumento del tamaño del Estado y del trabajo legislativo para dictar más de 30 leyes y fundar once nuevas entidades burocráticas que generarían gran incertidumbre. Todo ello ocuparía al gobierno y al congreso por años. 

La propuesta ha concitado el apoyo de una parte minoritaria pero adinerada de la élite, según la encuesta CEP, pero un amplio rechazo entre la mayoría de la población, según ésa y casi todas las demás encuestas. Terminará, afortunadamente, el 17 de diciembre próximo.

En descargo del galardonado rector Peña hay que decir que él se arrepintió de haber originado el proceso, aunque no ha pedido perdón. Pero en memorable columna del 20 de octubre ejercitó la circunstancia atenuante de procurar remediar el mal causado e instó a los consejeros constitucionales a echar por la borda todo lo obrado, que describió como un "trampantojo" (engaño), votando en conciencia. Parecía sugerir rechazar en la votación final del 30 de octubre. Habría bastado que lo hicieran 21, pero sólo le obedeció la izquierda, que reunió 17 votos de rechazo. Se habría requerido sólo cuatro más para librar al país del trampantojo y de la agria división entre A Favor y En Contra.

Por suerte hay casi cinco millones de chilenos apolíticos, es decir, no contaminados por la confusión general, que el 17 de diciembre pueden lanzar al basurero de la historia el torrente de disparates discurrido por las élites entreguistas.

Y entretanto casi nadie ha tomado debida cuenta de que la izquierda vive un intervalo lúcido: los diez partidos de gobierno han llamado a rechazar el trampantojo, al que acusan de crear excesiva burocracia y generar una incertidumbre que desalienta la inversión. La izquierda reivindicando ideas de derecha. ¿Qué está pasando en Chile? Mientras la derecha se va a la izquierda, la izquierda se viene a la derecha. Y la gente cuerda que no es de la una ni de la otra ya no quiere saber más del tema y va a rechazar todo.