El Acabóse Judicial

He estado desconectado de la actualidad, no he leído diarios ni visto televisión y ni siquiera estoy seguro de lo que oí fugazmente, al pasar, en una radio ajena (así de aislado estoy): que el ministro sumariante Carroza sometió a proceso a dos generales de la FACH por haberle ocasionado torturas al general Bachelet.

Es un hecho incontestable, avalado por el testimonio de personas de sus mismas ideas políticas y que compartían prisión con él, que el general Bachelet murió tras jugar un partido de básquetbol en la cárcel, desaconsejado para su condición cardiaca. El episodio de la muerte por un exceso deportivo lo relató el senador socialista Eric Schnake, que estaba con él, y se publicó en "Qué Pasa". Si la causa de la muerte fue un partido de básquetbol, desde luego no puede atribuirse a "torturas".

Pero, además ¿cómo se puede determinar torturas en restos humanos que han estado inhumados 38 años?. Porque hoy todo se puede; porque hay un mirista a cargo del Instituto Médico Legal y él, que goza de la confianza del V Gobierno de la Concertación, el de Sebastián Piñera, se las ha arreglado para que tanatólogos de su dependencia hayan dictaminado, 38 años después del fallecimiento, que los restos arrojan el resultado "científico" de que murió por torturas. Pero el juez, parece, no se atrevió a tanto y procesó sólo por torturas, no por homicidio.

Científicamente el sentido común dice que no es posible, pero políticamente sí lo es: un director de extrema izquierda consigue un dictamen médico que dice lo que él quiere oír. Y un clima de prensa como el que vive el país ha creado la imagen de que el general murió por torturas, porque "una mentira repetida mil veces pasa a ser verdad". Y porque hay un gobierno que cohonesta todo eso, porque considera cautivo al electorado de derecha y no le importa malquistarse con él, pero sí le importa malquistarse con la izquierda, que es el único sector capaz de causarle problemas.

El juez Carroza, por su parte, no puede dejar de ser "políticamente correcto" y se atiene a afirmar lo que quienes mandan en el país (la extrema izquierda) quieren oír, y lo saca del sombrero: hay fundadas sospechas de que dos generales de la fuerza aérea torturaron a Bachelet. Siempre ha sido difícil, y generalmente imposible, acreditar torturas cuando han transcurrido pocos días, pero para la "justicia" chilena se pueden probar después de 38 años.

Por supuesto, lo anterior es completamente ilegal, porque hay disposiciones legales que obligan al juez a sobreseer el poceso, como son las causales de extinción de la responsabilidad penal, léase amnistía (que el entonces Presidente Aylwin, en su carta de 1991 a la Corte Suprema, declaró como "plenamente vigente" --la carta sólo pedía que esa ley no se aplicara sino en la sentencia de término--. Si Aylwin la declaró "plenamente vigente" ¿cómo puede ahora no estarlo? Respuesta, porque este es otro país distinto al de 1991, un país manejado por la extrema izquierda, a su amaño y que, por tanto, ha abandonado el Estado de Derecho en todo lo relacionado con el Gobierno Militar.

Alguna voz podrá surgir, diciendo "es que fue un delito de lesa humanidad". En Chile los delitos de lesa humanidad fueron tipificados por primera vez en una ley de 2009, de manera que no existían en nuestro ordenamiento en 1974, cuando se habrían cometido las torturas. Y un principio inmemorial del derecho penal, reconocido en toda la legislación mundial y en la chilena, desde luego, es que no puede haber delito sin una ley previa a los hechos que lo establezca.

No, ésta no es sólo una ilegalidad más de la dictadura judicial chilena, sino lo que dije más arriba y que por su vulgaridad no volveré a decir. Simplemente "el acabóse" judicial.

¿Hay alguna esperanza? Una sola: se llama Plan Ahora. Anule su voto por concejales en la elección del 28 de octubre. Es lo único que tenemos. Si ni siquiera conseguimos una cantidad significativa de gente que haga eso, quiere decir que merecemos el "acabóse judicial".