PINOCHET PROBADO INOCENTE (5)

 

 XI. REPUDIO POR PARTE DEL ANTIGUO EJÉRCITO

A raíz de la publicación del Informe Rettig, la más antigua de las ramas de las Fuerzas Armadas publicó un lapidario análisis de 19 páginas, refutando punto por punto aquel libelo. Dada su longitud, reproduzco a continuación sólo su resumen final, precedido de algunos contenidos previos indicativos de la orientación de la respuesta al Informe:

“El Ejército de Chile, en aras del prestigio y la dignidad elemental de la Institución, manifiesta su fundamentada discrepancia.”

Yo pregunto: ¿Ha visto alguien publicado en algún medio el Informe del Ejército sobre la Comisión Rettig? Yo, por lo menos, que me preocupo de ver los medios todos los días, nunca lo vi publicado.

Es que era muy “políticamente incorrecto”. Era la voz del “Antiguo Ejército”. Después ·de que Pinochet dejó la Comandancia en Jefe en 1998 hubo un “Nuevo Ejército”, como ya vimos.

Expresó también dicha institución, ante el Informe Rettig y las lágrimas de Aylwin II, que no tenía que pedir perdón por la obra del régimen militar ni “por haber tomado parte en esta patriótica labor”.

Descalificó a la Comisión y negó su imparcialidad, al tiempo que censuró la “utilización político-partidista” del Informe Rettig.

Terminó señalando que “el Ejército de Chile declara solemnemente que no aceptará ser situado ante la ciudadanía en el banquillo de los acusados por haber salvado la libertad y la soberanía de la Patria”.

Acápite Final de la Declaración del Ejército:

“El Ejército, frente al llamado a la reconciliación nacional formulado por Su Excelencia “el Presidente de la República y al anhelo ciudadano, manifiesta que siempre encontrará en él un partícipe entusiasta y a un colaborador leal.

“Sin embargo, reconociendo la sana intención de ese llamado y con respeto por la alta investidura y la autoridad del Jefe del Estado, el Ejército, en aras del prestigio y dignidad de la institución, manifiesta su fundamental discrepancia con el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y le niega tanto validez histórica como jurídica, por las numerosas razones ya señaladas, que pueden resumirse como sigue:

“1.- El Ejército, junto a las demás instituciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros fue llamado a intervenir en la más grave crisis institucional sufrida por el país en el presente siglo, como última instancia, frente a una seria amenaza contra las bases mismas de la convivencia y la soberanía nacionales.

“Y ellas cumplieron cabalmente su misión, derrotando a la asonada totalitaria; reconstruyeron y modernizaron la economía del país, restablecieron la paz social y la democracia y devolvieron la conducción política a la civilidad en un país libre y reconciliado, cuyos habitantes podían convivir en una atmósfera de seguridad pública y privada y ejercer sus derechos democráticos, todo ello en términos que le han permitido a la República enorgullecerse de su seguridad interna ante la comunidad internacional". (NOTA DEL AUTOR: Esto se afirmaba en 1991)

“El Ejército de Chile simplemente no ve razón alguna para pedir perdón por haber tomado parte en esa patriótica labor.

“2.- Una Comisión formada por ciudadanos entre los cuales hay quienes ostentaron por años una conocida animadversión contra las Fuerzas Armadas y Carabineros y hacia su gobierno, carece de la imparcialidad necesaria como para erigirse en instancia capaz de determinar la verdad de los hechos sometidos a su conocimiento y que envuelven un juzgamiento de la actuación de los hombres de armas."

“3.-El Ejército rechaza la utilización político-partidista del Informe y la cobertura internacional que se está procurando darle, cuyos alcances pueden comprometer aspectos básicos de la seguridad interna y la defensa externa de la República.

“4.- De una manera muy especial el Ejército rechaza las conclusiones de la referida Comisión en el sentido de que no hubo en el país un estado de guerra. Esa afirmación constituye una ofensa para los caídos de sus filas en esta guerra. Con todo, ella sirve al mismo tiempo para testimoniar cómo el intento de la citada Comisión de someter al Ejército a una especie de proceso público, contradice la evidencia histórica acerca del contexto en que le correspondió actuar.

“Al efecto, es del caso citar el testimonio del actual presidente de la República, señor Patricio Aylwin Azócar, quien el 19 de octubre de 1973 declaró textualmente el diario “La Prensa” de esa fecha:

“La verdad es que la acción de las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros no vino a ser sino una medida preventiva que se anticipó a un autogolpe de Estado, que con la ayuda de milicias armadas con enorme poder militar y con la ayuda de no menos de diez mil extranjeros de que disponía el gobierno que había en este país, pretendían o habrían consumado una dictadura comunista.”

“Otro testimonio de valor es el del expresidente de la República don Eduardo Frei Montalva, quien también se pronunció acerca del clima de guerra interna en carta al presidente de la Unión Mundial de la Democracia Cristiana, Mariano Rumor, del 8 de noviembre de 1973, en los siguientes términos:

“Instaurado el gobierno convergieron hacia Chile varios miles de extranjeros representantes de la extrema izquierda, de la guerrilla y de los movimientos revolucionarios de América, hombres conocidos en el continente por su actividad guerrillera. Eran de inmediato contratados en Chile con cargos en la Administración, pero dedicaban su tiempo, muchos de ellos, al adiestramiento paramilitar e instalaban escuelas de guerrilla, que incluso ocupaban parte del territorio nacional en el Sur, donde no podían penetrar ni siquiera representantes del Cuerpo de Carabineros ni de las Fuerzas Amadas. Se había establecido así un verdadero "Ejercito Paralelo.”

“5,- El Ejército considera inaceptable que en el Informe se proponga alterar o modificar aspectos que le son esenciales y privativos, sobre todo teniendo en consideración que tales sugerencias provienen de personas carentes de idoneidad técnica y profesional, como también del imperio, para pronunciarse en materia militar.

“6.- El Ejército no puede perdonar a los agresores de las víctimas de sus filas, pues cada miembro de la familia afectada tiene en su corazón el recuerdo del ataque artero de los victimarios y de la forma cómo cayó su camarada, su padre, su esposo o su hijo. Pero sí puede la superioridad pedir a las familias de los caídos en el cumplimiento del deber, que por sí mismos pronuncien sus particulares actos de perdón, como una manera de contribuir a una genuina reconciliación.

“7.- El Ejército repudia la campaña para presentarlo haciendo objeto de castigos o apremios inhumanos a personas inocentes. Es cierto que en la sucia guerra desatada por el extremismo pudieron darse situaciones indeseables e imprevisibles. La verdad es que una táctica conocida en la subversión es la de vocear la denuncia de torturas, con carácter de escándalo, como lo hiciera en otro tiempo la revista “Punto Final” del MIR contra el gobierno del Excmo. Señor Eduardo Frei Montalva, en su edición del martes 13 de agosto de 1970 v bajo la firma de un centenar de abogados de la izquierda, con el título de “Crímenes, Torturas y Violaciones de los Derechos Humanos”, donde a lo largo de extensas páginas reprodujo relatos y testimonios similares a los que contiene el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

“El Ejército repudia, asimismo, el hecho de que en lugar de los procedimientos propios del estado de derecho, se prefieran relatos de pasquines extremistas para sostener una campaña de denostación en su contra.

“8.- El Ejército de Chile declara solemnemente que no aceptará ser situado ante la ciudadanía en el banquillo de los acusados por haber salvado la libertad y la soberanía de la Patria, a requerimiento insistente de la civilidad.

“Menos aún tolerará lo anterior cuando entre quienes pretenden levantarse como jueces morales de sus hombres están los principales responsables de tragedias vividas en su condición de máximos conductores de la Unidad Popular.

“9.- El Ejército de Chile reafirma su decisión de continuar cumpliendo su rol constitucional de velar por el ordenamiento institucional de la República y por el respeto de su soberanía. Ninguna campaña propagandística ni menos una alimentada y encabezada por algunos de los más visibles promotores de la asonada totalitaria derrotada el 11 de septiembre de 1973 podrá apartarlo de esa misión, de cuyo cumplimiento en el pasado se declara orgulloso y a cuyo permanente empeño se declara dispuesto en el porvenir.

“Finalmente, el Ejército de Chile, dado el profundo análisis efectuado al Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, cuyas conclusiones han sido expuestas en esta oportunidad, expresa que ésta es la opinión definitiva de la Institución en esta materia.”

La respuesta de 19 páginas del Ejército no fue publicada por ningún medio masivo de comunicación.

XII: EL REPUDIO POR PARTE DE SU SEGURO SERVIDOR

Por supuesto, yo fui un decidido detractor del Informe Rettig y lo sigo siendo. Apenas publicado hice variadas objeciones a su imparcialidad y veracidad. Siempre lo he considerado como un montaje político y una herramienta publicitaria para dar versiones no veraces de los hechos y malquistar a la opinión pública con el Gobierno Militar y con los partidos de derecha que lo apoyaban, Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente.

El Informe Rettig resultó tan sesgado y cuidadoso de no herir a la guerrilla marxista, que a los civiles caídos en atentados cometidos por los subversivos marxistas los denominó “víctimas de particulares obrando por motivos políticos”. ¡Particulares!

“A los políticos nunca les ha gustado tomar en sus manos esta clase de trabajos “sucios” y peligrosos (combatir a grupos armados que, además de atentar contra la seguridad de las personas y sus derechos, están destinados a enfrentarse contra las Fuerzas Armadas”.) Los militares lo hacen bien y después uno puede cargarles a ellos todos los excesos, abusos y delitos cometidos en la tarea”.

“Hemos entrado en Chile a esta etapa. Se inicia con amplia divulgación -–a costa del contribuyente, por cierto— del Informe de una comisión nombrada para investigar los atropellos a los derechos humanos ocurridos en la tarea de eliminar a los grupos armados existentes en 1973. Se aducen ineludibles razones morales en apoyo de la investigación. Pero ¿por qué entonces a esa Comisión le ha estado vedado conocer de atropellos anteriores al 11 de septiembre de 1973? ¿Por ejemplo, las “flagelaciones y torturas” denunciadas en el Acuerdo de la Cámara? ¿E incluso las denunciadas por un grupo de abogados marxistas al final de la administración Frei Montalva? La moral, salvo que últimamente la mayoría haya decretado otra cosa, no tiene fecha de vencimiento”.

Por eso mi columna terminaba con mi decisión de “rechazar una verdad parcial, unilateral, destinada a fines político-partidistas y que servirá para convertir a los militares en chivos expiatorios de todas las culpas en una tarea antiterrorista tremendamente difícil, que la clase política no estuvo dispuesta a asumir en 1973 ni está tampoco dispuesta a asumir hoy."

Descalifiqué el Informe en los siguientes términos:

“Test Para la Historia Oficial · (13.03.91): “El otro día sometí el Informe Rettig a un primer test y no lo pasó. Analicé un caso notorio, en el cual la Comisión “llegó a la convicción” de que una persona fue detenida por la policía y luego “ejecutada por agentes estatales en razón de su militancia y las actividades realizaba”. Aparte del nombre de esa persona el Informe dice, por toda descripción, que era el jefe del Departamento de Análisis de la Vicaría de la Solidaridad y se encontraba haciendo una labor de examen del Comando Conjunto. En otras palabras, un funcionario del Arzobispado es asesinado por agentes estatales para frustrar su afán de aclarar atropellos a los derechos humanos.

“La verdad no oficial pero completa obliga a añadir las siguientes cosas: 1) La víctima, de acuerdo con El Mercurio del 13 de abril de 1985, citando a Radio Moscú, era un importante dirigente comunista; había ingresado como chofer a la Vicaría, entidad que desconocía su militancia; de chofer ascendió a la jefatura antes mencionada  2) Un reo por la internación ilegal de armas por Carrizal Bajo, cuya declaración fue publicada el 28 de agosto de 1986 en ese diario, reveló haber sido reclutado para las actividades del FPMR por el mismo funcionario de la Vicaría, cuando acudió a ella en busca de asesoría legal. 3) Cuando el gobierno militar tuvo conocimiento del apresamiento de aquél y otros dos dirigentes comunistas, manifiestamente al margen de la autoridad y control suyos, pidió de inmediato a la Corte la designación de un ministro en visita para el caso, buscando disuadir a los secuestradores de atentar contra la vida de sus víctimas, dado que era de temer una venganza, pues tres días antes habían sido asesinados en Concepción, mediante una trampa explosiva del FPMR, brazo armado del PC, dos suboficiales de seguridad, y habían quedado heridos otros tres. 4) Posteriormente, cuando fue comprobada ante la Justicia la participación de funcionarios de Carabineros en el secuestro -–pero no en el asesinato, según el ministro en visita determinó posteriormente--, debió renunciar a la Junta de Gobierno el general director de la policía uniformada. 5) Además, el gobierno colaboró en todo cuanto la Justicia le demandó, en la tarea de procurar aclarar el crimen.

“Ésa es la historia completa y verdadera, bastante distante en sus alcances políticos, su significación moral y en la atribución de responsabilidades al gobierno militar de la versión que sirvió para formar la ‘convicción’ de la Comisión Rettig”.

“Pero el informe de ésta es la ‘historia oficial’, la llamada a prevalecer, merced a la más masiva, hábil y orquestada campaña político-publicitaria de que haya recuerdo en nuestra historia republicana.”

En julio de 1995 tuve una polémica en el vespertino La Segunda con el miembro de la Comisión Rettig, Gonzalo Vial, en el curso de la cual abordé otro aspecto revelador de la parcialidad de su Informe. El 7 de julio de 1995 (La Segunda: “Desmentidos al Informe Rettig”), objeté que éste atribuyera conductas a “agentes del Estado”, en circunstancias que ninguna autoridad les había ordenado hacer lo que hicieron. Señalé: “… el proceso no ha hecho, en todo caso, sino confirmar que no eran ‘agentes del Estado’ quienes cometieron el triple crimen, sino todo lo contrario, es decir, personas que actuaron sin conocimiento de la autoridad, primero, y luego contra la expresa voluntad de la misma, al conocerse su condena del secuestro y su solicitud de ministro en visita, y pese a ello, cometer el crimen”. (Continuará).