"¡Por Algún Lado Están Sacando el Lucro!"

          Los norteamericanos de Laureate, firma que tiene universidades en una treintena de países, creyeron hace quince años que Chile era otra sociedad libre y civilizada, donde se respetaba la autodeterminación individual, y adquirieron en centenares de millones de dólares el control de seis instituciones de enseñanza superior y técnica en que estudian 177 mil alumnos.

          Como acá se había revelado una gran demanda por esos niveles de enseñanza, ello atraía a empresarios e inversionistas que tuvieran ventajas comparativas en la función de enseñar y ofrecer a las familias ese bien de capital (sirve para producir otros bienes) llamado “educación universitaria”. Quisieron competir acá, procurar conquistar una parte del respectivo mercado y, naturalmente, obtener un beneficio que justificara el esfuerzo y la inversión. Pues así funcionan las economías de los países libres y democráticos.

          Pero no sabían que Chile tiene un alma intrínsecamente colectivista. Cada chileno –como cada soldado de Napoleón, que llevaba en su mochila un bastón de mariscal-- lleva en la suya una enseña con la hoz y el martillo para, cuando se dé la oportunidad, colectivizar la actividad que sea y privar a otros de su patrimonio personal, con el fin de apropiarse de su riqueza en nombre “del interés popular”, que no es realmente “popular”, sino exclusivo de los que “manejan el cuento”: la burocracia socialista-comunista que, cuando llega la hora del reparto, se queda para sí con “la parte del león”. Ejemplo más reciente: Myriam Olate de Andrade.

Por eso mismo de “la hoz y el martillo en la mochila” fue que, incluso en pleno Gobierno Militar, cuando se propuso, por los partidarios de la sociedad libre, abrir a la iniciativa individual la creación de universidades, los estatistas (que también, inevitablemente, los había entre los uniformados) introdujeron su “caveat”: “pero las universidades no podrán tener fines de lucro”.

Esos mismos estatistas lo hicieron igual cuando, en la Constitución de 1980, lograron reservar al Estado la propiedad de todas las minas, lo cual paralizó la inversión minera privada. Pero en este último caso hubo un José Piñera que veló por los fueros de la sociedad libre y promovió y consagró “el derecho real de concesión minera”, tan sólido como la propiedad particular propiamente tal y que fue el antecedente necesario para que fluyeran las inversiones a la minería.

          En la educación no hubo similar reforma superadora del estatismo, pero se confió en que, por mero sentido común, nadie haría cuestión de que los privados que invirtieran en la enseñanza superior obtuvieran ganancias, es decir, lucraran. Si no, nadie habría invertido en eso. Entonces, una especie de acuerdo general y tácito permitió que se crearan sociedades vinculadas a las universidades, a través de las cuales los inversionistas obtenían las rentabilidades que justificaban sus inversiones. Y, por tanto, éstas fluyeron cuantiosamente, se creó decenas de nuevas universidades y ello permitió a más de un millón de jóvenes chilenos acceder a la enseñanza superior. Fue parte de la “revolución silenciosa” y libertadora que “cambió de pelo” al país antes de 1990.

          Y, así, Laureate, que opera exitosamente en tantas naciones, porque conoce bien el negocio, se sintió atraída e invirtió centenares de millones de dólares en Chile, sin saber de la hoz y el martillo en la mochila de cada chileno ni imaginar que, por tanto, partiendo en el gobierno del populista Piñera, se criminalizaría las ganancias y se desataría después, bajo Michelle 2.0, una persecución que terminaría por destruir la naciente industria privada de la educación superior, hoy en estado terminal.

Esa revolución socialista está desatada y, como Laureate está tratando de “salvar los muebles” tras su malhadada incursión en Chile, el estado policial marxista va a hacer lo posible por quedárselos y hacer que los inversionistas norteamericanos se vayan de vuelta al extranjero “con lo puesto”. Pues eso y no otra cosa significa la amenazadora advertencia de la comisaria del soviet educacional chileno, Adriana Delpiano, al vociferar que “por alguna parte están sacando el lucro” y buscar cómo impedírserlo.

          La oportunidad se ha dado porque Laureate se ha abierto a bolsa en los EE. UU. y ha revelado sus ganancias en diferentes países, confesándolas también en Chile. Y el Estado policial de acá, entonces, quiere criminalizarla. Los gringos no supieron a tiempo dónde se estaban metiendo ni “la chichita con que se estaban curando”. “You should have known better, Laureate”.

          Otro zarpazo socialista similar se prepara en estos mismos días en la previsión, donde se propone aumentar en 50%, con cargo a las empresas, la cotización para jubilar. Es un nuevo impuesto, que sustraerá de los particulares 2.600 millones de dólares, un 30% más que la nefasta reforma tributaria de 2014, que ya dejó tambaleante a nuestra economía. Y los revolucionarios pretenden, por supuesto, que la recaudación de este “impuestazo” vaya a manos suyas, es decir, de los funcionarios, y no a las cuentas individuales. Así, dice el columnista de izquierda de “El Mercurio”, Carlos Peña, debe ser el Estado el que se encargue de redistribuir “los costos de las circunstancias inmerecidas, como el origen de clase, el género, las desigualdades educativas (que) inciden en una baja renta y en una pobre vejez”. Estos costos, añade, deben “difuminarse” y “distribuirse” entre todos. ¿Cómo? Mediante la acción de funcionarios socialistas, por supuesto. Pero éstos se comportan como todos los humanos maximizadores, igual que Myriam Olate, y que se arreglan para tener jubilaciones de más de cinco millones ganando sueldos de un millón y medio. Por eso los sistemas “de reparto” (donde el rector Peña quiere que vaya el 50% de aumento de la cotización) junto con terminar quebrados, dan peores pensiones a los pobres y privilegios irritantes a los funcionarios que “tienen la manija”.

          Es una doble paradoja que sólo puede darse en Chile la de que quienes han contribuido decisivamente a ampliar las posibilidades de acceder a la universidad a los jóvenes chilenos estén ahora al borde de la persecución criminal y que justamente el descubrimiento y la denuncia pública del abuso a que se presta el sistema de reparto lleve a que se aumente en 50% la cotización para canalizar un enorme caudal de recursos, que aumentará costos y precios, a fortalecer, precisamente, la burocracia, el socialismo y el carísimo, abusado y abusivo sistema previsional de reparto.