Era Sólo un Militar (r)

          Antes del 11 de septiembre, en 1973, los civiles no-marxistas estaban furiosos con los militares porque no hacían nada, mientras Allende preparaba a su ejército paralelo para instalar acá otra Cuba. Los demócratas iban a lanzarles a los militares plumas de gallina a sus domicilios y a sus cuarteles. Frei Montalva los imprecaba: “¡Ustedes tienen las bayonetas y no las usan!”, como le confesó a la directiva de la SFF haberle espetado a un general (Acta Rivera).

En octubre de 1973, cuando todavía el miedo era cosa viva, Aylwin I se negaba a criticar a los militares “desde detrás de un escritorio” porque, decía, “ellos están recibiendo el fuego”. En ese fin de año 1973 hubo 1.800 muertos, el 56 % de los 3.197 registrados entre 1973 y 1990. El mismo 11 cayeron 30 uniformados bajo las balas extremistas (Informe del Ejército a la Comisión Rettig, que ésta ni siquiera leyó, pues había sido formada por Aylwin II en 1990 para complacer a los comunistas y condenar a los militares, no al ejército paralelo de la izquierda). 

A éste y sus descendientes hoy el erario les pasa unos 400 millones de dólares anuales para indemnizarlos por habérseles impedido liquidar a los altos mandos e instalar un régimen totalitario, mientras los uniformados que le hicieron caso al mismo Aylwin I en 1973 se pudren en la cárcel cada vez en mayor número. El principal cómplice activo de la prevaricación general en su contra, Sebastián Piñera, encabeza las encuestas de popularidad, porque la mayoría, con el cerebro convenientemente lavado por años de propaganda falsa, no sabe la verdad ni entiende nada.

          En un acto de prevaricato más, la ministra Marianela Santibáñez mandó detener al comandante (r) de la Fuerza Aérea Carlos Alberto Rey Cortés, de 71 años, por haber comandado una patrulla que en 1974 disparó contra un individuo que no respetó el toque de queda, dándole muerte. Esa muerte, por supuesto, estaba amnistiada desde 1978, prescrita desde 1979 y amparada por la cosa juzgada desde que un tribunal militar sobreseyó los hechos después de ocurridos.

         Pero el comandante (r) Rey Cortés sabía que en Chile, para él y sus camaradas, no existe el estado de derecho ni rigen las leyes, puesto que en el auto de procesamiento en su contra la ministra Marianela Cifuentes afirmaba que “existen presunciones fundadas en cuanto a la participación de Carlos Alberto Rey Cortés como autor del referido delito de homicidio”. No es verdad, como ella declaró a “El Mercurio”, que su auto de procesamiento “no implica necesariamente una condena”. Sí la implica, hoy en Chile. Por consiguiente, Rey Cortés sabía que, una vez preso, iba a continuar en esa calidad por constituir “un peligro para la seguridad de la sociedad” durante los años que durara el proceso y que, finalmente, iba a ser ilegalmente condenado a cinco años y un día y posiblemente diez años y un día si finalmente el proceso llegaba a la sala penal de la Corte Suprema donde los ministros Juica, Kunsemüller y Brito forman una sólida mayoría de izquierda y un previsible abogado integrante DC, redactor del fallo, lo iba a tratar en él de “delincuente” en sus considerandos. 

          Y todo eso después de haber consumido gran parte de sus ahorros pagando abogados defensores caros e inútiles, porque ninguno de los jueces rojos antes nombrados ni sus inferiores, como la ministra Cifuentes, hacen el menor caso de lo que dicen as leyes vigentes. 

         Entonces el comandante (r) Rey Cortés se pegó un balazo en la sien cuando iba a ser detenido por “la brigada de DD. HH. de la PDI”. Quiso evitarse y evitarle a su cónyuge y familia una década o más de ordalía judicial, de publicaciones injuriosas en los diarios, de que la ahíta Lorena Pizarro y sus funadores rojos lo fueran a insultar cada vez que acudiera engrillado a prestar declaración y de que, octogenario y enfermo, tuvieran que llevarlo también engrillado y con una casaquilla amarilla de reo a ser atendido al Hospital de la FACH en medio de la indiferencia de sus camaradas activos.

          Claro, el comandante (r) Rey Cortés sabía que a él le venía lo que ha sucedido en todos los casos que terminan donde Juica, Brito, Kunsemüller et al, como el de los cinco oficiales (r) del Cuartel Ancla II de Talcahuano, donde murió en 1973 el mirista entrenado en Cuba Rudy Cárcamo. Tres ex oficiales de la Armada, uno de Carabineros y otro de la PDI venían condenados a 541 días de presidio remitido desde primera instancia y la Corte de Apelaciones, pero en la Suprema se les subió a cinco años y un día efectivos (con voto de minoría de Juica por diez años y un día), fallo redactado por el abogado integrante DC Luis Bates y criticado en un artículo mío para la revista del Colegio de Abogados, cuya mayoría de “centroderecha” decidió  censurarlo y no publicarlo, y que yo entonces sí publiqué en este blog el 27 de marzo de 2015. ¿Y por qué llegó ese caso a la Sala Penal de izquierda de la Suprema? Porque la Oficina de Derechos Humanos del ministerio del Interior de Sebastián Piñera interpuso un recurso de casación contra la sentencia de 541 días remitidos, pidiendo elevarla a cinco años y un día efectivos, para que los ex oficiales no tuvieran posibilidad de cumplir su pena en libertad.

          Carlos Alberto Rey Cortés quiso evitarse y evitarles a su cónyuge y su familia todo eso, años de injusticias, ilegalidades, funas comunistas y versiones desdorosas en su contra en la prensa; referencias de Piñera a él como “violador de derechos humanos”, enormes gastos en defensa judicial y, sabiéndose carente de tales derechos, partiendo por el más básico de que a su respecto se aplicaran las leyes vigentes, puso fin a sus días.

          Era sólo un militar (r), así es que, al final, “nadie dijo nada, nadie dijo nada”.