Atropello Sistemático de los Derechos Humanos

El mayor (r) Carlos Minoletti y su señora se nacionalizaron en los EE. UU. tras haberse ido a vivir allá en 1979, cuando él se retiró de las filas del Ejército de Chile. Sí, el mismo Ejército que era “siempre vencedor y jamás vencido”, hasta que el marxismo local lo derrotó después de 1990, le exigió la rendición incondicional y lo hizo humillarse, pedir perdón y decir “nunca más” por cosas que había hecho y también por otras que no había hecho y hasta por las cometidas por sus enemigos (perdón “por todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado”, como pidió el general Cheyre).

Tras esa retirada en derrota abandonó a centenares o miles de hombres “caídos tras las líneas enemigas”, que quedaron entregados a los abusos de la justicia de izquierda. Ésta, en nombre de “los derechos humanos”, los hacía y hace desfilar por los tribunales y les desconocía y desconoce prerrogativas  fundamentales establecidas en las leyes y tratados internacionales que rigen para cualquier chileno que no sea militar. Y ha sido así como los derechos humanos del mayor (r) Minoletti han  resultado desconocidos, violados y escarnecidos durante siete años. Como su situación se reproduce en centenares o miles de casos, podemos hablar de que en Chile impera una “violación sistemática de derechos humanos”.

En efecto, en 2005 Minoletti tuvo la mala idea de venir a Chile para comparecer de manera voluntaria ante el juez Juan Guzmán por hechos acontecidos en Calama en 1973 ya prescritos, amnistiados y juzgados anteriormente, de los cuales era, además, inocente. Estuvo preso un tiempo pero fue sobreseído incondicionalmente por dicho juez, debido a que no tenía culpa alguna.

Cuando en 2007 supo que se le mencionaba en otro proceso por hechos a los cuales también era ajeno y por tanto también era inocente, de nuevo tuvo la misma mala idea de venir a aclarar su situación. Y la judicatura de izquierda entonces,  separándolo de su mujer e hijos, lo dejó para siempre arraigado acá. A todo esto, desde 1992 él sufre una afección cardíaca que le ha significado seis by-passes coronarios, angioplastias y otras operaciones, cubiertas por un seguro norteamericano que sólo puede hacerse efectivo en los Estados Unidos. Pero sucesivos jueces chilenos durante siete años le han negado autorización para viajar a operarse allá, lo han procesado, metido preso y dado libertad condicional. Lo mantienen arraigado, pero sin llamarlo a declarar durante años, esto último perfectamente natural tratándose de hechos en los que no tuvo nada que ver. Todo ello lo ha llevado a perder su trabajo y a ser separado de su mujer y sus hijos.

Como potencial víctima de muerte súbita necesitaba un desfibrilador que, gracias al seguro norteamericano, allá habría obtenido por 800 dólares pero que acá le ha costado diez mil. Su única perspectiva ahora es un trasplante de corazón, imposible para él acá y factible allá. Pero los jueces de izquierda no le alzan el arraigo y no puede viajar. Sus derechos humanos al trabajo, a la vida familiar, a que se le respete la presunción de inocencia y los derechos emanados de todas las leyes que los jueces de izquierda han necesitado violar para mantenerlo acá son diaria y sistemáticamente atropellados. ¿Por qué? Porque es militar, porque la izquierda odia a los militares y “el odio es más fuerte”.

El mayor Minoletti le ha escrito cartas a todo el mundo: a parlamentarios de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, al ex Presidente Piñera que prometió como candidato preocuparse del debido proceso a los uniformados, pero éste le contestó que su caso era del resorte judicial; a la Primera Dama Cecilia Morel, que le contestó también que el suyo era un tema de los jueces; al Presidente de la Corte Suprema, a variados parlamentarios y a todos los ministros sumariantes que lo persiguen. Nulo resultado. Sigue arraigado.

Su caso, relatado en detalle, y varias de sus presentaciones a las más variadas instancias aparecen en el apéndice final del libro “Procesos por Violaciones de Derechos Humanos: Inconstitucionalidades, Ilegalidades y Arbitrariedades”, de Adolfo Paúl Latorre, cuya lectura nocturna (tiene más de 700 páginas) consiguió que en muchas noches no me pudiera dormir por la angustia y frustración que me producía la comprobación de tanto oprobio e injusticia que los politizados tribunales cometen impunemente.

Por contraste, hoy me entero de que uno de los responsables del asesinato de Jaime Guzmán, el Frentista Enrique Villanueva Molina, recientemente apresado en la causa por dicho crimen terrorista, puede tener la seguridad de que cuando se dicte sentencia saldrá libre, porque se le reconocen diversas atenuantes, entre ellas la media prescripción. Según la doctrina Teillier, los asesinatos cometidos por los terroristas no son delitos de lesa humanidad, como sí lo son las muertes de los terroristas a manos de los agentes de seguridad. Por eso en Chile están todos los primeros libres y cada vez más de los segundos presos. No sólo eso: el Consejo de Defensa del Estado se ha allanado a que a los procesados por el “caso bombas” el fisco les pague un millón de dólares por las costas en que incurrieron para defenderse en el proceso, en que los jueces de izquierda los declararon inocentes. Millón de dólares que, se calcula, terminará en un 70% en manos de los abogados comunistas, según ha informado anoche “Teletrece”. Si no hubiera sido porque a uno de los procesados (Pitronello) le estalló una bomba entre las manos y a otros dos (Solar y su conviviente) los sorprendieron en España poniendo otros explosivos en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, y están presos, todos los autores del centenar de atentados en Chile habría quedado libres, indemnes y con plata para el bolsillo.

¡Qué diferencia con la situación del mayor (r) Minoletti, condenado a estar privado de su trabajo, de su seguro de salud y separado de su mujer y sus hijos ya por siete años, sin haber cometido delito y por sólo “haber estado ahí” hace cuarenta años, en el curso de la lucha en que Chile se libró de un régimen marxista totalitario que había amparado el armamentismo clandestino para tomarse el poder!

Nueva forma del “pago de Chile”: un millón de dólares de compensación para los izquierdistas declarados “inocentes” por la justicia de izquierda y sus abogados, persecución  implacable de militares y atropello de todos sus derechos humanos. Y, suprema ironía, todo en nombre de la “defensa de los derechos humanos”.