Estamos en Chile

Ayer Boric, hablando ante pequeños empresarios, se molestó porque alguien contradijo su aserto de que hay un "mandato de la mayoría" para hacer una nueva Constitución. Pero eso no es verdad. No existe. No consta en ninguna parte. Pero no pasará nada. No importa. Estamos en Chile.

 En carta a El Mercurio, "Claudio Alvarado, Investigador IES" dice: "Chile carece de un pacto constitucional ampliamente compartido y legitimado". No es verdad: el pacto constitucional actual ha sido el más ampliamente compartido y está legitimado. Fue aprobado en 1980 por el 67 % del electorado, un 56 % de la población, proporción mayor que en los comicios de los últimos años, salvo el reciente plebiscito del 4 de septiembre. También la Constitución fue ratificada y legitimada en 1989, en plebiscito acordado entre la Concertación y el gobierno de Pinochet. Votó el 86 % de los inscritos y la ratificó el 91,25 % de los votos. Finalmente, en 2005 fue modificada y, debido a un acuerdo entre el gobierno de Ricardo Lagos y la oposición, no hubo plebiscito. Lagos aprovechó de sustituir con su firma la de Pinochet, declarando que, por fin, teníamos una Constitución democrática "acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile". En definitiva, es "la casa de todos". Pero Alvarado dice que no ha sido legitimada. No es verdad pero no importa. Estamos en Chile.

Los que más faltan a la verdad son los jueces. Al general (r) Hernán Núñez Manríquez lo han recién condenado a virtual presidio perpetuo (15 años, teniendo él 79) por un supuesto "delito de lesa humanidad" ocurrido en 1973, no cometido por él. Y de hace 49 años. La prescripción más larga del Código Penal es de 15 años. ¿Cómo pueden entonces condenarlo? Faltando a la verdad, a la ley o a ambas. Es lo que hacen nuestros tribunales a los uniformados (r). Hay jurisprudencia. Hasta hace poco, para burlar la prescripción y la amnistía, fingían que los procesados mantenían secuestradas a sus víctimas desde 1973 (secuestro permanente). De hecho, acaban de condenar a 32 militares (r) por tener secuestrado desde 1974 hasta hoy al mirista Zacarías Machuca. Otra mentira. No importa. Estamos en Chile.

Pillados muchas veces, los jueces decidieron cambiar la causal y últimamente argumentan "delito de lesa humanidad", que declaran "imprescriptible". Pero esos delitos no existían cuando ocurrieron los hechos y la Constitución dice: "Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración". La ley estableció los delitos de lesa humanidad en 2009 y además dice que no se aplicará a hechos anteriores a su publicación. Tampoco importa. Estamos en Chile. 

La sanción teórica para los jueces que mienten y prevarican es privación de libertad hasta por cinco años. Si "se diera vuelta la tortilla" irían presos. Pero por ahora no importa, estamos en Chile y no les pasará nada.