No Digan que No les Advertí

          Hace poco la justicia condenó a Giorgio Martelli a cuatro años de presidio remitido por el uso de boletas y facturas falsas por 363 millones de pesos para obtener de SQM el financiamiento de la pre-campaña de Michelle Bachelet.

          En estos días la fiscalía ha pedido audiencia al 8° Juzgado del Crimen para la formalización de los parlamentarios Fulvio Rossi (PS) y Jorge Pizarro (DC) por el mismo delito, por montos de $45 millones cada uno obtenidos a través de boletas y facturas falsas principalmente de SQM. La DC ha resuelto aceptar la suspensión de su militancia del senador Jorge Pizarro a raíz de esta acusación. En el caso de éste sus hijos obtuvieron el financiamiento ilegal a través de su empresa Ventus Consulting, la cual habría prestado “asesorías verbales” a SQM, justificación que la fiscalía desechó, estimando que lisa y llanamente el senador obtuvo recursos para su campaña por medios ilegales.

          El caso de este último es idéntico al que enfrenta el pre-candidato presidencial de ChileVamos, Sebastián Piñera, pero el financiamiento que obtuvo éste fue mucho mayor, 366 millones de pesos (similar al del condenado Martelli) de SQM, Aguas Andinas y otras empresas, mediante facturas falsas. Delitos por los cuales está formalizado el ex gerente de las sociedades de Piñera, Santiago Valdés, quien fue, además, administrador electoral de su señalada campaña presidencial.

“El Mercurio” de 06.06.17 informó que Valdés será formalizado también por otros casos de financiamiento para Piñera.

          El de éste resulta agravado porque desvió parte de los recursos obtenidos para fines electorales a financiar pagos a sus ejecutivos Mario Conca y Jaime de Aguirre, del canal Chilevisión, del cual era dueño a la sazón. Pero, aparte de eso, es idéntico al del senador Pizarro.

Pero Piñera permanece inmune a toda formalización y, cuando se le hace presente la situación, alega “no haber sabido nada” del financiamiento de su campaña, pues él estaba entregado, según sus palabras, “en cuerpo y alma” a ésta. Pobre excusa, pues, primero, si estaba dedicado completamente a ella, tiene que haber sabido de un aspecto esencial de toda campaña, cual es el del financiamiento; segundo, difícilmente alguna persona que consigue un enriquecimiento de $366 millones de pesos en su patrimonio no se entera de él, sobre todo si es un hombre de negocios conocido por llevar todas sus cuentas en la punta de los dedos; y, tercero, porque parece afín a las habilidades mercantiles y métodos de Piñera el haber discurrido utilizar parte de esta veta de recaudación para mejorar el balance de Chilevisión en tiempos en que iba a verse precisado a venderla, pues se había comprometido a hacerlo antes de asumir la Presidencia.

          Es evidente que si hay un mínimo de justicia igualitaria en el nuevo sistema procesal penal chileno, es decir, si “donde hay la misma razón debe aplicarse la misma disposición” –según el aforismo jurídico ancestral--  la formalización del diputado Rossi y del senador Pizarro anuncia ineludiblemente la de Sebastián Piñera.

          Esto traerá consecuencias políticas, porque para ser Presidente de la República y, por tanto, ser inscrito como candidato al cargo, se requiere cumplir con los requisitos de un ciudadano con derecho a sufragio. La Constitución dice que el derecho a sufragio se suspende cuando un ciudadano es acusado de un delito que merezca plena aflictiva, es decir, superior a tres años y un día de presidio o reclusión menores en su grado máximo. Como, de hecho y por delitos de montos similares, Giorgio Martelli ya fue condenado a cuatro años, misma penalidad a que se verán expuestos Rossi y Pizarro, si tiene lugar la formalización de Piñera éste dejará de estar habilitado para inscribirse como candidato al cargo de Presidente de la República, por carecer de derecho a sufragio, puesto que “de jure” le habrá quedado suspendido.

Por consiguiente, Chile Vamos se enfrentará a la incómoda condición de que el candidato elegido tras sus primarias no podrá ser inscrito el 21 de agosto por carecer de un requisito para asumir el cargo.

          Todo lo anterior parte de la base de que la justicia en Chile sea igual para todos, lo cual sabemos que frecuentemente no es así y, en particular, el mismo Piñera sabe que no fue así en el pasado, cuando un conveniente “alegato nocturno” de personas que tenían “santos en la Corte” lo libró de la pérdida de libertad que otros en su misma situación debieron sufrir, en los años ’80 y en el caso del Banco de Talca.

          Pero si sucede lo que en justicia y en derecho debería suceder y por un acaso la justicia chilena, aunque sea transitoriamente, se vuelve igual para todos, dicho aspirante debería quedar pronto inhabilitado para ser candidato presidencial.

Si ello llegara a acontecer, no digan que no les advertí.