Un País Sin Orden Público

Sebastián Piñera anunció ayer al país y al mundo que no está capacitado para cumplir la primera de las dos misiones básicas de un Presidente de la República: mantener el orden público (la otra es defender la soberanía nacional ante el exterior). Al renunciar a ser sede de la reunión de APEC y de la COP 25 está reconociendo su incapacidad de enfrentar la revolución subversiva que se ha puesto en marcha en Chile y que ha trasformado la vida interna en un infierno, a través de la violencia destructiva, los saqueos generalizados y los incendios de establecimientos e instituciones. 

Si todavía los insurrectos no han asaltado los hogares particulares ha sido sólo gracias a que saben que sus dueños están legalmente autorizados para usar armas y, cualquiera sea el daño que reciba el asaltante, la ley les reconoce la eximente de legítima defensa. Pero como todo el mundo sabe que los tribunales están en manos de una mayoría de jueces de extrema izquierda que desconoce las leyes a los militares (r) que combatieron la subversión antes de 1990, ningún chileno puede estar cierto de que la ley que lo exime de responsabilidad por disparar contra un asaltante le será reconocida. Es la consecuencia de la revolución judicial izquierdista que aflige al país.

Pero la confesión implícita de Piñera de que no puede garantizar el orden público lo pone en condición de incapacidad para desempeñar el cargo, pues ésa, como se dijo, es una de sus dos misiones esenciales. Entonces él debería delegar sus funciones en su Ministro del Interior (y visto que todavía le quedan más de dos años de ejercicio) éste debería llamar a elección presidencial para el sexagésimo día después de la convocatoria que, según la Constitución, el vicepresidente debería formular dentro de los primeros diez días de asumido su mandato.

Es que el país no puede funcionar sin orden público. En este momento la gente más pobre es la más desesperada, porque los subversivos han incendiado los principales comercios de las áreas donde vive. Los pequeños almacenes de barrio se surtían en los mismos establecimientos incendiados y, por tanto, tampoco tienen mercadería. La falta de autoridad redunda en un problema de subsistencia para todos, pero en especial para los de menores recursos.

Por otra parte, el caos general y la dificultad de desplazamiento impiden el trabajo normal de la mayoría de las actividades. Son innumerables los pequeños empresarios y comerciantes que carecen de ingresos por falta de ventas y no pueden pagar sus compromisos. La libertad de circulación está severamente constreñida por la amenaza de los violentistas.

El país ya no resiste más sin orden público básico y es urgente que asuma el Poder Ejecutivo alguien capaz de garantizarlo. Por supuesto, la izquierda nacional, que domina los paneles de TV, y la internacional, se alzarán contra quien imponga orden, pero cuando ella organizó la subversión contra el Presidente Pinochet en los años 80, éste tuvo la entereza y la energía suficientes para derrotarla y mantener el orden público. Eso mismo es lo que requerimos hoy, pero no tenemos.

Contra lo que más se propala, en Chile no ha habido ningún "estallido social". Al contrario, era el país más estable y ordenado de la región y su tranquilidad social contrastaba con las crisis que vivían naciones vecinas. Precisamente por eso fue objeto de una acción insurreccional de la extrema izquierda y el comunismo, históricamente empeñados en subvertir mediante las armas el orden constituido. Éste es el problema. Si hubiera habido un gobernante cuidadoso de mantener el orden, en nuestro país se habría detenido inmediatamente a los primeros evasores masivos del Metro y la vigilancia habría impedido los demás incendios, saqueos y desmanes. Asimismo, la fuerza pública habría repelido los desórdenes que después se hicieron incontenibles. Pero un gobernante débil y entregado a la izquierda, que ha sido coautor de la persecución ilegal contra las fuerzas del orden que derrotaron la revolución comunista-socialista en el pasado, carecía de la convicción y la energía para mantener la normalidad pública a salvo. Las consecuencias se manifiestan hoy en el verdadero hundimiento de Chile a manos de la insurrección.

Un crítico de alta audiencia en las redes sociales les ha escrito a sus similares en el sentido de que no continúen atacando a Piñera por su  incapacidad de mantener el orden, porque ello equivaldría a "patearlo en el suelo". Yo le he respondido que, así como éste les hace toda clase de guiños y concesiones a los extremistas y al populismo, rebajando la tarifas del Metro, las cuentas de la luz y los peajes de las carreteras, dé alguna señal hacia el lado de los partidarios del orden, indultando a los 200 presos políticos militares actualmente condenados contra todas las leyes, fundado justamente en que ellos cumplieron su misión de mantener el orden público en el pasado. 

Si así lo hiciere, Piñera se habrá tornado creíble como mandatario capaz de hacer respetar la ley y el orden y la soberanía nacional. En caso contrario, sólo cabe que reconozca su incapacidad para cumplir una tarea esencial propia del cargo y permita que la ciudadanía elija a otro que tenga las condiciones necesarias para cumplir la misión esencial de velar por la normalidad de la vida nacional.