Cárcel Para los Historiadores

          Así ha descrito el columnista de “El Mercurio” y abogado Gonzalo Rojas Sánchez el proyecto de ley impulsado por diputados de izquierda que castiga con penas que van de tres años y un día a cinco años a quienes contradigan sentencias condenatorias en juicios sobre violaciones a los derechos humanos.

          La Cámara iba a pronunciarse en estos días sobre ese proyecto, pero aplazó momentáneamente la decisión. Sin embargo, es segura su aprobación posterior, porque cuenta con el respaldo de la Nueva Mayoría y con las abstenciones, e incluso votos a favor, de parlamentarios RN y UDI. Estas colectividades están alineadas, en materia de derechos humanos, con su candidato presidencial, cuya versión sobre la materia es la misma de la izquierda.

          En estos días se ha puesto de manifiesto lo que significará la aprobación de esa norma como ley. En efecto, una ministra sumariante, Patricia González, ha condenado a 18 años de presidio al brigadier (r) Pedro Espinoza y a penas de 12 a 14 años a otros oficiales (Carlos López, Humberto Guerra y Juan Cheminelli) por el fusilamiento en octubre de 1973 y tras un Consejo de Guerra, del subversivo conocido como “Comandante Pepe”, José Gregorio Liendo, y otros doce atacantes del cuartel de Carabineros de Neltume, el 11 de septiembre de 1973.

          Pero los condenados no tuvieron nada que ver con ese Consejo de Guerra y las subsecuentes ejecuciones. Eso está históricamente comprobado. Sin embargo, será delito siquiera decirlo. Nadie podrá criticar el invento de la jueza.

          Pues los oficiales condenados formaban parte de la comitiva del general Arellano, que llegó a Valdivia el 2 de octubre, cuando ya se había dictado sentencia condenatoria en el Consejo de Guerra. Éste cumplió con todos los requerimientos legales, con abogados defensores de los acusados y auxilio religioso a los condenados a muerte, que eran los atacantes del cuartel de Neltume.

          El Comandante en Jefe de la IV División de Ejército, general Héctor Bravo Muñoz, había advertido días antes al general Arellano que, sin perjuicio de su designación como Oficial Delegado, no podía interferir en las causas en proceso y, de hecho, no intervino. Pero tras volver a Valdivia el 2 de octubre estampó su firma en la sentencia y presenció la ejecución de la pena, precisamente queriendo avalar la legalidad de los procedimientos observados.

          Dos libros no desmentidos hasta hoy han acreditado lo anterior: “De Conspiraciones y Justicia”, del abogado Sergio Arellano Iturriaga, y “La Verdad del Juicio a Pinochet”, del que soy autor, fundados en piezas del proceso conocido como “Caso Caravana”.

          Luego, está acreditado desde hace muchos años que los ahora condenados por la ministra sumariante no tuvieron participación alguna en la ejecución del Comandante Pepe y otros doce guerrilleros, pero ella igualmente los ha sentenciado.

          Como el relato verídico de los hechos contradice la sentencia de la ministra sumariante, según el proyecto en trámite sería constitutivo de delito exponerlo verbalmente o por escrito y quien lo hiciere debería ser condenado a un mínimo de tres años y un día y hasta cinco años de presidio.

          Los historiadores que investiguen la verdad histórica tras juicios como el comentado y la expongan públicamente irán a la cárcel. Por eso se ha ganado el nombre de “proyecto de cárcel para los historiadores”.

          El reciente libro “Prevaricato”, del abogado Adolfo Paul Latorre, que demuestra y prueba numerosas falsedades e ilegalidades incurridas en los juicios sobre violaciones a los derechos humanos, y que hoy día cualquier chileno puede adquirir en la Feria Chilena del Libro, no va a poder seguirse vendiendo cuando se apruebe la nueva ley, porque van a procesar al autor y al librero, así es que apúrese en ir a comprarlo.

          Por supuesto que a ninguno de los dos candidatos del “No” que disputarán la segunda vuelta presidencial este tema les suscita la menor preocupación. Al menos debería inquietar al que es periodista y, se supone, en algo valoriza la libertad de expresión; al otro no, porque su gobierno se distinguió precisamente por multiplicar los juicios ilegales contra uniformados, como el sustanciado por la ministra sumariante y los criticados en “Prevaricato”.

          Si usted cree que nada de esto le afecta, porque no es ni militar ni defensor de militares, está equivocado, porque si bien hoy las campanas están doblando sólo por los historiadores, cuando esto se concrete también estarán doblando por la verdad y eso le afectará a usted no sabe cuánto.