El Sename y Punta Peuco

              El caso de Lissette en el Sename y el del general Orozco en Punta Peuco repugnan por igual a los sentimientos morales básicos, pero el primero tuvo “buena prensa” y el segundo carece de ella. Es tan inmoral la crueldad intencionada con una menor indefensa como la que se ejerce con un nonagenario que ha perdido la razón y al cual se le confina en un penal por un delito que no ha cometido.

          La querella del gobierno de Piñera, a través de su subsecretario Ubilla, para encerrar de por vida al referido general por el solo hecho de haber salido a la calle del regimiento que comandaba a enterarse de la razón de una ráfaga de disparos, convierte al primero en coautor de una prevaricación inhumana y por eso --entre una enorme cantidad de otras razones-- no votaré por él el día 17.

          Usted puede leer los detalles del caso en el libro “Prevaricato”, de Adolfo Paul Latorre, página 36, que dentro de poco tiempo puede ser removido de las librerías si se aprueba, con la previsible abstención y hasta un par de votos a favor de la “centroderecha” (por eso, entre otras razones, soy partidario de fundar un partido “de derecha”), el proyecto que castiga con 3 años y un día a 5 años de presidio a los que contradigan alguna sentencia en juicios de derechos humanos, por arbitraria e ilegal –como lo son casi todas— que la misma fuere.

          En Punta Peuco, sólo supera en edad al general Orozco el general FACH Enrique Ruiz Bunger, que hace más de dos décadas sufriera, junto al general Leigh, un atentado contra su vida del brazo armado del Partido Comunista y que lo dejara semiinválido. Los autores del atentado fueron perdonados y gozan de libertad; la víctima sufre de presidio perpetuo de hecho. Ése es el “Chile justo” que nos prometen los candidatos por los cuales no votaré; y confío que el que se pierda el 17, si le falta sólo un voto, sepa que fue el mío.

          El escándalo de Punta Peuco es incluso más grave que el del Sename, pues si bien en este ente estatal murieron 1.300 niños por desidia funcionaria, el total de querellas contra militares –la mayor parte iniciadas bajo el gobierno de Piñera— es de parecido número, pero además tienen el agravante de que han sido premeditadamente contrarias a toda ley y han dado lugar a fallos que desconocen los preceptos básicos del derecho penal, como prueba "Prevaricato".

Más aún, a los ilícitamente condenados tampoco se les respetan sus derechos carcelarios y, en particular, el beneficio de la libertad condicional aunque hayan cumplido decenas de años de presidio. La suprema ironía reside en que, siendo inocentes de los hechos por los cuales se les juzga –la mayoría de las veces ya antes juzgados, prescritos o amnistiados— se les deniega la libertad condicional por “no mostrar señales de arrepentimiento”.

           Lamento que el candidato de derecha, José Antonio Kast, por quien voté en primera vuelta, se haya apresurado a apoyar a Piñera sin condiciones, a diferencia de lo que hizo Ossandón, que se las exigió. Kast podría haber demandado, a cambio de su apoyo –que yo, en todo caso, nunca habría ofrecido bajo ningún respecto, porque ya dije en 2009 que Piñera carece de los atributos básicos para ser presidente y lo sigo sosteniendo hoy, con todavía más razones que entonces y convencido de que el fin no justifica los medios— garantías reales de término de la prisión política de los militares que combatieron y derrotaron al ejército clandestino de extrema izquierda y preservaron así los derechos humanos del resto de los chilenos amenazados por la "dictadura comunista" contra la cual nos advertían Aylwin, Frei Montalva y muchos más en 1973.