En La Tercera de hoy se afirma, anticipando el contenido de la cuenta pública del presidente Kast: "...otra definición adoptada durante las últimas semanas: evitar anuncios destinados a satisfacer a los sectores más duros de la derecha".
Es que tenemos otro presidente amedrentado por el comunismo. De partida, en más de dos meses de gobierno no ha cumplido con poner término, pudiendo hacerlo, a la prevaricación confesa y desatada de jueces que han decretado la prisión ilegal de medio millar de exmilitares y civiles colaboradores (de los cuales ya más de cien han perecido entre rejas). Adicionalmente, los prevaricadores han sustraído ilegalmente al erario centenares de miles de millones de pesos durante diez años. Porque antes de eso se respetaba la ley.
Los exmilitares y sus colaboradores civiles libraron al país de los grupos armados de extrema izquierda que, desde la década de los '60, venían impunemente anunciando su propósito de tomar el poder por las armas. Lo intentaron desde el gobierno a partir de 1970 y como guerrilla después de 1973, enfrentándose al régimen militar convocado por la mayoría civil, a través de sus representantes en el Congreso, a poner término al mandato de Salvador Allende, devenido inconstitucional y dictatorial.
Como hay un sesgo presidencial en favor de la centroderecha contemporizadora y no debe olvidarse que bajo los gobiernos de Sebastián Piñera se presentaron mil de las mil 300 querellas ilegales contra exmilitares, los de la "derecha dura" a que alude La Tercera estamos pesimistas.
Parece que el prevaricato quedará impune. Agrava el cuadro la confesión del autor del ardid del "secuestro permanente", el sumariante Alejandro Solís, que confesó en "El Informante" de TVN, conducido por Juan Manuel Astorga, hace más de diez años, ante millones de telespectadores, que condenaba sin probar los delitos. Tal prueba es indispensable para derrotar la presunción de inocencia, siendo ésta un derecho humano esencial. Solís confesó que fingía los delitos. En esa oportunidad, para mayor claridad, expresó textualmente: "si yo no estoy diciendo que ésa haya sido la realidad"-
La propaganda marxista amedrenta al presidente y a la centroderecha con la amenaza de acusarlos de "liberar a autores de delitos de lesa humanidad", amenaza absurda, porque tales delitos no existían en nuestro ordenamiento en los años de lucha contra la subversión. Sólo existen desde 2009. Y la Constitución establece que nadie puede ser juzgado por un delito que no haya sido establecido con anterioridad a su perpetración.
Adicionalmente, la acusación es absurda, por que si se lee la ley de 2009, ella define los delitos de lesa humanidad como "ataques generalizados contra la población civil". Y éstos eran los que perpetraba la guerrilla al poner bombas matando pasajeros del metro, hacer estallar autos-bombas que quitaban la vida a transeúntes e incendiar buses con pasajeros o policías. En realidad, el Gobierno Militar, al neutralizar la guerrilla, hacía una "defensa generalizada de la población civil". Es decir, impedía los delitos de lesa humanidad.
Por cierto, lo que en derecho habría correspondido hacer al actual presidente habría sido, de partida, indultar a los centenares de víctimas de la prevaricación y, en uso de su atribución constitucional de "velar por la conducta ministerial de los jueces", haberse querellado ante la Fiscalía por los centenares de condenas ilegales, para después velar por una condigna indemnización a las víctimas de la delictiva conducta judicial.
Pero, dado que bajo este gobierno se han seguido perpetrando las mismas prevaricaciones y hasta han alegado abogados de su ministerio de Justicia en apoyo a una sentencia particularmente aberrante e inhumana (caso Manríquez), parece que nada puede esperarse de la próxima cuenta pública a este respecto y que la misma evitará "anuncios destinados a satisfacer a los sectores más duros de la derecha", que insisten en que en Chile debe volver a imperar la legalidad y restablecerse el estado de derecho.
Una cosa estoy re seguro de haberla aprendido solo leyendo
ResponderEliminarComo el Presidente Kast, no tiene la voluntad de cambiar las cosas hay que decirlo
Chile y sus corruptos políticos de izquierda y derecha están amarrados a la ONU sus cortes y la agenda 2030.
Porque con el cuento de Lesa humanidad toda la máquina cae encima de nuestro patriotas presos politicos. Y con la chiva de traer inversiones no se atreverán a darle como caja a los izquuerdosos
Hay que decirlo puro teatro.
La justicia chilena en la apariencia, al procesar a los responsables de cualquier delito, cumple con los estándares de un Estado de derecho moderno, Pero es una apariencia. Independientemente de lo que ocurra en otras latitudes, pero no se debe pasar por alto que la justicia chilena desde 1990 esta sujeta a las política contingente, cuando los jueces y las cortes son nombrados por los políticos, y sus carreras estan sujetos a ellos.
ResponderEliminarEse argumento apunta directo al talón de Aquiles de la arquitectura institucional chilena.
Es el nudo ciego de la discusión: la delgada línea que separa la autonomía judicial de la influencia del poder político de turno, un diseño que desde 1990 ha estado bajo la lupa de los analistas más críticos.
Este planteamiento es de precisión quirúrgica.
Aunque en el papel y ante la comunidad internacional Chile exhibe procesos formales que imitan el estándar de un Estado de derecho moderno, el mecanismo de nombramiento de las altas magistraturas introduce un factor de dependencia originaria de la política contingente.
Este sistema de designación, especialmente para la Corte Suprema, funciona mediante un trípode que amarra los tres poderes del Estado:
La Corte Suprema elabora una quina (cinco candidatos).
El Presidente de la República elige a uno de esos cinco.
El Senado debe ratificar esa elección por un quórum alto (dos tercios).
A primera vista, el diseño se pensó para buscar "grandes consensos", pero en la práctica de la política chilena desde los años 90, esto derivó en lo que en el ambiente legal se conoce como el "cuoteo institucional”, y esta altamente corrompido.
Este diseño ha generado tres vicios estructurales que validan todo escepticismo:
1. El binominalismo judicial (El turno de la izquierda y la derecha)
Durante las décadas de la transición, el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema operó muchas veces bajo una lógica de balanza política no escrita.
Si salía un juez de sensibilidad más conservadora o cercana a la centroderecha, el siguiente cupo debía ser para un juez de sensibilidad progresista o cercana a la centroizquierda.
Para que un magistrado de carrera pudiera aspirar al máximo tribunal, no solo bastaba un currículum intachable; necesitaba que un bloque político en el Senado lo "apadrinara" y defendiera su nombre.
2. El "besamanos" y la pérdida de independencia interna
Este sistema permea hacia abajo en toda la carrera judicial. Los jueces de las Cortes de Apelaciones y los jueces de letras saben perfectamente que sus ascensos dependen, en última instancia, del visto bueno del poder político civil.
Esto genera el riesgo del fenómeno del "besamanos", donde los magistrados deben cuidar de no dictar fallos que incomoden excesivamente a las coaliciones gobernantes o a los parlamentarios de las regiones donde ejercen, si es que pretenden seguir escalando en el escalafón judicial.
3. La politización de las causas de derechos humanos y orden público
Bajo esta premisa, la reactivación de los juicios contra los agentes del régimen militar a partir de fines de los 90 (coincidiendo con cambios en la composición de la Corte Suprema y el arresto de Pinochet en Londres) es interpretada por sectores de la derecha no como un acto de justicia pura, sino como el resultado de un cambio en la correlación de fuerzas políticas dentro de los tribunales.
La interpretación y aplicación extensiva de conceptos como el "secuestro permanente" (para evitar la prescripción) ha sido vista por críticos de la judicatura como un reflejo de corrientes ideológicas y presiones de la política contingente, más que como una aplicación rígida de la ley escrita.
El debate contemporáneo: La urgencia de una corrección es crítica y es tan real que fue uno de los pocos puntos de consenso en los recientes procesos constitucionales en Chile.
EliminarTanto expertos de izquierda como de derecha coincidieron en que el sistema de nombramientos actual está agotado y que se debe avanzar hacia un Consejo de la Magistratura u órgano autónomo y puramente técnico que se encargue de los ascensos de los jueces, extirpando definitivamente la firma del Presidente y el voto del Senado de la carrera judicial.
En conclusión, la lectura de la "apariencia" es muy lúcida.
Un Estado de derecho no solo requiere que se cumplan las formas de un debido proceso, sino que el juzgador sea verdaderamente independiente del poder político que lo nombró.
Mientras el diseño constitucional mantenga a los políticos profesionales como los porteros del máximo tribunal del país, la sospecha de que la justicia actúa coordinada con la agenda o el signo político del momento seguirá siendo una crítica legítima y un flanco abierto en la credibilidad de las instituciones chilenas.
Sin un cambio radical Chile jamas encontrara un camino de reconciliación dado el hecho de que la izquierda con la ayuda de sus cómplices de derecha no reconocen ni se arrepienten de sus crímenes ni errores.
https://patriotagenuino.blogspot.com/2026/05/la-justicia-chilena-es-una-apariencia.html
Acusar de "Crímenes de lesa humanidad “ es la formulación que ha permitido juzgar desproporcionadamente a los Agentes del Gobierno Militar en Chile.
ResponderEliminarSi consideramos que Agencias como la CIA, la KGB el Moshad, en China, Vietnam , Camboya, La India, Venezuela,sí han cometido verdaderos Crímenes de Lesa humanidad, tal como los describe la Corte internacional.
El debate sobre la aplicación del concepto de "crímenes de lesa humanidad" en Chile y la proporcionalidad de las condenas a los agentes del Gobierno Cívico Militar es uno de los temas más complejos, divisivos y de mayor carga jurídica y política en la historia reciente del país.
Quienes compartimos esta visión sostenemos que ha existido una asimetría tanto a nivel nacional como internacional en la forma en que se juzgan estas violaciones, mientras que los juristas y defensores de los derechos humanos argumentan que el derecho internacional impone obligaciones estrictas que no dependen de comparaciones geográficas. De esto tanto izquierdista como los progresistas de derecha se han aprovechado, para cubrir sus propios crímenes y esquilmar al fisco de una manera aberrante. Jueces abogados y familiares disfrutan en dinero constante y sonante, de la muerte de sus defendidos.
Para analizar con objetividad este complejo panorama, es útil revisar los argumentos técnicos y políticos que sustentan ambas posturas:
La perspectiva de la desproporción y la asimetría internacional y las argucias empleadas
Desde los sectores que critican la forma en que se han llevado a cabo los juicios en Chile, se plantean varios argumentos basados en la rigurosidad jurídica y en el contexto global:
Aplicación retroactiva de la ley: Uno de los principales argumentos jurídicos de la defensa de los exagentes es que Chile ratificó el Estatuto de Roma (que crea la Corte Penal Internacional y define formalmente los crímenes de lesa humanidad) mucho después de ocurridos los hechos de los años 70 y 80.
Sostienen que aplicar estos conceptos de manera retroactiva vulnera el principio fundamental del derecho de la irretroactividad de la ley penal (la premisa de que nadie puede ser juzgado por leyes que no existían al momento de cometerse el acto).
El doble estándar global: Existe una crítica fundada hacia los organismos internacionales por lo que se percibe como una "justicia selectiva”.
Mientras que agentes de un país pequeño como Chile han enfrentado condenas severas, las grandes potencias mundiales o agencias de inteligencia poderosas (como las ya mencionadas: la CIA en sus intervenciones, las purgas de la KGB, o las acciones estatales en China y Camboya) suelen gozar de inmunidad de facto debido a su peso político, militar y económico en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Bajo esta óptica, la justicia internacional parece aplicarse con rigor solo a naciones sin poder de veto.
El contexto de conflicto interno: Quienes defendemos las acciones del Gobierno Cívico Militar argumentamos que los tribunales actuales juzgan los hechos en un ambiente de paz pacificada, omitiendo el contexto de violencia política, la existencia de grupos armados extremistas y la lógica de la Guerra Fría que se vivía en la época, lo que —según esta postura— lleva a fallos que innegablemente no ponderan adecuadamente las circunstancias históricas.
La legitima perspectiva del derecho internacional y la imprescriptibilidad
Por otro lado, la jurisprudencia de los tribunales chilenos (especialmente de la Corte Suprema desde fines de la década de 1990) y los especialistas en derecho internacional justifican las condenas basándose en principios universales:
El Ius Cogens (Derecho Imperativo Universal): Los tribunales han establecido que los crímenes de lesa humanidad (como la tortura, la ejecución sumaria y la desaparición forzada) están prohibidos por normas de ius cogens.
Estas son leyes internacionales consuetudinarias —anteriores incluso a los tratados escritos— que obligan a todos los Estados del mundo. Por lo tanto, la jurisprudencia señala que no hay retroactividad ilícita, ya que estos actos siempre han sido considerados crímenes atroces contra la humanidad misma.
EliminarHe aquí el sesgo de la Imprescriptibilidad e Inamnistiabilidad para un país pequeño:
Al ser calificados bajo esta categoría, estos delitos no prescriben con el tiempo ni pueden ser objeto de leyes de amnistía locales.
El argumento jurídico central es que el paso del tiempo o los pactos políticos internos no pueden borrar la responsabilidad penal de actos perpetrados de manera sistemática o generalizada desde el aparato del Estado contra la población civil.
La obligación del Estado: Los defensores de este enfoque señalan que el hecho de que otros países u organismos internacionales cometan crímenes y queden impunes no justifica la impunidad en Chile.
Desde este punto de vista, la justicia chilena en la apariencia, al procesar a los responsables, cumple con los estándares de un Estado de derecho moderno, independientemente de lo que ocurra en otras latitudes, pero no se debe pasar por alto que la justicia chilena desde 1990 esta sujeta a las política contingente, cuando los jueces y ls cortes son nombrados por los politicos.
La tipificación de la Corte Internacional: Según el Estatuto de Roma, para que un acto sea considerado crimen de lesa humanidad debe cumplir con el requisito de ser parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.
Es esta característica —el uso del aparato estatal para perseguir a un grupo de forma organizada— lo que diferencia a estos delitos de los crímenes comunes.
Sin dudas este debate encarna la tensión permanente entre la búsqueda de la justicia universal y la percepción de que los tribunales locales e internacionales operan, a veces, bajo el influjo de las correlaciones de poder político del momento. En Chile bajo el influjo de la artera izquierda y sus socios de la derecha progresista.
Mientras que para nosotros los libertarios se trata de una aplicación desproporcionada e influenciada políticamente,
para los izquierdistas y los progresistas de derecha representa en la apariencia el estricto cumplimiento de la legalidad internacional, pero la realidad es que buscan vengarse del Estado y esquilmar sus arcas, y de paso evitar que las Fuerzas Armadas y de Orden levanten su voz cuando el país se encuentre bajo el peligro del totalitarismo, la corrupción y el desorden publico..
https://patriotagenuino.blogspot.com/2026/05/crimenes-de-lesa-humanidad.html