¿Y QUÉ DICE DOROTHY PÉREZ?

La Constitución ordena a la Contraloría General de la República velar por el correcto empleo de los fondos del erario.

Desde hace años impera en Chile una dictadura judicial con fines de lucro que sustrae metódica e ilegalmente recursos al Estado, tras juicios sin fundamaento legal. Y los ministros sumariantes, violando leyes expresas y vigentes, condenan casi semanalmente al fisco a pagar millonarias sumas a los familiares de terroristas y subversivos que cumplían la misión confesa de la izquierda de tomarse el poder por las armas.

Ello se ha perpetrado, ya por más de diez años, porque antes, mientras la izquierda no dominó la judicatura, los jueces no politizados rechazaban las acciones prescritas o amnistiadas y las imputaciones no probadas legalmente. Después se desató un torrente de fallos que desconocen leyes expresas y vigentes, como la prescripción, la amnistía, la cosa juzgada, las normas reguladoras de la prueba y la propia letra del Código Penal y del Procesal Penal. Porque aquí se ha condenado a exmilitares por delitos no sólo no probados, sino que sólo los particulares pueden cometer, como el secuestro permanente (para saltarse la amnistía y la prescripción).

Hace más de diez años y ante millones de telespectadores el ministro sumariante que inventó ese delito inexistente y nunca probado, confesó en TVN saber que condenaba mediante una "ficción jurídica", sin probar los delitos, como era su obligación elemental. "No digo que ésa haya sido la realidad", confesó ante la teleaudiencia. Tods una atrocidad jurídica y moral.

Destacados juristas denunciaron estos atropellos al derecho, a la moral y a las arcas del Estado, pues los jueces lo condenaban y condenan a enormes y continuos pagos. Y la Contralora no dijo ni hizo nada por salvar al fisco de este "desfalco permanente". Pero ahora la impune dictadura judicial de la izquierda ha ido más allá.

Porque hasta antes de la toma del control judicial por la extrema izquierda, ese poder rechazaba las querellas que violaban el derecho. Pero doña Dorothy dejó a la izquierda hacer su negocio ilegal, muy lucrativo por cierto.

Entonces el abuso no sólo ha persistido, sino que se ha hecho extensivo de una manera desvergonzada, no ya a casos de caídos en el combate contra la guerrilla, sino a los de individuos que eran detenidos y posteriormente puestos en libertad. perfectamente indemnes. Y lo peor es que es la Corte Suprema convalida estos abusos, que jueces inferiores han, con razón, rechazado.

Los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, María Cristina Gajardo, Jorge Zepeda y Pía Tavolari, de la segunda sala (penal) de la Corte Suprema, han acordado que el fisco debe pagar $270 millones de pesos a los hijos de Luis Luarte Mora, quien fuera brevemente detenido por Carabineros en 1973. Fue una detención legal. No reclamada judicialmente entonces. Sucedió hace 53 años y está prescrita. En caso de haber constituido un ilícito, que entonces no se denunció, está cubierta además por la amnistía de 1978, que en los hechos ha favorecido a todos los condenados de izquierda, pero que se deniega a los militares. Como los hechos no fueron constitutivos de delito, Luarte Mora no inició acción reparatoria alguna.

Pero es que a los hoy ya ultrarricos abogados de derechos humanos ya no les quedan muertos. Sólo les quedan vivos. Puede imaginarse el torrente de demandas indemnizatorias de descendientes de personas detenidas en los últimos 53 años. Yo creía que Ricardo Lagos, que consiguió pensiones vitalicias para 28 mil sospechosos de terrorismo interrogados antes de 1990, había sido un récord de frescura política. Pero ahora la segunda sala de la Suprema se lo acaba de batir.

Si Dorothy Pérez no detiene este abuso judicial con fines de lucro ahora, no va a haber presupuesto que aguante.