Aniversario de la Revolución

          Me convidaron de una ciudad del sur a estar presente en la conmemoración del 11 de septiembre. Toda gente de derecha, que fue partidaria del “Sí”, con algunas interesantes presencias de jóvenes cuyos cerebros no han sido lavados y de candidatos a diputados que están con José Antonio Kast, pero que me pidieron expresivamente “mantener cerrada la boca” porque sus partidos apoyan a Piñera.

          Cuando hice uso de la palabra estuve a punto de introducir una tesis: la de que el 11 de septiembre de 1973 no tuvo lugar un “golpe de Estado” ni un “pronunciamiento militar”, sino una genuina, importante y decisiva Revolución. Tan importante para la Humanidad --y puedo probarlo-- como la Revolución Francesa o la Revolución Rusa, pero para bien del planeta. Pues ella no sólo cambió un gobierno, sino las estructuras política, económica y social del país e influyó, con su éxito, en que cambiaran otras del mundo entero, hasta culminar en la caída del Muro de Berlín. Tesis que estoy dispuesto a fundamentar en cualquier ocasión en que se me proporcione el tiempo o el espacio suficientes.

         En el viaje de ida y en el de vuelta leí la mitad del nuevo libro de Adolfo Paúl Latorre, “Prevaricato”, sobre las sentencias de los jueces de izquierda dictadas contra militares transgrediendo numerosas leyes expresas.

Ellas y el caso del general Orozco, nonagenario y con demencia senil, detenido en pijama una madrugada por detectives de la Brigada de DD. HH., motivaron un artículo en “El Mercurio”, firmado por dieciséis ex Comandantes en Jefe y ex Generales Directores. El artículo dio lugar a una furiosa réplica del Ministro de Defensa, José Antonio Gómez. Es que el caso del general (r) Orozco ya fue demasiado. Tanto que hasta originó una crítica de Sebastián Piñera a la penosa situación ¡que había originado él mismo, a través de una querella de su subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla! Pues ni el gobierno de Bachelet ni sus partidos tuvieron parte en ese asunto: fue una prevaricación promovida exclusivamente por el gobierno de Piñera.

          Los hechos tuvieron lugar en diciembre de 1973, a la salida del Regimiento “Yungay” de San Felipe, cuando dos presos sometidos a un Tribunal en Tiempo de Guerra, Rigoberto Achú y Salomón Wegner, eran devueltos a la cárcel, tras prestar declaración ante la Fiscalía Militar.

Una camioneta del Ejército los trasladaba, vigilados por un conscripto de apellido Bañados, armado con un fusil automático SIG. Conducía la camioneta el teniente Sergio Jara, que debió detenerse a poner bencina al salir del regimiento. Cuando lo hacía, oyó una ráfaga del fusil SIG del conscripto, se bajó a mirar, y vio los cuerpos de Achú y Wegner tendidos en la calle, mientras Bañados, que les había disparado, temblaba entero y sólo atinaba a decir “¡se arrancaron, se arrancaron!”

          El entonces coronel Orozco, comandante del Regimiento, se limitó a salir a ver lo que había sucedido, tras escuchar la ráfaga del SIG.

          Hoy, más de cuarenta años después, Bañados está fallecido, de modo que no puede ser condenado, pero Orozco y Jara han sido sentenciados a 18 años de presidio porque los jueces de izquierda de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y de la mayoría de la sala penal de la Corte Suprema sostienen, sin evidencia alguna, la absurda tesis de que ambos también dispararon contra los detenidos y fueron coautores de un “delito de lesa humanidad”.

          Un gobierno respetuoso de la legalidad no habría interpuesto esa querella, pues los hechos estaban sobreseídos, prescritos y amnistiados, pero el de Sebastián Piñera fue, una vez más, cómplice activo de la prevaricación de los jueces de izquierda e inició cerca de mil de las casi mil trescientas querellas contra militares, presentadas bajo gobiernos de la Concertación, de los cuales el suyo fue sólo uno más.

El costo político de la absurda condena al general anciano y enfermo lo paga, sin embargo, el gobierno de Bachelet, que no tuvo nada que ver en la iniciación del proceso, y el dividendo lo cosecha Piñera, pese a haber sido su régimen el que inició el indebido proceso.

          Es que así es la política. Y porque hay que cambiarla votaré por José Antonio Kast.