Un Chileno Inocente Estuvo Preso

Tres años. En una pequeña celda en Roma. Con 42 grados a la sombra en verano. Veinte horas diarias. En las otras cuatro podía salir a un patio a comer y caminar. Su nombre: Alfonso Podlech. Su edad: 76 años.
El Tribunal de Assisse, en Roma, lo detuvo por el secuestro de Omar Venturelli, diciendo que, como fiscal militar, había sido responsable de ese delito, ocurrido en octubre de 1973.
Según las leyes, chilenas e italianas, los hechos estaban evidentemente prescritos. Además, Podlech no había tenido nada que ver con el caso Venturelli, pues fue nombrado fiscal un año después de su presunto secuestro, y antes de eso jamás conoció a la víctima. Pero nada de ello le importó al tribunal penal romano de primera instancia. Fue como ser juzgado en Chile por el juez Solís.
Pero el caso llegó finalmente al Primer Tribunal Penal de Roma, una corte superior de trece miembros. Sorprendentemente, eran juristas y no extremistas de izquierda en comisión de servicio en los tribunales.
Y fueron categóricos (he leído el fallo, breve, conciso y tajante): los hechos, dice, están prescritos y no hay prueba de la participación en ellos de Alfonso Podlech. Luego, se le pone inmediatamente en libertad. El tribunal añade que se tomará noventa días para exponer todos los fundamentos de su decisión.
En Chile, en este momento, hay setenta uniformados (y entre ellos unos pocos civiles) cumpliendo condenas, muchas veces perpetuas, dadas sus edades, por hechos igualmente prescritos. Y entre ellos los hay que, además, son inocentes de los delitos que se les imputan, pues su participación no ha sido probada. Pero jueces como Solís los condenan de todas maneras, a veces (caso Krassnoff) sin siquiera tomarles la imprescindible declaración indagatoria (hace las veces de la misma una fotocopia sacada de otro proceso).
Esto es un escándalo, pero la prevaricación permanece impune. Y cuando las sentencias írritas llegan a la Corte Suprema, los presos políticos (porque no lo están en virtud de una ley, sino de una vindicta política) pierden siempre por tres votos a dos en la Sala Penal. Esa mayoría se estructuró durante la Concertación, pero con el voto, algunas veces, de senadores de derecha. (Un caso memorable fue el del ministro Brito, de izquierda, apoyado por éstos a cambio de la promesa de los senadores de izquierda de votar, a su turno, por el ministro Pfeiffer, de derecha; pero el nombre de éste fue rechazado; es lo que suele suceder cuando se llega a acuerdos de caballeros con quienes no lo son).
Se interponen nuevas querellas contra uniformados. Se estima que llegarán a las dos mil, pronto.
El caso Podlech no ha sido muy destacado en la prensa. Es natural. Es incómodo para un Gobierno tan complaciente con la extrema izquierda, que niega indultos hasta a los uniformados agónicos que están presos (última actuación de Bulnes en Justicia); y establece un contraste impresentable de la judicatura superior italiana con la chilena.
Bueno, este es un país en que se ha amnistiado e indultado a más de ocho mil terroristas de izquierda, que cometían atentados, mientras se han negado esos beneficios a los que les impidieron hacerse del poder por las armas. Los que salvaron la democracia del atentado totalitario han sido premiados con presidio.
Cada día se presentan nuevas querellas contra uniformados, con el respaldo de abogados del Ministerio del Interior (incluso en los casos de las muertes e Allende y Frei Montalva).
Entonces, el caso Podlech es incómodo para el "establishment" de los cerebros perfectamente lavados y, sobre todo, para los lavadores, tanto de gobierno como de oposición. Ojalá se olvide pronto. Ojalá desaparezca a la sombra de "Los Archivos del Cardenal".