Un Poder Que No Responde Ante Nadie

          En Chile la izquierda se ha hecho de todos los poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial)  y, como no debe responderle a nadie, los ejerce sin cortapisas.

          Un juez de izquierda, cuyo nombre no capté (pues la noticia sólo la dio la TV y no la recogieron los diarios) ha condenado a 15 años y un día a un militar fallecido, por mantener secuestrada a una persona de extrema izquierda desde hace decenas de años. Es decir, nuestra “justicia” (“risas en la sala”) ordena que un cadáver sea llevado a presidio hasta 2029 porque ha incurrido en el delito de mantener hasta ahora privado de libertad a un sujeto al cual, implica el fallo, ha mantenido en esa condición por decenas de años. La sentencia, ya ejecutoriada, no explica cómo el muerto se llevó a su prisionero a la tumba y lo mantiene ahí.

          Estas cosas pueden hacerlas los jueces porque para ellos no hay “accountability”, es decir, no le responden a nadie. Posiblemente después sostengan que el cadáver actuaba como “agente del Estado” al mantener secuestrado por tantos años al extremista de izquierda, y, por tanto, que el Estado debe pagar una indemnización de muchos millones de pesos a los familiares del secuestrado. Y el Estado va a pagar, porque esto es, en definitiva, un negocio, y sospecho que los más beneficiados por él son los abogados de izquierda, que saben que, para emplear un término futbolístico en las proximidades del Mundial, es cuestión de “chutear y abrazarse”. Presentan cualquier querella, su correligionario el juez condena al militar mencionado en ella, esté vivo o muerto, y después es cuestión de “pasar por la caja”.

          Nuestros jueces de izquierda están cada vez más parecidos a sus similares del régimen nazi en Alemania, de quienes han quedado filmaciones donde, tras condenar a los procesados por disentir del régimen, los cubrían de insultos. En el Apéndice del libro más importante de 2013, “Procesos Sobre Derechos Humanos: Ilegalidades, Arbitrariedades, Inconstitucionalidades”, de Adolfo Paúl Latorre, pueden leerse sentencias insólitas, entre ellas una de la sala penal de la Corte Suprema que habla del Gobierno Militar como de un conjunto de uniformados “sublevados”, haciendo recordar los insultos de los magistrados nazis; y que no tiene inconvenientes en condenar a cinco años y un día a cinco uniformados por un secuestro tan inexistente como el que hasta hoy estaría perpetrando el cadáver que cumplirá quince años y un día. Justamente el origen del libro de Paul Latorre, un abogado que es marino en retiro, está en ese juicio, pues uno de los condenados era camarada suyo en la Armada y comprobadamente estaba en Viña del Mar en la fecha en que la sentencia de los supremos lo sitúa como autor de un secuestro en Talcahuano, sobre la base de presunciones que no cumplieron ninguno de los requisitos que el código les impone para poder servir de base para una prueba. Todo ello lo indujo a investigar el tema y el fruto de ello es el excepcional libro de 700 páginas y ya con dos ediciones.

          Lo notable del caso que conmovió a Paul es que antes de llegar a la sala penal de izquierda de la Corte Suprema, el sustanciador de primera instancia y la Corte de Apelaciones habían condenado a sólo 541 días, y de pena remitida, es decir, que se cumpliría en libertad, a los uniformados que en Talcahuano habrían apresado a quien se sindica como víctima del secuestro. Era obvio para esos jueces que un hecho acaecido hace décadas, amnistiado y prescrito, y atribuido a sus supuestos autores sólo por presunciones febles, no podía dar lugar a una condena de presidio efectivo. Sólo el odio, el revanchismo y la sed de venganza, amparadas en la certeza de una completa impunidad, podía llevar a la sala penal de izquierda a imponer cinco años y un día de presidio efectivo a los procesados.

Y conste que el entonces presidente de la Corte Suprema, integrante de la sala penal, Milton Juica, fue del parecer de elevar la condena a diez años y un día. Eso lo dice todo.

 

          ¿Quién controla a los jueces? La Corte Suprema, más de izquierda y menos constreñida a respetar las leyes que sus subalternos. ¿Ante quién responden los jueces? Ante ella; es decir, sólo pueden temer si observan la legalidad. Es que la dictadura judicial, bajo la cual estamos viviendo en Chile, “es la única que no tiene remedio”, como escribió Alexis de Tocqueville. Y por eso es posible que un muerto sea condenado a presidio, que la sentencia respectiva implique que él todavía, en la ultratumba, mantiene privado de libertad a un secuestrado, y que no suceda absolutamente nada y la monstruosidad ni siquiera merezca ser publicada en los diarios.