La Impopular Dictadura Judicial

               Primero aclaro que Pedro Urdemales ha quedado fuera de sospecha en el caso de la supresión, todavía no bien explicada, de los seguidores o miembros de este blog, que inopinadamente y por primera vez en casi seis años (en que fueron aumentando hasta llegar a 1.568) disminuyeron paulatinamente en pocos días hasta quedar en 1.095. El fenómeno les ha sucedido a muchos otros blogs de diferentes países, que no están bajo la mira, como éste, de Pedro Urdemales, lo que me permite exonerar al singular tramposo chileno de toda sospecha en este caso. Y, afortunadamente, por otra parte, los miembros o seguidores han recomenzado a incrementarse y ya son 1.100.

               Pero no era de eso de lo que quería escribir hoy, sino de la fantástica mezcla de cara dura e ignorancia de los jueces chilenos, que acaba de ponerse otra vez de manifiesto a través de dos fallos suyos, recaídos en una querella del único abogado de la plaza –que yo sepa—que se atreve a velar por los fueros de la legalidad: Raúl Meza.

               Pues, permítaseme la digresión, hay una defensa corporativa de la mayoría de los abogados a los atropellos de la legalidad que cometen los jueces. Se han convertido aquéllos en cómplices pasivos de la prevaricación a expensas de los militares. La misma mayoría de abogados que, encabezada por Patricio Aylwin y Eduardo Frei Montalva, aplaudía a los uniformados después del “11”, cuando les daban duro a los terroristas de izquierda (pues el 60% de las muertes totales ocurrió antes del 31 de diciembre del ’73, cuando esos líderes más aplaudían el Pronunciamiento).

La defensa corporativa de la prevaricación es tal, que cuando mandé un artículo a la revista del Colegio de Abogados, a fines de 2014, exponiendo la flagrantemente cometida en un fallo de la Corte Suprema al que había concurrido, como abogado integrante y redactor, un asiduo colaborador de esa revista, tras varios meses de vacilaciones el consejo de redacción de la misma, naturalmente de mayoría derechista, acordó rechazarlo. Entonces lo publiqué en este blog el 27 de marzo de 2015 (“Artículo Impublicable en la Revista de Abogados”) y hasta la fecha ha merecido 1.864 lecturas y 99 comentarios, seguramente más de los que habría suscitado en la publicación del gremio.

               Pues bien, últimamente la dictadura judicial prevaricadora (“dictadura”, porque no respeta las leyes; y “prevaricadora” porque condena en juicio atropellándolas) se ha superado a sí misma.

               Ustedes recordarán que el año pasado, ante una audiencia de centenares de miles, el juez Alejandro Solís reconoció paladinamente en la TV que él condenaba a los militares sin probar que habían cometido delito, sino en virtud de una “ficción jurídica”, según sus palabras. Desconocía la amnistía y la prescripción fingiendo que sus procesados mantienen hasta hoy personas secuestradas. Como eso es en sí un delito ("fingir" culpabilidad y condenar sin pruebas) el único abogado de la plaza que se atreve, Raúl Meza, interpuso una querella por prevaricación ante la “nueva Justicia”, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, ilusionado con que éste podría respetar el Estado de Derecho y aplicar las leyes.

               Vana ilusión. La “nueva Justicia” resultó peor que la antigua (noción muy extendida a estas alturas entre la población, que en la última encuesta Cadem muestra a la judicatura como la segunda institución más desprestigiada del país, después del Congreso). Pues el juez de garantía declaró inadmisible la querella argumentando que la Corte Suprema ha consagrado en varios fallos la legalidad de la condena por secuestro permanente. El abogado Meza apeló, pensando que semejante doble disparate (en seguida demostraré por qué es doble) no podía ser compartido por la Corte de Apelaciones, pero ésta confirmó el fallo, evidenciando que hay una verdadera dictadura judicial, pues no hay a quién recurrir ante los atropellos a la ley por parte de los jueces. Con razón de Tocqueville escribió que “la dictadura judicial es la peor de todas, porque es la única que no tiene remedio”.

               Explico ahora lo del doble disparate: por una parte lo es, porque todo el mundo sabe que un militar (r) preso en una celda de dos por dos no puede tener secuestrado a nadie, de manera que cuando un juez afirma que sí lo tiene hasta hoy, está mintiendo, y sabe que está mintiendo. ¿Con qué cara les enseña a sus hijos o nietos que no deben mentir? O a lo mejor les enseña a hacerlo…

De ahí la franqueza de Solís en TV cuando confesó que era “una ficción jurídica”. Podrá mentir en sus fallos, pero no ante la TV. Lo malo es que el código le ordena “probar” el delito y no “fingirlo”, y por eso prevarica.

Y, por otra parte, es doble el disparate del juez de garantía y la Corte porque el Código Civil, que enseña cómo interpretar las leyes, dice que las sentencias judiciales sólo pueden tener efecto en los juicios en que “actualmente se pronunciaren” y no en otros, norma que contradicen dichos Juzgado y Corte al declarar inadmisible la querella porque los fallos de la Suprema dicen que es verdad una mentira, como la del “secuestro permanente”.

¿Cómo han podido salirse los jueces dictadores y prevaricadores con la suya? Porque Chile ya no es el de antes. Ya en el país “no hay derecho ni hay derecha” ni hay "doctrina Schneider" de compromiso con la legalidad. A los militares de antes no les habrían metido presos a sus hombres en virtud de fallos que dicen que el Ejército es “una asociación ilícita”, como los ha habido recientemente. A los mandos militares de ahora les dicen eso y hacen como que no oyen. Y de la derecha actual mejor ni hablemos. Para todos los efectos, la mayoría de sus exponentes son iguales a los Kerenskys. Cuando el dignísimo diputado Ignacio Urrutia (UDI) rindió un homenaje en la Cámara en el aniversario de la muerte del general Pinochet, su colega, también UDI, Jaime Bellolio se retiró indignado, tuiteando que “rechazaba los atropellos a los derechos humanos”, es decir, usando la jerga comunista. ¿Quién necesita Kerenskys con estos derechistas?

Así nunca terminará la dictadura judicial. Al contrario, se consolidará, pues fue una derecha degenerada, como la de Piñera, la que la alentó y fortaleció, triplicando el número de querellas ilegales contra militares, negándoles los indultos (cosa que ni siquiera hizo Lagos), y trasladándolos a un penal peor y hacinado (cosa que tampoco hizo ningún otro gobierno de la Concertación).

Tocqueville decía que esa dictadura no tenía remedio; y yo digo que, pese a lo impopular que es (las encuestas lo prueban), con los chilenos, la derecha y los militares de hoy, menos.