El Libro de las Verdades Olvidadas

NI VERDAD NI RECONCILIACIÓN

INTRODUCCIÓN

La verdad se define como un juicio o proposición que no se puede negar racionalmente. La reconciliación consiste en acordar o conciliar los ánimos desunidos.
Una verdad afirma en Chile que el gobierno de la Unidad Popular y su Presidente, Salvador Allende, se proponían ganar por las armas el poder total e instaurar el “socialismo marxista, científico, total”, en palabras de Allende, y que “respecto del Estado burgués... estamos tratando de superarlo, de derrocarlo”, siguiendo el modelo de Cuba, según, también, el mismo Allende.
Como esto implicaba la destrucción de la democracia, la mayoría de los chilenos, representada en la Cámara de Diputados, convocó a las Fuerzas Armadas y Carabineros a deponer al gobernante, derrotando a los elementos armados clandestinamente que lo apoyaban.
Otra verdad afirma que el gobierno de Salvador Allende era democrático y que, en cambio, el acto de deponerlo fue antidemocrático; que era falso que él se propusiera instalar un régimen supresor de las libertades de los chilenos y que hubiera un ejército clandestino para ese fin.
Los que afirman la primera verdad sostienen que el régimen de las Fuerzas Armadas y Carabineros debió combatir mediante las armas a una guerrilla terrorista armada, como se lo pidió la mayoría democrática, y no se propuso violar los derechos humanos, sino que resultaba imposible que en esa lucha, que envolvía a miles de uniformados, no hubiera habido violaciones perpetradas por efectivos actuando por su cuenta y desoyendo las instrucciones de la Junta Militar de Gobierno y de su Presidente, que los había instruido expresamente para respetar esos derechos.
Los que afirman la segunda verdad sostienen que ese régimen tuvo como política la violación sistemática de los derechos humanos de sus adversarios.
Un mínimo de realismo permite apreciar que en este momento, en Chile, tras una campaña publicitaria sesgada y masiva, una mayoría comparte la segunda de las versiones expuestas sobre la verdad; y que una minoría sostiene la primera.
Por tanto, en el país no hay una verdad compartida por todos.
Además, así como es público y notorio que hay amplia aceptación a que se divulgue la segunda versión acerca de la verdad, igualmente público y notorio es que resulta imprudente y temerario, por no decir imposible, defender de manera pública la primera versión, como lo evidencian las heridas y vejámenes sufridos por quienes han intentado hacerlo.
Por tanto, puede decirse que sólo hay ánimo de reconciliación en quienes defienden la primera versión, pues no agreden a quienes sustentan públicamente la segunda; pero no lo hay en estos últimos, que no permiten que la primera sea difundida y agreden a quienes intentan hacerlo.
Por consiguiente, no hay una verdad compartida ni puede haber reconciliación, pues una de las partes en discordia rechaza la posibilidad de que la haya.


CAPÍTULO I
AÑOS PREVIOS DE “PICARDÍA CRIOLLA”

Últimamente he oído repetir muchas veces a cabizbajos partidarios del Gobierno Militar una observación que solía hacer el economista y columnista (y también ex Presidente del Banco Central) Álvaro Bardón:
—Si el 11 no se produjo porque una mañana los generales amanecieron con la caña mala y decidieron tomarse La Moneda…
En realidad, fue algo que comenzó a gestarse bastantes años antes, tal vez desde mediados de los ’60, cuando se formó el MIR como grupo armado que puso en práctica lo que los sucesivos Congresos del Partido Socialista acordaron por unanimidad en 1965, 1967, 1969 y 1971: intentar tomar el poder por las armas y poner fin a lo que llamaban “democracia burguesa.”
Ahí estuvo la raíz histórica mediata del Pronunciamiento Militar.

Chilenos haciendo trampas
En la democracia chilena había siempre algunos que hacían trampas. Acá hacer trampas, no decir la verdad o quedarse con algo ajeno no es necesariamente mal visto y suele ser descrito piadosamente como “picardía criolla”.
Así, en 1970 todas las encuestas serias anticipaban que Jorge Alessandri ganaría la elección presidencial, y yo siempre he creído que, en votos, la ganó. Pero intervino “la picardía criolla”: Allende y Tomic, sus rivales, suscribieron un pacto secreto consistente en desconocer el triunfo de Alessandri (tácitamente considerado seguro por ambos) si no tenía lugar por más de cien mil votos. El detalle del pacto lo dio a conocer en un libro de su autoría el entonces joven dirigente comunista Eduardo Labarca Goddard, cuyo propio rasgo de “picardía criolla” más saliente fue el de escribir unas memorias apócrifas del general Carlos Prats, por encargo del Partido Comunista (reconocido todo ello más tarde por él y por el ex senador Volodia Teitelboim, mentor intelectual del proyecto, quien a su fallecimiento fue elevado a la dignidad de “gran hombre chileno” por el actual Presidente de la República).
Como la derecha no era capaz de sentar un apoderado ante cada una de las mesas electorales de 1970, los de los candidatos pactantes Allende y Tomic deben haberse repartido todos los votos de Alessandri que pudieron y probablemente así la “picardía criolla” hizo posible el triunfo de Allende con el 36 por ciento. Pues basta que en una mesa el vocal que hace el escrutinio vocee “Allende” en lugar de lo que dice el voto, que es “Alessandri”, y que nadie reclame por eso, para que Allende obtenga “legalmente” ese sufragio.

El “gambito Frei”
Tomic se encargó de cumplir su parte del pacto con Allende, impidiendo que la DC votara por Alessandri en la segunda vuelta del Congreso Pleno.
Pero Frei había acordado secretamente con los representantes de Alessandri que éste renunciaría inmediatamente si el Congreso Pleno lo elegía a él. Frei volvería a presentarse, para “repetirse el plato”. Era una picardía criolla dirigida a impedir el triunfo de Allende y ha pasado a la historia como “el gambito Frei”. Los detalles del mismo han sido muy bien investigados por el joven historiador chileno de la Universidad de Ohio, Sebastián Hurtado Torres, en un trabajo académico titulado “El Golpe que No Fue”, publicado en el número 129, verano de 2013, de la revista “Estudios Públicos” del CEP.
Lo malo es que fracasó, pues Frei no tuvo las agallas para jugarse dentro de la DC y enfrentar a Tomic, que era mucho más enérgico. Entonces, entre las dos trampas, la de Tomic en connivencia con Allende y la de Frei en connivencia con Alessandri, la DC eligió cometer la primera.
Y así se cumplió la profecía del brasileño Fabio Vidigal en su libro “Frei el Kerensky Chileno”.

El plan de la CIA
Pero había otro plan, y era para escamotearle su triunfo a Allende. Era una “picardía chileno-norteamericana”. Patrocinado por la CIA, con el concurso de civiles de derecha y uniformados en retiro y activos, también era parte del mismo el gobierno de Frei.
Contemplaba como uno de sus pasos previos un discurso catastrofista acerca de las perspectivas económicas del país, que pronunciaría (y pronunció) el Ministro de Hacienda de Frei, mi amigo Andrés Zaldívar.
El plan consistía en secuestrar al Comandante en Jefe del Ejército, general René Schneider, de tal manera que la institución acéfala declarara que el estado de anormalidad del país hacía inviable la asunción de Allende, y exigiera nuevas elecciones o derechamente asumiera el gobierno.
Como es bien sabido, fracasó, porque uno o más de los captores de Schneider, sin que hasta hoy se haya aclarado los motivos, dispararon contra él, a raíz de lo cual poco después falleció. El episodio horrorizó al país y lo único que consiguió fue asegurar la elección de Allende en el Congreso Pleno.

El “gambito Allende”
Pero la “picardía criolla” tenía todavía tarea por delante: como todo el mundo sabía que el partido de Allende, por unanimidad, había proclamado su intención de tomar el poder por las armas; y como todo el mundo sabía que Allende había presidido una entidad castro-comunista llamada OLAS (Organización Latinoamericana de Solidaridad), destinada a respaldar movimientos violentos de toma del poder; e incluso un guerrillero de izquierda había descrito la ayuda de Allende para introducir contrabandos de armas a Bolivia, encubriendo los bultos con su inmunidad parlamentaria, la DC le exigió firmar un “pacto de garantías democráticas” e incorporarlo a la Constitución, cosa que se hizo.
Pero Allende era un eximio exponente de la “picardía criolla” y a poco andar confesó a su amigo Regis Debray, periodista francés, que la firma del pacto era sólo una “necesidad táctica” y que no lo iba a cumplir, pues su propósito era establecer en Chile “el socialismo marxista, científico, total… Respecto del Estado burgués que tenemos en este momento, estamos tratando de superarlo, de derrocarlo” (p. 82 de la entrevista Allende-Debray en Punto Final).
Después de esos ejercicios de “picardía criolla” y habiendo prácticamente todos los intervinientes engañado a los demás y sido engañados por éstos, advino el régimen de mil cuarenta y cinco días de Salvador Allende Gossens, que puso al país ante la alternativa de hundirse indefinidamente en la dictadura del proletariado o llamar a los militares al rescate.


CAPITULO II
EJÉRCITO EXTREMISTA PARA EL AUTOGOLPE

La información sobre una guerrilla marxista, con la cual la UP, comprobadamente, pretendía dar el autogolpe durante el gobierno de Allende, la han entregado principalmente sus organizadores y patrocinadores socialistas, si bien después de 2003 han procurado hacerla desaparecer y en este momento, al cumplirse 40 años del 11, mencionarla se ha convertido casi en una blasfemia y hasta hay una moción de ley para que sea delito.
Pues, con la complicidad de la DC, la izquierda marxista ha logrado consagrar un fundamental instrumento de lavado de los cerebros chilenos, el “Informe Rettig”, que fue el precio pagado por Patricio Aylwin a aquélla para que lo apoyara como candidato presidencial y, ya elegido, para que no volviera a las andadas revolucionarias ni le hiciera imposible el gobierno.
El propósito del Informe siempre fue el de alterar la verdad histórica y su profundización vino después, bajo el gobierno de Lagos y a través de un grotesco “Informe Valech”, mediante el cual 28 mil personas obtuvieron pensiones vitalicias con sólo haberse declarado maltratadas por alguien durante el Gobierno Militar.
Y así como no ha habido verdad, tampoco ha habido reconciliación, porque los indultos, la impunidad y los pagos millonarios en compensación a terroristas o familiares por habérseles vedado su meta de instaurar un régimen totalitario no los han apaciguado, sino que los han tornado más violentos y agresivos. Cualquiera puede observarlo cuando se aproxima cada 11 de septiembre. Antes sólo en esa fecha vaciaban su sed de violencia. Ahora es con anticipación y en otras fechas conmemorativas de nombre decidor, como el “Día del Combatiente”, que ya lo dice todo.
Durante la UP la ciudadanía recibía algunos “chispazos” de advertencia acerca de lo que los rojos estaban tramando.

Asesinato de Lacrampette
Por ejemplo, a fines de agosto de 1973 un teniente de la Escuela Militar, Héctor Lacrampette, que esperaba locomoción en la calle, fue llevado por un vehículo de activistas de la empresa intervenida “Indugás”.
Nunca se supo lo que sucedió dentro del móvil, pero Lacrampette resultó muerto de un balazo, y quien lo disparó resultó ser un ciudadano mexicano, Jorge Albino Sosa Gil, que había sido empleado por “Indugás”.
Muchos años después “La Segunda” publicó un informe de la OEA, en el sentido de que entre 12 y 15 mil extranjeros entraron clandestinamente a Chile durante la UP. Lo detallo más adelante.
Inferir de hechos como el protagonizado por Sosa Gil que la UP estaba reclutando guerrilleros extranjeros en las empresas intervenidas, para dar su temido autogolpe, no costaba nada.
Sosa Gil fue condenado a presidio pero, irónicamente, salió libre gracias a que se benefició de la Ley de Amnistía de 1978, cuya aplicación es denegada a los militares que actuaron contra la subversión.
Pero el hecho fue que la opinión pública captó que en las empresas intervenidas había gente joven de otros países, presumiblemente guerrilleros.

Armas descubiertas por casualidad
Nadie investigaba el armamentismo clandestino de la UP, pero los accidentes del tránsito informados por los diarios lo delataban.
Así, el 1° de abril 1972, a raíz del incidente protagonizado por una camioneta de la Presidencia de la República en Curimón, cuyo cargamento de municiones y planos militares resultó altamente comprometedor, parlamentarios de oposición pidieron un Ministro en Visita que extendiera su cometido a los campamentos guerrilleros que había en la provincia de Aconcagua y que, según fuentes fidedignas, ascendían a diez. Alarmante ¿no?
El 25 de abril 1972 la prensa informaba que el diputado democratacristiano Orlando del Fierro había dado a conocer el nombre del propietario de la camioneta que chocó en Curimón el 31 de marzo, en cuyo interior se hallaron municiones y armas robadas al Ejército.
La inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de San Miguel, con el número 24.728 del registro de vehículos motorizados, había sido requerida por la señora Miria Contreras de Ropert, que trabajaba en la Secretaría de la Presidencia de la República. Era la secretaria personal de Salvador Allende.
El diputado Del Fierro agregó que, en el mismo registro, desde el mes de noviembre anterior a esa fecha, figuraban numerosos vehículos inscritos a nombre de la misma persona, con la dirección de La Moneda, Morandé 80.
¿Para qué el Palacio necesitaba tantas armas, si el demócrata Allende tenía a su disposición cuatro ramas uniformadas para defenderlo? Adivinen ustedes.

La lucha armada
Es que Allende estaba ejercitando su “picardía criolla”. Él siempre estuvo por la vía armada, pero lo ocultaba.
En un tiempo (1967), fue objeto de críticas por su adhesión a OLAS, Organización Latinoamericana de Solidaridad, una entidad patrocinada por Cuba para derribar por las armas a regímenes democráticos.
Cuando se celebró el primer congreso de OLAS en La Habana, Cuba, en abril de 1967, Allende asistió y respaldó los acuerdos fundamentales allí adoptados, y que eran, en resumen:
“Primero, el triunfo y consolidación de la Revolución Cubana puso de manifiesto que la insurrección armada es el verdadero camino... y que los ejércitos profesionales pueden ser destruidos; segundo, que en las actuales circunstancias en América Latina existen condiciones para el desarrollo y triunfo de la Revolución; y, tercero, que el primer objetivo de la Revolución Popular en el continente es la toma del poder... dicho objetivo sólo es alcanzable a través de la lucha armada; todas las demás formas de lucha deben servir y no retrasar el desarrollo de la línea fundamental, que es la lucha armada.”
Así, ya en 1964 Allende declaraba al diario italiano Paese Sera:
“Si tenemos éxito, y creo que lo tendremos, Cuba y Chile serán dos ejemplos válidos, aunque sean distintos en su fase inicial. Por lo demás, no existen diferencias, nosotros haremos el socialismo como los cubanos.”
Allende había incluso ayudado a contrabandear armas a Bolivia, después de la muerte del Ché. Lo reveló el ex guerrillero cubano “Benigno” en sus memorias:
“Salvador Allende, que en aquel momento era Presidente de la Cámara del Senado chileno, nos ayudó grandemente en el traslado de las armas: en sus valijas trasladamos las armas a través de la embajada de Argelia. Después se hicieron llegar hasta Chile y posteriormente hasta Bolivia; esto era lo más fácil, pues no había control fronterizo. En conjunto se nos dio una gran cantidad de armas” .
Y ya durante su gobierno lo confesaba paladinamente.

A todo esto, Lagos debería pedir perdón
Todos los personajes de la UP estaban “en la misma”. Un dirigente sindical respetable, Clotario Blest, en la biografía suya escrita por Mónica Echeverría, “Antihistoria de un Luchador”, había revelado algo grave hacía tiempo:
“El estallido de varias bombas durante la primavera de 1962, que costó la vida a uno de sus portadores, efectuado por el Movimiento Social Progresista, grupo adscrito al MFR, genera que el Gobierno responsabilice directamente a Blest en su calidad de Presidente del MFR. (...)
“Clotario Blest me dice: ‘Si no fuera por la ANEF, en especial por Tucapel, mi suerte habría sido terrible. Estaba condenado irremisiblemente a diez años de prisión. A mí se me culpaba de ser autor intelectual del bombazo. ¡Qué paradoja! ¡Yo que siempre he abogado por la no violencia activa! En cambio, los verdaderos culpables, como Julio Stuardo, Ricardo Lagos y Jorge Arrate, dirigentes del grupo que había colocado la bomba, sólo eran llamados a declarar ante el juez instructor.” (p. 254).
¡Que Lagos pida perdón! Hernán Larraín, que jamás ha puesto una bomba ni menos matado a alguien, lo ha hecho (pero nadie sabe por qué).

Altamirano sorprendido diciendo la verdad
Como en este 40° aniversario hay mucha insistencia en presentar la acción armada de los uniformados como unilateral y no provocada, un verdadero “ataque a una población civil desarmada”, a “opositores políticos”, conviene precisar las fuerzas a las que se enfrentaron dichos uniformados, que por lo demás les generaron a éstos 301 muertos en los primeros tres meses y medio después el 11, y un total de 423 en los casi 17 años de régimen castrense. ¿Quién los mató?
Una confesión bastante detallada sobre las fuerzas armadas de la izquierda la obtuvo la periodista Patricia Politzer en su famoso libro-entrevista al ex senador y secretario general del Partido Socialista, Carlos Altamirano (“Altamirano”, Ediciones Melquíades, Buenos Aires, 1989, p.33.)
Vale la pena, a estas alturas, recapitular la parte pertinente de ella, realizada en 1995, cuando los cerebros chilenos todavía no estaban completamente lavados. La periodista le preguntó si el PS tenía grupos armados, y Altamirano respondió afirmativamente, pero especificó que eran “modestísimos”. Entonces ella insistió:
“— ¿Cuántos hombres formaban ese modestísimo aparato armado del Partido Socialista?
“— Más o menos mil a mil quinientos.
“— Mil hombres no es tan poco...
“— No era tan poco si se hubieran coordinado con el aparato militar del MIR, que supuestamente era bastante más importante que el nuestro, con el del Partido Comunista, que también era mayor, y con los que tenían el MAPU y la Izquierda Cristiana. Pero ese concierto no se dio, y todo lo que se diga en otro sentido es absolutamente falso.
“— ¿De dónde salieron las armas de que disponían esos contingentes?
“— No lo sé con precisión. Tenían muy diversos orígenes, algunas eran recolectadas dentro de la propia población chilena, otras eran compradas, otras donadas por diferentes grupos armados de América Latina.
“— Se supone que los cubanos hicieron un aporte significativo.
“— Seguramente, pero no se lo puedo garantizar, porque yo no era el encargado militar.
“— ¿Y los soviéticos tuvieron participación en ese terreno?
“— No. Bueno, mi tendencia es a contestarle con un rotundo no, pero en verdad, la relación privilegiada con los soviéticos la tenían los comunistas, ellos podrían responderle.”

Otros sorprendidos diciendo la verdad
Luis Corvalán, Secretario General del Partido Comunista chileno, por su parte, declaró a “La Stampa”, diario italiano, de Milán, lo siguiente, edición del 26 de octubre de 1973:
“Las armas que teníamos, de las cuales los generales han descubierto una mínima parte, desgraciadamente eran pocos los que las sabían usar, porque no había habido tiempo suficiente para adiestrar a la masa popular”.
Eduardo Frei Montalva, ex Presidente de la República y Presidente del Senado hasta septiembre de 1973, le escribía lo siguiente al Presidente Mundial de la Internacional Democratacristiana, Mariano Rumor, en octubre de 1973:
“Hay más de 50 documentos publicados por el PDC y dados a conocer en el Parlamento respecto a la internación ilegal de armas.
“Las armas hasta ahora recogidas (y se estima que no son más del 40 por ciento) permitirían dotar a más de quince regimientos.
“Se trata de armas de todo tipo, no sólo automáticas, sino que pesadas, ametralladoras, bombas de alto poder explosivo, morteros, cañones antitanques de avanzados modelos y todo un aparato logístico de comunicaciones, de telefonía, clínicas médicas, etc., para poder concretar esta acción. Se había establecido así un verdadero ejército paralelo.
“Estas armas son todas de procedencia checa o rusa, armas que jamás ha tenido el Ejército chileno”.

Y también había tropas cubanas
El nombre de Patricio de la Guardia, que cita el ex guerrillero y GAP de Allende, Max Marambio, en sus memorias, a las que luego me referiré, calza perfectamente con la mención que hace una publicación cubana de la presencia de tropas de ese país en Chile, lo que configuraba una razón más para impedir que Allende siguiera en el poder, pues estaba encubriendo la presencia clandestina de tropas extranjeras en territorio chileno, sin cumplir ninguna de las formalidades legales para ese efecto. Las cuales mal podía cumplir, puesto que esas tropas tenían por misión combatir contra las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile en el curso de la asonada totalitaria que, como se apreciará más adelante en el "Plan Z", se preparaba tentativamente para el 19 de septiembre de 1973.
En el libro cubano se lee el interrogatorio a que fue sometido muchos años después ante un tribunal cubano el general Patricio de la Guardia:
“Patricio de la Guardia Font: Estuve en Chile.
“Mayor Julio González Guethon: ¿Fue condecorado en aquella oportunidad por alguna razón?
“Patricio de la Guardia Font: Fui condecorado con la Medalla Internacionalista de Primer Grado, porque estaba en Chile al frente de los compañeros de Tropas, cuando el golpe de Estado en Chile, y cumplí otras operaciones especiales”.
Por supuesto, el secreto ha rodeado el hecho inédito de que un gobierno chileno haya admitido tropas extranjeras en apoyo a un propósito armado ilegal y totalitario.
Este libro cubano, “Vindicación de Cuba, 1989” tiene una historia muy particular. Un militar anónimo me hizo llegar en los ’90 fotocopias de las páginas donde está el diálogo antes reproducido. Pero yo quería tener un ejemplar completo, y le encargué a mi amigo escritor James Whelan (“Desde las Cenizas”) que buscara en Miami un ejemplar, pese a que había sido editado en La Habana. James lo encontró y me lo trajo ¡pero le faltaban precisamente las páginas donde se revelaba la presencia de tropas cubanas en Chile bajo Allende!
Supuse que se debía a que Fidel leía mis columnas en “El Mercurio”, donde había comentado el contenido de esas páginas faltantes.

Y Cuba y Suecia entregaban armas al MIR
Max Marambio, ex miembro de la “Guardia Armada Personal” de Allende (GAP, ilegal, porque un Presidente en Chile no puede tener una guardia pretoriana propia y debe someter su seguridad a las fuerzas armadas legales), escribió un libro titulado "Las Armas de Ayer," título que es un reconocimiento en sí. En su página 112, encontramos esto, referido a cuando los cubanos debieron abandonar su embajada, después del 11:
"Quien me recibió (en la embajada de Cuba) fue Juan Carretero. Juan había completado su misión de consejero político, la máxima autoridad en lo referido a la cooperación con Allende y el resto de los grupos de izquierda y, casualmente, se disponía a despedirse esa noche del cuerpo diplomático. Con la mayor naturalidad del mundo, le encomendó al capitán Patricio de la Guardía, recién llegado como Jefe de Protección, que me entregara un módulo de combate y me asignara un puesto en la defensa... Patricio me entregó una parafernalia guerrera que incluía un fusil AKM, un arnés con cuatro cargadores de 40 cartuchos, dos granadas de mano y una careta antigás que no había utilizado nunca y que, sin el riesgo de morir asfixiado, tampoco me puse ese día. Mi primera tarea fue ayudar a Luis Fernández de Oña a quemar la papelería privada de Salvador Allende. El funcionario cubano era esposo de Beatriz Allende y padre de una de las nietas del Presidente... El Presidente le había encomendado destruir sus papeles en caso de que se produjera el golpe. Le prohibió conservarlos o llevarlos a algún lugar seguro, ni siquiera a Cuba. Como era una cantidad considerable y en el horno se ocupaban de la destrucción de los documentos cubanos, organizamos una hoguera en el patio y cuidamos con celo que las llamas consumieran hasta el último papelito. Más tarde, me tocó ocupar un puesto en el tercer piso..."
Cuando el 11 de septiembre de 1973 fue derrotada la intentona marxista, Marambio, que quedó a cargo de la embajada cubana cuando el personal de ella se marchó, confiesa que participó en la entrega de las armas cubanas al MIR, estando ya la sede bajo la responsabilidad de Suecia, nación que, por tanto, se hizo cómplice (activa y no pasiva) de esa transferencia de armamento.
Años después el primer ministro Olof Palme donó públicamente fondos en una colecta que realizaba en Suecia un grupo de exiliados chilenos en beneficio de la asociación ilícita terrorista del PC chileno, el FPMR.
Poco después un terrorista asesinó a Palme en una calle de Estocolmo. Yo proclamé, en mi columna de “El Mercurio”: “¡Justicia divina!”, parodiando al periodista Julio Martínez, que hizo famosa esa exclamación en el partido Chile-Rusia del Mundial del ’62, cuando el árbitro cobró fuera del área un vistoso penal cometido en contra de Leonel Sánchez, pero éste clavó de todas maneras la pelota dentro del arco defendido por la “Araña Negra”, Lev Yashin, el arquero soviético.
Recientemente recordé lo anterior en mi blog, que en la ocasión fue publicado por el diario digital “El Mostrador”, lo que dio lugar a una airada carta de la embajadora sueca desmintiendo la donación de Olof Palme a una colecta del FPMR y escandalizándose de que yo calificara como “justicia divina” el atentado en contra de éste. Quedé de encontrar la fuente de mi información sobre la colecta, cosa que al escribir estas líneas todavía no he cumplido, pero cumpliré en fecha todavía no precisada. De paso, le expliqué el origen de la expresión “justicia divina”. Y la informé, además, de la entrega de armas cubanas bajo responsabilidad sueca.

Y el propio Allende es sorprendido diciendo la verdad
Siempre estuvieron por las bombas y las balas, pero la izquierda ha lavado el cerebro a la opinión pública chilena y la ha convencido, junto con convencerse a sí misma —uno de los requisitos para ser un buen lavador de cerebros— de que Allende era un demócrata cabal. Pero éste, como Presidente, estaba por completo embarcado en la lucha armada, tanto que declaró a su amigo Regis Debray, en la entrevista de agosto de 1973, publicada en Le Nouvel Observateur de París:
“Sabíamos bien que teníamos necesidad de tiempo para organizarnos, armarnos y preparar debidamente las estructuras militares de los partidos de la Unidad Popular. Fue una carrera en contra del tiempo”.

Pero el ejército rojo se esfumó a partir de 2003
Claro, como alguna vez escribió el historiador Gonzalo Vial, “cumpliendo la consigna, a partir del 2003 empezaron a ‘disminuir’ los efectivos que la extrema izquierda había tenido en armas treinta años antes. El secretario general del PS en 1973 (Carlos Altamirano), que el ’89, refiriéndose sólo a su partido, hablaba de 1.500 hombres, el año 2003 dijo que no eran ni siquiera 150... insuficientes aun para ‘atacar una comisaría’ y que apenas dominaban ‘el tiro al blanco en polígono’ (agregó). El año 1989, el secretario general del partido comunista (Luis Corvalán) había fijado en 3.000 sus paramilitares del ’73, ahora los rebajaba a 1.500... y así sucesivamente”.
Como anticipé más arriba, el 13 de julio de 1990 “La Segunda” publicó un reportaje bastante extenso sobre los extranjeros que ingresaron ilegalmente al país entre 1970 y 1973, basado en un informe de la “Comisión Especial de Consulta Sobre Seguridad” de la Organización de Estados Americanos (OEA), formada por delegados de Estados Unidos, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Uruguay y República Dominicana, y presentado al vigésimo primer período de sesiones extraordinarias de 1974, donde dijo:
“El número aproximado de extranjeros ingresados ilegalmente a Chile, pudo estimarse en septiembre de 1973, entre 12 y 15 mil individuos”.
Añade: “Luego del 11 de septiembre y hasta marzo siguiente, más de 3 mil 500 extranjeros salieron de Chile en calidad de asilados, refugiados o expulsados”.
Pero el instrumento fundamental para hacer desaparecer el ejército extremista fue el “Informe Rettig”, encargado por Aylwin II con el fundamental propósito de que todos los muertos y heridos con motivo de los atentados fueran atribuidos a entelequias innominadas, descritas como “víctimas de la violencia política” o “víctimas de particulares actuando por móviles políticos”, sin nunca nombrar al MIR, al FPMR comunista, al propio PS armado confesado por Altamirano, ni al MAPU y la IC, que también tenían tropas guerrilleras.
Todo ese contingente se esfumó, para poder acusar al Gobierno Militar de usar las armas contra “opositores” o “disidentes” políticos por el solo hecho de opinar de otra manera, sin que ninguno de ellos hubiera divisado jamás un M-16 ni una metralleta.

El "Plan Z" era una realidad
¿Cuántos acuerdos de congresos del Partido Socialista, el de Allende, hay que citar para convencer a la gente de que, tarde o temprano, iban a intentar tomarse el poder por las armas? Ya he mencionado los de 1965, 1967, 1969 y 1971. Reproduzco parcialmente uno solo, el de 1967, realizado en Chillán, donde, por la unanimidad de los asistentes se aprobó lo siguiente:
“1. El PS, como organización marxista-leninista, plantea la toma del poder como objetivo estratégico a cumplir por esta generación para instaurar un estado revolucionario que libere a Chile de la dependencia y del retraso económico y cultural e inicie la construcción del socialismo.
“2. La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y su ulterior defensa y fortalecimiento. Sólo destruyendo el aparato burocrático y militar del Estado burgués puede consolidarse la revolución socialista.
“3. Las formas pacíficas o legales de lucha… no conducen por sí mismas al poder. El PS las considera como instrumentos limitados de acción, incorporados al proceso político que nos lleva a la vía armada”.
Y en 1971 los socialistas corroboraron todos los acuerdos anteriores, ya estando en el gobierno. ¿Que había que esperar? ¿A que dieran ellos el golpe?
Y ya después se comprobó que lo iban a dar y que el plan para hacerlo (“Plan Z”) lo tenían listo, incluso con una fecha tentativa de ejecución, el 19 de septiembre de 1973.
El historiador Gonzalo Vial acreditó la autenticidad del "Plan Z", en una entrevista en que reconoció su autoría del Libro Blanco:
“— ¿Pero cree en la veracidad del Plan Z?
“—...Yo creo en la veracidad del Plan Z. ¿Por qué creo? Un ministro dijo que el Plan Z no lo creen ni los que lo inventaron. Entonces tengo que entregar mi versión, pero no por interés en la política, sino en la historia. Tengo razones para creer que el Plan Z es auténtico. El Libro Blanco salió en octubre del ’73, cuando un grupo de personas que éramos partidarios del golpe y estábamos completamente con Pinochet, con las Fuerzas Armadas, le dijimos a la gente de gobierno que había que hacer un Libro Blanco sobre por qué había cambiado el gobierno de Chile. Para contrarrestar lo que se estaba diciendo en el extranjero. Nos encontraron razón y nos encargaron su elaboración. Es un documento oficial.
“— ¿Hablaron con Pinochet?
“—No. Con intermediarios. ... Y propusimos esta idea de hacer el libro y lo hicimos gratuitamente.
“— ¿Por qué no lo firmaron?
“—Es un documento de Chile y de nadie en particular.
“—Eso hizo crecer los rumores sobre quién lo había escrito.
“—Yo nunca escondí que lo había escrito. Y de hecho se supo porque yo lo dije.
“— ¿Cómo recolectaron el material?
“—Le dijimos a esta gente del gobierno que tenían que darnos documentación de la Unidad Popular, de lo que han recogido en allanamientos(...) Entonces llegaron kilos y kilos de documentos, fotocopias, y seleccionamos los que parecían más interesantes. El caso es que ninguno de esos documentos ha sido objetado en su autenticidad. Por ejemplo, en el Libro Blanco salió por primera vez la carta de Fidel Castro a Salvador Allende empujándolo a que provocara la guerra civil. Salió por primera vez la lista de las armas que se internaron por Pudahuel. Ha habido comprobaciones muy notables de la veracidad de esos documentos.
“—Pero hay cosas difíciles de creer...
“— ¡Lo que pasa es que usted no sabe el grado de acaloramiento y locura que había en esa época! (...) El Partido Radical tenía un sistema de inteligencia y entonces aparece en el Libro Blanco un informe de ese partido sobre una comida que habían tenido con el general (Carlos) Prats una serie de políticos. Eso salió en el Libro y por supuesto lo desmintieron. Pero 20 años después aparecen las memorias de Prats y ahí está la comida y las mismas conversaciones. Eso daba cuenta de la veracidad de los documentos. (...)
“— ¿Cuáles antecedentes tiene para decir que es un material auténtico y no una farsa?
“—Apareció este documento y nos encontramos con nuestro contacto, que era un oficial de la Armada. ‘Esto hay que publicarlo’, le dije. ‘No, esto no se puede publicar, es muy grave e incendiario’, contesta. Tuvimos que movernos mucho, hacer incontables diligencias para que nos permitieran publicar la fotocopia del Plan Z. Eso para mí es un antecedente de que es auténtico. ...”

Primer Propósito de Z: el Autogolpe
El Plan Z tenía como primer propósito el autogolpe de Estado. Su texto lo dice claramente (mayúsculas del original):
“De: P-4 A: AGP
“SANTIAGO.
“Fecha: 25.8-73.
“PLAN DE MOVILIZACIÓN Y OPERACIONES PARA GOLPE DE ESTADO.
“Nombre Código: PLAN ZETA
“1. CASOS DE APLICACIÓN DEL PLAN:
“Z-A: Iniciación de Golpe de Estado para conquistar el PODER TOTAL e imponer la DICTADURA DEL PROLETARIADO contra la acción de una parte de las FF. AA. apoyada por grupos civiles.
“Z-B: Muerte de Allende por atentado.
“Z-C: Invasión externa con tolerancia o complicidad de FF. AA. internas o fuerzas civiles sediciosas.”
El Plan contiene una completa descripción de la forma en que debe llevarse a cabo. Por ejemplo, bajo el epígrafe de “CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS TAREAS Y ORGANIZACIÓN”, expresa:
“Introducción: Será fundamental eliminar físicamente los Altos Mandos y a los oficiales Jefes de las Unidades de las fuerzas enemigas para debilitar y desmoralizar la reacción desleal. En consecuencia, se aprovechará las reuniones y concentraciones propias de las Fiestas Patrias para actuar masivamente y en forma coordinada en todas las ciudades principales.
“A-1. El Mando Regional empleará los núcleos especiales (NPE) en la ciudad cabecera de su área respectiva, para eliminar con armas de fuego a los oficiales con mando de tropas en los lugares de concentración de fuerzas de la Parada Militar, el día 19 de septiembre.
“A-2. Simultáneamente los GAP de la Moneda e intendencias procederán a dar de baja a los Generales, Almirantes y otros altos oficiales que estarán reunidos, asistiendo a un almuerzo oficial que ofrecerá el Gobierno con motivo del Día del Ejército.
“A-3. Las unidades militares descabezadas, serán rápidamente controladas por los elementos leales que hemos logrado infiltrar en sus organizaciones. Deberá tenerse presente que la infantería de marina no tiene elementos nuestros, por lo que sus fuerzas deberán ser controladas cuanto antes por unidades plegadas al plan.
“A-4. Las guardias de vigilancia en los cuarteles deberán ser copadas y dominadas por organizaciones vecinales de lucha con la colaboración de elementos adictos e infiltrados previamente. En aquellos cuarteles en que se aprecie una mayor resistencia, se emplearán los grupos especiales (NPE-3Z). En los buques, los infiltrados y colaboradores impedirán su zarpe y facilitarán posteriormente su captura”.
Después viene, con todo detalle, el proceder golpista en todo el territorio. ¿Y cuándo debería ponerse en marcha el Plan Z? Su texto no deja dudas, pues termina con el siguiente acápite:
“5. AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ZETA.
“Los mandos regionales de AGP y L-6 aplicarán ZETA en primera FASE, en los siguientes casos:
“1° Cuando reciban notificación expresa de causal Z-A (tentativamente será el 19 de septiembre de 1973).
“2° Cuando reciban notificación de haberse producido fehacientemente las circunstancias de Z-B y Z-C”.
Es evidente que la acción draconiana de las Fuerzas Armadas y Carabineros a partir del 11 de septiembre de 1973 se explica tanto por la inminencia de que su acción era preventiva de un autogolpe totalitario, como porque éste estaba concebido en términos del asesinato a mansalva de las autoridades uniformadas.
La conciencia de lo que estaba por suceder explica, justamente, las referencias que los líderes políticos democráticos hicieron, después del 11 de septiembre, a un autogolpe marxista. Caso de Patricio Aylwin, senador y presidente de la DC, como hemos visto, y de Eduardo Frei Montalva, Presidente del Senado en 1973.

La “ley Carmona”
Un personaje decisivo en el desenlace que salvó al país del autogolpe totalitario fue el entonces senador Juan de Dios Carmona. Una moción suya se convirtió en la Ley de Control de Armas, que tenía la virtud de conferir atribuciones a los comandantes de regimientos para resolver allanamientos en busca de armas ilegales. No necesitaban autorización del gobierno para proceder.
La aprobación de esta ley fue casi un milagro, y su aplicación fue decisiva para restar ímpetu a la conspiración de extrema izquierda para hacerse del poder total, pues diversos comandantes de regimientos, en plena UP, acudían a los lugares donde se les señalaba que había armas ilegales y las confiscaban.
Esto provocó un malestar enorme en los centros de la guerrilla de extrema izquierda, en particular en los cordones industriales, y creó un problema insoluble para la distribución de armas, que se hacía en camionetas inscritas a nombre de la secretaria personal de Salvador Allende, Miria Contreras, lo cual sólo se vino a saber gracias a algunos accidentes de tránsito.
De ahí que Luis Corvalán se lamentara, después del Pronunciamiento, de que las armas que tenían los comunistas no habían alcanzado a distribuirse. Gran papel en impedirlo jugó la Ley Carmona.

CAPÍTULO III
ALLENDE MERECE CAPÍTULO APARTE

La habilidad de “la muñeca” de Allende, de la cual se jactaba, le servía para engañar a todo el mundo para su propio beneficio. Engañó a los democratacristianos para conseguir que lo eligieran Presidente en el Congreso Pleno, en 1970, suscribiendo un “Estatuto de Garantías” que confesadamente no iba a cumplir. Estaba engañándolos no sólo a ellos, sino a todos los chilenos.
La vida de Salvador Allende, un viñamarino de gustos refinados, fue todo un mentís a la aseveración de Abraham Lincoln de que no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Él lo hizo. Su desempeño político consistió en fingir ser un demócrata, mientras hacía lo posible por instaurar un sistema totalitario; se declaraba partidario de la vía pacífica mientras al mismo tiempo distribuía armas entre sus partidarios; se arreglaba para recibir sobornos de los norteamericanos, como los denunciados por el embajador Edward Korry en “La Segunda” de 22 de octubre de 1996, pág. 20; y también de los soviéticos, como los detallados por el ex agente del KGB Vasili Mitrokhin en su libro “El KGB y la Batalla por el Tercer Mundo”, Basic Books, 2005, Cambridge, Massachussets.
Y muchas cosas más, entre ellas haber encabezado el peor gobierno de la historia del país. Conjunto de méritos que le valieron ser elegido por una mayoría nacional de votantes por Internet como “el más grande chileno de todos los tiempos”, aventajando a Arturo Prat; tener el monumento más conspicuo entre los que rodean el Palacio de La Moneda y ser descrito por un historiador de derecha, como Gonzalo Vial, como “un hombre honrado”.
Eso refleja lo que es el país.

Los comentarios de Billingsley
Un artículo de Lloyd Billingsley, aparecido en ”FrontPageMagazine.com | Tuesday, January 24, 2006”, y que se basa en el libro de Mitrokhin recién citado, merece reiterarse:
“La socialista Michelle Bachelet ha sido elegida Presidenta de Chile y está siendo aclamada no sólo como la primera mujer Presidenta, sino también como víctima de Augusto Pinochet, cuyo golpe militar de 1973 derrocó a Allende. En la leyenda de la izquierda, Allende fue un marxista independiente y patriota, y también un mártir sacrificado por Nixon y la CIA. Ahora esa leyenda tendrá que ser desechada, gracias a un importante trabajo que ha convocado poca atención: ‘El Mundo Estaba Yendo en Nuestro Rumbo: El KGB y la Batalla por el Tercer Mundo’ (‘The World Was Going Our Way: The KGB and the Battle for the Third World’) (Basic Books) es el recién publicado segundo volumen de revelaciones de los archivos del oficial de la inteligencia soviética Vasili Mitrokin, contrabandeados a occidente en 1992. El volumen no menciona a Michelle Bachelet, que sin duda estaba en el archivo del KGB desde su estancia en Alemania Oriental —un lugar más bien extraño para que una autodescrita demócrata independiente buscara refugio— pero hay bastante material sobre Salvador Allende. Su código KGB era LÍDER, y los soviéticos lo consideraban su activo más importante después de Fidel Castro.
“Allende primero atrajo la atención del KGB durante la era de Stalin, en los tempranos 1950s, cuando, como líder del Partido Socialista de Chile, formó alianza con el marginado Partido Comunista de Chile, una subsidiaria enteramente controlada por la URSS. Por su parte, los comunistas chilenos consideraban a Allende un “demagogo” y “un político débil e inconsistente” con simpatías maoístas. Allende había visitado China y atribuido a Mao Tse-tung el mismo nivel de Marx, Engels y Lenin. Pero esa desviación probó no ser un obstáculo. El contacto sistemático del KGB con Allende empezó en 1961, después que los soviéticos establecieron una misión comercial en Chile que sirvió para tapar operaciones encubiertas. De acuerdo a los archivos, Allende planteó su disposición a cooperar sobre una base confidencial y proveer cualquier ayuda necesaria, en su calidad de amigo de la URRS. Allende voluntariamente compartió información política sensible con quienes manejaban el KGB, tales como Svyatoslav Kuznetsov.
“Este fue enviado desde México a Chile para mantener contacto y mantener operaciones encubiertas y así asegurar el éxito de Allende. Este pidió fondos soviéticos y los obtuvo. En esos años, los soviéticos gastaban más en Chile que en cualquier otro país de América Latina, incluyendo un subsidio personal de US$ 50.000 directo para Allende, el LÍDER que combinaba el dogma marxista con gustos aristocráticos y un ojo para las damas.
“El conducto del KGB Kuznetsov arregló entrevistas con Allende a través de María (Miria) Contreras Bell, su secretaria personal, nombre de código MARTA y la amante favorita de Allende. El KGB también mantuvo estrechas relaciones con la cónyuge de Allende, Hortensia, y su hija Beatriz, tanto en Chile como durante sus estadías en la URSS. Había otros canales de acceso, incluyendo muchos cubanos en la guardia personal de Allende.
“El KGB también pagó a otros políticos chilenos para que no compitieran con Allende, quien en 1970 encabezaba la coalición Unidad Popular (UP) de comunistas, socialistas y variados partidos radicales. Las fuerzas contra Allende estaban divididas y él ganó con un magro 36,3 por ciento de los votos.
“Después de la elección, de acuerdo con el archivo de LÍDER en el KGB, los soviéticos le dijeron a Allende que él necesitaba reorganizar el Ejército y los servicios de inteligencia chilenos, y establecer una relación entre los servicios de inteligencia de ambos países. Allende accedió, cosa que ningún independiente habría hecho. Los archivos del KGB nada revelan sobre una participación de la CIA en el golpe de Pinochet, durante el cual todo indica que Allende se suicidó, pero el KGB lo promovió como un mártir que había sido asesinado por los militares chilenos, que capturaron al jefe comunista, Luis Corvalán. El KGB abandonó un complicado plan para rescatar a Corvalán de una prisión remota y con el tiempo lo canjeó por el disidente Vladimir Bukovsky.
“Como parte de la operación TUCAN, el KGB también falsificó una carta que involucraba a la CIA en una campaña de asesinatos de la DINA de Chile. ‘El Mundo Iba en nuestro Rumbo’ incluye la carta completa a raíz de la cual muchos cayeron en la trampa, incluyendo al columnista Jack Anderson.(...)
“La leyenda de Allende tendrá que ser revisada. Él no fue un líder independiente, un chileno patriota ni un demócrata dedicado. Él fue un instrumento del KGB y de la URSS por largo tiempo, pero uno no debería buscar una revisión de su postura por los radicales norteamericanos que lo homenajeaban. Su estructura ideológica no tiene espejo retrovisor y ellos han remado mucho tiempo después de todo eso para encontrar nuevos frentes en los cuales denunciar a los Estados Unidos.”

Pagos recibidos y pagos efectuados
En el libro de Vasili Mitrokihn, ex agente soviético antes citado, se afirma:
“Se aprobó el pago de US$100.000 del fondo reservado del Consejo de Ministros (de la URSS) para ‘medidas especiales’ en Chile, por parte del Politburó en 7 de febrero de 1973. Una adicional ‘recompensa monetaria’ de US$400 se le entregó a Allende por ‘información valiosa’ no especificada, que él había proporcionado” (pág. 80).
En 2004 me llegó una carta en los siguientes términos, de un hombre de negocios británico residente en Chile, recientemente fallecido. No menciono al protagonista de los hechos porque su viuda reaccionó con extrema virulencia cuando di a conocer el relato en mi columna de “El Mercurio”, pese a que no había nada desdoroso para su marido en la carta... salvo que él no hubiera cumplido su encargo...

“Señor Hermógenes Pérez de Arce
El Mercurio
Presente
Estimado Hermógenes:
La persona que llevó el dinero proveniente de la expropiación de Anaconda en 1971 se llamaba NN, gerente de la empresa. El nació en Antofagasta de padres ingleses. Me contó la historia en un partido de cricket en el Country Club en 1985 o 1986. Recibió un cheque por US$ 17 millones directamente de las manos del Presidente en La Moneda. El cheque era al portador girado por el Banco Central y lo llevó de inmediato en un vuelo de la Pan American a Nueva York. Estaba convencido que lo iban a detener en el aeropuerto antes de salir pero no pasó nada. Desde esa fecha vivía en Connecticut, Estados Unidos. Murió hace unos meses pero su viuda estuvo de paso alojada en casa de unos amigos, NN y NN, teléfono XXXXXXX. A lo mejor ella puede dar mayores antecedentes. Un cordial saludo,
Michael Harcombe.”

Yo publiqué el testimonio, que es válido por sí mismo, sin llamar a las personas que alojaron a la viuda del protagonista de los hechos, pues tengo suficiente experiencia acerca de que la gente tiene mucho temor de verse involucrada en hechos como los anteriores, debido a la violencia de la izquierda y, en particular, tras el lavado general de cerebros practicado en Chile, que ha tornado pecaminoso cualquier recuerdo acerca de las realidades que se vivieron bajo Allende y la UP.
La viuda negó todo y señaló que su marido no tenía nada que ver con Anaconda Company, lo cual era efectivo, pues había sido, en realidad, gerente de una empresa salitrera, y en tal calidad había recibido el pago que refirió a Michael Harcombe.
Pues el ex embajador de los Estados Unidos en Chile, Edward Korry, en declaraciones a “La Segunda”, señaló que dicha empresa salitrera obtuvo una indemnización de Allende, previo el pago de un soborno a éste.
Entrevistado por la periodista Lilian Calm en “La Segunda” del 22.10.96, el ex embajador norteamericano en Santiago entre 1967 y 1971, Edward Malcolm Korry, declaró:
“P: Según usted, Allende recibió sobornos: US$ 500.000.
“R: Más. Hubo otros, pero sólo sé de uno en forma directa. El salitre era propiedad de compañías extranjeras. Un europeo occidental viajó a Chile en representación de accionistas no norteamericanos y pagó más de US$ 500.000, cerca de US$ 800.000. Y el salitre recibió 8 millones de dólares de pago para ser nacionalizado por Allende. Yo participe en cuarenta negociaciones pactadas entre el gobierno de Allende y compañías norteamericanas, para permitirles legalmente y mediante un acuerdo su salida de Chile. (...)
“P: Para usted, un modus vivendi con Allende era pura teoría, pero lo logró...
“R: Porque establecí una muy buena relación con el mejor de sus técnicos, el socialista Carlos Matus. Nunca lo volví a ver. Con él logré ciertas negociaciones. Una de gran importancia fue la de Cerro Cobre. Alcanzamos un acuerdo y Allende me invitó a la firma. Le dije que no, para que se llegara al acuerdo libremente, sin los Estados Unidos.
“Y relata:
“Luego me llamó 15 minutos antes de la firma para disculparse. Me dijo (es textual): ‘Tengo un pequeño problema en el gallinero, pero lo arreglaré. Es sólo temporal’. Yo informé a Washington: ‘El gallo se llama Altamirano’. Nunca se firmó. Ya en los Estados Unidos, cuando se graduaron nuestros hijos, me encontré en Harvard con el mandamás de Cerro Cobre, quien me reveló: ‘La compañía sobornó a Allende’. Es decir, hubo tratos posteriores. No sé cuáles serían."

“Bonito cheque, para ser una secretaria”
Como estoy en una trinchera de opinión, cuando recibo municiones para responder al fuego adversario rara vez las desperdicio. En una ocasión un alto directivo de una empresa, médico de profesión, allá por los años ’90, manifestó delante mío que, estando en un post grado en los Estados Unidos, a comienzos de los ’70, había leído en un diario de allá que Miria Contreras Bell, a la sazón secretaria personal de Salvador Allende, había depositado un suculento cheque en dólares en un banco norteamericano, lo cual había llamado la atención, de modo que el diario había comentado: “Bonito cheque, para ser una secretaria”.
Tiempo después quise verificar la información y le dirigí el siguiente mail al médico-alto directivo, el 01.08.04 a las 18.45 hrs:

“Estimado XX:
“Recibí una carta de Michael Harcombe, súbdito británico, quien oyó en 1985 u 86 el testimonio de YY, gerente de Anaconda, de que fue personalmente a La Moneda en 1971 y recibió de Salvador Allende un cheque por 17 millones de dólares (unos 85 millones de dólares de hoy). Los llevó a los Estados Unidos, donde, al ingresar y llenar un formulario donde se le preguntaba si portaba más de diez mil dólares, contestó afirmativamente y declaró los 17 millones, lo que quedó debidamente registrado. Como eso armoniza con la declaración de Korry sobre un pago de comisión a Allende por una minera, a cambio de recibir indemnización, querría incluirlo en mi próxima columna. Y también querría incluir un párrafo que dijera algo así como: ‘Un amigo mío, que realizaba estudios de post grado en ¿Boston? antes del 11 de septiembre de 1973, me refirió haber leído en un diario local ¿Boston Globe? la noticia de que la secretaria de Allende había sido vista depositando una subida suma (¿decía cantidad?) en un banco canadiense (¿había nombre de banco?) y que el párrafo terminaba con el siguiente comentario: ‘Bonita suma para una secretaria’. ¿Me autorizas para citar tu experiencia, sin nombrarte, por supuesto? (XX me autorizó para reproducir su carta, sin nombrarlo, por supuesto.) Agradecido de antemano, te saluda con el afecto de siempre, Hermógenes Pérez de Arce Ibieta.”
La respuesta, del 02.08.04 a las 18.54 fue:
“Ningún problema. Yo no estaba en Boston, sino, digamos, EE. UU. porque leía muchos diarios, mejor dicho, muy pocos, pero muy variados (leía en la biblioteca de la Universidad el que estuviera desocupado.) Ahí me encontré con que una noticia decía que la secretaria de Allende, con nombre y apellido, según recuerdo, la Payita Contreras (no me acuerdo del nombre de pila ¿Miria?) había depositado en un banco canadiense (no que la hubieran visto, sino simplemente daba la información y no recuerdo si nombraba al Banco, aunque sí creo que nombraba la ciudad. Por cierto no me acuerdo con precisión cuál era esa ciudad, pero podría asegurar que era o Toronto o Montreal) 1 millón de dólares. Y terminaba con la frase irónica que tú citas. NN.

Carta-testimonio de un juez
Un juez de Policía Local me hizo llegar con fecha 20 de septiembre de 2004 la siguiente nota, que cito parcialmente:
“En relación con las cuentas de mi General en el Banco Riggs, recuerdo que entre los meses de octubre a diciembre de 1973, funcionarios de la FACH supieron de la existencia de una caja de fondos en el Palacio de La Moneda, situada entre dos salones, para lo cual trajeron a un preso que sabía cómo abrirla. La única condición que puso es que no lo miraran mientras realizaba su ‘trabajo profesional’. El resultado fue una cuenta bipersonal de Allende con la Payita de varios millones de dólares...
“Por cierto que la cuenta estaba muy girada al momento de su hallazgo.
“La noticia apareció, según recuerdo, en el diario ‘La Segunda’ y lo podrás verificar.”
Lo verifiqué y comprobé que el 4 de diciembre de 1973 en La Segunda se informó:
“Desde las primeras horas de esta mañana se encuentra trabajando en el Palacio de La Moneda un reo de la Cárcel de Santiago ‘técnico’ en la apertura de cajas de fondos(...) Hasta el momento no menos de dos cajas de fondos han sido abiertas y la documentación comenzó a ser examinada por los efectivos de Inteligencia Militar...”
Pero no encontré referencia al hallazgo de un talonario de cheques en dólares.
El Gobierno Militar nunca quiso detallar las pertenencias personales de Allende que encontró a su caída.

La caja de fondos de Vergara
El escritor británico Robert Moss confirmó la inminencia de la aplicación del autogolpe marxista anunciado por Aylwin y descrito en el "Plan Z":
“Los ultras marxistas trabajaban ahora frenéticamente para completar los preparativos de un golpe izquierdista (basado en el modelo de la revolución bolchevique) que se adelantaría a cualquier intento de intervención militar.
“La total extensión de estos preparativos no fue exactamente conocida hasta después del pronunciamiento de septiembre, cuando la Junta Militar reveló que había descubierto —en una caja de fondos de la oficina del Subsecretario del Interior, el comunista Daniel Vergara— planes detallados para el asesinato de cientos de personeros de la oposición, altos oficiales del Ejército, Marina y Aviación, periodistas conservadores y hombres de negocios. Esta ‘noche de los cuchillos largos’ iba a tener lugar el Día de la Independencia de Chile, menos de una semana después del pronunciamiento”.

Salvador, amenazador
La historia “oficial” de lo que fueron el régimen de la Unidad Popular y el Gobierno Militar ha sido manipulada en tales términos que guarda nula relación con la verdad. La amplitud con que el mito consiguiente se ha divulgado en Chile y el mundo ha operado un verdadero lavado cerebral sobre la masa de la opinión local e internacional.
La izquierda siempre ha confiado en que puede manejar la opinión pública a su amaño. Veamos este ejemplo de lo que Salvador Allende se sabía capaz de hacer con ella, ejemplo referido por quien fuera director del diario "Clarín", Román Alegría, en su libro “Entre Dos Generales”. Los hechos acontecen en el domicilio del dueño de “Clarín”, Darío Sainte-Marie, a quien asustaron mucho, de modo que posteriormente vendió su diario al mismo Allende:
“Llegó Salvador Allende en medio de su ventolera de GAPS y Fiat 125 y le dijo a Sainte-Marie: “Conmigo no vas a hacer lo que has hecho con Ibáñez y Frei. Te hago matar, culpo al imperialismo, te declaro héroe nacional, te rindo honores de general en el cementerio y hablo en tus funerales. Ya lo sabes”.
¿Puede haber un más patente testimonio de confianza absoluta en que, contra toda la verdad de los hechos, se puede hacer opinar a la gente lo que uno soberanamente quiera? Bueno, también lo estamos viendo en el Chile actual.

De nuevo sorprendido diciendo la verdad
Pocos episodios revelan mejor al “verdadero Allende” que el vivido por él en 1967, cuando creyó ser entrevistado por un periodista de la Alemania comunista y éste resultó ser de la prensa occidental. En la antesala del candidato presidencial esperaban entrevistadores de la prensa mundial y uno del “Neues Deutschland”, el periódico oficial de la Alemania comunista. Pero se hizo pasar primero, tal vez por confusión, al periodista suizo Robert Lambert, del “Neue Zürcher Zeitung”, quien fue introducido a la oficina de Allende. Éste pensó que se trataba del primero, y cuando Lambert le preguntó: “Si usted gana esta elección ¿habrá nuevas elecciones en el futuro de Chile?”, Allende le respondió instantáneamente: “No, camarada. No seamos tan pesimistas”, pensando que se trataba del periodista comunista.
Esto lo recordó el “Allgemeine Frankfurter Zeitung” en su edición del 25 de mayo de 2005 y está citado por Víctor Farías en su libro “Salvador Allende: El Fin de un Mito”, Editorial Maye, Santiago, 2006, p. 162.

CAPÍTULO IV
LOS DEMÓCRATAS PARAN LAS OREJAS

Sucedían antes del 11 muchas cosas que trascendían a gente colocada en posiciones de influencia y que inducían a prever lo que iba a venir.
Una de esas cosas fue la inusual entrevista de la directiva de la Sociedad de Fomento Fabril con el Presidente del Senado, Eduardo Frei Montalva, de la cual se levantó un acta muy pormenorizada, que nos permite saber hoy cuál era el predicamento de entonces de la más alta autoridad del Poder Legislativo.

El “Acta Rivera”
Esa Acta tiene valor histórico. Hoy día su original se encuentra en manos del ex Ministro José Piñera Echenique, que sometió el papel en que está escrita a la prueba del carbono 14, para comprobar la fecha en que fue redactada, y cotejó lo expresado en ella con los asistentes todavía vivos a la reunión de que da cuenta. Tuve algo que ver en el hecho de su primera publicación.
Pues hace cerca de veinte años un muy buen amigo y colega abogado, Rafael Rivera Sanhueza, me mostró un documento manuscrito que él conservaba desde que había sido asesor jurídico de la Sociedad de Fomento Fabril, allá por 1972 y 1973.
Rafael, desde que éramos estudiantes en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, en los años cincuenta, siempre se ha caracterizado por la excelente caligrafía y la correcta redacción de sus escritos a mano.
El documento que me exhibió estaba escrito en un papel hilado amarillo, grueso, tamaño oficio. Cuando lo leí, me di inmediatamente cuenta de su importancia histórica y le pedí una copia, que llevé a “El Mercurio”, diario que la publicó al domingo siguiente, 4 de junio de 1995, en la página D-4 de su dominical Cuerpo de Reportajes.
Desde entonces el documento ha pasado a ser conocido como el “Acta Rivera” entre los investigadores e historiadores. Su importancia deriva de que es un testimonio directo, respaldado por varias personas connotadas, acerca de lo que los políticos democráticos del país esperaban de las Fuerzas Armadas en 1973. Y eso que esperaban, se lo pidieron a ellas a través del Acuerdo de la Cámara de Diputados de 22 de agosto de ese mismo año.
Y no sólo eso: el “Acta Rivera” contribuye a probar que los uniformados hicieron, en 1973, exactamente lo que los representantes parlamentarios de la mayoría de la civilidad democrática les pidieron que hicieran.
Veamos qué decía (y dice) el Acta:
“Hoy viernes 6 de julio de 1973, día frío de invierno, al anochecer, la directiva de la Sociedad de Fomento Fabril concurrió a entrevistarse con el presidente del Senado, don Eduardo Frei Montalva, quien había accedido a recibirla en las dependencias de la Cámara Alta, a las 18.30 horas.
“Integraban el grupo Raúl Sahli Watterman, en su calidad de presidente subrogante, ya que el titular, Orlando Sáenz Rojas, se encontraba en el extranjero; Eugenio Ipinza Poblete, segundo vicepresidente; Sergio López Vásquez, tesorero; Fernando Agüero Garcés, gerente general, y Rafael Rivera Sanhueza, asesor jurídico.
“Frei se demoró en recibirnos. Hubo que esperarlo en el salón de la presidencia alrededor de 45 minutos. Al ingresar, se excusó, expresando que había sostenido una reunión de emergencia con los senadores de oposición ante la grave situación que aquejaba al país.
“Los representantes de Fomento Fabril le representaron su inquietud por el giro que habían tomado los acontecimientos a raíz del ‘tanquetazo’ del viernes 29 de junio último (N. del A.: alzamiento frustrado del regimiento Blindados N°2, comandado por el teniente coronel Souper), que había originado una toma masiva de industrias.
“Se le dijo a Frei que el país estaba desintegrándose y que si no se adoptaban urgentes medidas rectificatorias fatalmente se caería en una cruenta dictadura marxista, a la cubana.
“Frei oyó en silencio, cabizbajo. Se le veía abrumado. Se paró de su sillón, abrió una caja de plata y ofreció cigarros ‘Partagas’ a los asistentes. Luego se sentó arrellanándose en forma pausada y solemne y dijo que agradecía la visita, pero que estaba convencido de que nada se sacaba con acudir a los parlamentarios y a las directivas políticas contrarias a la Unidad Popular, ya que la situación era tan crítica que los había sobrepasado.
“Claramente añadió, casi textualmente: ‘Nada puedo hacer yo ni el Congreso ni ningún civil. Desgraciadamente, este problema se arregla sólo con fusiles’, de manera que en vez de ir al Congreso debíamos ir a los regimientos. ‘Les aconsejo plantear crudamente sus aprensiones, las que comparto plenamente, a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, ojalá hoy mismo’.
“Acto seguido contó que un alto oficial de Ejército le había confidenciado que tanto él como su familia corrían serio peligro en el barrio alto, al cual le había respondido que él y su familia eran 12 personas y que en el barrio alto vivían decenas de miles de personas, razón por la cual su situación era en el fondo irrelevante, agregándole que él, como senador, había sido elegido por el pueblo para legislar, deber que estaba cumpliendo. ‘Ustedes, en cambio, tienen las bayonetas y deberían saber lo que tienen que hacer para salvar al país’.
“Nos despedimos, sorprendidos por lo que oyéramos de labios de Frei. Nos llamó la atención su claridad y su decisión, ajenas a su natural dubitativo y cauteloso.
“Siguiendo el consejo de Frei, nos dirigimos a pie por calle Morandé en dirección al Ministerio de Defensa. Serían alrededor de las 20 horas o más. Las puertas del ministerio estaban entornadas. Consultamos a la guardia si estaba alguno de los tres comandantes en jefe, manifestándole que deseábamos ser recibidos por alguno de ellos.
“Tras las consultas de rigor, se informó que ninguno de ellos permanecía en el edificio”.
Este documento indubitable prueba lo que los principales demócratas del país esperaban de los militares (emplearé en lo sucesivo este término genérico para referirme a todos los uniformados que llevaron adelante el 11 de septiembre de 1973).

Santiago Morán descubre el fraude electoral
El estado de desesperación reflejado en el Acta Rivera provenía de que la mayoría democrática no veía una manera institucional de poner término a un régimen que estaba llevando el país a un colapso total en lo económico (escasez e inflación de tres dígitos) y en lo social (enfrentamientos armados, violación de los derechos de las personas e inminencia de una guerra civil), y que no vacilaba en cometer fraude con tal de alcanzar sus fines.
No había una mayoría suficiente en el Senado para deponer al Presidente. Su gobierno se había preocupado, entonces, de perpetrar un fraude electoral que le permitiera bloquear su posible destitución por el Congreso. Se cometió en mayor medida justamente en las provincias donde se elegía senadores.
Esto lo supe directa y personalmente porque participé en la investigación preliminar del fraude, que me dio a conocer el ingeniero Santiago Morán, y después en la Comisión Investigadora del mismo que se constituyó en la Cámara de Diputados, presidida por Enrique Krauss (DC) y que resultó disuelta al ponerse término al funcionamiento del Poder Legislativo el 20 de septiembre de 1973.
El Gobierno Militar no se dio cuenta de la importancia de investigar ese fraude y, por el contrario, ordenó la destrucción de los Registros Electorales en que constaba.
Originalmente fue denunciado al país poco después de las elecciones de marzo del ’73 por el Decano de Derecho de la Universidad Católica y después Ministro del Gobierno Militar, Jaime del Valle. Yo conocía muy bien los detalles del fraude y de hecho fui el que escribió, a petición de Ernesto Pinto Lagarrigue, ex Ministro de Obras Públicas de Alessandri, y del propio Morán, el informe que sirvió de base para el discurso de Jaime del Valle.
Pero, el descubrimiento del fraude fue mérito del ingeniero Morán, que tenía una firma dedicada a hacer encuestas de opinión pública. Las había realizado antes de la elección parlamentaria de marzo de 1973 y había comprobado que la Unidad Popular tenía un apoyo ciudadano parecido al que había permitido a Salvador Allende ganar la elección presidencial, es decir, de alrededor de un 36 por ciento. Pero en esa elección de marzo de 1973 la UP obtuvo cerca del 44 por ciento, lo que despertó las sospechas de Morán.
Dedico párrafo aparte para señalar que Santiago Morán es uno de los tres nombres significativos en el cambio de gobierno de 1973 que no han sido destacados debidamente por la historia oficial. Los otros dos son Enrique Ortúzar Escobar y Juan de Dios Carmona Peralta, a quienes he destacado o destacaré más adelante.
Morán se dedicó entonces a estudiar los resultados de las mesas de las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 y comprobó que, en las antiguas, la UP obtenía el resultado esperado y anticipado por sus encuestas, de alrededor de 36 por ciento, en promedio; pero en las mesas constituidas a partir de 1971 la UP conseguía 80 y hasta 90 por ciento de los sufragios. Esto había tenido lugar principalmente en las circunscripciones donde ese año se elegía senadores. Es decir, el fraude estaba dirigido a impedir que la oposición obtuviera suficientes senadores como para aprobar la destitución del Presidente de la República.
En la Comisión Investigadora de la Cámara quedó claro cómo y dónde se había cometido el delito, y hasta el nombre de la funcionaria del Registro Civil que lo había llevado a cabo en todo el país, mediante inscripciones “brujas” nocturnas y repetidas de partidarios de la UP, que votaban en muchas mesas.
El ingeniero Morán logró reconstruir el itinerario de un votante UP típico que comenzaba votando varias veces en Santiago y después lo iba haciendo en las nuevas mesas constituidas en diferentes pueblos hasta llegar a Melipilla.
Eso explicaba el “salto” electoral de la UP en las circunscripciones que elegían senadores y la extremada alarma de un candidato radical pro-UP cuando se había insinuado, antes de los comicios, la idea de aprobar un proyecto para teñir con tinta indeleble un dedo de los sufragantes, pues eso habría frustrado el voto múltiple de los partidarios de la UP. Dicho senador visitó urgentemente La Moneda, según apareció en la prensa de la época, para asegurarse de que el régimen se preocupara de que tal iniciativa de ningún modo prosperara, cosa que logró.
Después de la elección de marzo de 1973 fueron examinados, por ejemplo, los nuevos Registros Electorales en la provincia de Santiago, que elegía senadores ese año, correspondientes a mesas de reciente constitución, con páginas y páginas de personas con un mismo domicilio y en las cuales la UP obtenía 80 o 90 por ciento de los votos, versus 36 por ciento de las mesas antiguas. Recuerdo como domicilio colectivo, en particular, “Interior Parque O’Higgins”, nombre que se le había dado al tradicional Parque Cousiño, en lugar del de su donante, debido a las reminiscencias clasistas que suscitaba el apellido del millonario don Matías Cousiño, quien regaló los terrenos en que se había formado el parque.
La “trampa” había funcionado. Santiago Morán la había descubierto. Su nombre debería figurar entre los de mayor importancia entre los precursores del 11 de septiembre de 1973, porque expuso ante la opinión pública el verdadero carácter del gobierno marxista.

CAPÍTULO IV
INCITACIÓN CIVIL Y PRONUNCIAMIENTO MILITAR

La situación del país en 1973 era tan insostenible, debido a la escasez de alimentos, a la evidencia de que se formaban grupos armados ilegales, a que había hiperinflación, más de mil fundos y cerca de quinientas industrias tomados y a que la propiedad era en todas partes atropellada, que se había formado un consenso acerca de que el gobierno de Allende debía tener un término anticipado.
Pero era claro que las fuerzas armadas, por sí y ante sí, no iban a dar ningún paso en esa dirección, dada la doctrina legalista que las inspiraba, llamada a veces “doctrina Schneider”. Ésta, sin embargo, contenía un importante caveat: los uniformados respetaban el poder civil constituido, pero en caso de que éste o parte del mismo se apartaran de la Constitución, aquéllas se sentían con atribuciones para intervenir y hacerla respetar.

Conciencia de que todo debía cambiar
Yo nunca hablo de “golpe”, porque esa palabra sugiere algo repentino e inesperado, mientras que lo acontecido en Chile fue algo muy paulatino, esperado y compartido por mucha gente, además de bastante elaborado.
Tengo un libro de 1974, “Antecedentes Histórico-Jurídicos”, donde hay una impresionante cantidad de “pronunciamientos” previos de toda índole: parlamentarios, gremiales, judiciales, de colegios profesionales, todos pidiendo el término de la situación que se vivía. Su edición, de pocos ejemplares y no muy “profesional”, fue a iniciativa del Director de Presupuestos del Gobierno Militar, Juan Carlos Méndez. Y fue una gran ocurrencia, que no tuvieron los encargados de las comunicaciones.
Ese libro debería ser de lectura obligatoria en todos los colegios de hoy, para divulgar la verdad histórica, pero en lugar de promover eso, hay parlamentarios de derecha que quieren hacer obligatoria la lectura del Informe Rettig, engendro político destinado a consagrar la falsedad histórica. Pero ese tema, el de la educación, está en manos de la izquierda. Entonces jamás “Antecedentes Histórico- Jurídicos” será recomendado en los colegios, siendo que es profilácticamente sano: sólo contiene textos de acuerdos, oficios, diligencias judiciales, debates gremiales y pronunciamientos ciudadanos.
Porque en Chile, en 1973, se formó espontáneamente, en presencia de la crisis generada por el desgobierno de la UP, un clima de opinión curioso.
Por ejemplo, a la altura de julio de ese año el senador Fernando Ochagavía, del Partido Nacional, al cual yo también pertenecía y representaba en la Cámara como diputado, me llamó por teléfono y me pidió que fuera a hablar al Ministerio de Defensa con el coronel Alfredo Lapostol, de la Fuerza Aérea. Me añadió que era una persona de confianza y podía hablar a mis anchas con él.
Concerté una reunión y lo fui a ver, sabiendo perfectamente de qué íbamos a hablar, aunque nadie me lo había anticipado. Pues ya para entonces se contaba el chiste de que todos los “momios” tenían el dedo índice de la mano derecha más corto que el de la izquierda, de tanto golpear en las mesas afirmando: “Esta semana sí que viene el golpe”.
Sólo recuerdo una cosa de mi conversación con el coronel: que llegado un momento me preguntó: “¿Y usted qué opinaría de un gobierno de las fuerzas armadas?”
Confieso que su planteamiento tan directo me pilló desprevenido. Yo creía que Allende podía caer, dada la magnitud de las barbaridades que hacía y decía, pero siempre subconscientemente pensaba en que una autoridad civil se haría cargo en seguida. Supongo que me imaginaba a los militares sacando a Allende, poniéndolo en un avión, y entregando el gobierno a Frei, Presidente del Senado, para que llamara a nuevas elecciones. Por tanto, me sorprendí diciéndole al coronel que todavía podría encontrarse una solución política, lo que revela lo joven e indocumentado que era entonces. Desde luego, en cuanto concernía al conocimiento de Salvador Allende y a lo que discurría por las mentes de los jefes militares.
Yo en ese tiempo transmitía todos los días por Radio Agricultura durante quince minutos y con un gran tema central: el fracaso del gobierno de la UP. Pero parece que no había pensado seriamente en que Allende se iba a tener que ir antes de tiempo, sino que la situación podía tener un arreglo que “alguien” discurriría. Lo malo era que tal “alguien” no existía. Y definitivamente no pensaba en un “Gobierno Militar”. Los militares, supongo que pensaba, estaban para derrotar a los extremistas armados, y después de hacer eso debían volver a sus cuarteles, tras entregarnos el gobierno a los civiles. Pero parece que ellos tenían otra cosa in mente.

Inminencia del pronunciamiento
Poco después de mi entrevista con Lapostol, cuando un día llegué a la Radio a grabar mi programa y me encontré con el periodista Álvaro Puga (Alexis), que también mantenía un comentario en la emisora, comentamos la actualidad y él me sorprendió diciéndome que ya estaba todo listo para el golpe. Que el sistema de comunicaciones estaba organizado y era cuestión de semanas. No me dio nombres ni detalles, pero me dejó muy impresionado.
En la Cámara, en esos mismos días, los diputados del partido habíamos acordado dividirnos en grupos para un caso de emergencia. El mío lo encabezaba Gustavo Alessandri y debía reunirse en la Radio Minería, en el edificio de Providencia con Tobalaba, si se producía alguna alteración grave de la normalidad institucional.
Había habido algunas falsas alarmas bastante impresionantes. En una oportunidad de ésas el diputado Juan Luis Ossa, que era a la vez el Presidente de la Juventud Nacional, me ofreció enviar a mi domicilio un guardia armado para que nos protegiera a mí y mi familia durante una noche particularmente incierta, que puede haber sido la siguiente al “tanquetazo” del coronel Souper, cuando la UP se tomó por la fuerza centenares de empresas. Yo le agradecí, pero no accedí, si bien dejé colgada a mano durante la noche una carabina Mauser que le había cambiado a mi suegro por una pistola Franz Stock regalada por mi padre.
El lunes 10 de septiembre yo tenía que entregar una columna de comentarios económicos a la revista “Qué Pasa”, que dirigía Gonzalo Vial Correa, abogado, periodista y, posteriormente, historiador. Serían las ocho y media de la noche cuando entré a su oficina, en la casona que es actual sede de la UDI, en Avenida Suecia. Le pasé mi artículo y él lanzó una gran carcajada, después de la cual me dijo, conteniendo apenas la risa:
— Acaba de estar aquí Ricardo Claro, y me dijo que mañana era el golpe.
Y se siguió riendo estruendosamente, de manera que yo también me reí junto a él y después me fui, sin darle mayor importancia al asunto.

Pero Ricardo Claro estaba bien informado
Pues a alrededor de las ocho y media de la mañana siguiente me llamó Gustavo Alessandri, diputado de mi partido, y me dijo:
— ¿No has oído la radio?
— No.
— Hay un golpe militar. Es gente muy dura. Esto va hasta el final.
El resto es historia. Pero una cosa fue quedando clara desde el primer día: que en ese momento la inmensa mayoría del país apoyaba el Pronunciamiento y que las huestes de la Unidad Popular no se veían por ninguna parte, aunque se oía disparos por doquier. O sea tenían guerrilleros francotiradores, pero no masas.
Tras el llamado de Alessandri me fui a la Radio Minería, después de asegurarme de que nadie saliera de mi casa, y desde el piso diez o doce del edificio vi tanto el bombardeo de La Moneda como el de unas edificaciones que, después, supe que eran del Hospital de la Fuerza Aérea, que uno de sus pilotos confundió con la mansión presidencial de la calle Tomás Moro, donde vivía Allende.
El bombardeo lo presencié junto a Luis Hernández Parker, famoso periodista, ex comunista y todavía a esas alturas bastante inclinado a la izquierda, pero que se había labrado un prestigio de objetividad.
Todos creíamos que había muerto mucha gente. Días después del 11 fue a entrevistarme a mi casa un periodista de la televisión australiana y me preguntó por el número de muertos. Yo había oído mencionar la cifra de cien mil, pero, para no hacer desmerecer a la Junta, le dije sólo trece mil.
Se enojó conmigo, y me replicó que a lo menos cien mil, tras lo cual se retiró visiblemente molesto.
Hoy una de mis especialidades es la de las cifras de caídos. Tras dos Comisiones formadas por Aylwin después de 1990, la de Verdad y Reconciliación (que no cumplió con lo uno ni con lo otro) y la de Reparación y Reconciliación, que por lo menos contabilizó muchos más muertos por la guerrilla marxista (pero sin atribuírselos a ésta) que los reconocidos por el Informe Rettig, que los ocultó.
Se sabe que entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973 murieron, debido a la lucha intestina, 1.823 personas, es decir, el 57 por ciento de todos los caídos durante los casi 17 años de Gobierno Militar. De aquéllas, 1.522 fueron muertas por las Fuerzas Armadas y Carabineros, y 301 por la guerrilla marxista.
Entonces, las cifras de la propia Concertación adversaria del Gobierno Militar se encargaron de probar que esa guerrilla existía y que la confrontación interna provocaba víctimas a ambas partes .
Y también esos números son importantes, porque durante los meses en que todas esas personas cayeron, los principales líderes de la DC manifestaban en todos los tonos su apoyo a la Junta. Más aún, el más izquierdista de ellos, Radomiro Tomic, ofrecía presentarle al general Leigh, miembro de la Junta, un completo plan de gobierno, con tal de que fuera “revolucionario”. Este antecedente lo mencionó Frei en una carta a su correligionario Bernardo Leighton, que para el 11 exhibió una actitud bastante peculiar, pues el 22 de agosto votó a favor, en la Cámara, el Acuerdo pidiendo a los Altos Mandos “poner término a las situaciones de hecho existentes”, lo que sólo podía materializarse mediante un golpe de estado, y después de consumado éste firmó la carta de “los trece” disidentes DC que rechazaron el Pronunciamiento.
Pero lo más notable de todo resultó ser que en su libro “El Reencuentro de los Demócratas”, el mismo ex Presidente Aylwin también se cambió al Grupo de los 13 y confesó haberse convertido, a la postre, en discrepante del cambio de gobierno que tan enérgicamente propició. Esto lo ha hecho notar en reciente artículo de “La Tercera” el ex Ministro del Interior de Bachelet y, pese a ello, buen amigo mío, por haber jugado fútbol juntos en el mismo equipo en nuestra juventud, Belisario Velasco Baraona.
En definitiva, la diferencia entre Leighton y Aylwin residió en que el primero demoró en cambiar de opinión veinte días, mientras al segundo eso le tomó veinte años.

Génesis de una efeméride
Así se gestó el 11 de septiembre de 1973, la segunda fecha más importante de la historia de Chile y, si me apuran, LA más importante. Porque, sin el 11, seríamos hoy otro país, otro modelo de sociedad, con partido único, “dictadura de clase” (que es el nombre inventado por los comunistas para el régimen en que mandan sólo ellos, sin que nadie los haya elegido) y con un Allende nonagenario (posiblemente con barba) cumpliendo 40 años en el poder; con pobreza igualitaria y generalizada y sin siquiera libertad para salir al extranjero. En resumen, otra Cuba, como le anticipaba Allende a Debray en su famosa entrevista.
En cambio el 18 de septiembre de 1810 no nos libró de algo tan grave como eso, puesto que implicaba sólo pasar, de ser colonia, a nación independiente. Como sociedad no íbamos a cambiar. O, en rigor, esa fecha sólo definió si íbamos a depender de España o íbamos a tener directamente un monarca, Fernando VII, pero siendo una nación aparte y regida por autoridades propias. Por eso la Primera Junta de Gobierno reconoció su sometimiento al Rey, pero no a la nación ibérica (que por lo demás estaba ocupada por Napoleón), con lo cual el modo de convivencia interno no iba a cambiar. En cambio, la UP sí lo iba a cambiar. Íbamos a pasar, de ser una sociedad de hombres y mujeres libres, individuales y diversos, a otra dictatorial, centralizada e igualitaria a la fuerza. De “hombres nuevos”, decían “ellos”.
Porque el 11 de septiembre de 1973 Chile se libró de esta perspectiva, 40 años después unos, parece que muy pocos, celebramos, y otros, los más, repudian el respectivo aniversario, como lo vienen haciendo año a año. Estos últimos utilizando el expediente que mejor conocen: la violencia.

El primer gatillador del Pronunciamiento
Aunque el entonces presidente de la DC y senador, Patricio Aylwin, fue el primer “gatillador” del Pronunciamiento Militar, con el transcurso del tiempo se pasó del bando de los que dieron el golpe al de los que lo condenan.
Si no me creen que fue el “gatillador”, lean el libro “De Conspiraciones y Justicia”, de Sergio Arellano Iturriaga, hijo del general y en 1973 un muy joven militante DC que sirvió a don Patricio de correo para comunicar a su padre que todo diálogo con Allende se había hecho imposible, lo cual implícitamente significaba que “el grupo de los 15” (cinco generales de cada rama) siguieran adelante con lo que estaba haciendo, de lo cual estaba enterado Aylwin, pero no quería que nadie lo supiera.
En ese libro, el autor detalla el instante preciso en que Aylwin, tras declarar terminadas sus conversaciones con Allende, lo llama a él por teléfono, siendo un muchacho al cual escasamente conocía, para informarle de ese hecho.
Era obvio que estaba enviando un mensaje al padre.
Así refiere Arellano Iturriaga los acontecimientos:
“En la mañana del 30 de julio (de 1973) me impactó recibir un llamado telefónico del Presidente del PDC, el senador Patricio Aylwin, quien me solicitó que concurriera a la brevedad a su oficina. A la sazón yo colaboraba con dicho partido en actividades de comunicaciones, tales como la agencia de publicidad Millaje y Radio Nuevo Mundo, pero mis vinculaciones con los máximos dirigentes eran prácticamente inexistentes. Me arriesgué a usar el teléfono para informar a mi padre de esta sorpresiva invitación de parte de quien asumiría ese mismo día todo el protagonismo en razón de su encuentro con Allende. Me sugirió, con expresa petición de reserva, ponerlo en antecedentes del memorándum secreto (del Comité de los Quince) y de su propósito rectificador, además de expresarle la disposición de los altos mandos a participar en un gabinete de unidad nacional si el gobierno accedía a enmendar rumbos.
“Yo no tenía antecedentes precisos sobre el contenido del memorándum, pero su sola existencia constituía un dato relevante para quien acudiría a una reunión en que se jugaría la suerte del país. (...) Mi reunión con el Presidente de la Democracia Cristiana duró unos veinte minutos. Aylwin se mostraba muy dispuesto a facilitar una salida pacífica en tanto encontrase en el gobierno disposición a cambiar sus políticas más cuestionadas. Me anunció que volvería a contactarme una vez terminadas las dos audiencias previstas, a las que concurrió con el vicepresidente, senador Osvaldo Olguín.( ...)
“En la tarde del día siguiente, finalizada la segunda fase del diálogo (Allende-Aylwin), cuando todo el país estaba expectante por su resultado y a escasos quince minutos de terminada la reunión, recibí el nuevo llamado. El dirigente estaba visiblemente apesadumbrado, puesto que Allende no aceptó ninguna de sus proposiciones, limitándose a sugerir la formación de comisiones para trabajar en eventuales acuerdos. (...) Aylwin no se aventuró a darse por enterado de la existencia del memorándum secreto ni de la disposición de los militares a colaborar en caso de haber un compromiso de rectificar. Me enfatizó que no estaba dispuesto a sostener nuevas reuniones. No hubo recados ni mensaje; solamente información. De su oficina me fui directamente al Ministerio de Defensa, hacia donde mi padre se había trasladado para esperar mis noticias. Luego de algunos llamados telefónicos, los integrantes del Comité de los Quince se convocaron para esa misma noche a fin de evaluar la información recibida.
“En las notas del general Arellano se lee: ‘Así se desmorona la última salida constitucional a la grave crisis que vive el país. Ahora la situación se ha tornado aún más grave, ya que la locomoción colectiva particular se acaba de plegar al paro nacional indefinido iniciado por el Sindicato de Dueños de Camiones’. Definitivamente no se divisaba otra opción que la intervención de las fuerzas armadas.”

Enrique Ortúzar discurre un mecanismo
¿Qué hacer, frente a la trampa electoral que se había discurrido para impedir la destitución de Allende? Nadie lo sabía. Porque los militares no iban a consumar, por sí y ante sí, lo que pretendía Frei, según el “Acta Rivera”, es decir, arreglar la situación con fusiles.
Hubo un ciudadano excepcional al cual se le ocurrió lo que se debía hacer. Su nombre: Enrique Ortúzar Escobar. Y a mí me tocó en suerte tener alguna participación en lo que él discurrió.
En julio de 1973 yo era diputado del Partido Nacional, cargo para el cual había sido elegido en marzo del mismo año, representando al Primer Distrito de Santiago.
En algún día de julio recibí un llamado de una de las principales personalidades de nuestro partido, el senador Francisco Bulnes Sanfuentes. Me pedía acudir a una reunión en su oficina. Concurrí y allí me encontré con un tercer asistente, el ex ministro de Justicia y de Interior del gobierno de Jorge Alessandri (1958-64), el abogado Enrique Ortúzar Escobar. Él había sido, en realidad, el promotor de la reunión y de la idea de hacerme participar en ella.
Durante muchos años, antes de ser nombrado ministro, Enrique se había desempeñado como Secretario de la importante Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado y había adquirido un conocimiento muy preciso de los mecanismos y del rodaje parlamentarios. A raíz de ello se le había ocurrido, en 1973, una idea en la que nadie más había pensado: obtener un Acuerdo de la Cámara de Diputados, sin fuerza obligatoria legal pero de un peso político y moral decisivo, para llamar a ponerle término al régimen que estaba destruyendo el país y había incurrido en ilegitimidad de ejercicio, al contravenir la Constitución y las leyes y valerse de un gigantesco fraude electoral para impedir que el Senado reuniera los dos tercios necesarios para la destitución de quien lo encabezaba.
Presumo que si Ortúzar sugirió a Bulnes que me convocara a mí a esa reunión, fue atendido el hecho de que yo mantenía, desde mediados de 1971, un relativamente extenso (15 minutos) programa diario en Radio Sociedad Nacional de Agricultura, que se había ido convirtiendo en una verdadera bitácora de las irregularidades, ilegalidades e inconstitucionalidades en que incurría el régimen. Probablemente Enrique Ortúzar consideraba útil contar con el aporte del autor de ese diario recuento.
Más adelante, poco después del 11, se formó la Comisión Ortúzar, presidida por él, para redactar un proyecto de nueva Constitución. Me llamó una noche a mi casa para invitarme a formar parte de ella, lo que acepté, sintiéndome muy honrado. Pero días después me volvió a llamar para decirme que otro político de mi partido se había opuesto a mi integración, con el curioso argumento de que yo era “demasiado político”, y que debía retirarme el ofrecimiento.
El hecho fue que la cultura jurídico-legislativa adquirida por Ortúzar en su quehacer de Secretario de la Comisión más importante del Senado con toda certeza lo había llevado a analizar todos los mecanismos que pudieran permitirles a las fuerzas democráticas presentes en el Poder Legislativo emitir un pronunciamiento que llamara a las fuerzas armadas a poner término al gobierno de la Unidad Popular.
En la reunión en la oficina de Bulnes en el Senado, Ortúzar expuso su idea: la Cámara de Diputados, en su condición de rama fiscalizadora del Gobierno, podía perfectamente denunciar los atropellos de éste en contra de los derechos de las personas, de las garantías individuales y de la Constitución y de las leyes, proclamando la ilegitimidad de ejercicio en que había incurrido el Presidente de la República y formulando un llamado a los Comandantes en Jefe que eran Ministros de Estado (pues Allende los había convocado al Gabinete para apuntalar su tambaleante gobierno), a terminar con esa situación.
Después de esa reunión, quedamos en volver a juntarnos una semana después, llevando sendos proyectos de Acuerdo. En el hecho, sólo Enrique Ortúzar se presentó con “la tarea hecha” a la siguiente reunión. Yo llevé un listado de puntos a considerar, pero el contraste con el macizo texto del ex ministro me obligó a guardar púdicamente mi papel de nuevo en el bolsillo en que lo había llevado.
Quedé muy impresionado de la solidez y calidad del borrador de Acuerdo que llevó Enrique, por lo completo, exhaustivo y veraz que era.
El senador Bulnes se quedó con el texto, para revisarlo y complementarlo. Así llegó la tercera y última reunión que tuvimos, y que dedicamos a leer la versión ya adicionada con las observaciones de Bulnes, todas de mucho mérito y buen sentido.

El documento pasa a la DC
A partir de ese momento la versión pasó por diversas manos, hasta ser entregada por el jefe de bancada de los diputados del Partido Nacional, Mario Arnello y por el senador Sergio Diez , a la Democracia Cristiana, a través del diputado Claudio Orrego Vicuña, quien la hizo llegar al presidente de su partido, senador Patricio Aylwin.
Mi recuerdo es que este último suavizó en algo el tenor del llamado a los Ministros de Estado miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros.
En todo caso, en declaraciones posteriores recuerdo que el diputado Orrego manifestó su admiración por la calidad y el peso de las argumentaciones del documento que les había sido entregado y que él hizo llegar a Aylwin. La decisión de este último dio curso al pronunciamiento político decisivo, que precipitó la determinación militar: el Acuerdo de la Cámara de Diputados de 22 de agosto de 1973, aprobado por los partidos Demócrata Cristiano, Nacional, Democracia Radical y de Izquierda Radical. Veamos lo que escribió en 1980 Claudio Orrego Vicuña:
“El Presidente de la Democracia Cristiana, senador Patricio Aylwin, me encomendó la tarea de preparar el proyecto de acuerdo. Me solicitó que hablara con el senador Juan Hamilton (...) quien me informó que los parlamentarios del Partido Nacional tenían un borrador de declaración que podía ahorrarnos mucho trabajo. Tomé contacto entonces con el senador Sergio Diez y con el diputado Mario Arnello, quienes me facilitaron una copia de su trabajo. Después de analizar dicho documento, me pareció que contenía mucho material y que estaba muy bien hecho (...) Una vez terminado el trabajo —del cual guardo el original— transmití al senador Aylwin éste para que lo aprobara la directiva del PDC. Este procedió a redactar nuevamente las conclusiones, en la forma en que fueron definitivamente aprobadas por la Cámara de Diputados. La historia juzgará de su importancia y su oportunidad.”
Casi todo lo anterior ha sido lavado de la memoria de los chilenos. Hoy día “el golpe” ha pasado a ser obra de “la derecha” y “los militares”, a los cuales frecuentemente se añade “el imperialismo”. Ya nadie menciona casi a la Democracia Cristiana, gestora decisiva del pronunciamiento político que sirvió de antecedente al pronunciamiento militar.

Aspectos salientes del Acuerdo
El documento finalmente aprobado por la Cámara, por 82 votos contra 47, consta de seis páginas, pero sus afirmaciones más sustantivas son las siguientes (los destacados en negrita o mayúsculas son míos):
Considerando 5°: “Que es un hecho que el actual Gobierno de la República, desde sus inicios, se fue empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema democrático representativo que la Constitución establece”.
Considerando 6°: “Que, para lograr ese fin, el Gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás Poderes del Estado, violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República, y permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen un gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho”.
Considerando 7°: “a) Ha usurpado al Congreso su principal función, que es la de legislar, al adoptar una serie de medidas de gran importancia para la vida económica y social del país, que son indiscutiblemente materia de ley, por decretos de insistencia dictados abusivamente o por simples resoluciones administrativas fundadas en ‘resquicios legales’…”
“c) Por último, lo que tiene la más extraordinaria gravedad, ha hecho ‘tabla rasa’ de la alta función que el Congreso tiene como Poder Constituyente, al negarse a promulgar la reforma constitucional sobre las tres áreas de la economía, que ha sido aprobada con estricta sujeción a las normas que para ese efecto establece la Carta Fundamental”.
Considerando 8°: “c) Ha violado leyes expresas y ha hecho tabla rasa del principio de separación de los Poderes, dejando sin aplicación las sentencias o resoluciones judiciales contrarias a sus designios…”
Considerando 9°: “Que, en lo que se refiere a la Contraloría General de la República… el Gobierno ha violado sistemáticamente los dictámenes y actuaciones destinados a representar la ilegalidad de los actos del Ejecutivo o de entidades dependientes de él”.
Considerando 10°: “Que entre los constantes atropellos del Gobierno a las garantías y derechos fundamentales contemplados en la Constitución, pueden destacarse los siguientes:
a) Ha violado el principio de igualdad ante la ley, mediante discriminaciones sectarias y odiosas… siendo de notar que el propio Presidente de la República ha erigido estas discriminaciones en norma fundamental de su Gobierno, al proclamar desde el principio que él no se considera Presidente de todos los chilenos.
b) Ha atentado gravemente contra la libertad de expresión, ejerciendo toda clase de presiones económicas contra los órganos de difusión que no son incondicionales adeptos del Gobierno, clausurando ilegalmente diarios y radios, imponiendo a estas últimas ‘cadenas’ ilegales; encarcelando inconstitucionalmente a periodistas de oposición; recurriendo a maniobras arteras para adquirir el monopolio del papel de imprenta …
c) Ha estorbado, impedido y, a veces, reprimido con violencia el ejercicio del derecho de reunión…
d) Ha atentado contra la libertad de enseñanza…
e) Ha violado sistemáticamente la garantía constitucional del derecho de propiedad, al permitir y amparar más de 1.500 ‘tomas’ ilegales de predios agrícolas y al promover centenares de ‘tomas’ de establecimientos industriales y comerciales para luego requisarlos o intervenirlos ilegalmente y constituir así, por la vía del despojo, el área estatal de la economía…
f) Ha incurrido en frecuentes detenciones ilegales por motivos políticos, además de las ya señaladas con respecto a los periodistas, y ha tolerado que las víctimas sean sometidas en muchos casos a flagelaciones y torturas.
g) Ha desconocido los derechos de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales y gremiales.
h) Ha infringido gravemente la garantía constitucional que permite salir del país, estableciendo para ello requisitos que ninguna ley contempla.
Considerando 11°: “Que contribuye poderosamente a la quiebra del Estado de Derecho, la formación y mantenimiento, bajo el estímulo y la protección del Gobierno, de una serie de organismos que son sediciosos porque ejercen una autoridad que ni la ley ni la Constitución les otorgan… como, por ejemplo, los Comandos Comunales, los Consejos Campesinos, los Comités de Vigilancia, las JAP, etc.; destinados todos a crear el mal llamado ‘Poder Popular’, cuyo fin es sustituir los Poderes legítimamente constituidos y servir de base a la dictadura totalitaria, hechos que han sido públicamente reconocidos por el Presidente de la República en su último Mensaje Presidencial y por todos los teóricos y medios de comunicación oficialistas.”
Considerando 12°: “Que en la quiebra del Estado de Derecho tiene especial gravedad la formación y desarrollo, bajo el amparo del Gobierno, de grupos armados que, además de atentar contra la seguridad de las personas y sus derechos y contra la paz interna de la nación, están destinados a enfrentarse contra las Fuerzas Armadas, como también tiene especial gravedad el que se impida al Cuerpo de Carabineros ejercer sus importantes funciones frente a las asonadas delictuosas perpetradas por grupos violentistas afectos al Gobierno. No pueden silenciarse, por su alta gravedad, los públicos y notorios intentos de utilizar a las Fuerzas Armadas y al Cuerpo de Carabineros con fines partidistas, quebrantar su jerarquía institucional e infiltrar políticamente sus cuadros”.
En vista de las consideraciones anteriores y de otras que no se reproduce por no tener la misma significación, la Cámara de Diputados acordó “representar al Presidente de la República y a los Ministros de Estado miembros de las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros el quebrantamiento del orden legal y constitucional de la República que entrañan los hechos y circunstancias referidos…” y SEGUNDO, “…representarles, en el caso de dichos señores Ministros, de la naturaleza de las instituciones de las cuales son altos miembros y cuyo nombre se ha invocado para incorporarlos al Ministerio, que LES CORRESPONDE PONER INMEDIATO TÉRMINO A LAS SITUACIONES DE HECHO REFERIDAS, QUE INFRINGEN LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES…”
Este fue el preciso y concreto llamado de la mayoría política democrática del país, de los partidos Demócrata Cristiano, Nacional, Democracia Radical e Izquierda Radical (esta última había formado parte inicialmente de la UP, pero había desertado y cerrado filas con la oposición), a que las instituciones uniformadas actuaran como lo hicieron el 11 de septiembre de 1973.
Y así lo entendió el Presidente Allende, quien, respondiendo el oficio en que se le transcribió el Acuerdo, manifestó que en él “los diputados de oposición han exhortado formalmente a las Fuerzas Armadas y Carabineros a que adopten una posición deliberante frente al Poder Ejecutivo, a que quebranten su deber de obediencia al Supremo Gobierno, a que se indisciplinen contra la autoridad civil del Estado a la que están subordinadas por mandato de la Carta Fundamental, a que asuman una función política…”
Tenía razón.

CAPÍTULO V
APOYO A LA JUNTA AQUÍ Y AFUERA

La gran mayoría del país apoyaba a los militares.
Los partidarios de la UP, que tenían la conciencia sucia, y lo sabían, no se veían por ninguna parte.
Y para seguir cerca de la verdad histórica nunca debe olvidarse la perentoria frase del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, en su carta al presidente mundial de la DC, Mariano Rumor, de 1973, publicada in extenso en “El Mercurio” el 7 de septiembre de 2003:
“A nuestro juicio la responsabilidad íntegra de esta situación —y lo digo sin eufemismo alguno— corresponde al régimen de la Unidad Popular.”

Hasta en el extranjero se entendía la situación.
Pero entonces, y desde el mismo 11, el KGB, con su enorme poder en todo el mundo a través de los partidos satélites, los “compañeros de ruta” y los “tontos útiles” (estas denominaciones se las dieron los propios comunistas) se encargó de demonizar el Pronunciamiento. Y entonces el viraje de la opinión pública externa fue pronto de 180°, porque la izquierda internacional la maneja con casi tanta eficacia como su similar de acá a la opinión pública chilena.
Antes de que el KGB hiciera lo suyo, he aquí lo que decía el prestigioso semanario inglés “The Economist”, a raíz de lo cual fue lapidado por los altavoces de la intelectualidad y la izquierda mundiales, y entonces se apresuró a cambiar de posición:
El "Fin de Allende", por “The Economist” (15 de septiembre de 1973).
“La muerte transitoria de la democracia en Chile será lamentable, pero la responsabilidad directa pertenece claramente al Dr. Allende y a aquellos de sus seguidores que constantemente atropellaron la Constitución.
El Presidente Allende no se convirtió en mártir, aun cuando fuera cierto que se suicidó el martes. El bombardeo y asalto de su palacio presidencial y la toma del poder por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas de Chile pusieron un fin amargo al primer gobierno marxista libremente elegido en Occidente.
"Y la batalla parece apenas haber comenzado. Con la mayoría de los canales de comunicación de Chile con el mundo exterior aún restringidos, es difícil tener una idea más completa de la violencia que aparentemente continúa. Pero si una sangrienta guerra civil comenzara, o si los generales que ahora controlan el poder deciden no llamar a nuevas elecciones, no habrá duda alguna respecto de quién tiene la responsabilidad por la tragedia de Chile. La responsabilidad es del Dr. Allende y de aquellos en los partidos marxistas que aplicaron una estrategia para controlar el poder total, al punto que la oposición perdió las esperanzas de controlarlos por medios constitucionales.
"Lo que ocurrió en Santiago no es un golpe típicamente latinoamericano. Las fuerzas armadas toleraron al Dr. Allende por casi tres años. En ese período, él se las ingenió para hundir al país en la peor crisis social y económica de su historia moderna. La expropiación de campos y empresas privadas provocó una alarmante caída en la producción, y las pérdidas de las empresas estatales, según cifras oficiales, superaron los $ 1.000 millones de dólares. La inflación alcanzó a 350% en los últimos 12 meses. Los pequeños empresarios quebraron; los funcionarios públicos y trabajadores especializados sufrieron la casi desaparición de sus sueldos por causa de la inflación; las dueñas de casa tenían que hacer interminables colas para obtener alimentos esenciales, y si es que encontraban. La creciente desesperación originó el enorme movimiento huelguístico que los camioneros iniciaron hace seis semanas.
"Pero el gobierno de Allende fue más allá de la destrucción de la economía. Violó la letra y el espíritu de la Constitución. La forma en que sobrepasó duramente al Congreso y a los Tribunales de Justicia debilitó la fe en las instituciones democráticas del país.
"El mes pasado, una resolución aprobada por la mayoría opositora en el Congreso señalaba que "el gobierno no es responsable sólo por violaciones aisladas de la Constitución y la ley; ha convertido tales violaciones en un método permanente de conducta". El sentimiento de que el Parlamento era ya irrelevante aumentó por la violencia en las calles y por la forma en que el gobierno toleró el surgimiento de grupos armados de extrema izquierda que se estaban preparando de manera abierta para la guerra civil.
"Las fuerzas armadas intervinieron sólo cuando estuvo claramente establecido que existía un mandato popular para la intervención militar. Las Fuerzas Armadas tuvieron que intervenir porque fallaron todos los medios constitucionales para frenar a un gobierno que se comportaba de modo inconstitucional.
"El detonante para el golpe fueron los esfuerzos de los extremistas de izquierda para promover la subversión dentro de las fuerzas armadas. El señor Carlos Altamirano, ex secretario general del partido socialista, y el señor Oscar Garretón del Movimiento de Acción Popular Unitaria, ambos líderes de la Unidad Popular de Allende, fueron señalados por la Armada como los "autores intelectuales" del plan de amotinamiento de los marinos en Valparaíso. Los comandantes de la Armada en Valparaíso iniciaron el movimiento esta semana. Pero el rápido éxito del golpe y la participación en él de todas las fuerzas armadas (incluyendo a los Carabineros, entrenados militarmente) sugiere que los planes para el golpe fueron cuidadosamente preparados. Todavía habrá que esperar para comprobar que las fuerzas armadas continúan sólidamente unidas en su oposición al derrocado gobierno. La desaparición de dos comandantes, el Almirante Raúl Montero y el general Sepúlveda, comandante de carabineros, quienes fueron reemplazados por sus subordinados anti-marxistas, hace pensar que no todos los altos oficiales estaban a favor del golpe.
"El peligro real de un derramamiento de sangre provendrá de unas fuerzas armadas divididas, o si ocurrieran serios motines entre la tropa. Esto podría producir una guerra civil. Puede esperarse una fuerte resistencia de los comités de trabajadores y de las brigadas paramilitares que el Partido Socialista y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria dirigen en Santiago así como de grupos guerrilleros en el sur. Pero si no consiguen apoyo militar significativo, estos grupos probablemente podrán ser contenidos.
"Cualquiera sea el gobierno que surja del golpe militar, no se pueden esperar tiempos fáciles. También aquellos que sufrieron bajo el gobierno de Allende sentirán la tentación de ajustar cuentas con el bando derrotado. Pocas personas creen que Chile pueda retornar a su forma tradicional de administrar sus asuntos.
"El trabajo de reconstrucción costará un enorme sacrificio, de la misma forma que ocurrió en Brasil cuando Roberto Campos era responsable de la planificación económica durante los años posteriores al golpe de 1964. Esto no significa que Chile se convertirá en otro Brasil. Por una parte, Chile es probablemente un lugar menos violento --aún en estos momentos-- que Brasil y, por otra, los generales chilenos tienen una concepción bien distinta de su rol comparada con aquella de los generales que apoyan al señor Campos. Ellos aceptan que es demasiado tarde para revertir muchos de los cambios impuestos por el Dr. Allende; por ejemplo, en su intento por reconstruir el sector privado, ellos pondrán más énfasis en traer de regreso a los inversionistas extranjeros y en crear nuevas industrias que en devolver lo que fue expropiado.
"El General Pinochet y los oficiales que lo acompañan no son peones de nadie. Su golpe fue preparado en casa, y los intentos por hacer creer que los norteamericanos estaban implicados son absurdos, especialmente para quienes conocen la cautela norteamericana en sus recientes tratativas con Chile.
"El gobierno militar-tecnocrático que está aparentemente tomando forma intentará reconstruir el tejido social que el gobierno de Allende destruyó.
"Esto significará la muerte transitoria de la democracia en Chile, lo cual será deplorable, pero no debe ser olvidado quién lo hizo inevitable.”
Lo anterior lo podría haber escrito yo, aunque no tan elegantemente. Pero no bien apareció el anterior artículo, el KGB soviético se encargó de que esa revista fuera universalmente repudiada y, desde el número siguiente, a ella no le quedó más remedio que sumarse a la campaña de denigración de la Junta, poniéndose así a tono con casi toda la prensa mundial.
Un destacado economista y profesor de la Universidad Católica, al advertir el "viraje" de "The Economist", escribió a la revista: "...mandé una carta a 'The Economist' procurando desmentir afirmaciones falsas de un artículo sobre Chile", me expresó, en carta posterior a la primera edición de este libro. Vano intento: "Compré la revista por varios meses, pudiendo comprobar que mi carta no fue publicada".
A otro economista chileno le sucedió algo peor: la revista "Time" publicó una carta bajo su nombre, criticando la situación chilena, sin haberla él escrito ni estar de acuerdo con su tenor. Les escribió desmintiendo su autoría y advirtiéndoles de que otras cartas publicadas por ellos "pudieran ser productos intencionales de desinformación y tergiversación", pero "Time" no asumió ninguna responsabilidad y sólo publicó unas cortas líneas no atingentes a la falsificación. Y prosiguió publicando falsedades sobre Chile, como se da testimonio en otra parte de este libro.

Frei atestiguaba la alegría general
Pero acá el KGB ya no podía dictar criterios a la opinión pública. En efecto, el líder democratacristiano decía, en su famosa carta a Mariano Rumor, presidente mundial de la DC, otro antecedente decidor:
“El día 15 de septiembre (de 1973) varias radios del extranjero dieron la noticia de que yo había sido muerto. Muchas personas que las oyeron en Chile corrieron a mi casa y a la casa de mis hijos. En ese instante pensé que estando mi hijo Jorge en Roma, se desesperaría al saber la noticia. Por este motivo conseguí se me autorizara una llamada telefónica, para lo cual llamé a mi ex edecán, general Bonilla. Creo que éste no es un delito, como se trata de presentar en tu revista. Le dije (a su hijo) que estuviera tranquilo, que nada me había ocurrido y que en general en el país reinaba tranquilidad y que incluso en las poblaciones habían aparecido banderas chilenas. Jorge le contó esta conversación a un periodista italiano que pasaba por amigo mío, el cual naturalmente la adaptó”.

Bendición de los obispos
La Iglesia Católica, a la cual, tras tantos años del ya mencionado lavado cerebral, suele presentársela como muy crítica del régimen castrense, opinaba de la siguiente manera, a través del Comité Permanente del Episcopado, en 1975 (cuando se habían producido ya más de las tres cuartas partes de las bajas de toda la administración castrense) en la declaración "Evangelio y Paz", de septiembre de 1975, de la cual se reproduce algunos párrafos :
“Nosotros reconocemos el servicio prestado al país por las Fuerzas Armadas, al liberarlo de una dictadura marxista que parecía inevitable y que había de ser irreversible. Dictadura que sería impuesta en contra de la mayoría del país y que luego aplastaría a esa mayoría. Por desgracia muchos otros hechos, que los propios partidarios del pasado gobierno hoy día critican y lamentan, crearon en el país un clima de sectarismo, de odio, de violencia, de inoperancia y de injusticia, que llevaba a Chile a una guerra civil o a una solución de fuerza. Lo ocurrido en tantos otros países del mundo en que minorías marxistas han impuesto o han tratado de imponer su dictadura contra la inmensa mayoría de sus habitantes, y no pocas veces con ayuda extranjera, era una clara advertencia de lo que podía suceder en Chile. Que estos temores no eran cosa del pasado lo demuestran, entre otros, la actual situación en Portugal y lo que se puede sospechar ocurre en Vietnam del Sur o en Cambodia. Es evidente que la inmensa mayoría del pueblo chileno no deseaba ni desea seguir el destino de aquellos países que están sometidos a gobiernos marxistas totalitarios. En ese sentido, creemos justo reconocer que las Fuerzas Armadas interpretaron el 11 de septiembre de 1973 un anhelo mayoritario, y al hacerlo apartaron un obstáculo inmenso para la paz.”
¿Irán los comunistas de hoy a funar al Episcopado y obligarlo a que pida perdón por esa declaración?

“Dejad a los militares hacer su trabajo”
El hecho de que el estado de excepcionalidad era bien acogido por la civilidad en 1973 y 1974 se desprende también de un episodio referido por el ex Presidente Aylwin en sus memorias, relativo a su visita, a mediados de 1974 (y ya él tranquilizado de que la guerrilla no había prevalecido) al ministro de la Corte Suprema, Rafael Retamal, de conocida inclinación pro-demócrata cristiana, para impetrar una mayor preocupación por las masivas detenciones y el trato a los detenidos. La respuesta de Retamal fue clarificadora:
“Mire, Patricio, los extremistas nos iban a matar a todos. Ante esta realidad, dejemos que los militares hagan la parte sucia, después llegará la hora del derecho”.
Los Informes Rettig y Valech, y más tarde (e increíblemente), como veremos, un comandante en jefe del Ejército, hablaron muchos años después de los extremistas de izquierda como “las víctimas”. Lo malo es que las “víctimas”, temía el alto magistrado, “nos iban a matar a todos”.
Es que a él se lo había ido a anunciar a las puertas de los Tribunales nada menos que el Intendente de Santiago, a la cabeza de una poblada, antes del 11, debido a su disgusto con un fallo judicial que hacía respetar el derecho de propiedad, con estas palabras: “Habría que matar a todos estos viejos momios”

Apoyo de la DC al golpe
La DC ha sido el verdadero barómetro de estos cuarenta años de progresiva amnesia histórico-política. Personas afines a esa colectividad fueron determinantes para que hubiera un 11 de septiembre de 1973. Como puede comprobarse en el libro “De Conspiraciones y Justicia”, de Sergio Arellano Iturriaga, antes citado, el pronunciamiento fue preparado cuidadosamente por generales simpatizantes de la Democracia Cristiana, en tácito pero comprobado concierto con las autoridades de esa colectividad, en particular con su presidente de 1973, Patricio Aylwin. Arellano sostiene en su libro que, en el hecho, fue Aylwin quien “gatilló” el golpe, y explica por qué.
El predicamento de la DC era claro, como lo había expresado Eduardo Frei Montalva a los dirigentes de la Sociedad de Fomento Fabril, en palabras que quedaron para la historia en el “Acta Rivera”, que más arriba se reprodujo, levantada en la ocasión por el asesor jurídico de la SFF, abogado Rafael Rivera Sanhueza: “esto se arregla sólo con fusiles” y, dirigiéndose a un general, según él mismo expresaba, “ustedes tienen las bayonetas y no las usan”, haciéndole ver cuál era la obligación de los uniformados en ese momento.
Por lo mismo, el entonces senador Andrés Zaldívar declaraba a la revista “Qué Pasa” del 23 de agosto de 1973, refiriéndose a las fuerzas armadas: “Creo que son las grandes reservas morales de nuestro país y pueden ser ellas quienes en un momento dado estén llamadas a solucionar las cosas aquí. En eso no hay que tener tapujos y lo demás es ser un hipócrita”. La revista apareció al día siguiente del Acuerdo de la Cámara de Diputados llamando a los uniformados a “poner término a las situaciones de hecho referidas”.
Soy amigo desde la adolescencia de Andrés, pero hay cosas que no le perdono, la peor de las cuales fue su voto en contra del indulto a ciertos presos políticos militares, votado en el Senado en 2004, similar al que antes se había dispensado a los terroristas de extrema izquierda, y que se perdió por 17 votos contra 15, con su voto en contra, pese al consenso previo que había para aprobarlo.
Él estaba en 1973 decididamente a favor del golpe y, en conciencia, parece seguir estándolo. El 30.08.13 me entrevistó un productor de programas televisivos que venía de hacer lo mismo con un alto oficial de Ejército (r) a quien le correspondió velar por la normalidad en el puerto de Constitución, que está en la zona que representa Zaldívar en el Senado, en los caóticos días posteriores al terremoto del 27/F. El ex alto oficial le relató al periodista que cuando Zaldívar lo saludó, en Constitución, tras el 27/F, le manifestó sonriente y agradecido: “Ustedes nos han salvado por segunda vez”. Habló desde el alma.
Pero ya en el año 2000 la amnesia nacional había sido oficializada, de modo que cuando una crónica de “El Mercurio” afirmó que el entonces senador DC Juan Hamilton temía que se recordara su concurrencia, disfrazado, a una reunión con oficiales de la Armada, antes del 11, y que después habría viajado a Europa a “justificar el golpe”, el senador envió al diario una molesta réplica, señalando que “ambas referencias se apartan de la verdad y han sido objeto de reiteradas aclaraciones”, pero reconoció que el viaje a Europa, junto con “el encargado internacional de la DC, Enrique Krauss” había tenido lugar, pero que “no tuvo por objeto justificar el golpe”, sino “explicar a la superestructura política del viejo continente los esfuerzos de nuestro partido” ¡para evitar el golpe!
Pero en 2000 circulaba en Santiago el diario “El Metropolitano”, que si bien no logró sobrevivir, se caracterizó por publicar reportajes reveladores de hechos poco conocidos. Y en su edición del 6 de septiembre de 2000, bajo la firma de Víctor Osorio, publicó una investigación fundada en documentos inéditos en Chile, en particular uno publicado en la revista “Chile-América”, números 4 y 5, publicada en Roma por exiliados chilenos, entre ellos José Antonio Viera-Gallo, ex DC y militante del MAPU, cuyo comité editor integraban, entre otros, el ex vicepresidente de la República Bernardo Leighton, connotado líder y fundador de la DC.
Dijo “El Metropolitano”: “El documento señala que el 14 de septiembre de 1973, en casa de Javier Lagarrigue, íntimo amigo de Eduardo Frei Montalva, se produjo un encuentro entre el ex Presidente y su antiguo amigo, el general de división Oscar Bonilla, quien ha asumido la cartera de Interior. Aparte de Lagarrigue y de los dos personajes nombrados, sólo se encuentra presente el senador democratacristiano Juan de Dios Carmona, que fue ministro de Defensa (de Frei)… Frei aseguró que el partido apoyaría a la Junta Militar y se acordó el envío inmediato de una carta a los partidos de la Unión Mundial Demócrata Cristiana (UMDC). Se acordó también la urgente salida de una delegación del PDC al extranjero.”
“Diez días después, a las 20 horas, se cierra la redacción del documento que se había convenido enviar al exterior en nombre del partido. No es un informe de Patricio Aylwin, presidente nacional, sino una ‘Carta Demócrata Cristiana desde Chile’ N° 20, simplemente fechada ‘septiembre de 1973’ y que tiene el carácter de una publicación del Departamento Internacional del PDC. La suscriben Enrique Krauss Rusque y Federico Cumming Godoy, secretario ejecutivo de relaciones internacionales del PDC”.
La carta tenía poco más de cinco carillas y contenía párrafos como los siguientes: “En nuestra correspondencia de julio último dijimos que la acción del gobierno de Salvador Allende había colocado a la democracia chilena ‘entre la espada y el paredón’. Esto es, entre una salida militar, con todos los riesgos que ella significa, o una dictadura totalitaria”. Añadía que “la gran mayoría recibió aliviada la noticia del derrocamiento de Allende, y reseñaba la declaración oficial de la mesa directiva del PDC, dada a conocer el 12 de septiembre, subrayando la frase en la cual sostenía que los propósitos de la Junta Militar “interpretan el sentimiento general y merecen la patriótica colaboración de todos los sectores”.
Repito: en septiembre de 1973 la DC decía que los propósitos de la Junta interpretaban el sentimiento general y merecían la colaboración de todos los sectores. Hoy dicen que nunca apoyaron a la Junta. ¡Qué democratacristiano!

Otra versión de la gira
La revista “Chile-América” indica que el 16 de octubre de 1973, “con la aquiescencia de la Junta Militar salen de gira a América Latina y Europa los dirigentes DC Enrique Krauss (diputado), Juan de Dios Carmona y Juan Hamilton (senadores) para explicar las razones que ha tenido (el PDC) para apoyar el pronunciamiento militar”.
Siempre según “Chile América”, “posteriormente, por separado, el presidente del partido, Patricio Aylwin, viaja a la República Federal de Alemania para contactar con los dirigentes democratacristianos de ese país”. Y añade “Pedro Jesús Rodríguez, ex ministro de Justicia de Frei, y Alejandro Silva Bascuñán, presidente del Colegio de Abogados, ambos militantes demócrata cristianos, integran una delegación de juristas que realizan una gira de 32 días por países europeos en una acción destinada a mejorar la imagen internacional de la Junta. Algunos periodistas señalan que también tiene como misión hacer consultas para la redacción de una nueva Constitución en Chile”.
“Chile-América” señala que Radomiro Tomic solicitó reconocer la existencia de “criterios políticos claramente disímiles”. Estas palabras de Tomic estuvieron destinadas a lograr el “leal reconocimiento de esta realidad, interna e internacionalmente” y no andar proclamando “unanimidad” y que las diferencias representaban “sólo matices”, como lo sostuvo en la misma reunión uno de los tres personeros del partido que fue a Europa, pretendiendo llevar la representación de la DC a explicar en esos países lo ocurrido en Chile.
“Chile-América” añadió que en febrero de 1974 partió a Europa Bernardo Leighton para dar otra versión de lo ocurrido en Chile, pues en el Viejo Continente “experimentaron la necesidad de conocer los puntos de vista de alguna figura relevante del partido que les explicara la posición de los democratacristianos que habían condenado el golpe”.
Es notable que viajara Bernardo Leighton a hacerlo, en circunstancias de que fue uno de los firmantes del Acuerdo de la Cámara de Diputados de 22 de agosto de 1973 que precisamente llamaban a los uniformados a intervenir.

Sesión de la Junta con la DC
“El Metropolitano”, en la misma edición, dio a conocer “otro capítulo de la historia, que vino a conocerse veinte años después del 11 de septiembre de 1973”. Ese capítulo se conoció cuando el Partido Comunista, en 1993, dio a conocer actas de sesiones reservadas que realizó la Junta de Gobierno en los meses posteriores al pronunciamiento.
Ellos fueron entregados a la Comisión Rettig en 1991, pero no se hicieron públicos (¡era que sí!) y el PC también los guardó, hasta que, en 1993, al cumplirse veinte años de la intervención militar, el partido rojo decidió darlos a conocer en su diario “El Siglo”, edición del 28 de agosto de dicho año.
Dijo el diario comunista que “la particular importancia que encierra esta publicación es la reveladora información que entrega acerca del papel que jugó la DC en el derrocamiento del régimen democrático y aun durante la propia dictadura, cuando asume una actitud de colaboración y sumisión hacia las nuevas autoridades”.
El director de “El Siglo” en 2000 dijo a “El Metropolitano” que “nunca hemos recibido una desmentido por la publicación de estos documentos”.
Entre ellos el diario reprodujo acápites del Acta N° 29 de la Junta de Gobierno, que señala: “En Santiago, a seis días del mes de noviembre de 1973, siendo las 16 horas, se reunió la Junta en sesión secreta”.
El primer punto y el más extenso de la tabla dice así: “Se recibe en audiencia a los ex parlamentarios señores Juan de Dios Carmona, Juan Hamilton y Enrique Krauss, quienes dan una información general de la impresión que han podido recoger en su visita a Europa en relación con los últimos acontecimientos ocurridos en el país.
“A su juicio, Roma es el centro de la propaganda mundial en contra de Chile y donde se estarían reuniendo los ex embajadores que no regresarían al país, estimando que la situación con Italia no podrá arreglarse antes de cuatro o cinco meses, lo cual puede repercutir en alto grado en los embarques y desembarques de productos de Chile, muy en especial en lo referente al cobre.
“En síntesis, consideran que esta intensa campaña en contra de Chile será mantenida a toda costa a fin de transformar nuestra situación como en un Vietnam publicitario”.
A este respecto la Junta acordó “impartir instrucciones precisas al Ministro de Economía y a Codelco respecto del problema de la entrega de cobre a Italia.”
Termina la crónica de “El Metropolitano” señalando: “En la Carta Demócrata Cristiana desde Chile, de septiembre de 1973, se había señalado que el partido espera con la más absoluta tranquilidad el juicio de la historia”.
En definitiva, la campaña propagandística contra la Junta en Europa fue demoledora y finalmente se impuso no sólo allá, sino en todo el mundo y, lo más sorprendente de todo, en Chile, donde al cumplirse los 40 años la amnesia no sólo ha acometido a la DC sino a la propia derecha que apoyó el pronunciamiento y que formó parte del Gobierno Militar.
Por eso el historiador inglés Paul Johnson ha escrito, en uno de sus últimos libros, “Héroes”, refiriéndose a Pinochet: “Pero al impedir la transformación de Chile en un satélite comunista el general se ganó el odio furioso de la Unión Soviética, cuya máquina de propaganda tuvo éxito en demonizarlo entre las élites habladoras del mundo. Fue el último triunfo del KGB antes de que desapareciera en el basurero de la historia. Pero, para mí, Pinochet sigue siendo un héroe, porque yo conozco los hechos” (p. 279).

Don Patricio en otros tiempos
Señalé que el 57 por ciento de todas las muertes producto de la lucha armada interna se produjo entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973.
Pero precisamente en ese período el Gobierno Militar fue ardientemente defendido por su principal detractor de 17 años después, Patricio Aylwin. He aquí lo que decía en octubre de 1973:
“Es muy fácil convertirse en juez de otros que están peleando, mientras uno está cómodamente sentado en el escritorio. Yo no me siento con autoridad moral para juzgar si (los militares) han sido excesivos o no, porque lo cierto es que... han tenido muchas bajas y han recibido la acción. No tengo una cuantificación, yo creo que hay más muertos de lo que se ha dicho, pero al mismo tiempo tengo otra cosa clara: que la versión que se ha dado en el extranjero es tremendamente exagerada. Cuando se habla de los muertos flotando en el río Mapocho. Cuando se habla de los varios cientos de miles o decenas de miles de muertos, heridos y prisioneros, es una exageración manifiesta” .
Ahora los cerebros DC intentan teorizar diciendo que, “sí, bueno, apoyamos el golpe, pero no lo que vino después, la dictadura”. Pero el 57 por ciento de los muertos y parecida proporción de los desaparecidos se produjeron justamente cuando los DC más apoyaban al Gobierno Militar. Si no lo hubieran apoyado en 1973-74 y sí lo hubieran hecho de 1975 a 1990 se les habría acusado de menos “complicidades”, porque hubo menos muertos y desaparecidos en este último período.
El hecho ha sido que, al cabo de 40 años, lo anterior ha sido lavado de la memoria DC y la versión de la izquierda sobre el Gobierno Militar se ha impuesto sin contrapeso en nuestra sociedad, aunque uno pueda ir contradiciendo con verdades y buenas razones todas sus afirmaciones y consignas denigratorias y aunque nadie discuta siquiera que el país entregado por los militares fue mucho mejor que el recibido por ellos.

CAPÍTULO VI
TSUNAMI DE FALSEDADES

Efectivamente, en el hecho, el advenimiento del 40° aniversario está siendo algo así como un desastre para los que sostenemos que esa fecha es digna de celebrarse porque liberó al país de un peligro muy grande y significó un cambio favorable para él.
El predominio de las teleseries más parciales en favor de la UP, tarea en la que ha hecho de cabeza Chilevisión, cuyo dueño norteamericano entregó a la extrema izquierda la conducción del canal (hábito muy norteamericano: no olvidemos que Fidel Castro fue elevado a los altares como salvador de la democracia en Cuba por el New York “Times”.) Exhibidas las mentiras izquierdistas en la TV, viene luego la concentración de todos los columnistas y opinólogos en glosar esas mentiras televisivas, elogiarlas y proclamarlas como verdad inconcusa. Eso les permite a “ellos” ir ganando esta 40ª efeméride “por paliza”.
Además, tienen la ventaja de que “meten miedo”, porque los violentos y los “encapuchados” son de ellos. Yo estaba en el Club Providencia, cuando esa comuna era de derecha y estábamos presentando la quinta edición de la biografía de Miguel Krassnoff, un brigadier (r) inocente de delitos e ilegalmente preso, condenado por jueces de izquierda, en particular por Alejandro Solís, que batió un record: lo condenó a decenas de años de presidio sin haberlo interrogado NUNCA, siendo la declaración indagatoria del juez al inculpado un trámite esencial del proceso penal. (Los Supremos deberían pedir perdón por eso). El hecho fue que en Providencia la turba roja rodeó el recinto y casi lo destruyó a pedradas (los perjuicios sumaron cuarenta millones de pesos, reveló después el alcalde Labbé.) Tuvimos que salir por una puerta trasera, protegidos por carabineros y en un bus enrejado que soportaba el apedreamiento, porque si no, nos linchaban. Eso es lo que les sucede a quienes contradicen la nueva “historia oficial”.
¿Cómo pueden hablar de “reconciliación” si manifiestan tanto odio? ¿Y cómo pueden hablar de “verdad”, si no permiten que se exprese un punto de vista distinto del de ellos y faltan impunemente a toda objetividad?

Falsas imputaciones
El 28 de agosto de 2013, por ejemplo, vi en la televisión a Ricardo Lagos referirse al Gobierno Militar como uno “que degollaba personas.” Lo peor es que probablemente una mayoría de nuestra opinión pública concuerda con esa descripción, cuyo único problema es que es falsa.
Pues el famoso caso “degollados” sucedió no sólo al margen de toda voluntad del Gobierno Militar, sino en contra de sus deseos, en abril de 1985, y si se resolvió fue gracias a un organismo de gobierno, la CNI.
El Ministro del Interior de la época era un respetado abogado civil, Ricardo García Rodríguez, que inmediatamente de saberse el secuestro de tres dirigentes comunistas y del FPMR, dio los pasos para averiguar su paradero.
Se trataba de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, que habían sido secuestrados al salir de un colegio particular que regentaban (curioso: un colegio comunista bajo la “dictadura”. ¿Por qué? Porque ella garantizaba libertad educacional. ¿Cómo pueden llamarla, entonces, “dictadura”? Buena pregunta.)
El hecho fue que el Gobierno pidió urgentemente a la Corte la designación de un ministro en visita que se abocara al caso, para encontrar a los secuestrados, pensando que eso disuadiría a los secuestradores de darles muerte. Pero el Tribunal se demoró en designarlo y los tres aparecieron degollados por sus captores antes de que hubiera ministro en visita.
A la vez, también el Gobierno había demandado de la CNI investigar la situación. Este organismo informó al Presidente y a la Junta, como también al Ministro en Visita designado, José Cánovas Robles, que los presuntos secuestradores pertenecían al Cuerpo de Carabineros.
Parecía una venganza antiterrorista, pues ocho días antes habían estallado dos bombas en el hotel Araucano de Concepción, la segunda dispuesta para matar a quien fuera a desactivar la primera, y dos uniformados perecieron.
Pero el juez Cánovas Robles desconfió de la versión de la CNI. Sólo años después vino a darse cuenta de que ésa era la verdadera. En cambio, el Presidente y la Junta se dieron por enterados de ella apenas el Director de la CNI, general Humberto Gordon, la comunicó a ambos.
Y precisamente por haberse inculpado a miembros del Cuerpo de Carabineros, y estar el Gobierno completamente en contra de un acto terrorista como ése, se le pidió la renuncia al representante de Carabineros en la Junta, general César Mendoza Durán, por su responsabilidad de mando en no poder controlar el actuar de subalternos suyos. Y, finalmente, éstos fueron condenados a cadena perpetua.
Sin embargo, esta aclaración, que absuelve al Gobierno Militar, resulta inútil. Al terminarse de escribir este libro, columnistas del diario más importante vuelven a publicitar la versión errónea, junto a otras, igualmente descaminadas.
En todo caso, no es verdad lo que afirma Lagos en el sentido de que tuvimos un gobierno que “mandaba a degollar gente”. Falsa acusación… ampliamente compartida.

El Frente se valió de la Iglesia ¿o Ella del Frente?
Pero vale la pena detenerse en ese triple asesinato porque de él derivaron verdades sorprendentes. Como todas las de esas características, han sido silenciadas. Resultó que uno de los caídos, alto dirigente del grupo terrorista comunista FPMR, era el encargado de los archivos de la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago. ¿Cómo había llegado ahí? Había comenzado como chofer y se había ido ganando la confianza de los prelados. Su cargo era clave, porque “archivaba” sus propias versiones de todo lo que sucedía. ¿Saben ustedes de dónde vienen los recientes “Archivos del Cardenal”? De las versiones “archivadas” por un alto jefe comunista y del FPMR.
Esta última condición suya no es un invento mío, sino que quedó probada: el 28 de agosto de 1986, página A-1, “El Mercurio” publicó la siguiente declaración de un terrorista del FPMR, Alfredo Malbrich Labra, que había sido apresado poco antes:
“El 1° de mayo de 1979 soy detenido por Carabineros en la Alameda Bernardo O’Higgins y trasladado a la Primera Comisaría. Mi esposa concurrió a la Vicaría de la Solidaridad y pone un recurso de amparo en mi favor. Al quedar libre, (Nota del Autor: se dice que los tribunales en ese tiempo no acogían los recursos de amparo) concurro a la Vicaría, lugar en que trabo amistad con José Manuel Parada, el cual me pide que colabore prestando el teléfono de mi casa como buzón y llevando pequeños recados; posteriormente me pregunta si me gustaría colaborar en una forma más sistemática…”
A partir de ahí Malbrich se transforma en un activo guerrillero del Frente, incluso con participación en el desembarco de armas de Carrizal Bajo, en 1986. En sus palabras, lo que buscaban era “instaurar un gobierno revolucionario marxista-leninista, siguiendo el ejemplo de Cuba y Nicaragua”.
Notable.
Conclusión: Lagos no dijo la verdad, pero probablemente la mayoría de los chilenos comparte su afirmación de que el Gobierno Militar “degollaba gente”.
Otrosí: la versión de los acontecimientos de esos años manejada por la Vicaría y, por consiguiente, por las autoridades de la Iglesia, era tutelada por un archivero-alto jefe comunista-cabecilla de una organización terrorista.
Más adelante veremos que esta vinculación del Arzobispado con el FPMR era más estrecha y de alto beneficio para ese grupo terrorista. Se comprobó judicialmente que el Vicario Valech manejaba las fichas de atención de terroristas heridos en enfrentamientos, que éstos se atendían (y ocultaban) en la Clínica Chiloé, con cargo al Arzobispado, que el Vicario Valech se negó a entregar esas fichas a la Justicia, cuando ésta se lo requirió, y que dicho Vicario nunca fue procesado por esa obstrucción a la Justicia. Ni tampoco nunca pidió perdón. Ni su superior, el Cardenal-Arzobispo, tampoco. Pero el actual podría hacerlo ahora. ¿Alguien cree que lo hará?
Así, la historia la escriben hoy la izquierda totalitaria y los DC que se cambiaron de bando, y los que apoyamos a los militares para salvar a Chile de ser otra Cuba, que nunca organizamos ejércitos guerrilleros ni planeamos la degollina de nadie, somos los llamados a pedir perdón, y algunos hasta lo hacen.
Pero no se obtiene nada con publicar todos esos hechos verdaderos, judicialmente probados e históricamente certificados. La marea de la consigna mil veces voceada cubre a la verdad por completo.

“Imágenes Prohibidas”
Pero es que la verdad histórica más arriba expuesta no importa. La versión fabricada por la izquierda es la “historia oficial”. El reciente programa de Chilevisión “Imágenes Prohibidas”, de gran éxito de teleaudiencia, vuelve a culpar al Gobierno Militar de los “degollados” y añade a “los quemados”. Hubo personas que presentaron una queja contra la estación ante el Consejo Nacional de Televisión, pero ella ha sido rechazada en nombre de la libertad de expresión. Puede seguirse mintiendo impunemente. Al cierre de esta edición se aprestaba a exhibir, seguramente en forma viciada también, una teleserie sobre las muertes atribuidas a la comitiva del general Arellano. Pero yo la vigilaré estrechamente, porque soy especialista en el tema y escribí sobre él el libro “La Verdad del Juicio a Pinochet”, del año 2001, acreditando la inocencia del ex Presidente y su enviado, el general Arellano.
Periodistas de espectáculos (¡uno de derecha!) han elogiado la teleserie propagandística “Imágenes Prohibidas”, cohonestando el hecho de que públicamente se dé por verdadera la responsabilidad en un triple crimen de un gobierno que no la tuvo.
No es novedad que la izquierda maneje el contenido de los medios. Lo que es novedad es que lo haga con el aplauso de sus opuestos.
Entonces “Imágenes Prohibidas” ha presidido la recordación de los 40 años. Un programa equilibrado del canal 13, simultáneo y de la misma duración, no ha tenido casi mención en la prensa. ¡El comentarista de derecha que aplaudió “Imágenes Prohibidas” declaró aburrido y poco informativo el reportaje del 13! Así es nuestra derecha. Con ella ¿quién necesita una izquierda?
Y no sólo Lagos se ha centrado en “Imágenes Prohibidas”, la teleserie más parcial, menos veraz y más sesgada. También lo han hecho destacados columnistas. El concierto para darle bombo a la teleserie de Chilevisión ha sido una coincidencia notable. Por supuesto, no creo que haya una estrategia dictada desde arriba. A esos columnistas también la verdad histórica les resbala.
El supuestamente moderado DC Jorge Correa Sutil, en su columna del 24.08.13 en “El Mercurio”, se ha centrado en dicho reportaje sesgado pro UP: “Imágenes inéditas de la represión de hace 40 años les ganan en rating a las teleseries”, comienza. “El país se sumerge, una vez más, a sorprenderse y a reconocerse…” Y más adelante: “No es primera vez que el país se zambulle en el lado oscuro del pasado: lo hizo frente a los hornos de Lonquén; cuando quemaron a Rodrigo Rojas De Negri y a Carmen Gloria Quintana;… ante la muerte de Jarlan…”
Todas esas imputaciones al Gobierno Militar parten de una falsedad fundamental. Pues se las achaca directamente, al añadir que los militares “perdieron su dignidad, atentando contra la dignidad de todos nosotros.” Pero esos hechos no fueron obra del Gobierno Militar.
Veamos los casos.

Los hornos de Lonquén
Fueron descubiertos a fines de los ’70 los cadáveres de varias personas en una mina abandonada del indicado lugar. La sorpresa fue tan completa para el Gobierno Militar como para el resto del país. Investigada la situación, se comprobó que carabineros rasos o de baja graduación de la comisaría de Lonquén, sin conocimiento de los propios jefes policiales de la misma, y civiles de la localidad, habían perpetrado una vendetta contra una familia de lugareños caracterizadamente partidarios de la Unidad Popular, que durante el gobierno de ésta habían participado en acciones abusivas y delitos contra otros vecinos.
El descubrimiento de esos cadáveres tuvo consecuencias. La noticia recorrió el mundo como si las muertes hubieran sido ordenadas por Pinochet. Fue como el caso de las armas químicas en Siria. La Junta de Gobierno se preguntó si otras situaciones similares, desconocidas para ella, no podrían haber ocurrido en otros lugares del país, con el riesgo de dar pie en el futuro a situaciones tan bochornosas y desprestigiantes como lo había sido la de Lonquén. El Gobierno resolvió entonces averiguar en todo el territorio, bajo reserva y con garantía de impunidad, si había otros casos de ejecuciones al margen de toda decisión de tribunales de tiempo de guerra u otras autoridades.
Practicadas las averiguaciones, aparecieron otras inhumaciones clandestinas y se resolvió llevar a cabo la “Operación Retiro de Televisores”, nombre particularmente desafortunado, exhumando en secreto los cadáveres que se hallaban enterrados en diversos lugares, los cuales fueron posteriormente lanzados al mar, según expone el general (r) Manuel Contreras, en su libro “La Verdad Histórica II: ¿Desaparecidos?”
Como yo soy “general después de la batalla”, sé lo que habría hecho: habría abierto las ventanas por completo, revelando públicamente todos los hallazgos de restos, amnistiando a los culpables en razón del recién dictado decreto-ley para ese efecto, y entregando los restos a sus familiares. Habría precisado las circunstancias de las muertes y declarado que nunca más iban a quedar sin sanción ejecuciones ilegales como las que habían originado esos entierros de restos.
En 1979 el tema de las ejecuciones ilegales y los desaparecidos habría quedado superado, y la imagen de la Junta no habría sido peor de lo que era.
¡Qué lástima que no haya sido yo quien estaba a la cabeza del poder, sino la Junta!
Así y todo, no puede honestamente atribuirse a la misma esas pérdidas de vidas de Lonquén, sino a personas que actuaron fuera del mando de toda autoridad, incluso fuera de la de sus superiores inmediatos en la comisaría de local. Esa fue la verdad.
En fin, es sabido que el padre Jarlan, supuesta víctima de otro “crimen de la dictadura”, fue muerto por accidente a raíz de un disparo al aire hecho por un carabinero, acosado por una multitud en la población La Victoria, debido a que el proyectil rebotó en un árbol y en una pared, yendo finalmente a impactar al sacerdote, que leía sentado en un escritorio. Un típico accidente.
Hace poco un funcionario de Gendarmería disparó al aire en una calle céntrica, en circunstancias similares, e hirió gravemente a un joven que se hallaba asomado a la ventana de un edificio. Según el criterio de Correa Sutil, esas lesiones serían atribuibles al “período oscuro” de Sebastián Piñera.

Solari se sube al carro
Veremos una a una las otras acusaciones, comentando antes que también tomaba pie del mismo programa televisivo una columna de 29 de agosto de 2013 en “La Segunda”, del ex ministro socialista Ricardo Solari, que escribía lo siguiente:
“Es atendible, por ejemplo, discutir el contexto cuando se trata de comprender el golpe de Estado de 1973. Sin embargo, si hablamos de actos de extrema crueldad mencionados en el programa, como el caso degollados o la quema con bencina de dos jóvenes por una patrulla militar, ocurridos ambos en 1986, se trata de acontecimientos que por sí mismos definen el contexto. Las justificaciones oficiales de aquel entonces, basadas en mentiras, o el ocultamiento de dichos crímenes por las autoridades de la época, abundan en la misma contundente autoexplicación de ese contexto.”
Todo el contenido de ese párrafo es falso, tanto como el de Correa Sutil. Pero voces como ésas han creado el clima para la conmemoración de estos 40 años.
Y uno puede hacer presente la verdad una y otra vez, sin ningún resultado, porque el comentarista de turno volverá a culpar al Gobierno Militar de los degollados, los quemados y la muerte del padre Jarlan.
Y el público seguirá opinando según las consignas y no según los hechos reales.
A su turno, afirma Correa Sutil, impresionado por “Imágenes Prohibidas”: “…cuando quemaron a Rodrigo Rojas De Negri y Carmen Gloria Quintana”.
Tampoco es verdad. El caso fue investigado judicialmente y a fondo. Doy más detalles: dijo el ministro en visita extraordinaria don Alberto Echavarría Lorca, que lo investigó, en su resolución de fecha 23 de julio de 1986: “a) Que Rodrigo Rojas De Negri y Carmen Quintana Arancibia fueron detenidos, el día 8 de este mes, por una patrulla militar que aseguraba el libre tránsito de vehículos, reteniéndolos transitoriamente en el lugar de su aprehensión, uno al lado de la otra y próximos a elementos de fácil combustión, combustión que se produjo debido a un movimiento de la joven y la caída y rotura del envase de uno de esos elementos, causando quemaduras graves a los dos y originando posteriormente la muerte del primero”.
Pero la frase sacramental sobre “los quemados” o “el gobierno que quemaba gente”, prevalece por sobre la verdad.
Más aún, la condena que sufrió el capitán de la respectiva patrulla fue por un cuasidelito, o sea un acto no intencional, consistente en haber liberado a los dos manifestantes (a petición de los mismos), sin llevarlos a un hospital, donde aparte de ser atendidos iban a quedar detenidos.
Ni el programa “Imágenes Prohibidas” ni los artículos de Correa Sutil y Solari dan cuenta de esas verdades judiciales.
Porque ése es el estilo de la corriente dominante, que controla lo que se comunica a la opinión pública chilena hoy.
Y es por eso que yo sostengo que en Chile no hay verdad. Porque la consigna prevalece sobre ella. Y por eso este libro se titula “Ni Verdad Ni Reconciliación”, porque la versión falsa de los hechos, que es la más divulgada, atiza los odios e impide deponerlos.

La velada amenaza de Solari
Pero eso no es lo peor: lo peor es la amenaza implícita en la columna de Solari, que en menos de un año más puede ser un “prohombre del régimen”. He aquí lo que tiene en vista:
“El proceso de toma de conciencia que comenzó con el bombardeo de La Moneda y siguió con una estela de horrores aún no concluye. Esto ocurrirá a partir de un repudio generalizado, y sólo entonces la sociedad mirará ese período con otra perspectiva”.
Traducido al idioma de las sociedades libres y democráticas: “Mientras todos ustedes no se sometan y plieguen a la historia oficial, los seguiremos persiguiendo, los seguiremos apedreando y torturando en las calles cuando quieran contradecirnos.”
Sus palabras finales expresan toda la amenaza implícita: “Pero el ciclo aún no está cerrado: ése es el meollo del problema”.
Traduzco de nuevo: “¿Querían reconciliación? Ríndanse incondicionalmente, renuncien a la verdad y abracen nuestra versión. Pidan perdón. Recuerden que los violentistas son nuestros… y los jueces también”.
¿Ustedes creían que la incertidumbre institucional y las alzas tributarias, es decir, “El Otro Modelo”, constituían la mayor amenaza? Están equivocados. El terrorismo impune y vengativo es una amenaza mucho peor.
Entonces hoy se puede decir cualquier cosa, por estrafalaria que sea, contra el Gobierno Militar o contra Augusto Pinochet.
Justamente hace un rato he visto a una señora de apellido Heitmann, que trabajó en el Instituto de Salud Pública, afirmar que ahí, hasta hace poco, se mantenía desde el Gobierno Militar una cantidad de bacteria botulínica suficiente para exterminar a medio Santiago. Y se lo ha comunicado a diarios alemanes que publican la noticia con escándalo, como si hubiera sido un plan de Pinochet eliminar a la mitad de la población de Santiago. ¿Cómo la señora Heitmann dejó pasar tantos años antes de revelar su historia de horror a los diarios alemanes?

El postre del festín de Chilevisión
Al cierre de esta edición se transmitía en dicho canal diariamente y con alta audiencia la teleserie “Ecos del Desierto”, que contiene imputaciones probadamente falsas a los generales Sergio Arellano y Augusto Pinochet. La inocencia de ambos en los hechos lamentables que protagonizaron oficiales inferiores desquiciados en La Serena, Antofagasta y Calama, está probada en el proceso, que estudié atentamente para escribir mi libro “La Verdad del Juicio a Pinochet” (Editorial El Roble, Santiago, 2001).
No obstante, en la falsificación perpetrada por Chilevisión se presenta a Arellano como protagonista de fusilamientos que no ordenó y es evidente que el propósito de la mistificación es dañar la imagen del general Pinochet, quien lo había comisionado para acelerar los procesos en distintas unidades del norte y del sur que en los primeros días después del 11 estaban colmadas de presos que no eran juzgados, lo que creaba una situación de angustia e incertidumbre en muchos lugares del país.
Como nada se opone a la masiva campaña de desinformación de la izquierda, ni nadie puede dar con igual masividad la versión veraz de los hechos, muchos otrora partidarios del Gobierno Militar se han pasado a las filas de sus adversarios y hasta llegan a pedir perdón por culpas inexistentes, pero atribuidas al Gobierno Militar por la campaña de falsedades.
Entonces, la verdad histórica como elemento indispensable de un proceso de reconciliación simplemente no tiene caso en el Chile actual.


CAPÍTULO VII
LA JUNTA Y LOS DERECHOS HUMANOS

El tema de los derechos humanos tiene mucho que ver con un síndrome de amnesia que ha sufrido la mayoría de los chilenos a manos de la antes descrita y avasalladora propaganda de izquierda. Y hasta han cambiado en el sentido de negar haber pensado o dicho lo que en el pasado efectivamente pensaron o dijeron, y que fue determinante para que hubiera un 11 de septiembre de 1973. Veamos cómo sufrió este proceso uno de ellos:

1) Declaración de Aylwin I, 1973:

“Nosotros tenemos el convencimiento de que la llamada ‘Vía Chilena de Construcción del Socialismo’, que empujó y enarboló como bandera la Unidad Popular y exhibió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada y eso lo sabían los militantes de la Unidad Popular y lo sabía Allende, y por eso ellos se aprestaban, a través de la organización de milicias armadas muy fuertemente equipadas y que constituían un verdadero ejército paralelo, para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder. En esas circunstancias pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista.”
Veinte años después:
2) Declaración de Aylwin II, 1993:

“Yo nunca pensé que la Unidad Popular como tal, ni menos Salvador Allende, estuvieran interesados en dar un golpe y establecer una dictadura. Yo supe de eso cuando salió el libro ese o el documento (sonrisa irónica) que publicó el Gobierno Militar denunciando ese plan.”

Esta contradicción del ex Presidente consigo mismo ilustra el predicamento de la mayoría de hoy: se han convencido de que lo que ellos atestiguaron y tuvieron como verdad hace cuarenta años, y que explicaba su apoyo mayoritario a la Junta Militar de Gobierno, en realidad no lo atestiguaron ni lo pensaron. Son Chilenos I y Chilenos II.

Los porfiados hechos
La izquierda sigue el mandato de Lenin, que enseñaba: “Si los hechos no concuerdan con la Revolución, mucho peor para los hechos”.
Los revolucionarios de izquierda siempre han tenido problemas con la verdad. Salvador Allende, como buen marxista-leninista, aconsejaba a sus periodistas afines (durante su gobierno se organizó una “Operación Verdad”, y no es un chiste):
“La objetividad no debería existir en el periodismo,” porque “el deber supremo del periodista de izquierda no es servir a la verdad, sino a la revolución”. (Discurso en el Primer Congreso Nacional de Periodistas de Izquierda, “El Mercurio”, 9 de abril de 1971).
Incluso en los días siguientes al pronunciamiento costaba saber la verdad, porque no había informaciones oficiales precisas. Poco después del 11 llegó una mañana a mi casa un reportero de la televisión australiana y, en mi calidad de diputado, porque todavía lo era, me preguntó, en frío, cuántos muertos había generado el pronunciamiento.
Me quedé un poco perplejo. Yo apoyaba a la Junta, pero, como todo el mundo, ya tenía el cerebro bastante lavado, porque llegaban reacciones del extranjero sembradas por el KGB diciendo que los militares habían matado a muchos miles de personas. Recuerdo que hasta entre los partidarios se contaba un chiste: “Había dos buitres parados en la rama de un árbol, cerca de Santiago. Se notaban ahítos y uno de ellos le dijo al otro, pasándose una pata por la panza: ¡Se pasó la Junta!”
El hecho fue que le dije al periodista australiano que unos 13 mil. No sé de dónde saqué la cifra. Probablemente quise achicar la que yo realmente creía, para no desprestigiar a la Junta. Pero el australiano se enojó conmigo y se fue rápidamente, diciéndome que todo el mundo hablaba de a lo menos cien mil muertos.
Bueno, después de 1990 fueron creadas dos comisiones —la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Rettig) y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación— para determinar los caídos de 1973-1990, y con el ánimo de que fueran los más posibles (las comisiones eran manejadas casi exclusivamente por abogados asesores concertacionistas; me lo refirió uno de los poquísimos derechistas que se había logrado filtrar allí).
Llegaron a la cifra de 3.197, en total, en 17 años, incluyendo desaparecidos; y, de esos muertos, 423 los mataron los terroristas de izquierda, no obstante lo cual siempre se los cargan también a los militares. Y ninguna de las dos Comisiones atribuye estos últimos a sus verdaderos autores, los grupos armados del PS, del PC, del MAPU, de la IC, el MIR y el FPMR, principalmente, sino a entes impersonales e inidentificables, como “la violencia política” o “particulares actuando por motivaciones políticas”.
Pues el obvio fin de Aylwin II, que formó ambas Comisiones, era el de encubrir a y congraciarse con sus aliados de extrema izquierda. Y el país entero, hasta hoy, “comulga con sus ruedas de carreta.”
Y reitero algo que ya señalé antes: del total mencionado, hubo 1.823 muertos y desaparecidos entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973, 301 de los cuales cayeron a manos de la guerrilla de izquierda, entre ellos 82 uniformados.
Es decir, el 57 por ciento de las víctimas de ambos bandos cayeron en los primeros tres meses y medio. Y eso contabilizado por las Comisiones hostiles a los militares y formadas mayoritariamente por sus adversarios.
A ese efecto, siempre recuerdo a un ingeniero de Neut Latour que me contó, después de 1990, cuánto lo habían presionado, con reiteración, para que declarara como víctima de los militares a un obrero suyo izquierdista que se había ahogado en el mar después de un almuerzo muy regado ofrecido por la firma a sus trabajadores en la playa de Cartagena, en 1974.

La epifanía de Frei Montalva
Es importante el dato de los caídos en 1973, ese 57 por ciento del total, porque justamente, en esos meses, personalidades como Eduardo Frei Montalva y Patricio Aylwin hacían declaraciones al extranjero defendiendo la acción militar. Frei declaraba al “ABC” de Madrid: “Los militares han salvado a Chile”, pero añadía mucho más. Sus declaraciones las publicó “El Mercurio” el 12 de octubre de 1973. He aquí algunas:
“Lo que el mundo no sabe es que los marxistas chilenos disponían de armas superiores en número y calidad a las que estaban en manos de las Fuerzas Armadas.
“Los militares han salvado a Chile y a todos nosotros… las Fuerzas Armadas siguen encontrando depósitos de armas clandestinos.
“Los marxistas estaban preparando una guerra civil.
“Cuando un gobierno actúa como lo hizo Allende… y se crean condiciones desfavorables como jamás se habían conocido… el derecho al levantamiento se convierte en un deber.
“Éste es un momento en que los políticos tenemos que callar. No es nuestro momento. Es muy posible que yo un día publique un largo escrito acerca de nuestro partido, la democracia cristiana, pero hasta que lo tenga bien decidido, pensado y madurado, no quiero aparecer opinando en los periódicos. …
“El marxismo, con conocimiento y aprobación de Salvador Allende, y acaso por instigación de Salvador Allende, había introducido en Chile innumerables arsenales, que se guardaban en viviendas, oficinas, fábricas, almacenes. … Un armamento para más de 30.000 hombres, y el Ejército chileno no pasa normalmente de esa cifra. Los militares han salvado a Chile y a todos nosotros, cuyas vidas no son ciertamente tan importantes como la de Chile, pero que son vidas humanas, y muchas, y todas, amenazadas perentoriamente. Y no puedo decir que estemos aun a salvo, porque —ya lo ve usted día tras día— las Fuerzas Armadas siguen descubriendo reductos y arsenales. La guerra civil estaba perfectamente preparada por los marxistas. Y esto es lo que el mundo desconoce o no quiere conocer… cuando se producen en un país condiciones que no se han producido nunca, como en Chile, tan claras y abundantes en la historia del mundo, el derecho a la rebelión se convierte en deber. Es un derecho jurídico proclamado por todos los juristas e historiadores, como el Padre Mariana en España.
“La gente en Europa no se imagina lo que era esto. Viven ofuscados por la gran mentira del experimento de la democracia hacia el comunismo. Pero eso no es posible. Es una contradicción en los términos, una antinomia. Si Allende, que no era ideólogo, pero sí maniobrero, sabía que no era posible y por eso utilizaba, para engañarnos, la muñeca… Es alarmante que en Europa no se enteren. Este país está destruido. Necesita que se fijen en él. Necesitamos que prevalezca la verdad con documentos irrebatibles, con la divulgación de hechos vergonzosos. Este país está destruido hoy. Yo espero que también España lo comprenda”.
Pero hubo un párrafo muy decidor de la entrevista que apareció en el ABC y no en "El Mercurio", rescatado por el historiador Gonzalo Rojas Sánchez en su libro "La Agresión del Oso", El Roble, Santiago, 2003, p. 143: "La Democracia Cristiana no deseaba esto, naturalmente. Usted no desea operarse de cáncer, pero llega un momento en que usted tiene que operarse el cáncer. Nuestros cirujanos son las Fuerzas Armadas, y el pueblo solicitó su intervención insistentemente, estruendosa y heroicamente".

La rendición incondicional
En fin, yo siempre había sostenido que el Gobierno Militar y todo lo que él significa y abarca, había ganado la guerra, pero había perdido la posguerra. A partir del punto de inflexión que significó un primer editorial de “El Mercurio” del 1° de julio de 2012, consagratorio del “Informe Rettig” como verdad indiscutida e intérprete de un “consenso nacional”, al afirmar que “el Gobierno Militar cometió las violaciones a los derechos humanos que el Informe Rettig estableció como verdad consensuada”. Eso nunca antes lo había expresado editorialmente como opinión propia “El Mercurio”. A partir de ahí se fue gestando la rendición incondicional de casi todos los partidarios de ese régimen. Digo “casi” todos, porque un reducido grupo nunca se ha rendido ante el lavado general de cerebros y la presentación falseada de la historia. Obviamente, este grupo, del cual soy parte, tiene muy limitada tribuna.
Todo esto parte en gran medida de la estrategia del más hábil de los políticos contemporáneos chilenos, el tantas veces nombrado Patricio Aylwin, ex senador, ex presidente del Partido Democratacristiano y a la sazón (1990-1994) Presidente de la República, quien discurrió una estrategia maestra dirigida a hacerse perdonar su papel protagónico de “gatillador” del Pronunciamiento Militar, de defensor de la Junta y de máximo beneficiario de la derrota de las huestes terroristas de extrema izquierda.
Tal estrategia consistió en pasarse al bando de la izquierda, sentar a los militares en el banquillo de los acusados, condenarlos ante el país, el mundo y la historia y extender el más amplio perdón a los mayores agresores de la democracia, a los grandes y únicos responsables del desastre nacional que desembocó en el 11 de septiembre de 1973, colmándolos además de prebendas económicas. Y así logró presentarse como el gran pacificador de los chilenos. Gran parte de éstos, lo que habla muy mal de la estirpe de nuestra población, se cambió de bando junto con Aylwin, las consecuencias de lo cual es lo que estamos viendo hoy.
Resultado: decenas de aquellos a quienes convocó a apagar el incendio unipopulista y derrotar a los terroristas armados, exponiendo su propio pellejo, han sido ilegalmente juzgados, hoy se pudren en las cárceles y son objeto de la ignominia general. Otros miles de uniformados (r) están siendo procesados y se ha dado la paradoja de que el actual gobierno, cuyo titular les prometió, como candidato, velar por un debido proceso para ellos y por la aplicación de la prescripción, ha sido el más activo, a través de su subsecretario Ubilla, para presentar nuevas querellas en su contra, llevando el total de las mismas desde algo más de trescientas a mil trescientas.
Al mismo tiempo, todos los terroristas que cometieron crímenes (905) están libres, han sido indemnizados de una u otra forma y gozan de beneficios económicos permanentes.
Y pese a todo eso, a que la izquierda terrorista y revolucionaria ganó la posguerra, encarceló a quienes la derrotaron en la guerra y recibió y recibe las más desmesuradas compensaciones monetarias, no hay atisbos de reconciliación y se ha tornado cada vez más odiosa y violenta, en particular al aproximarse cada 11 de septiembre.
Ahora exigen una rendición incondicional de los que discrepan de su versión falseada del pasado.
En medio del pánico en que por eso viven los derechistas, cada vez más de ellos responden, para librarse del estigma de la izquierda, cual autómatas, como si Pavlov los hubiera sometido a su experimento del reflejo condicionado, que el Gobierno Militar “atropelló los derechos humanos”. Lo han oído repetir demasiado y lo asimilan obedientemente. Goebbels decía que una mentira mil veces repetida pasa a ser verdad. La conducta de la derecha chilena actual le da la razón.

La verdad es diferente
Pero no es verdad que el Gobierno Militar, como tal, atropelló los derechos humanos. Su política de gobierno consistió en tratar de evitar esos atropellos. Veamos:
Desmintiendo al Informe Rettig, que inculca dicha noción de “política sistemática de atropellos a los derechos humanos”, la Junta hizo esfuerzos para evitarlos.
Desde un comienzo, cuando dictó una resolución que se distribuyó a las Fuerzas Armadas y Carabineros, de la cual conservo un original entregado a este último cuerpo, transcrito al personal por su Dirección General, se manifestó la preocupación por evitar abusos y excesos. Dice así en sus partes pertinentes:
“O. S. 3, Circular N° 1 (H. Junta de Gobierno: Dicta normas de conducta en procedimientos empleen Fuerzas Armadas y Carabineros.) Santiago, 7 de enero de 1974. Hay un timbre rojo que dice RESERVADO. ...
“Nuestra etapa en el gobierno de la Nación no puede ni debe caracterizarse por actos inhumanos que tengan que ocultarse a la ciudadanía y que sólo engendran una reacción de violencia, de odios y de venganza. (...)
“6.a.- La actitud de las FF. AA. y Carabineros para cualquier chileno o extranjero que sea sorprendido empuñando las armas, en actos criminales contra las tropas y población civil o sabotajes que afecten a nuestras fuerzas o a la población civil, debe estar orientada al aniquilamiento en combate de estos extremistas o violentistas o, por medio del procedimiento judicial más rápido, si se han rendido.
“6.b.- Aquellos que sean sorprendidos promoviendo la subversión, deben ser sometidos a juicio y sancionados de acuerdo con los procedimientos rápidos que otorgan los tribunales militares en tiempo de guerra.
6.g.- El concepto de ‘mano dura’ no autoriza el empleo de procedimientos desterrados de la civilización, la mano dura es más bien una ‘mano justa’, para interpretar mejor el espíritu de la Junta de Gobierno en la conducción del país (...)
8.- La presente Circular deberá ser difundida, leída y comentada a todos los mandos de las FF. AA., Carabineros e Investigaciones, debiendo establecerse las responsabilidades, sanciones y penas correspondientes ante cualquier incumplimiento de las disposiciones que ella contiene. Fdo. AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la Junta de Gobierno.”

Reiteración de Recomendaciones
Posteriormente, el 1° de febrero de 1974 se distribuyó la Circular Confidencial N° 22, de 25 de enero de 1974, del Ministerio del Interior, relacionada con la detención de personas. Ella expresaba, en sus partes pertinentes:
“A) ANTECEDENTES: (...)
“2) Decreto Ley N° 228 de 24 de diciembre de 1973, publicado en el Diario Oficial de 3 de enero de 1974, artículo 1°, que establece que todas las atribuciones conferidas por el artículo 72, N° 17, inciso tercero, de la Constitución Política del Estado al Presidente de la República por la declaración del Estado de Sitio, serán ejercidas por la Junta de Gobierno por medio de Decretos Supremos firmados por el Ministro del Interior, con la fórmula “Por orden de la Junta”. (...)
“B) EN CONSECUENCIA, ESTE MINISTERIO DISPONE:
“1) La detención de personas en uso de las facultades del Estado de Sitio es única y exclusivamente privativa de la Junta Militar de Gobierno y se ejercerá a través de Decretos del Ministerio del Interior.
“2) La detención de personas por la Justicia Militar sólo podrá llevarse a efecto en virtud de una orden emanada de un Tribunal competente y de acuerdo a las normas legales vigentes.
“3) Ninguna autoridad está autorizada para practicar detenciones al margen de las presentes disposiciones; lo mismo se aplica respecto a la Servicios de Inteligencia Militar de cualquier institución, que también deberán someterse obligatoriamente a tales normas. Lo expresado es sin perjuicio del cumplimiento de órdenes dispuestas por la autoridad competente y en los casos en que la Ley Penal autorice la detención respecto de personas sorprendidas in fraganti. (...)
“6) El Ministerio de Defensa dispondrá que todos los C.A.J.S.I. (Comandantes de Agrupación de Justicia y Seguridad Interior) envíen una lista completa de las personas que se encuentren detenidas a la fecha, conforme a esta facultad constitucional, indicando la fecha en que fueron detenidas. Esta lista deberán enviarla al Ministerio de Defensa Nacional en el plazo de diez días después de recibidas las instrucciones que ese Ministerio disponga, las que se harán llegar por intermedio de la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos, al Ministerio del Interior. (...)
“10) El Ministerio de Defensa Nacional dará las órdenes pertinentes para el inmediato cumplimiento de estas instrucciones. Saluda atentamente a US.,( fdo.) OSCAR BONILLA BRADANOVIC, General de División, Ministro del Interior.”
Este documento fue repartido a todas las unidades uniformadas y de la policía civil del país.

Sanciones a atentados contra los DD. HH.
Una circular estampada en rojo con la palabra CONFIDENCIAL, de pocos días después, el 15 de febrero de 1974, emanada del Director General de Carabineros (s) Félix A. González Acevedo, confirmaba la decisión de esa rama uniformada de hacer cumplir las instrucciones recibidas. Como no siempre eran obedecidas, motivaban la aplicación de “drásticas medidas disciplinarias”, lo que indica todo lo contrario de la “política de atropellos a los derechos humanos”. Algunos de los párrafos de este instructivo dicen:
“Sin embargo, la gran cantidad de reclamos por trato descomedido, altanero, o prepotente, y hasta grosero, en algunos casos, que se reciben tanto en la Dirección General como en las diferentes reparticiones y unidades y que han motivado la aplicación de drásticas medidas disciplinarias, están indicando que tales recomendaciones, a pesar de la constancia escrita, no se imparten...”
“Los señores Jefes de Reparticiones y Unidades deben recordar, al instruir a sus subalternos, que la rectitud y la corrección deben ser los distintivos dominantes de la conducta funcionaria, y que la atención al público es la necesidad primaria de los servicios policiales. (...)
“Si se toma en cuenta que el lenguaje procaz produce reacciones altamente negativas y muchas veces con consecuencias funestas, con mayor razón el empleo de la fuerza física en forma inadecuada, injusta e infundada, al margen de las atribuciones que la ley confiere al que hace uso de ella, puede provocar otras reacciones mucho más violentas que las anteriores y con consecuencias de mayor gravedad.”

Más medidas pro-derechos humanos
A la inversa de lo que se ha dicho y escrito, la justicia ejerció control en materia de derechos humanos. Es falsa la acusación del Informe Rettig en sentido contrario y por eso el Pleno de la Corte Suprema tachó de inválido y sesgado ese Informe. Por lo mismo, todas las afirmaciones del Presidente Piñera en esta fecha haciéndose eco de las inculpaciones del Informe a los tribunales, son infundadas y lamentables. Esa alta autoridad debería leer el acuerdo del Pleno de 1991 primero y después opinar.
En 1977 se suprimió la DINA precisamente porque los partidarios de la Junta le hacían ver que si bien era muy efectiva en controlar a los terroristas, cometía frecuentes atropellos a sus derechos humanos. Si el Gobierno Militar hubiera tenido una “política sistemática de atropellos a los derechos humanos” no habría disuelto la DINA, sino que la habría reforzado. Fue reemplazada por la CNI, a cargo del general Odlanier Mena, un militar reconocidamente respetuoso de la legalidad y los derechos de las personas. No obstante, se había dictado ya una normativa para impedir abusos.
En efecto, en enero de 1976 se dictó el Decreto Supremo 187, que prohibió los lugares secretos de detención y según el cual todo arresto debía tener lugar con orden firmada por el jefe del organismo de seguridad responsable, consignando los nombres de quien la dispuso y de quien ejecuta la orden, así como el lugar de detención, garantizando que los familiares deban obtener una copia de esto.
Ese sólo decreto desvirtúa por completo el panorama que pintó el Informe Rettig.
Fundado en este decreto supremo, el Presidente de la Corte Suprema, José María Eyzaguirre, visitó los campamentos de detenidos de Tres y Cuatro Álamos y comprobó variadas irregularidades, como la de que el registro de detenidos estaba incompleto, varios de los presos alegaban estarlo sin orden de detención y otros denunciaban torturas. Cuando recibió el informe del alto magistrado, el Ministro de Justicia, Miguel Schweitzer, visitó por su cuenta y sorpresivamente los campamentos de detenidos, acompañado del Subsecretario, comandante de la Armada Mario Duvauchelle, el Director del Servicio Nacional de Salud y el Director del Instituto Médico Legal.
El historiador Gonzalo Rojas Sánchez, en su obra “Chile Elige la Libertad”, Zigzag, 1998, tomo I, p. 232, dice sobre esta visita:
“Por su parte, Duvauchelle informa personalmente de marcas de quemaduras en las manos de algunos detenidos y de condiciones de higiene que permiten la proliferación de hongos. Pinochet llama a Contreras y le habla duramente. A Duvauchelle simplemente le acota: ‘Estas cosas pasan porque hay gente que no entiende’. El director de la DINA espera a la salida a Duvauchelle y, en un tono amenazador, se refiere a la familia del subsecretario, ante lo cual Duvauchelle le exige que vuelva a repetir esos comentarios delante del Presidente, quien reacciona airado y con un ‘eso no se hace, para la próxima se acabó’. En la recriminación a Contreras, Duvauchelle afirma simplemente que ‘Pinochet se lo sirvió.’”

Hechos de la guerra civil larvada
Los militares, el 11 de septiembre de 1973, se encontraban ante las siguientes circunstancias: un llamado de los representantes políticos de la mayoría democrática a poner término a las situaciones que tenían al país al borde del colapso; una fuerza armada terrorista de nacionales y extranjeros cuyo potencial sólo podían suponer, pero no precisar, y que desde el mismo día 11 disparaba contra los efectivos uniformados; la necesidad de lanzar al combate irregular que esto suponía a cincuenta o sesenta mil efectivos que nadie sabía cómo iban a reaccionar ante las circunstancias que se les presentaran, que eran imposibles de prever.
En el hecho, la lucha se decidió antes del fin de 1973 y lo que resultó fue que los extremistas de izquierda armados provocaron 301 bajas y los uniformados 1.522, según cifras de las dos Comisiones sucesivas formadas bajo la Presidencia de Aylwin, ya antes reiteradas. Luego, hubo combate e intercambio de fuego.
Es verdad que en esos tres meses y medio tuvieron lugar variadas actuaciones irregulares, pero individuales y no previstas por la Junta. Como el PN, la DC, el PRD y la IR convocaron a soldados, aviadores, marinos y carabineros chilenos, y no a las “Hermanitas de los Pobres”, y ni siquiera a la Guardia Suiza del Vaticano, nadie en su sano juicio podía esperar que todos y cada uno de los efectivos en armas se comportaran como correctos caballeros.
Pero todas las conductas estaban reguladas en los libros, es decir, en leyes y reglamentos: había C.A.J.S.I. (Comandantes de Agrupación de Justicia y Seguridad Interior) en cada zona en estado de sitio, con plena autoridad para perseguir delitos; había Tribunales de Tiempo de Guerra para conocer de todos los cometidos en cada jurisdicción; y había una legislación militar de tiempo de guerra aplicable.
Perfecto, pero el problema era que había chilenos a cargo, y nadie podía garantizar que, en lugar de proceder “según los libros”, procedieran “a la chilena”. Y eso sucedió en un número indeseable de casos.
¿Por qué un militar (o más de uno) mató a Víctor Jara? Hasta hoy no se sabe con precisión quién lo hizo. ¿Quién y por qué le disparó en una calle y mató al izquierdista norteamericano Charles Horman, que se había venido a vivir al Cordón Vicuña Mackenna por algún motivo que todos podemos presumir, pero no afirmar con certeza? ¿Por qué un oficial subalterno de la comitiva del general Arellano ordenó fusilar a doce personas que no estaban condenadas en La Serena; a 14 personas en igual condición en Antofagasta y a 26 personas en Calama, sin conocimiento de su superior? ¿Por qué la mayoría de esas personas fueron enterradas contra todas las disposiciones legales y reglamentarias? ¿Por qué un grupo de carabineros rasos de Lonquén, sin conocimiento del comisario de Carabineros ni de nadie más, salvo algunos civiles que los acompañaron, dieron muerte a numerosas personas de izquierda de la localidad, que habían a su vez cometido abusos y robado animales, y las enterraron en una mina abandonada, sin que durante cinco años nadie más supiera nada?
Ningún código, ordenanza, reglamento ni norma permitía nada de eso. Los C.A.J.S.I. de cada zona en estado de sitio tenían plenas facultades para investigarlo todo, pero algunos no lo hicieron. Ni la Junta ni el Presidente de la Junta pudieron saber que esas cosas iban a suceder y ni siquiera las supieron cuando tuvieron lugar.
Hubo lealtades mal entendidas con amigos y deslealtades inentendibles con superiores. Hubo cambios de posiciones y de “versiones” personales después de 1990. Hubo visibles esfuerzos por “sacarse el pillo” culpando a otros camaradas. Cualquier examen más o menos detallado de lo que sucedió en esos meses, como el que yo he hecho, y que traduje en un libro basado en piezas de los respectivos procesos (“La Verdad del Juicio a Pinochet”, Editorial El Roble, 2001), deja muy mal parada la confiabilidad de los chilenos, uniformados y civiles por igual.
Pero una cosa es clara: ni la Junta ni su Presidente ordenaron ni patrocinaron los excesos ilegales. Fueron eso: excesos. No fueron “conductas sistemáticas”.
Los “generales después de la batalla”, que nunca faltan y, al contrario, se hacen cada vez más abundantes, han dicho que ellos habrían procedido contra la guerrilla sin dejar de cumplir ni siquiera una coma de los reglamentos militares y las leyes, respetando el debido proceso y los derechos de todas las personas.
Fue una lástima que ellos no hayan encabezado las Fuerzas Armadas y Carabineros de 1973, porque entonces Chile se habría librado del destino totalitario que le tenía previsto Allende sin el más mínimo atropello a los derechos humanos de nadie.
Al escribir estas líneas veo que se anuncia para la semana del 11 un programa anunciado con imágenes de fusilamientos en el desierto. Presumo que se basará en la versión del libro de Patricia Verdugo, “Los Zarpazos del Puma”, que es un esfuerzo por culpar al Presidente Pinochet de hechos que no sólo no generó, sino que ni siquiera conoció en su momento.

La “Caravana de la Muerte”
Como escribí un libro sobre esa comitiva, ya antes citado, me voy a remitir a mis conclusiones, basadas todas en piezas judiciales:
La comitiva del general Arellano se originó en que en los días posteriores al 11 había aglomeraciones de detenidos en todos los regimientos. No debe olvidarse que había no menos de veinte mil subversivos armados, reconocidos por personeros izquierdistas y documentos internacionales sobre ingresados clandestinamente al país. La comitiva fue enviada para acelerar los juicios a todos esos detenidos y liberar cuanto antes a los que resultaran inocentes, evitando las escenas de familiares protestando alrededor de los cuarteles.
En su viaje al sur no tuvo mayores inconvenientes, salvo los posteriormente derivados de que “Los Zarpazos del Puma” le atribuyó fusilamientos que fueron decisiones de las guarniciones locales, pero su responsabilidad fue fácilmente desvirtuada.
En su viaje al norte se integró a la comitiva un oficial que quedó de segundo al mando, que ordenó ejecuciones sin forma de juicio en La Serena, Antofagasta y Calama, de las cuales el general Arellano se enteró sólo después de llegar a este último lugar. Todo eso está probado en los procesos y a quien no lo crea lo remito a mi libro ya citado.
El intento de “Los Zarpazos del Puma” por incriminar a Arellano, debido a que era el vínculo de las muertes con Pinochet, fue tan burdo, que en un caso, el de Copiapó, que pretendió cargarle a la comitiva, sin que ésta haya tenido nada que ver, llegó a reproducir un oficio en que fue falsificada la fecha, pues la verdadera demostraba que la comitiva no había llegado a la zona cuando tuvo lugar un fusilamiento de trece individuos por intento de fuga. Pero la autora olvidó que una página más adelante reproducía otro oficio, pero del día anterior a la supuesta fecha de los fusilamientos, del comandante del regimiento al encargado del cementerio local, pidiendo sepulturas para trece individuos muertos en intento de fuga. ¿Cómo, si iban a fugarse y ser muertos al
día siguiente? Véase las páginas 150 y 151 de “Los Zarpazos del Puma”. Hice ver varias veces esta inconsecuencia en mi columna de “El Mercurio”, pero la autora de los “Zarpazos”, hoy fallecida, nunca se dio por aludida de su fracaso en incriminar a Arellano y, por vía de él, a Pinochet.
Es seguro que en la teleserie de Chilevisión las muertes de Copiapó van a ser atribuidas a la comitiva, que estaba en Santiago cuando se produjeron. Los desafío a ver ese capítulo del programa y comprobarlo.

Caso Prats
Puede hallarse un hecho bastante decidor respecto de ese atentado en el libro “El KGB y la Batalla por el Tercer Mundo”, de que es coautor el ex agente soviético Vasili Mitrokhin, Basic Books, New York, 2005, p.98:
“A la inauguración como Presidente (de Juan Domingo Perón) en octubre (de 1973) asistió una delegación soviética que incluyó a Tolstikov, viajando bajo el alias de Sergei Sergeyevich Konstantinov. En lugar de llamar la atención hacia sí mismo a través de un acercamiento directo a la Vicepresidenta Isabel Perón, Tolstikov hizo contacto directo con ella a través del principal exiliado chileno en Argentina, el general Carlos Prats González, un ex comandante en jefe del Ejército chileno a quien Allende había hecho Ministro del Interior un año antes del golpe. A Prats se le entregaron US$10.000 de los fondos asignados al Comité Central para ‘trabajo con la resistencia chilena y la comunidad de emigrados’ después del derrocamiento de Allende. A requerimiento de Tolstikov, Prats le recordó a Isabel Perón de sus encuentros en España y de los regalos que ella había recibido de Tolstikov, y le pidió que organizara una reunión entre él y su marido después de que partiera la delegación soviética. Tolstikov no se presentaba como un oficial del KGB. En lugar de eso, él posaba como especialista senior en América Latina en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que de esa manera podía proporcionar un canal directo hacia el liderazgo soviético. Isabel Perón organizó una reunión para que Tolstikov fuera recibido por el Presidente en su residencia privada, a las 9 A. M. del 21 de octubre”.
Naturalmente, esta situación de Prats recibiendo dinero soviético para organizar la resistencia de exiliados chilenos en Argentina, abre una perspectiva diferente sobre los motivos que pudo tener el norteamericano Townley para poner una bomba bajo su automóvil. Si uno, en aras de la verdad histórica, quiere examinar todos los ángulos, no puede dejar éste de lado.
Valga decir que el más confidencial de los agentes norteamericanos, Vernon Walters, era un gran amigo del Director de la DINA chilena. Walters se especializaba en misiones secretas y conservó siempre un muy bajo perfil, pero era hombre de confianza de sucesivos presidentes norteamericanos, cosa que él mismo refiere en su autobiografía, “Misiones Discretas”. Pero en ella no menciona a Chile, aunque estoy cierto de que estaba perfectamente al tanto de que el general (r) Prats recibía dinero del KGB para financiar a una resistencia contra el Gobierno Militar chileno en el exterior. Y eso puede haber incidido en que un compatriota suyo le pusiera una bomba bajo el automóvil.

Desenlace político-judicial
Todo esto ha terminado de la peor manera, desde el momento en que la extrema izquierda se ha enseñoreado de los tribunales chilenos y les ha desconocido a los militares del ‘73 todos sus derechos legales, entre ellos a la amnistía, la prescripción, la cosa juzgada, el principio pro reo la irretroactividad de la ley penal, el debido proceso en general y hasta se ha desconocido la verdad de los hechos.
Alrededor de setenta uniformados de diferentes grados cumplen condenas en dos penales, y cerca de mil enfrentan procesos, mientras 905 terroristas de extrema izquierda, autores muchos de ellos de delitos sangrientos, se han beneficiado de la amnistía, la prescripción y variados indultos.
No entro en más detalles sobre esos atropellos a los derechos humanos de que son víctimas los ex uniformados, porque está a punto de aparecer una monumental obra que los precisa, detalla y describe, del abogado Adolfo Paul Latorre: “Procesos Sobre Derechos Humanos: Arbitrariedades – Ilegalidades - Inconstitucionalidades”.
Espero que ella llegue a ser un manual de estudio en nuestras escuelas de derecho para que nunca más en el futuro la judicatura chilena descienda a los niveles de politización, atropello al derecho e inmoralidad a que la ha llevado actualmente una mayoría de jueces extremistas de izquierda, verdaderos activistas de la venganza contra los militares por no haber permitido a Chile transformarse en otra Cuba.


CAPÍTULO VIII
LA VUELTA DE CHAQUETA GENERAL

La expresión “darse vuelta la chaqueta” es muy conocida en Chile, porque es de origen autóctono, encuentra sus raíces en nuestra historia y refleja el carácter nacional, que es tornadizo. Entre nosotros todas las lealtades son frágiles. Y en esta materia digo francamente que es así tanto entre civiles como entre uniformados.
Durante la Guerra Civil de 1891 los soldados del Gobierno usaban casaca azul, que tenía un forro blanco; los soldados del Ejército Revolucionario usaban casacas blancas. Tras las batallas decisivas de Con Con y Placilla, resuelta la contienda a favor del bando rebelde, los efectivos gobiernistas que deseaban rendirse y no correr peligro de ser abatidos por las balas de sus vencedores “se daban vuelta la chaqueta”, dejando su forro blanco a la vista y minimizando el riesgo de que los revolucionarios les dispararan cuando iban a entregarse.
En la política chilena “la vuelta de chaqueta” es acostumbrada y debido a eso siempre los vencedores de las contiendas electorales resultan después de ellas mucho más numerosos que los votos obtenidos por el candidato triunfante.
En el caso del Gobierno Militar esta situación se produjo inicialmente porque en el mundo entero la izquierda, instigada y financiada por el KGB de Moscú, montó una campaña abrumadora de desprestigio de la Junta chilena, a la voz de Brezhnev de que “nunca más habrá otro Chile.” El Pronunciamiento del 11 de septiembre, inicialmente bien acogido en muchos países, fue pronto demonizado por la propaganda comunista internacional, como lo señaló el historiador Paul Johnson en cita reproducida ut supra, en la cual mantenía su admiración por Pinochet porque, decía, “yo conozco los hechos”.
Ahí está la clave: en los hechos. Yo he convertido en una especialidad la de conocer los hechos relativos al Gobierno Militar. Debido a eso me diferencio de, yo diría, casi todos mis compatriotas, porque aun los que opinan igual que yo sobre él me dicen: “De acuerdo, los militares salvaron a Chile, pero no vas a negar que hubo desaparecidos y tortura”. Y es en torno a esos temas donde más me diferencio de todos, porque conozco los hechos. De ahí que me sienta casi único en el sentido de haber sido impenetrable e impermeable a las consignas de la izquierda. Es que, aunque me hayan repetido las mentiras mil veces, siempre he podido desvirtuarlas con la verdad.

Signos exteriores de derrota
Y la izquierda ¿qué hizo? Como veíamos en los números de caídos citados más arriba, extraídos de las Comisiones formadas bajo Aylwin II, para comenzar, la guerrilla izquierdista mató 301 personas entre el 11 y el 31 de diciembre de 1973. Es verdad que los uniformados mataron 1.522, pero esas cifras revelan que sí hubo un combate y que siempre ha sido falso que las tropas estuvieran dedicadas a disparar a civiles desarmados. Eso a propósito de los “arrepentidos” de haber apoyado al Gobierno Militar y de los que se “han dado vuelta la chaqueta”, que forman legión a estas alturas y tienden a autodescribirse como “nueva derecha”.
El 24.08.13 en “La Tercera” el senador UDI Hernán Larraín explicaba por qué está bien hablar de “dictadura”. Y acto seguido pidió perdón, se supone que por lo que ella hizo. Pero algunos han recordado su carta al general Pinochet a mediados de los ‘90, en que le reconocía y ponía de relieve su condición de salvador del país. Lo que va de ayer a hoy… Ha explicado su actitud en un artículo en “El Mercurio”, pero después de eso todavía nadie sabe de qué acto “punible o moralmente inaceptable” desea ser absuelto.
Como parece no haber ninguno, su actuación es un signo exterior de derrota, porque designa al gobierno del cual fue partidario y para el cual trabajó, con el epíteto, “dictadura”, con que lo califican sus enemigos (no “adversarios”, pues son los que organizaron los grupos que mataban o intentaban matar a los representantes de ese gobierno); y su petición imprecisa de perdón parece más bien dirigida a inculpar a ese mismo gobierno, al cual adhirió, de actos “punibles o moralmente inaceptables” no precisados.
Nadie de la Concertación ni del comunismo habla del “régimen marxista-leninista” para referirse al gobierno de Allende. Ni siquiera los políticos de derecha se refieren a él así, porque si bien es una denominación legítima (Allende le dijo expresamente a Regis Debray, en su famosa entrevista, que su propósito era establecer un socialismo “marxista, científico, total”) todos sabemos que es una forma peyorativa de designarlo.
Pero los adversarios del Gobierno Militar sí se refieren a éste como “dictadura”, y ahora mucha gente de derecha y hasta un prohombre de la UDI lo hace. Es otro signo exterior de la derrota que hemos sufrido.

Un prohombre DC declara "legítimo" al Gobierno Militar
Por suerte no todos han perdido la memoria. Días atrás ha fallecido un gran jurista DC, miembro de la Comisión Ortúzar para la Nueva Constitución de 1980. Rindiéndole un homenaje, el abogado Fernando Saenger Gianoni ha escrito a "El Mercurio" el 13.09.13 expresando: "Quiero aprovechar la ocasión para reproducir el pensamiento de don Alejandro ante el 11 de septiembre: En documento oficial del Colegio de Abogados de octubre de 1973, y publicado en la Revista de Derecho y Jurisprudencia correspondiente al mismo mes y año, señaló: 'Han concurrido, pues, a juicio del Colegio de Abogados, en el caso de Chile, todas las condiciones doctrinarias para estimar como legítima la rebelión armada que depuso al Gobierno anterior'. Y es obvio, como dice un autor, 'si es legítimo deponer a una autoridad ilegítima, quien la reemplace a través del ejercicio legítimo del derecho de rebelión necesariamente tendrá que tener un título de origen legítimo (que es posterior a la rebelión). Sería absurdo que existiera un derecho legítimo de rebelión y no se pudiera reemplazar la autoridad ilegítima, ya que no se puede dejar vacante el ejercicio del poder'.
"Por todos los antecedentes y consideraciones que se acaban de exponer, el Colegio de Abogados de Chile, ha prestado su patriótica adhesión al nuevo Gobierno y le ha ofrecido toda la colaboración técnica que le pueda ser requerida".
En consecuencia, este precedente establecido por el Colegio de Abogados y su presidente, don Alejandro Silva Bascuñán, soluciona el problema del senador Hernán Larraín, que encuentra dificultad en hablar de "Gobierno Militar": podría, entonces, denominarlo en lo sucesivo como "gobierno legítimo".
Pero como he dicho más arriba, en Chile los militares ganaron la guerra, pero perdieron la posguerra y, además, sus partidarios (y algunos de los propios militares) en número cada vez mayor se están rindiendo incondicionalmente.
Entretanto, los izquierdistas no piden perdón ni siquiera por sus crímenes más aleves e intencionados, como el atentado contra el Presidente Pinochet que costó la vida de cinco uniformados. Al contrario, se ufanan públicamente de su autoría, como lo ha hecho con total impunidad el ex jefe del FPMR y actual diputado comunista Guillermo Teillier. En cambio, sí pide perdón el senador Hernán Larraín, que en su vida le ha disparado a nadie (yo creo).

Más rendiciones incondicionales
El 27.08.13 el candidato a senador Andrés Allamand, que reconoció haber votado “Sí” en el plebiscito de 1988, declaraba en Radio Agricultura que el Informe Rettig debería ser lectura obligatoria para todos los escolares chilenos.
Y en una entrevista que dio a comienzos de año declaró que su político más admirado era Patricio Aylwin. Debería aclarar cuál Aylwin admira ¿el que denunciaba en octubre de 1973 que la Unidad Popular se aprestaba “a través de la organización de milicias armadas muy fuertemente equipadas, y que constituían un verdadero ejército paralelo, para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder”, o el que declaraba en 1993, “yo nunca pensé que la Unidad Popular, ni menos Salvador Allende, estuvieran interesados en dar un golpe y establecer una dictadura”?
¿O los admira a ambos?
Pero lo más grave es su propósito de hacer obligatoria la lectura del Informe Rettig para todos los escolares de Chile. Como es un permanente aspirante a la Presidencia, se supone que esa idea formará parte de su programa de potencial gobernante. Y es una idea gravísimamente negativa, porque el Informe Rettig fue declarado por el Pleno de la Corte Suprema en 1991 como un documento “apasionado, temerario y tendencioso, producto de una investigación irregular y de probables prejuicios políticos”. Y además se ha comprobado su recurrente falsedad.
Ya antes que Allamand un Ministro de Educación socialista, Ricardo Lagos, había sugerido la misma idea de que el Informe Rettig fuera parte del material educacional obligatorio de los colegios.
¿Quieren ambos políticos que exista una “Verdad Nacional Unificada”, tal como durante la UP se pretendió establecer una “Escuela Nacional Unificada” donde se enseñara la doctrina socialista y se formara al “hombre nuevo”?

Rettig desmentido por los hechos
En días pasados se ha dado a conocer el fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua que absuelve por completo a los carabineros que habían sido procesados por las muertes de dos cabecillas de la organización ilícita terrorista, brazo armado comunista, FPMR, Carlos Pellegrin y Cecilia Magni, que habían atacado un cuartel policial en Los Queñes, matando a un suboficial de Carabineros.
El Informe Rettig había dictaminado que ambos habían sido apresados y torturados, que ella había sido violada y luego ambos cadáveres habían sido lanzados por los carabineros a las aguas del río Tinguiririca. El fallo de la Corte dice que nada de ello fue comprobado y que los miembros del grupo terrorista perecieron ahogados al tratar de cruzar el río en su fuga. Ha tomado veintidós años desmentir un infundio calumnioso del Informe Rettig, confeccionado sobre la base de averiguaciones de un medio centenar de abogados, el 90 por ciento de los cuales era políticamente adverso al Gobierno Militar (esto me lo dijo uno del diez por ciento de partidarios).
Pellegrin era un terrorista en toda la línea, que había recibido formación militar en Cuba, en el cuartel Punto Cero. Su nombre interno o alias era “Comandante José Miguel” y usaba también el de “Rodrigo” (“La Nación”, 31 de marzo de 1993). Y además era el comandante máximo del brazo armado comunista, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, pero tras su muerte esto siempre se ocultó y se dijo que el jefe máximo era el “Comandante Salvador”, alias de Galvarino Apablaza, buscado por la justicia por el asesinato del senador Jaime Guzmán. “Salvador” recibió refugio en Argentina, con lo cual, tras la fuga de frentistas de la Cárcel de Alta (¿) Seguridad en 1994, no hay preso ningún responsable del asesinato del senador.
También periódicamente se ha dado a conocer la falsedad de la calificación de personas como “detenidas-desaparecidas” hecha por el Informe Rettig, pues se ha ido comprobando que algunas están vivas o que desaparecieron al margen de toda intervención de agentes del Estado.

La madre de todas las vueltas de chaqueta
Pero hubo un comandante en jefe del Ejército posterior al general Pinochet que hizo algo extraordinariamente desgraciado: echó sobre su institución públicamente todas las culpas imaginables, al lanzar un “Nunca Más” insólito, que lo convirtió en “hijo favorito” de la extrema izquierda y la DC: el general Juan Emilio Cheyre.
He aquí sus pronunciamientos más notables:
1) Días antes de cumplirse treinta años del 11 de septiembre de 1973 los periodistas le preguntaron cómo lo iba a conmemorar, y respondió: “Como un día normal. Es un sábado como cualquier otro sábado”.
2) Y el 10 de diciembre de 2004 se publicó su famoso acto de contrición: “El Ejército de Chile tomó la dura pero irreversible decisión de asumir las responsabilidades que como institución le caben en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado”.
Es decir, asumió ante el país, el mundo y la historia todas las culpas habidas y por haber. Pero no las echó sobre sus propios hombros, sino sobre los de sus antecesores. Así es muy fácil pedir perdón.
La izquierda se ha convertido en una tenaz defensora suya ante algunas acusaciones de atropellos a los derechos humanos que algunos comunistas despistados han publicado en su prensa. Igualmente, ninguno de los activos abogados de derechos humanos se ha querellado contra él por haber estado “in situ” en el regimiento “Arica” de La Serena cuando otro oficial de negro prontuario en derechos humanos ordenó, por sí y ante sí, fusilar a doce presos que esperaban juicio. Cualquier otro oficial, en su lugar, habría recibido (y de hecho ha recibido, como en el caso del general Santelices, por similar situación en Antofagasta) un trato muy diferente. Sólo el Savonarola de nuestro tiempo, el columnista Carlos Peña, de “El Mercurio”, ha insistido en denostar a Cheyre por el hecho de haber llevado a un convento de monjas al huérfano de dos años de una pareja argentino-mexicana, afiliada a la Vanguardia Organizada del Pueblo (autora de terribles hechos de sangre en Santiago, entre ellos el asesinato del ex ministro del Interior Edmundo Pérez Zujovic), que huía hacia la cordillera cuando fue muerta a tiros por una patrulla del regimiento.

La exculpación de la izquierda terrorista
El gran cambio registrado últimamente, que es el que he llamado “rendición incondicional”, consiste en que voceros de derecha, junto con declarar su arrepentimiento y pedir perdón por haber contribuido a impedir que Chile fuera otra Cuba, hayan asumido el rol de propagandistas de la estrategia de la centroizquierda y la izquierda para desprestigiar al Gobierno Militar.
La defensa del 11 de septiembre como fecha digna de celebrarse ha experimentado, pues, grandes retrocesos en los últimos años. Ése fue el propósito tenido en vista por “Aylwin II” y sus motivaciones fueron político-electorales: él necesitaba el apoyo de la extrema izquierda marxista, es decir, de la ex Unidad Popular, para llegar a la Presidencia de la República. Y para conseguir ese apoyo, pagó un precio: formó una “Comisión de Verdad y Reconciliación” (que no consiguió ni lo uno ni lo otro) destinada a liberar de toda culpa a los partidos de la Unidad Popular, en especial el comunista y el socialista, los grandes responsables de la violencia armada en el Chile pre-11.09.73, cuyos grupos guerrilleros aparecen ahí exentos de toda responsabilidad en las 423 muertes que causaron entre 1973 y 1990, pues antes y después mataron y han seguido matando gente.
En resumen, toda la culpa ha pasado a ser de los militares, a quienes se ha personificado en Augusto Pinochet.
El país, en esta forma, se va aproximando a tener un rasgo propio de una república totalitaria al estilo de la de la obra “1984”, de George Orwell. Pinochet ha pasado a ser el equivalente del enemigo público oficial de esa república, Emmanuel Goldstein, al cual toda la ciudadanía debía insultar periódicamente en alta voz durante un minuto, cada cierto tiempo. A éste se le presentaba en las formas más desfavorables y grotescas. Acá a Pinochet también. En estos días los medios se han llenado de la foto de él con anteojos oscuros, porque es la que más lo desfavorece. Y es el culpable de todo. No obstante, nadie ha podido borrar la afirmación de Eduardo Frei Montalva, de fines de 1973, que reincido en citar: “A nuestro juicio, la responsabilidad íntegra de esta situación —y lo digo sin eufemismo alguno— corresponde al régimen de la Unidad Popular”.
Entonces, la situación es de derrota total en la posguerra propagandística contra los totalitarios armados de 1973, seguida de una “rendición incondicional” a todos sus dictados, la adopción de su versión de la historia y hasta de su lenguaje.
Pero las “verdades incómodas” de que hablaba el historiador italiano Mario Spataro, en su libro sobre Pinochet, siguen estando ahí.

Los rusos lo saben mejor
Recuerdo que, justamente en los años ’90, conocí a un astrónomo ruso en casa de mi amigo arquitecto y astrónomo, Gonzalo Alcaíno. Éste fundó el “Instituto Isaac Newton” y tiene sucursales en los países de la antigua órbita soviética. Publica trabajos de astronomía en las principales revistas del rubro en el mundo. Antes de la caída del muro de Berlín, Gonzalo debía pagar altos honorarios a astrónomos norteamericanos por sus análisis del material captado por el Instituto en los observatorios; después, pudo conseguir calidad equivalente en los trabajos de los astrónomos rusos, que costaban mucho más baratos. Almorcé con uno de ellos, Nicolai Samus, en casa de Gonzalo, y me preguntó directamente:
— ¿Cuántos muertos hubo en el Gobierno Militar?
Yo le respondí que poco más de tres mil e inicié una plañidera explicación acerca de por qué se habían generado esas víctimas, pero él me interrumpió:
—Eso no es nada. ¿Sabe usted cuántas decenas de millones de muertes provocaron los setenta años de comunismo en el mundo?
Yo sabía, porque tengo “El Libro Negro del Comunismo”: 97 millones. Pero es que en Chile nos hemos centrado en los costos de habernos librado del comunismo, y hemos olvidado los beneficios.

La verdad histórica
Por suerte el juicio de los verdaderos historiadores no está contaminado por la propaganda. Reincido también en citar al inglés Paul Johnson, en su obra “Héroes”: “…al impedir la transformación de Chile en un satélite comunista, el general (Pinochet) se ganó el odio furioso de la Unión Soviética, cuya máquina de propaganda tuvo éxito en demonizarlo entre las élites habladoras del mundo."
En fin, derrotados y con los cerebros lavados, dispuestos a la rendición incondicional, la realidad subsiste: ese día 11 de septiembre de 1973 representó el inicio del tránsito entre dos países: el que gobernaba Salvador Allende, retratado en su frase, dicha muy poco antes de su caída: “queda harina para pocos días más”, y el que el mundo entero ha admirado después del Gobierno Militar, sintetizado en la frase de Bill Clinton cuando describió a Chile como “la joya más valiosa de la corona latinoamericana”.
Así como celebramos las Fiestas Patrias, conmemorando la Independencia, deberíamos celebrar el 11, que nos libró de perderla junto con nuestra libertad y muchas cosas más.

Antes y después del Pronunciamiento
Tengo un breve libro llamado “La Economía de Chile Durante el Período de la Unidad Popular”, publicado en marzo de 1974 por la Escuela de Negocios de Valparaíso, hoy Universidad Adolfo Ibáñez. Ahí leo que el déficit fiscal en los primeros nueve meses de 1973 superó el 53 por ciento del presupuesto total. En la llamada “Área Social”, constituida por empresas estatales o intervenidas, el déficit era del 40,7 por ciento del gasto. Los precios al consumidor entre octubre de 1972 e igual mes de 1973 aumentaron en 508 por ciento y después, cuando cesaron los controles de precios, superaron el mil por ciento, porque la emisión de dinero se había multiplicado por cuatro veces en un año. La producción cayó 5,7 por ciento en ese año y el desempleo real llegaba al 7 por ciento, aunque el Área Social y el Gobierno mantuvieran un número excesivo de contratados.
En resumen, lo que legaba la UP era un país en ruinas, que había dejado de servir su deuda externa y carecía de reservas en moneda extranjera (saldo negativo de 685 millones de dólares.)
Por contraste, en 1989, último año del Gobierno Militar, Chile creció 10,3 por ciento, el desempleo en enero de 1990 (cifras del INE) fue de poco más de 5 por ciento y el país acumulaba reservas, junto con estar al día en el servicio de su deuda externa, tras haber superado la ruina legada por la UP, la hiperinflación del ’73, dos crisis mundiales, la guerra contra el terrorismo interno, el cerco soviético y, a veces, el norteamericano (Enmienda Kennedy, frutas “envenenadas”) y restablecido la plena democracia, acogiendo inquietudes de sus opositores, que se tradujeron en el plebiscito de 1989 para aprobar modificaciones a la Constitución, aprobadas por una votación popular superior al 80 por ciento.

CAPÍTULO IX
ESTRATEGIA INTERNACIONAL DE DESINFORMACIÓN

Este capítulo lo baso en parte de lo que escribí en mi libro de 2008, “Terapia para Cerebros Lavados”, editado por El Mercurio-Aguilar, porque es muy pertinente hoy en relación a las mistificaciones que se han producido en este 40° aniversario del Pronunciamiento, en relación a la toma del poder por el Gobierno Militar y a su permanencia en él.

Revelaciones de un espía que vino del frío
Cito al efecto otra parte del comentario del escritor norteamericano ya antes citado, Lloyd Billingsley, aparecido en FrontPageMagazine.com | Tuesday, January 24, 2006, sobre un libro publicado en los Estados Unidos, titulado: “El Mundo Estaba Yendo en Nuestro Rumbo: El KGB y la Batalla por el Tercer Mundo” (“The World Was Going Our Way: The KGB and the Battle for the Third World”) (Basic Books), también ya citado antes en este libro.
Reproduzco ahora la parte que se refiere a las revelaciones de los archivos del oficial de la inteligencia soviética Vasili Mitrokin, contrabandeadas a occidente en 1992. Dice lo siguiente:
“El volumen también destaca que, en 1976, el New York Times publicó 66 artículos sobre abusos de derechos humanos en Chile y sólo cuatro sobre Camboya, donde el Khmer Rouge mató a 1,5 millones de personas del total de la población de 7,5 millones. Los autores no encuentran una explicación adecuada para esta ‘extraordinaria discrepancia’, pero hay una: los especialistas en desinformación del KGB hicieron bien su trabajo y encontraron a muchos en la izquierda norteamericana dispuestos a creerles.”
Véase la increíble desproporción: 3.197 muertos en Chile durante el Gobierno Militar y 66 artículos de condena del New York “Times”. Un millón y medio de muertos en Camboya y cuatro artículos de condena del mismo diario.
El grueso de la campaña de desinformación acerca de Chile en el mundo lo llevó a cabo la Unión Soviética, pero la prensa norteamericana “liberal” se hizo eco de ella. ¿Por qué?
Tal vez lo siguiente ayude a explicarlo: en Europa, la publicación alemana "Deutschland Magazine", de 03.02.78, a través de su enviado a Chile, Kurt Ziesel, titulaba: “Moscú Invierte 200 Millones de Dólares en Mentiras Sobre Chile”, suma que el Gobierno Militar ni siquiera cercanamente podía gastar para desvirtuarlas.
Esa información fue obtenida, según la publicación, de agentes del KGB soviético. Ziesel añade:
“Recientemente se descubrieron los métodos que se emplearon para ese fin. El Gobierno Militar ha declarado culpables y ha detenido a 125 miembros de ese preciso servicio secreto (la DINA) y a numerosos funcionarios estatales por desempeñarse como agentes de las potencias orientales. Noche tras noche ellos irrumpían en hogares, arrastraban a la calle a numerosos individuos, los golpeaban, torturaban y asesinaban. Ya a la mañana siguiente, la radiodifusión de Moscú proporcionaba antecedentes sobre estas agresiones —supuestamente efectuadas por los militares— agregando en cada caso datos exactos de lugar, tiempo y nombres de los sacrificados. Los agentes habían notificado sus crímenes a Moscú, por radio.
“Ya durante la Segunda Guerra Mundial, Brezhnev realizaba actos similares en Ucrania, donde los agentes soviéticos, vestidos con uniformes alemanes, aterrorizaban a la población con asesinatos y torturas con el fin de transformarlos en guerrilleros contra las fuerzas alemanas.
“El verdadero escándalo radica en que los medios de comunicación occidentales son, en parte voluntaria y en parte involuntariamente, cómplices de estas maquinaciones de Moscú. De esta manera, la revista ‘Stern’ describió como sacrificio por el pronunciamiento en contra de Allende, realizado en septiembre de 1973: ‘2.000 cadáveres flotaban en el río Mapocho que corre a través de Santiago’. En realidad, el río Mapocho no lleva nada de agua en septiembre, o a lo sumo una corriente de unos pocos centímetros de profundidad, debido a que el deshielo en los Andes todavía no ha comenzado. No obstante, esta historia de horror fue inescrupulosamente aceptada por numerosos medios de comunicación y todavía se sigue difundiendo”.
“El corresponsal de la revista ‘Stern’, Heno Buss, frecuentó un largo tiempo al director de la línea aérea alemana Lufthansa, en Santiago. Un día, cuando apareció de nuevo por las oficinas de Lufthansa, la secretaria le pidió que se retirara. Como él preguntó la razón de esa actitud, se le mostró un artículo escrito por él en la revista ‘Stern’, el cual estaba lleno de calumnias. Buss extrajo el manuscrito original tal cual lo había enviado a la revista. Su artículo había sido transformado por la redacción en algo negativo. Libertad de prensa al estilo Nannen & Cía." (dueños de “Stern”).

Trucaje fotográfico develado
Otro episodio notable revelado por el mismo “Deutschland Magazine”:
“En Santiago, el administrador del hotel en que yo me hospedaba, que era procedente de Viena y de apellido Kulka, me contó la siguiente anécdota, que a él mismo le había sucedido: un año después del pronunciamiento en contra de Allende estuvo de visita en Viena y se encontró con su antiguo compañero de colegio, ahora Canciller Federal austriaco, Bruno Kreisky. Él le reprochó al Canciller que el Partido Socialdemócrata Austriaco (SPO) y los medios de comunicación occidentales divulgaban las mentiras más atroces contra Chile. En vista de eso, Kreisky sacó una fotografía de su escritorio. En ésta se veía una enorme plaza con muchos árboles. De cada árbol colgaba un cadáver. ‘Así se instaló tu régimen militar’, afirmó Kreisky triunfante.
“Kulka observó la foto y movió la cabeza diciendo: ‘Esta fotografía muestra la Plaza Vergara en Viña del Mar, un balneario ubicado a 100 kilómetros al oeste de Santiago. Al fondo se puede ver el Hotel O’Higgins. Durante y después del pronunciamiento yo fui el administrador de ese hotel. Todos los días pasaba, por lo menos unas cinco veces, por esa plaza con sus árboles. Tu foto es un montaje fotográfico, una pésima falsificación con la que tú te dejaste engañar.’ Avergonzado, Kreisky guardó de nuevo la fotografía en el cajón de su escritorio.”

El “Departamento D” del KGB
La desinformación es un arte totalitario. Lo practicó el nacional-socialismo, bajo Hitler y a través de Goebbels (“una mentira mil veces repetida termina por ser verdad”).
El servicio secreto soviético, el KGB, tenía un “Departamento D”, de "Desinformatsiya", destinado a fabricar mentiras en todo el mundo para favorecer al comunismo. En una oportunidad llegaron a falsificar una edición de la revista "Newsweek" para ser distribuida en Asia y África, en 1963. Un artículo de ella sobre John Kennedy había sido reemplazado completo por otro opuesto, apoyando el interés soviético. El escritor Alvaro Pineda de Castro afirma:
“La revelación la hizo Laszlo Szabo ante el Senado norteamericano, luego de abandonar su cargo de Agregado Civil en la Embajada de Hungría, y agregó que los planes fueron fraguados por el periodista norteamericano Noel Field. Este personaje figuró junto con Alger Hiss en el famoso juicio por espionaje y actividades subversivas que le siguió el comité del Senado sobre actividades antinorteamericanas, en el cual fue condenado por perjurio a varios años de cárcel, en 1948, y en el cual el ex Presidente Richard Nixon tuvo el papel de acusador principal.”
La desinformación reviste múltiples modalidades y hasta la prensa más seria resulta infiltrada por ella.

Amnesty International en Evidencia
Esta organización, supuestamente dedicada a la defensa de los derechos de las personas en todos los lugares del planeta, fue particularmente poco objetiva y condenatoria del Gobierno Militar chileno, encabezando la propaganda mundial adversa y desatendiendo los enormes desafíos que el terrorismo, pertrechado y financiado por la URSS y Cuba, planteaban a la paz interna de Chile.
¿Alguna explicación para esta falta de objetividad, que ha sido muy importante en el proceso de lavado de cerebros a nivel mundial sobre la situación chilena? Léase la cita que viene a continuación, tomada de la publicación de José Piñera, ex ministro de Estado y ex candidato presidencial (1994), “Economía y Sociedad”, en Internet:
“El Verdadero Origen de Amnistía Internacional.
“En un extraordinario ensayo recién publicado en español, el historiador Claudio Véliz revela que la organización ‘Amnistía Internacional’ es hija de un fraude político.
“Véliz cuenta cómo él mismo asistió a las reuniones, descritas con lujo de detalles, en las cuales el dirigente comunista irlandés Alec Digges propuso, en 1954, su plan de crear una organización que, bajo el pretexto de apoyar a prisioneros políticos, realizara una labor de desprestigio de los países del mundo libre.
“Véliz explica cómo Digges, quien trabajaba bajo instrucciones del Comintern soviético, sostuvo en una reunión que no convenía que él apareciera dirigiendo la organización. Propone entonces a Peter Benenson (oficialmente ‘el fundador’ de Amnistía en 1961), quien originalmente rechaza la propuesta alegando que no ejercerá de ‘tonto útil’ del comunismo. Después cambia de opinión.”
“O sea, durante casi 50 años el mundo no supo que Amnistía Internacional fue creada como una organización de fachada del partido comunista soviético.
“El ensayo de Claudio Véliz fue publicado originalmente en la revista ‘Quadrant’ de mayo del 2007, me lo entregó personalmente su autor, (dice Piñera) y lo distribuí ampliamente en Estados Unidos y Europa. Ahora está en español en la revista ‘Estudios Públicos’ No 108 del 2007. Aquí está su texto completo: http://www.cepchile.cl/dms/lang_1/doc_4054.html.”


CAPÍTULO X
Y EL ARZOBISPADO ¿PEDIRÁ PERDÓN?

El 26 de marzo de 1986 hubo dos páginas completas de “El Mercurio” destinadas a detallar los asesinatos de miembros de las fuerzas armadas y de orden perpetrados por terroristas de izquierda del MIR (grupo afín al Partido Socialista) y del FPMR (brazo armado del Partido Comunista, cuyo “encargado militar” era el actual diputado Guillermo Teillier, que nunca ha respondido por ninguno de sus crímenes, no obstante haberse pavoneado de algunos de ellos públicamente, hace poco, a través de la prensa.)
En total, los caídos cuyas muertes fueron descritas en esas dos páginas, víctimas de atentados, fueron 47, entre miembros de las tres ramas de las fuerzas armadas, carabineros e Investigaciones.
Esos crímenes del MIR y del FPMR hoy día han sido borrados de la memoria colectiva. Cualquier cosa que hicieron los agentes del orden contra los guerrilleros de ambas asociaciones ilícitas terroristas son descritas y perseguidas hoy como “delitos de lesa humanidad” contra “civiles indefensos que opinaban distinto.” La eliminación de terroristas del FPMR en idéntica forma a la que emplean los EE. UU. e Israel contra los similares islámicos o palestinos, ha dado lugar a condenas a cadena perpetua de militares chilenos que les dieron muerte, pena aplicada incluso a un general que nunca ha admitido haber dado la orden de matarlos.
En nuestros días los terroristas de izquierda con un prontuario de muertes a su haber, en cambio, han sido invitados a La Moneda (César Bunster por la Presidenta Bachelet y Teillier por Sebastián Piñera) y sus “proezas” dan lugar a libros “best-sellers” en que se ufanan de sus “hazañas” (asesinato a mansalva de cinco uniformados e intento de hacer lo mismo con un Presidente).

Crímenes extremistas sin culpables
Si bien entre los años 79 y 86 el Informe Rettig da cuenta de un total de 328 muertes atribuibles al combate entre agentes del Estado y terroristas, dicho Informe, evidentemente concebido por su impulsor Aylwin II para exculpar al marxismo y condenar históricamente a las mismas fuerzas armadas que la mayoría democrática había convocado en 1973 para impedir que la UP se apoderara del país de manera indefinida, “estableciendo una dictadura comunista”, como eran las palabras de Aylwin I en 1973, omitió muchas muertes causadas por la izquierda armada. Por eso y para exculpar a esta última, en el Informe Rettig los caídos a manos del ejército guerrillero son denominados “víctimas de la violencia política” o “víctimas de particulares actuando por motivaciones políticas”, entelequias indefinidas sobre las cuales nadie puede hacer efectiva ninguna responsabilidad.
Es notable comprobar que entre 1973 y 1978 el país fue casi completamente pacificado, siendo la recuperación económica una de las razones que explican la tranquilización de los espíritus. De acuerdo con el propio Informe Rettig (p. 196 de la versión publicada en “La Nación”) en 1978 sólo hubo 8 muertos en la confrontación de la guerrilla izquierdista con las fuerzas de seguridad.
Pero justamente a partir del año siguiente los comunistas agudizaron la lucha armada y crearon, para sumarse al MIR en la tarea terrorista, su brazo armado FPMR, de manera que el número de caídos aumentó visiblemente, registrándose los referidos 328 entre 1979 y 1986, es decir, un promedio de 41 por año, siendo las cifras más altas las registradas entre 1983 y 1986, cuando ya habían llegado los contingentes guerrilleros entrenados en Cuba. Los comunistas habían acordado enviarlos a Chile tras un entrenamiento en la Escuela Militar del país caribeño, como lo reconoce en sus Memorias Orlando Millas (Ediciones Chile-América, Santiago, 1995, p. 186 y 187).
Del detalle señalado en los casos de las 47 víctimas del extremismo, en las dos páginas de “El Mercurio” publicadas como inserción por la Corporación Justicia y Paz (CORPAZ), ser desprende que en su casi totalidad los subversivos detenidos por los respectivos asesinatos eran defendidos por los que posteriormente han sido conocidos como “abogados de derechos humanos”, muchos de ellos pertenecientes a la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, cuya cabeza era el cardenal-arzobispo Raúl Silva Henríquez, siendo Vicario monseñor Valech.
De partida, es paradójico que a título de la “defensa de los Derechos Humanos” se prestara tan señalado servicio a terroristas dedicados precisamente a atropellar esos derechos, como lo hacían al matar a mansalva a casi medio centenar de agentes del Estado en ese período de menos de siete años. Nombres como los de los abogados Fernando Zegers Ramírez, Alfonso Insunza Bascuñán, Alejandro Hales, Nelson Caucoto, Alejandro González y Roberto Garretón Merino figuran en esas páginas como defensores de los procesados por los 47 crímenes.
Y se añade a esa colaboración arzobispal el financiamiento de la clínica “Chiloé” para atender a terroristas heridos, cuya nómina se negó a entregar el obispo Valech al ministro sumariante en el proceso por la muerte del carabinero Miguel Ángel Vásquez Tobar, quedando ese delito de obstrucción a la justicia completamente impune. El citado carabinero fue emboscado simulando un asalto a la panadería “Lautaro” de la población “Cóndores de Chile”, y a su llegada lo estaban esperando guerrilleros con armas automáticas, que le dieron muerte.
Fueron perseguidos y uno de los asesinos de Vásquez Tobar acudió herido justamente a la clínica “Chiloé” antes citada, donde fue atendido por cuenta de la Vicaría de la Solidaridad.
¿Sabían los fieles católicos que su dinero del culto servía para los propósitos señalados?

¿Pidió perdón la Iglesia?
¿Alguna vez la Iglesia Católica ha dado una explicación por esos valiosos servicios prestados al MIR y al FPMR? ¿No es una forma de contribuir al terrorismo el facilitarle gratuitamente la defensa judicial de sus guerrilleros y sus atenciones médicas? ¿Les ha pedido perdón la Iglesia a los familiares de las víctimas de los terroristas por este apoyo brindado a los mismos, que les permitía dedicar mayores recursos a cometer más atentados y dar muerte a más personas?
Ése es un capítulo pendiente de la transición chilena a la democracia.
La “manga ancha” de la sociedad para cohonestar los apoyos al terrorismo de izquierda ha sido tanta que uno de los procesados como cómplice, o por lo menos encubridor, de los asesinos del carabinero Miguel Ángel Vásquez Tobar, quien fuera atraído por el FPMR a una emboscada, el abogado de la Vicaría Gustavo Villalobos Sepúlveda, mencionado como abogado de terroristas en la publicación de “El Mercurio” sobre sus víctimas, años después, plenamente liberado de cargos por la justicia de izquierda que empezó a imperar en nuestros Tribunales, fue puesto a cargo de la “Agencia Nacional de Inteligencia” (!) creada bajo el gobierno de Aylwin. Puede imaginarse el miedo que ella podría inspirar a los terroristas del MIR y el FPMR, estando encabezada por su propio abogado.
En el curso de la investigación judicial los terroristas que huyeron heridos tras el crimen fueron atendidos en una Clínica “Chiloé”, que facturaba por esos servicios a la Vicaría de la Solidaridad, estando a cargo de ésta monseñor Valech, que conminado por la justicia a entregar las fichas de las atenciones prestadas a los terroristas, simplemente se negó, sin que este acto de desacato y obstrucción a la justicia tuviera consecuencia alguna para él, salvo la de convertirlo en “hijo favorito” de la izquierda armada, tanto que bajo el gobierno de Ricardo Lagos, cuando se urdió el más fenomenal de los montajes en abuso del tema de los derechos humanos, Valech fue puesto a la cabeza de la “Comisión para la Prisión Política y la Tortura”, cuya labor consideró una burla hasta un caracterizado perseguidor de los militares, como el historiador Gonzalo Vial (ver sus críticas a la Comisión Valech más adelante.)

“El giro de Valech”
Así tituló “El Mercurio” una información del 12 de diciembre de 2004, de días después de la entrega del “Informe” de la Comisión presidida por el obispo auxiliar, que antes había sido el Vicario de la Solidaridad que encubrió a numerosos terroristas. El diario hacía notar:
“…la presentación en tribunales de las primeras querellas por abusos que ha seguido a la divulgación del informe contrasta con la postura que hasta hace algún tiempo sostenía el propio sacerdote al respecto. El 27 de febrero de 2001, Valech opinaba que el hecho de que la justicia estuviera acogiendo a trámite querellas por torturas después de 27 años de ocurridas éstas contribuye a tensionar la paz social del país, por estar muy desfasadas en el tiempo. “si se hubiese planteado esta posición (de los jueces) hace 27 años, cuando se plantearon decenas de miles de recursos de amparo por la Vicaría y no se les dio ‘bola’, diferente habría sido el resultado”, afirmó entonces.
“Más aún, graficó la ineficacia de estos recursos señalando que ‘si hay un hecho (tortura) que se realizó y no hay antecedentes médicos, ni fotografías, ni nada ¡pero si ya es abuelo el ‘ñato’ al que le pegaron!’.
“¿Seguirá pensando lo mismo ahora?”
Cuando Lagos lo convocó, monseñor Valech no pudo resistir el ofrecimiento de la respectiva “dignidad”. Al fin y al cabo –él mismo lo confesó alguna vez—era un “hombre de derecha” de los que nunca faltaron para ayudar a la Concertación a escribir su “historia oficial”, muy diferente de la real, por supuesto.

¿Cree usted que Chilevisión hará esta teleserie?
Si usted va a Wikipedia, "Gobierno Militar de Chile 1973-1990", leerá el siguiente párrafo:
"El 31 de marzo de 1984 un bus policial en Santiago fue destruido por una bomba, matando a un carabinero e hiriendo a once. El 29 de abril de 1984 la guerrilla del MIR hizo explotar once bombas, descarrilando el Metro e hiriendo a 22 pasajeros, incluidos siete niños. El 5 de septiembre de 1984 la guerrilla disparó y mató al teniente de Ejército Julio Gómez Rayo en Copiapó. El 2 de noviembre de 1984 un bus de Carabineros fue atacado con granadas durante la Vuelta Ciclística de Chile y cuatro carabineros murieron. El 4 de noviembre de 1984, cinco guerrilleros en una van lanzaron bombas y dispararon armas automáticas a una comisaría suburbana, matando a dos carabineros e hiriendo a tres. Un mes más tarde otro carabinero fue muerto en un ataque similar. El 25 de marzo de 1985 la guerrilla del MIR plantó una bomba en el Hotel Araucano de Concepción, que mató al sargento de la Armada René Orlando Lara Arriagada y al sargento de Ejército Alejandro del Carmen Avendaño Sánchez, que estaban tratando de desactivar la bomba. El 6 de diciembre de 1985 un carabinero fue muerto por guerrilleros que le dispararon con subametralladoras mientras caminaba a su casa. El número documentado de acciones terroristas en 1984 y 1985 fue de 866".
Un informe de la embajada norteamericana de esa época afirmaba que la mayor amenaza contra la vida y seguridad de los chilenos era el terrorismo.
¿Cree usted que Chilevisión, o algún otro canal chileno, pensó en hacer una teleserie sobre esos 866 atentados y sus víctimas, con entrevistas a sus familiares llorosos, con motivo de los 40 años desde el pronunciamiento militar? ¿Cree usted que alguna familia de esos uniformados caídos por velar por la seguridad de los chilenos ha recibido siquiera una fracción de los millonarios pagos que se han hecho y siguen haciendo a los terroristas de izquierda y sus familias?

Examen sobre la tortura
Pero ya poco después del Pronunciamiento, cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Chile, en 1974, si bien se la acusó de aceptar como verdaderos los relatos de torturas, sin detenerse a analizar los antecedentes objetivos que ella misma recogió al respecto, sus conclusiones están lejos del cuadro de horror sobre este tema que se pinta hoy sobre la base del amañado Informe Valech, el mayor montaje publicitario realizado por Ricardo Lagos bajo su gobierno. Su Comisión de la Prisión Política y la Tortura repartió pensiones a cerca de 28 mil personas por el solo hecho de haberse declarado alguna vez torturadas, sin mayores pruebas y sin posibilidad de que la Comisión examinara los casos, como más adelante expone la denuncia del historiador Gonzalo Vial en su momento.
Antes de eso, la Comisión Interamericana había dicho:
“Por ejemplo, de las 109 personas cuyas declaraciones se incluyen (en el Informe de la Comisión) 44 manifiestan que no han sido sometidas a malos tratos (...) 46 dicen que sufrieron maltrato inmediatamente después del 11 de septiembre, una circunstancia que, por lo demás, parece ser justificada por la propia Comisión (...) sólo 19 personas declaran que han sufrido golpizas en los últimos tiempos, y, de éstas, sólo tres pueden mostrar señales en sus cuerpos que podrían haber sido causadas por esa clase de malos tratos (...)”.
Es que sus miembros eran más independientes que los de la “Comisión Valech”.

El caso Bachelet
Es muy fácil que una persona detenida, pero no torturada, declare haberlo sido. Todos lo hemos visto en el caso de Michelle Bachelet. Yo la vi y oí personalmente, entrevistada en un canal de televisión, cuando había sido nombrada Ministra de Salud, en 2000, refiriendo que había sido detenida en 1975, junto a su madre, durante unos días, y añadiendo, tras ser preguntada si había sido torturada: “Yo no, pero mi madre sí”. Eso me lo podrán rebatir, pero estoy seguro de que lo vi y espero que algún día el video respectivo suba a YouTube, como los de don Patricio, pero hasta ahora ella goza de “un manto de protección” en el respectivo canal, que, por lo que recuerdo, era uno de los “chicos”.
Pero su madre, Ángela Jeria, muy honestamente, declaró después a "La Segunda" lo siguiente:
“En el centro de torturas fuimos sometidas a violentos interrogatorios”. Pero el diario agregó: “No relata torturas físicas a su persona, pero sí un duro tratamiento.”
Y en "La Tercera" la misma señora fue más explícita:
“...estuve seis días durmiendo en un cajón, con los ojos vendados y me sacaron solamente un día para ir al baño y me dieron comida solamente un día. El trato era vejatorio, soez, todo el lenguaje de la cintura hacia abajo”.
Fueron “seis días” y en ninguna parte menciona torturas.
Pese a ello, Michelle Bachelet fue haciendo un "upgrade" de los sufrimientos a raíz de su detención, e incorporó las torturas. En un comienzo dijo que, durante sus seis días de arresto en 1975 (no nueve, como alguna vez afirmé yo, equivocadamente; ni catorce, como dijo ella):
“Nos llevaron a Villa Grimaldi y después a Cuatro Alamos. Estuve con los ojos vendados y recibí golpes.”
Tampoco habló de torturas.
Pero ya el 14.11.04, en plena campaña presidencial, no resistió más la tentación y declaró a la misma periodista:
“Soy una sobreviviente”, para, más adelante, agregar: “Sí, me torturaron... me cuesta recordar detalles. Como que se me bloquearon los malos recuerdos...”
¡Cómo no se le iban a bloquear, si no estaban!
Pero hubo una razón perfectamente explicable para la detención de Michelle Bachelet: su colaboración con el MIR, que desde hacía años cometía atentados y segaba vidas. La represión del Gobierno Militar era entonces comprendida, pues los cerebros no habían sido todavía lavados.
Los detalles de su colaboración con el MIR y su detención están en las págs. 95 y 102 de la biografía suya de los periodistas Andrea Insunza y Javier Ortega. También un notable artículo sobre la Presidenta, del historiador James Whelan, aparecido en "The American Spectator", en su edición de mayo de 2007, precisa la naturaleza de sus vinculaciones con el MIR y, posteriormente, con el FPMR. "La Tercera" ha dado detalles de sus lazos con este movimiento.
Más aún, la pronta liberación de Michelle Bachelet, sin ningún intento de procesamiento judicial, tal vez pueda sólo explicarse por las peticiones de oficiales que fueron amigos de su padre.

La Muerte del General Bachelet
Pero el lavado de cerebros, chileno y mundial, ha podido más que la verdad en el caso de ella. En el exterior no sólo se la presenta como torturada, sino que se afirma que su padre murió a consecuencia de los apremios físicos. Hemos visto que lo primero no es verdad. Ahora veremos que lo segundo tampoco.
El ex senador socialista Eric Schnake estuvo en prisión junto con el general Bachelet en 1974 y fue testigo directo de su muerte, que no se debió, como comúnmente se publica, a la tortura, sino a la práctica de un deporte desaconsejado para la dolencia cardiaca que padecía. He aquí lo que declaró Schnake:
“— Usted conoció al general Alberto Bachelet.
“— Yo estaba con él cuando murió. A la Michelle la conocí justamente cuando él estaba preso. Estuve detenido con el general Bachelet en la Academia de Guerra, primero, y después en la Cárcel Pública. Recuerdo que estábamos jugando un partido de básquetbol en la calle Los Aviadores, (en la Cárcel), cuando se sintió un poquito mal. Paramos el partido y Bachelet cayó al suelo. Entonces se lo llevaron a su celda y lo examinó rápidamente el doctor Yáñez, un viejo compañero mío del Liceo Manuel de Salas y médico de la FACH, que también estaba preso. Él pidió una ambulancia, porque pensó que se trataba de un infarto.”
El general Bachelet no estaba privado de libertad por ser meramente disidente, sino por los procesos de la FACH, por graves actos de traición a esa rama. La entidad de esa conspiración queda de manifiesto en la siguiente declaración del jefe del MIR y sobrino de Salvador Allende, Andrés Pascal Allende, a "El Mercurio":
“Cuenta Andrés Pascal: ‘Él (el coronel Ominami) quiere que le transmita al Presidente (Allende) la situación que los oficiales democráticos antigolpistas están sufriendo, que los están sacando de los mandos de todas las unidades, los están dejando en una oficina, en un escritorio, sin mandar tropa... Él estaba a cargo del arsenal de la FACH que había allá en la base de El Bosque. Y yo recuerdo que trabajando con él, y con otros oficiales de la FACH, ellos se comprometieron a que en el caso de haber ya una situación de enfrentamiento, de golpe, ellos estaban en disposición de entregar las armas a las organizaciones populares, milicianas.”


CAPÍTULO XI
ACUSADORES ACUSADOS

Tal como en el caso del “Informe Rettig” Aylwin II se cuidó de que nadie pudiera investigar ni culpar a la UP, en el “Informe Valech” Lagos tomó la misma precaución, pero la historia ya había dado su veredicto sobre las torturas bajo la DC y la UP, con el agravante de que ambos gobiernos no tuvieron que enfrentar ni siquiera una mínima fracción de la amenaza terrorista que debió soportar el Militar. La DC y la UP torturaban por sevicia, pues bajo la primera los terroristas eran un grupúsculo ínfimo y bajo la segunda eran partidarios del gobierno, “muchachos idealistas” a quienes indultó Allende y que después asesinaron a Pérez Zujovic.

Las Torturas bajo la DC
Hasta 1973 la indiferencia general había caracterizado la actitud de los Gobiernos y los Tribunales frente a las denuncias de torturas. Para no retroceder más en el tiempo, citaré evidencias al respecto, bajo Frei Montalva (1964-1970) y Allende (1970-1973).
En 1970 el clima de indiferencia frente al tema llevó a la revista "Portada", una publicación de derecha, en su número de noviembre de ese año (acababa de asumir Allende la Presidencia), a publicar un artículo titulado “¡Legalicemos la Tortura!”, en el cual se decía lo siguiente:
«Parece ser un hecho establecido que los sospechosos en el caso Schneider —o, por lo menos, algunos de ellos— han sufrido torturas a manos de la policía: aplicaciones eléctricas en órganos y zonas sensibles del cuerpo; palizas, encierros en la oscuridad o en celdas inmundas y junto con facinerosos, pervertidos o provocadores, etc.
«Resulta evidente también que tales torturas son inevitables. En efecto, no han podido terminar con ellas los superiores directos de los torturadores, a saber: el entonces Presidente de la República, un jurista demócrata y cristiano reconocido; su Ministro del Interior, Patricio Rojas, prestigioso ex funcionario de la OEA, a la cual ha vuelto ahora con unánime beneplácito; el Subsecretario del Interior del antiguo Gobierno, Juan Achurra, otro jurista demócrata y cristiano; y el Director interino de Investigaciones de los últimos días del Gobierno de Frei, el pundonoroso general (r) Emilio Cheyre. Si personas tan destacadas —e investidas además de autoridad total sobre la policía— no han podido terminar con la tortura, nos parece indiscutible que ésta es inextirpable.
«Por otra parte, asimismo, resulta evidente que la tortura, además de inevitable, es aceptada por la opinión pública. La prueba está en que tales métodos son reprobados cuando afectan a los amigos, pero recibidos con complacencia o indiferencia si recaen sobre los enemigos. Cuando los torturados eran del MIR, VOP u otros movimientos de ultraizquierda, los círculos de derecha callaban, al paso que los juristas de izquierda, encabezados por el abogado y profesor universitario Eduardo Novoa, protestaban indignados ante la Corte Suprema, que por cierto no hizo nada. Ahora que los torturados son de ultraderecha, es la derecha la que reclama, mientras los juristas de Novoa guardan su sensibilidad para mejor ocasión y la Corte Suprema continúa sin hacer nada. ¿Qué significa esto? Simplemente, como decíamos, que protestar por las torturas es un recurso de las guerrillas políticas, pero que en el fondo a nadie le importan; luego, en forma tácita, todos las aceptan.
«Concluimos, pues, que la tortura es un mal (hablando en teoría, como puristas), pero de esos males inevitables, y que la opinión pública, supremo juez en las democracias, a fin de cuentas tolera. ¿Por qué, entonces, no legalizarla y reglamentarla?»

La Denuncia Socialista-Comunista
Sobre la indiferencia bajo la administración DC de Frei Montalva ha quedado el testimonio de una presentación que hicieron cien abogados de izquierda a la Corte Suprema (aludida en el artículo de "Portada" antes citado) y que se publicó in extenso en la revista "Punto Final" de 18 de agosto de 1970, es decir, en las postrimerías del régimen DC. Por supuesto, la Corte Suprema tampoco dijo ni hizo nada.
El documento se titula “¿Es Chile un Estado de Derecho? Crímenes, torturas y violaciones de los derechos humanos”. Entre quienes lo firman cabe mencionar a los profesores de derecho Eduardo Novoa Monreal, Aníbal Bascuñán Valdés, Sergio Politoff, Alvaro Bunster, León Grinberg, Raúl Brañes, Juan Bustos y Ricardo Lagos Escobar, a la sazón Secretario General de la Universidad de Chile.
“La denuncia de 71 páginas —dice "Punto Final"— está redactada en un frío lenguaje jurídico, sin argumentaciones políticas, lo que pone aún más de relieve los antecedentes objetivos que ilustran la situación: seis homicidios, diecisiete casos de torturas y vejámenes físicos y morales, tres allanamientos ilegales, numerosos casos de violencia innecesaria y otros graves atropellos policiales”.
¿Había en Chile un movimiento guerrillero o terrorista significativo entre 1964 y 1970? Apenas un puñado de estudiantes de la Universidad de Concepción, que comenzaban a organizar el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR); o grupos guerrilleros menores, como la VOP (Vanguardia Organizada del Pueblo). A partir de 1965 el Partido Socialista había proclamado la vía armada para hacerse del poder, en sus Congresos del año indicado y de 1967 y 1969, y comenzaba a formar cuadros paramilitares, tarea que se intensificó durante el gobierno de la UP, al igual que en el Partido Comunista, en la Izquierda Cristiana y en el MAPU.
¿Cuántas habrían sido las denuncias de torturas si la Policía Política del Gobierno de la DC se hubiera enfrentado, como el Gobierno Militar, a veinte mil o más guerrilleros dedicados a la subversión y al terrorismo, con abundante abastecimiento bélico, apoyo logístico y justificación propagandística externos?
En la denuncia de los abogados de izquierda se añadía que el profesor francés Benjamín Fabre había sido sometido a castigos policiales y sufrido la rotura de un tímpano. Posteriormente, sin embargo, sin que nadie, ni menos el gobierno francés, se preocupara de investigar nada al respecto, el Gobierno DC lo expulsó del país. ¡Qué distinto era cuando el Gobierno Militar expulsaba a algún agitador francés!

La tortura durante la UP
Los apremios ilegítimos a opositores políticos eran una práctica habitual durante el gobierno de la UP. Por eso el Acuerdo de la Cámara de Diputados de 22 de agosto de 1973 los contempló en párrafo aparte como una de las razones para pedir la intervención de las fuerzas armadas para “poner término a las situaciones de hecho existentes”.
Hubo numerosas personas de figuración pública sometidas a tortura, entre ellas el entonces director del diario "El Cóndor" de Santa Cruz, Maximiano Errázuriz, a manos de detectives de Investigaciones, en 1972, las cuales ha descrito en su libro “Maximiano, Perdón y Olvido”.
Los apremios minaron decisivamente la salud del locutor de Radio Minería y Canal 13, Carlos de la Sotta, apresado por el caso de la interferencia, durante el gobierno de la UP, a las transmisiones de Canal 13 en Concepción.
Pero el caso que más llamó la atención fue el del presidente de la Juventud del Partido Nacional y Vicepresidente de la colectividad, Juan Luis Ossa Bulnes, cuya carta refiriéndolas fue publicada in extenso por “El Mercurio” del 23 de enero de 1972, en los siguientes términos:
“Acusa J. L. Ossa:
“Mis torturas en manos de la policía”
“Juan Luis Ossa Bulnes, vicepresidente el Partido Nacional y presidente de la Juventud del mismo nos ha hecho llegar una comunicación en la cual expone los principales hechos en torno a las torturas que sufrió por parte de la policía en el cuartel de la Prefectura de Investigaciones de Rancagua. A continuación damos a conocer el texto completo de su carta:
“Señor Director: Con el propósito de informar verazmente a la opinión pública y de rectificar algunos rumores sensacionalistas me permito solicitarle la publicación de estas líneas, que contienen una exposición objetiva de los principales hechos relacionados con la tortura que sufrí, a manos de detectives, el pasado 13 de enero, en el cuartel de la Prefectura de Investigaciones de Rancagua.
“El miércoles 12 de enero fui detenido, junto con mis dos acompañantes, don Pablo Moraga y don Ricardo Sepúlveda, por carabineros de la Plaza de Peaje de Angostura, quienes manifestaron que el automóvil en que viajábamos (de mi propiedad) había sido encargado por robo.
“Luego de una prolongada espera, fuimos trasladados por detectives a la Prefectura de Investigaciones de Rancagua, donde permanecimos incomunicados hasta el día siguiente. El traslado a esa ciudad se hizo en medio de gran publicidad, ya que hasta Angostura concurrieron apresuradamente varios camarógrafos de televisión y numerosos periodistas de la Unidad Popular e incluso, según se dijo, el diputado comunista (Jorge) Insunza.
“Vendas en los Ojos.
“Llegados al cuartel de Investigaciones de Rancagua, y después de un corto lapso, fui llevado hasta el segundo piso del inmueble. Allí, al final de la escalera correspondiente, fui sorpresivamente vendado en los ojos y, después de ser obligado a girar repetidamente en círculo para provocarme un mareo incipiente, se me condujo a una pieza ubicada en el extremo opuesto al final de la escalera mencionada, situada en un costado del inmueble. Al día siguiente constaté, desde el patio, que dicho cuarto correspondería a uno que se encuentra debajo de los depósitos de agua del cuartel y exhibe cristales esmerilados en la ventana que asoma al citado patio.
“Maniatado.
“A continuación fui sentado en un sillón de madera premunido de brazos anchos, y maniatado fuertemente al mismo por muñecas y tobillos, previa colocación de almohadillas.
“Acto seguido, y siempre vendado, fui interrogado por varias personas cuya identidad desconozco y cuyas voces me sería difícil reconocer. Hago presente que, en esos momentos, creía estar declarando ante un aparato detector de mentiras.
“Transcurridos unos diez minutos del interrogatorio ‘amistoso’, se me expresó que se conocían cabalmente mi calidad de abogado, de Vicepresidente del Partido Nacional y de Presidente de la Juventud Nacional, como asimismo mis vinculaciones sociales e influencias, agregándose que se me haría ‘cantar’ y que mis declaraciones habrían de involucrar a mi Partido y a los dirigentes y la sede del mismo. A estas advertencias, proferidas en medio de groseras injurias, siguió el anuncio de que se me aplicaría corriente eléctrica y de que, más tarde, sería arrojado a un calabozo para ser ultrajado por delincuentes comunes. Esta presión sicológica culminó con la descarada afirmación de que, indudablemente yo revelaría posteriormente los detalles de la tortura anunciada, pero no podría probarla fehacientemente.
“Aplicación de Electricidad.
“A continuación procedieron a aflojar pate de mis ropas y a colocarme un polo encima del oído izquierdo –sobre el cráneo—y otro en la ingle; luego fui amordazado fuertemente, con un paño que se me insertó entre los dientes.
“Durante los aproximadamente cuarenta minutos siguientes, recibí no menos de 20 aplicaciones de electricidad, algunas muy breves, otras de una duración que podría estimar en medio minuto cada una, o más.
“Al cabo de unos minutos y como me era imposible responder las múltiples preguntas que se me formulaban, por estar amordazado, se me indicó que cuando quisiera ‘cantar’, levantara los dedos de una mano como señal de mi propósito.
“Las preguntas tenían una marcada intención política. Se intentó, entre otras cosas, que yo afirmara estar implicado en la formación de grupos armados y en actividades sediciosas y terroristas; que yo vinculara a mi partido con el Movimiento Patria y Libertad y Pablo Rodríguez; que admitiera mi supuesta participación en el atentado al monumento a Ernesto Guevara y en el reciente baleo al Intendente de Llanquihue, etc.
“Los efectos de la aplicación de los referidos golpes eléctricos son, literalmente hablando, indescriptibles.
“Quien no los haya experimentado no puede formarse una impresión exacta del dolor físico integral (no localizado en una parte específica del cuerpo, sino generalizado) y de la tremenda angustia moral que ellos provocan.
“Bajo sus efectos los músculos entran espontáneamente en acción y el cuerpo de la víctima sufre toda clase de convulsiones y espasmos; se produce una rápida deshidratación como secuela de una transpiración copiosa; se prorrumpe en toda suerte de gemidos y gritos, ahogados por la mordaza, que tiene el doble objeto de ahogar los quejidos y de evitar la destrucción de la lengua y de la dentadura como consecuencia del intenso castañeteo de los dientes; y se pierde de inmediato, por lo menos en mi caso, parte del cabello.
“Agonía de la Muerte.
“Sin embargo, además de todo esto, la víctima experimenta una angustia moral que, según creo, debe ser similar a la de la agonía de la muerte, toda vez que se piensa que ésta sobrevendrá necesariamente y, lo que es más, ella se desea como manera de poner fin al sufrimiento.
“Exhausto, después de cada aplicación me inclinaba involuntariamente hacia adelante, oportunidades en que recibía un nuevo y corto golpe eléctrico, con la advertencia de que me mantuviera erguido en el sillón.
“Dolor Físico.
“Por otra parte, y por insólito que ello parezca, la lucidez mental no se pierde, a pesar del dolor físico y de la angustia sicológica. Y si ella se pierde, el afectado no lo nota, por lo menos en mi caso.
“Luego de unos 40 minutos de experimentar periódicamente la coacción ya descrita, fui despojado de las ligaduras y llevado a otra pieza. Allí se me quitó la venda y, esposado, aguardé tendido en el suelo el nuevo interrogatorio, esta vez ‘amistoso’, que se practicó más tarde en presencia de dos funcionarios.
“Dicha diligencia se realizó durante más o menos cinco horas, según el procedimiento usual, pero encontrándome todavía bajo la presión física y sicológica del sufrimiento experimentado y del temor a que él se repitiera. En este nuevo interrogatorio participaron permanentemente los dos funcionarios ya mencionados y además en forma ocasional y esporádica intervino el Subdirector de Investigaciones, Carlos Toro, el cual no se manifestó interesado en escuchar esta nueva declaración sino sólo en que yo admitiera que la Juventud Nacional organiza grupos armados, cosa a la que me negué.
“La declaración que firmé al final de este nuevo interrogatorio refleja, en parte, las afirmaciones vertidas por mí en el primero y, como dije, ella se evacuó bajo el peso del temor, el agotamiento y la incertidumbre acerca de mi futuro inmediato”.
Se había interpuesto un recurso de amparo en favor de Ossa, pero el juez que conoció de él no ordenó su libertad, sino su traslado a la cárcel de Rancagua, donde fue interrogado por otro juez, que conocía de una querella del gobierno por infracciones a La Ley de Seguridad Interior del Estado. Ante ambos magistrados Ossa refirió los tormentos sufridos, pero sin ninguna reacción de parte de éstos. Ossa permaneció privado de libertad desde el miércoles 12 al sábado 15 de enero de 1972, sin ninguna razón que lo justificara. El gobierno de Allende no tuvo tampoco ninguna reacción ante el hecho de publicarse las torturas inferidas al dirigente juvenil opositor y el Subdirector Carlos Toro, comunista, siguió en su puesto, inamovible, y probablemente reflexionando sobre cómo mejorar sus métodos de interrogación para que los nuevos detenidos por él realmente dijeran lo que él deseaba oírles decir.

El Gran Montaje de la Comisión de la Tortura
Olvidando que uno de los motivos del llamado a las fuerzas armadas para poner término al régimen de Allende fue que éste sometía a opositores políticos a prisión injustificada y torturas, el gobierno de Ricardo Lagos montó en 2003-2004 una escenificación monumental para acusar al Gobierno Militar de torturas y entregar pensiones a decenas de miles de adherentes de izquierda. Por cierto, era muy diferente el contexto de un país sometido a una grave amenaza terrorista armada, caso del régimen castrense, del de uno contra el cual no operaban grupos terroristas, caso del de Allende, sin perjuicio de lo cual torturaba a opositores.
Emitido el Informe de la Comisión para la Prisión Política y la Tortura de Lagos en 2004, el historiador Gonzalo Vial, que había colaborado ya con la Concertación formando parte de la Comisión Rettig (es decir, era un hombre afín a esta suerte de iniciativas concertacionistas) publicó en “La Segunda” tres artículos analizándolo, de los cuales cito los siguientes acápites:
“La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura oyó los testimonios de las presuntas víctimas entre noviembre del 2003… y mayo de 2004, aproximados siete meses, y analizó las denuncias y presentó su informe final en los seis meses siguientes. (…)
“Sin embargo, ellos (los miembros de la Comisión) no pudieron escuchar 35.865 casos en siete meses, ni complementar lo oído con antecedentes paralelos y además tomar 35.865 resoluciones en los seis meses que siguieron a los primeros siete. Nadie podía pedirles, por otra parte, una labor tal, no abrumadora, sino imposible.
“… la Comisión celebró 57 sesiones, buena parte de ellas destinadas a recibir visitas de entidades varias, expertos, etc. y no testimonios ni antecedentes de torturas. No parece viable, siquiera, que en 57 sesiones la Comisión haya visto y resuelto uno por uno los 35.865 casos. (…)
“Incluso si hacemos un solo todo con los trece meses de funcionamiento de la Comisión, resultaría que ésta habría escuchado las denuncias y reunido los antecedentes complementarios de las mismas, para luego estudiarlas y resolverlas, a razón de 130/140 casos por día hábil… una inverosimilitud muy clara”.
Es decir, estaba todo previamente “cocinado”. La Comisión fue una pantalla. A ella, los funcionarios del socialismo le entregaban un “Preinforme”. ¿Y cuál es la conclusión a que llegó el historiador Gonzalo Vial?:
“No pudieron analizar con conocimiento propio los 35.865 casos. O se fiaban del Preinforme o no había Informe”.
Por consiguiente, concluye:
“1. La inmensa mayoría de los casos descansa en el solo testimonio de la persona que declara como víctima, y las complementaciones de ese testimonio son, también en la inmensa mayoría, indirectas.
“…2. Está difuso en el hecho –y sujeto a lo que dice el declarante— el límite entre el simple maltrato de obra y la tortura.
“3. No ha sido posible disponer de la acreditación de la tortura mediante informes médicos u otra forma de constatación de las lesiones o secuelas (Informe). O sea, no las hay comprobables en la actualidad, físicas ni sicológicas, sino por lo que afirma el declarante.
“4. … “Demandaron un esfuerzo de memoria realizado treinta años después de su ocurrencia” (Informe).
“… Los testimonios –y por ende las denuncias y sus datos—permanecerán confidenciales durante cincuenta años (discurso del Presidente de la República). Ello impide, obviamente, cualquier estudio crítico del Informe”.
Los presuntos culpables, dice Vial, no tendrán oportunidad de vindicarse. “Menos la tendrán, por supuesto, sus descendientes, convertidos –a cincuenta años plazo—en ‘familias de sicópatas’.
“Resumiendo, ni los que deseen, hoy, verificar la seriedad de las pruebas reunidas por la Comisión; ni los inculpados nominativamente por ellas, ni sus familias, podrán hacerlo en un plazo razonable”.
“II. EL CONTEXTO. Lo más grave del Informe Final de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura es a mi juicio –escribe Vial—su Capítulo III, “Contexto”. (…)
“El capítulo ha sido escrito con tal sesgo o abanderizamiento apenas escondido, que no sirve absolutamente para el efecto indicado. … El sesgo del capítulo es de izquierda, pero pudiese haber sido de derecha… la distorsión hubiera sido la misma, aunque al revés, e idénticas la nocividad e inutilidad de la exposición sesgada.
“1. Leo: ‘El VOP (Vanguardia Organizada del Pueblo), tal como hiciera la agrupación de extrema derecha Patria y Libertad, RECURRIÓ AL ASESINATO POLÍTICO SELECTIVO…’ ( …)
“Patria y Libertad, cualquiera cosa que opinemos sobre ella, jamás cometió ‘un asesinato político selectivo’. (…)
“2. El Capítulo III afirma que ‘el espíritu de anonadamiento’ del ‘presunto enemigo externo’ era la ‘política oficial del régimen militar’. Es una tesis discutible, pero defendible. Hay, sin embargo, que probarla. ¿Cómo la prueba el Informe? Con una larga cita, catorce líneas –la segunda más extensa, me parece, del capítulo--, sacada del Bando número 30, de 17 de septiembre de 1973… ¡y que firma el Jefe de Zona de Cautín!
“El Jefe de Zona de Cautín, intérprete de la ‘política oficial del régimen militar’, seis días después del golpe”.
“LOS TRES ÚLTIMOS MESES DE 1973.
“El Informe se extiende sobre la idea de que los grupos armados pro UP carecían de número y equipo bélico como para ‘amenazar a un ejército profesional’.
“Esta línea ha llegado a ser una consigna de los partidos de izquierda que tuvieron esos grupos. Alcanzó su punto más alto de divulgación, convirtiéndose en una verdadera campaña, el año pasado (2003) al conmemorarse tres décadas del golpe militar y la muerte de Salvador Allende.
“Cumpliendo la consigna, a partir de 2003 empezaron a ‘disminuir’ los efectivos que la extrema izquierda había tenido en armas treinta años antes.
“El secretario general del PS en 1973 (Carlos Altamirano), que el ’89, refiriéndose sólo a su partido, hablaba de 1.500 hombres, el año 2003 dijo que no eran ni siquiera 150, insuficientes aun para ‘atacar una comisaría’ y que apenas dominaban ‘el tiro al blanco en un polígono’, agregó.
“El año 1989, el secretario general del partido comunista había fijado en 3.000 sus paramilitares del ’73, ahora los rebajaba a 1.500… y así sucesivamente.
“Hasta ex militantes del MIR han comenzado a asegurar –como dice un senador socialista de hoy, que entonces pertenecía a aquella colectividad—que su aparato militar ‘estaba (en 1973) sobrevalorizado’. Con él, sin embargo su periódico? ‘El Rebelde’ había llamado a la ‘acción directa de las masas, para aplastar los intentos golpistas’. (…)
“Cuarenta y ocho horas antes del golpe militar, el secretario general del PS (Altamirano) decía en el Estadio Chile a sus enfervorizados seguidores: ‘Chile se transformará en un nuevo Vietnam heroico si la sedición pretende enseñorearse de nuestro país. A nuestro juicio, compañeros, el golpe reaccionario se ataja golpeando al golpe. No se ataja conciliando con los sediciosos. El golpe no se combate con diálogos (aludiendo a las conversaciones entre Allende y la DC). El golpe se aplasta con la fuerza de los trabajadores’.
“Dieciséis años después este grito de guerra era descrito así por quien lo profiriera en instante tan crucial: ‘Haber intentado despertar un espíritu combativo en las juventudes y en los trabajadores’. Añadía haber sido siempre partidario del diálogo con la Democracia Cristiana.
“Y treinta años después del incendiario discurso del Estadio Chile, ya su autor lo calificaba de mera ‘retórica’”.
“Pues bien, el Informe que estoy analizando adopta la misma línea. (…)
“El objetivo (de los grupos armados de extrema izquierda) era apoyar a la oficialidad y tropas leales al Gobierno, suponiendo la división de las Fuerzas Armadas.
“Es decir, suponiendo la guerra civil. En ella cinco o seis mil paramilitares armados serían utilísimos.
“La extrema izquierda apostó a la guerra civil. Especialmente el PS, cuyo aparato de inteligencia, que creía tener infiltrado al Ejército, se lo garantizaba. Por eso, según revela en sus memorias Orlando Millas –comunista importantísimo— el socialismo resistió, hasta el 10 de septiembre en la noche, el plebiscito que quería convocar Allende. Lo reconoce veladamente, en 1989, el arriba indicado ex secretario general del Partido:
“’Bien o mal evaluada la situación, yo tenía (en 1973) antecedentes para suponer que el Gobierno podía ser defendido. Por cierto que en estos casos no existen las garantías absolutas; si todos requiriesen de tales seguridades jamás se habría producido ninguna revolución. Imagínese, habría que calificar de loco o criminal… también a Lenin’.
“El secretario general citado tenía en esos momento álgidos la cabeza un tanto confusa. Pero un segundo jefe socialista, pensador y académico frío, sereno y brillante, Canciller de la UP, había escrito, ya en el año 1967, que la forma más probable de que se materializara en Chile la ineludible vía armada del pueblo al poder –la tesis del Che Guevara, que hacía suya—era la guerra civil.
“Y también estaba dispuesto a arriesgarla el MIR, el cual, inmediatamente después del ‘tanquetazo’ del Coronel Roberto Souper, dijo a través de su revista Punto Final: ‘Apoyándose en las organizaciones de masas y en los importantes sectores de las Fuerzas Armadas y Carabineros que están dispuestos a permitir el curso del desarrollo histórico del país, creemos que es posible intentar una nueva forma de gobierno, una dictadura popular…’
“Por eso el ‘contexto’ del ascenso al poder de las Fuerzas Armadas, en septiembre de 1973, era de guerra civil.
“Tiene razón el Informe al decir que no la hubo. No la hubo porque las Fuerzas Armadas no se dividieron.”

CAPÍTULO XII
VERDADES SOBRE LOS DETENIDOS-DESAPARECIDOS

También en mi libro "Terapia para Cerebros Lavados", (El Mercurio-Aguilar, 2008), que frecuentemente regalo a personas que dicen no encontrarlo en librerías, pero del cual la editorial me devolvió un número importante de ejemplares, hice un estudio bastante detenido del tema de los detenidos-desaparecidos, situación que, por cierto, no era originada en una política del Gobierno Militar.
En otro libro mío más, "La Verdad del Juicio a Pinochet" (Editorial El Roble, 2001) pude probar que actuaciones lamentablemente sicopáticas de uno que otro uniformado y en particular de algún oficial que se incorporó a la comitiva del general Arellano en su gira al norte y que, sin conocimiento de éste, procedió a la ejecución inconsulta de alrededor de 70 personas, que en al menos dos lugares (Antofagasta y Calama) fueron enterradas en el desierto, ello seguido de la tentativa de otros oficiales, inocentes de las ejecuciones pero sin debido criterio, por ocultar los restos.
La Junta Militar no supo lidiar con este problema en los años ’70 y se confió en los C.A.J.S.I. (Comandantes de Agrupación de Justicia y Seguridad Interior), máximas autoridades de cada zona en estado de excepción, que si hubieran, cada uno, cumplido bien sus deberes, aplicando la propia normativa militar, habrían evitado el problema de los detenidos-desaparecidos, pero en varias partes no lo hicieron.
En tal sentido, como expliqué en el capítulo VI, el caso de Lonquén fue decisivo, un “punto de inflexión” muy mal resuelto por la Junta.
Reitero que ese caso derivó de la actuación unilateral de carabineros rasos, acompañados de civiles, que quisieron hacer justicia por su mano y también cobrar venganza de personas que habían cometido abusos durante la UP, y simplemente los apresaron y ejecutaron, sin juicio y sin orden ni conocimiento de nadie, para sepultarlos en una mina abandonada de Lonquén.
Los respectivos restos fueron encontrados en 1978 y el hallazgo provocó conmoción nacional e internacional. La Junta y su Presidente, que ignoraban por completo los hechos, reaccionaron de la peor manera posible, pues su único criterio fue el de evitar “nuevos Lonquén” y, por tanto, con el lamentable nombre de “Operación Retiro de Televisores”, ordenaron una investigación interna de todas las ramas armadas para que, bajo promesa de confidencialidad e impunidad, fueran revelados todos los entierros clandestinos de personas en que algún personal hubiere participado. De ahí derivó que lo restos de 327 personas muertas en 1973 y 1974 e inhumadas clandestinamente fueran exhumados, llevados a aeródromos y lanzados al mar.
Esto lo sé porque un oficial que debió cumplir con ese procedimiento en Calama, después del hallazgo de Lonquén, me relató toda su experiencia.
En la actualidad el tema de los detenidos-desaparecidos tiene escasa significación numérica, porque no sólo sus restos han sido hallados y los paraderos de otros ya han sido determinados, sino que han reaparecido algunas personas o se ha determinado que murieron sin haber sido detenidas, en una media docena de casos. La única significancia real del tema deriva del uso político-publicitario que la izquierda hace de él.
En consecuencia, este tema es mantenido vivo sólo por razones políticas, porque si los familiares quisieran aportar sus ADNs y los sucesivos gobiernos financiar los exámenes correspondientes, en los 209 casos de restos que están en los cementerios o en el Instituto Médico Legal, ya se habría hecho claridad.
En un artículo que escribí hace poco para el periódico “Estrategia” expresé mi punto de vista sobre este tema, cuya mantención en un primer plano de opinión pública estimo muy artificial. He aquí el artículo:
CIFRAS Y CONTEXTO
Hay personas que cuando hablan de conflictos políticos vocean consignas. Yo, en cambio, prefiero los números. Cuando se aproxima el once de septiembre, la izquierda habla de los detenidos desaparecidos. Quise saber los hechos y revisé los informes de las comisiones de “Verdad y Reconciliación” y de “Reparación y Reconciliación”. La primera determinó 979 y la segunda 123. Total, 1.102, entre 1973 y 1990.
Más de la mitad desaparecieron en 1973 y 1974; y entre 1978 y 1990, hubo 23, es decir, menos de dos por año.
Fui a la página web de Carabineros, pero no encontré la sección “Denuncias por Presunta Desgracia”. Pero sí la había encontrado hace años, en 2006, y tengo los datos: ese año hubo 23.970 denuncias por presunta desgracia y fueron encontradas, de ésas, 21.538 personas. Es decir, al fin del año hubo 2.432 personas todavía desaparecidas. Esto sirve de contexto.
Luego revisé los casos en que se supo el paradero de las personas que se decía detenidas-desaparecidas, ya hubieren sido halladas vivas o muertas, y eran 1.108, más seis que han reaparecido recientemente, comprobándose que su calificación de detenidas-desaparecidas era errónea, lo que da un total de 1.114. Es decir, 12 más que el total determinado por las comisiones.
Se ha publicado la entrega de restos de 172 a sus familias. Un general publicó un estudio aseverando que 119 salieron del país o han sido vistos vivos bajo declaración jurada, y nadie lo contradijo. La Mesa de Diálogo determinó que los restos de 327 fueron lanzados al mar. Había 209 en el Instituto Médico Legal y en varios patios del Cementerio General. Y hace seis años “El Mercurio” publicó que había 281 sin entregar, sin indicar si estaban incluidos los del Instituto y el Cementerio. Total 1.108, más 6 reaparecidos, son 1.114.
Entonces, puede que no haya ya detenidos-desaparecidos o, en todo caso, que sean muy pocos. Es curioso (¿o no es curioso?) que ningún gobierno ni candidato ofrezca aclarar cuántos hay, si todavía los hay.

Los países ante el terrorismo
Voy a reproducir otras líneas de mi mismo libro "Terapia para Cerebros Lavados", porque creo que vienen a cuento en estos días, y ya que la editorial me ha devuelto todos los ejemplares y se ha agotado en librerías… :
"Es sabido que todos los países adoptan políticas de emergencia, que dan lugar a acusaciones de tortura, cuando se ven amenazados por el terrorismo.
"El caso de Israel es patente. Año a año aprobaba una legislación que le permitía aplicar tormentos a los sospechosos de terrorismo que caían en sus manos, si bien últimamente ha dejado de hacerlo. De la misma práctica se ha acusado a los EE. UU. Hace poco, la propia candidata demócrata, Hillary Clinton, ha declarado que está de acuerdo en que la seguridad nacional debe primar sobre los derechos humanos. En efecto, el periodista Wulf Blitzer le preguntó al senador demócrata Dodd qué era más importante, si los derechos humanos o la seguridad del país, y aquél contestó:
«Obviamente, la seguridad nacional, mantener el país a salvo.»
"Y después Blitzer le preguntó a Hillary Clinton si estaba de acuerdo, y ésta contestó: «Concuerdo completamente con eso.»
"El historiador Gonzalo Vial ha recordado las actitudes de naciones respetables y respetuosas de los derechos humanos ante el desafío terrorista:
«Los países más desarrollados, civilizados, liberales, tan pronto enfrentan el terrorismo ven aparecer, como una maldición, la tortura. Algunos ejemplos:
«1°. La Cuarta República Francesa, antes de De Gaulle. Epítome de la democracia partidista, pluralista, igualitaria, y del legalismo, cae sin embargo en la tortura —y una que hace historia, por su mezcla de crueldad y sofisticación— dirigida contra el terrorismo de los argelinos que demandan su independencia.
«2°. Gran Bretaña, cuna de las libertades públicas. Recuerdo la mesa de los almuerzos de ‘Qué Pasa’, a comienzos de los años ’70, cuando un entonces joven Robert Moss, periodista y novelista inglés de fama, pontificaba con cierta suficiencia para enseñarnos — decía— algo que los chilenos ignorábamos: que la represión del terrorismo puede hacerse con respeto del marco legal y desde luego sin tortura. Era, agregaba, la política de su patria, Inglaterra, respecto de la IRA irlandesa. Un poco tiempo más y se hacía público que los ingleses empleaban habitual y extendidamente los más duros apremios ilegítimos contra ese movimiento terrorista.
«3°. España post franquista, democrática y socialista. Gobierna Felipe González. A su momento se descubrirá que existe una policía secreta dentro de las policías secretas, creada por el mismo Gobierno, que opera sin barreras éticas —tortura incluida— para reprimir el terrorismo vasco de la ETA.»


CAPÍTULO XIII
EL POSTULADO DE HALDEMAN

El hecho ha sido que a los 40 años del 11, la versión de la izquierda sobre el Gobierno Militar se ha impuesto sin contrapeso en nuestra sociedad y aunque uno pueda irla contradiciendo con verdades y buenas razones y nadie, absolutamente nadie, discuta siquiera que el país entregado por los militares fue mucho mejor que el recibido por ellos, henos aquí a la defensiva y pidiendo perdón.

Piñera pone la lápida
Las concepciones de Sebastián Piñera sobre el 11 tienen sus raíces, no en la verdad histórica ni en la realidad del país, sino en consignas fáciles y populistas de izquierda o centroizquierda. En esas “falsas ideas claras” de que hablan los franceses.
Se le preguntó sobre el hecho de trabajar con personas que apoyaron el “Sí” en 1988 y respondió textualmente: “Casi toda la centroderecha se inclinó en esa época por el ‘Sí’. Yo lo discutí mucho, porque sentía que era un profundo error. Extender el período militar por ocho años más era no entender que el país estaba preparado y necesitaba recuperar la democracia tanto como el aire que respiramos”.
Ese juicio revela ignorancia de lo que se decidía en el plebiscito de 1988. De ninguna manera se iba a “extender el período militar por ocho años”, porque iba a entrar en vigor el articulado permanente de la Constitución, propio de un gobierno civil y democrático, ganara el “Si” o el “No”. El siguiente período habría estado regido por la misma normativa que el gobierno presidido después por Patricio Aylwin, con un Parlamento elegido y con la vigencia plena de todas las garantías individuales y colectivas, que la Carta respalda como ninguna otra en nuestra historia.
Es decir, Sebastián Piñera votó en 1988 convencido de un profundo error. Y me temo que igual falacia engañó a una mayoría de los chilenos, obnubilada por la consigna concertacionista de que se prolongaba el Gobierno Militar, lo que era falso. La democracia se iba a recuperar aunque hubiera sido electo Presidente Augusto Pinochet, lo cual, estoy cierto, habría sido mejor para el país.
Continúo reproduciendo a Sebastián Piñera:
“Pero todos tenemos derecho a equivocarnos”, afirmó con condescendencia, pese a que el equivocado era él. “No me importa que la gente cometa errores, lo que me preocupa es que después de tener más información y tiempo para razonar, insista en los mismos errores”. Pero ése es justamente su caso. Y luego prosiguió por la senda equivocada: “Y estoy absolutamente convencido de que la mayoría de la centroderecha, si pudiese volver atrás, se la jugaría por recuperar la democracia por el camino más corto y directo posible que en ese momento era la opción ‘No’”.
Pues el camino más corto y directo era la opción “Sí”, debido a que si ella hubiera triunfado, el Presidente Pinochet habría completado su período un año antes que lo contemplado en caso del triunfo del “No”, el 11 de marzo de 1989, en lugar de igual fecha de 1990; y se habría iniciado otra Presidencia, en plena democracia, con el articulado permanente en completa vigencia, un año antes que con el triunfo del “No”. Y el Congreso habría sido elegido e instalado, respectivamente, el 11 de diciembre de 1989 y el 11 de marzo de 1990.
En descargo de Sebastián Piñera puede decirse que sus errores los comparte la mayoría de los chilenos.
Por si no hubiera inferido suficiente menoscabo al sector que lo llevó a La Moneda, que mayoritariamente votó “Sí” en 1988, se ha convertido en denigrador crónico del Gobierno Militar y ha añadido declaraciones que implican la condena del Pronunciamiento y la ratificación de todas las acusaciones de la izquierda en su contra, al extremo de imputar una conducta delictiva a la mayoría de quienes votaron por él, al denominar “cómplices pasivos” a quienes apoyaron a ese gobierno o colaboraron con él, acusando al mismo (cayendo en el lugar común marxista) de que “atropelló los derechos humanos”. Insultó así a muchos de sus actuales colaboradores. En fin, se extendió con reiteración en imputaciones igualmente desdorosas para la judicatura que actuó durante ese régimen, y para la prensa que apoyó al Gobierno Militar (que es la misma que tan lealmente lo apoya a él). En síntesis, opina (innecesariamente) tal como lo ha hecho y lo hace el más rojo de los adversarios extremistas derrotados en la intentona totalitaria del ’73.
Sus críticas a la judicatura de hace treinta o cuarenta años contrastan con su silencio e inacción ante el desastre que representa el Poder Judicial actual y la avalancha de prevaricaciones en que incurre para cobrar venganza contra los uniformados que derrotaron al conato totalitario. A éstos, Piñera como candidato les prometió velar por la legalidad de sus procesos, cosa que no ha cumplido como Presidente. Por el contrario, se ha transformado, a través de su subsecretario Ubilla, iniciador de centenares de nuevas querellas por hechos amnistiados, prescritos o ya antes juzgados, en el peor cuchillo judicial de quienes derrotaron al terrorismo marxista. Al término del período de Bachelet las querellas, que ahora son mil trescientas, no pasaban de cuatrocientas.
Y como, además, en medio del mare mágnum publicitario izquierdista, voces calificadas de la derecha piden en estos días perdón al país (sin explicar por qué actos cometidos por ellas) la versión de la izquierda resulta implícitamente avalada y prevalece sin contrapeso, en ausencia de toda voz de la derecha.
Se ha hecho escarnio de la verdad por años, pero en este 40° aniversario él ha alcanzado un grado superlativo. Todo lo que se ha dicho en estas semanas por parte de la izquierda, ensoberbecida por lo que cree un próximo retorno al poder, hace imposible cualquier atisbo de reconciliación. No puede haberla cuando se aplasta al adversario con agresiones, denuestos e insultos y se le exige pedir perdón, además de que renuncie humillantemente a defender sus puntos de vista y admita que la mentira es verdad.
Y todo eso en medio de la violencia verbal y callejera desatada por la extrema izquierda, a la cual pertenecen los agresores de siempre, que hace imposible manifestar públicamente cualquier discrepancia.
La última línea de este lamentable balance revela que en el Chile actual no puede sobrevivir la verdad y no existe, de parte de los mayores culpables del odio que ensombrece al país, posibilidad alguna de reconciliación.

De Santayana a Bardón
Hace más de cuarenta años divulgué en mis comentarios radiales un postulado del filósofo norteamericano George Santayana, que después pasó a ser frecuentemente citado, hasta hoy, en nuestro debate político: “Los países que olvidan su historia están condenados a repetirla”.
El grado de deformación que ha alcanzado el relato más divulgado en estos días acerca de nuestra historia de los últimos cuarenta años y la unanimidad con que se acoge y propala esa versión falseada, ha ganado últimamente hasta el aval de políticos principales de centroderecha que apoyaron al Gobierno Militar, y del propio Presidente.
Se miente tanto que el país está más irritable que nunca. Los que creen las mentiras, se enfurecen porque piensan que los que no las creen deben recibir todavía un castigo adicional. Y los que buscan la verdad se angustian al ver cómo se impone el antónimo de ésta sin contrapeso y la versión falseada pasa a ser la “historia oficial”.
De consuno los columnistas, analistas y comentaristas de la corriente dominante se han puesto de acuerdo en una verdadera “campaña del terror” sobre el cometido de la Junta Militar y precisamente se han centrado en atribuirle supuestos “horrores” que no fueron responsabilidad de ella, como los antes citados casos de Lonquén, frentistas degollados, incendiarios callejeros quemados o víctimas de balas perdidas no destinadas a quienes las recibieron.
Muchos opinantes de derecha, atemorizados o con sus cerebros lavados se suman al coro de condenas repitiendo el motto oficial de los “atropellos a los derechos humanos”.
El Presidente de la República, supuestamente (para los menos informados, que son mayoría) el más destacado exponente de las fuerzas que en su momento apoyaron el Pronunciamiento Militar, se ha convertido últimamente en su más ácido crítico, describiendo con una expresión de connotación delictiva, “cómplices pasivos”, a quienes lo apoyaron y todavía lo justifican (entre los cuales están algunos de sus colaboradores más importantes).
Recuerdo una vez más el dicho de Goebbels: “Una mentira mil veces repetida, pasa a ser verdad”. En el Chile de hoy se han repetido falsedades con tal reiteración que el país casi entero ya las cree. Se ha hecho imposible una discusión razonada sobre el Gobierno Militar. Y eso está conduciendo a que todos los valores que él representó, como el respeto al orden público, el castigo al delito, la represión de la violencia, el restablecimiento de la libertad de emprender y elegir de los chilenos, la libertad de trabajo, de elección, de emprendimiento, la justicia efectiva y el derecho de propiedad estén poniéndose en tela de juicio.
El desorden y el delito campean hoy por doquier. Las calles de nuestras ciudades son convertidas crónicamente en Campos de Agramante en los cuales se consuman una destrucción inútil, un saqueo violento con fines de lucro y un ataque inmisericorde a la policía, que sin embargo es severamente constreñida a no sobrepasarse ni un milímetro en su respuesta a la delincuencia. Los maleantes son liberados prontamente por los jueces y ya no tienen incentivos para dejar de delinquir.
Hay zonas del país, como la Araucanía, en que ya ni siquiera pueden recorrerse los caminos públicos sin temor a un asalto terrorista-delictual y en que agricultores pacíficos han muerto incendiados dentro de sus casas por extremistas, cosa que no ocurría desde la UP (caso Vásquez Becker). En la capital hay fechas y sectores en que habitualmente ya no se puede circular sin arriesgar la integridad personal. El fraude masificado de quienes no pagan en el transporte colectivo se ha convertido en un derecho subsidiado con cerca de mil quinientos millones de dólares anuales, una suma estratosférica para premiar el delito.
El clima de descomposición moral se manifiesta en el lenguaje soez, dueño y señor de los espacios televisivos y la farándula, y en la agresividad grosera y cotidiana, que no pocas veces deja víctimas tendidas en las calles.
La situación trae cada vez más a la memoria la época de la UP y sólo la economía se ha puesto relativamente a salvo del proceso de deterioro general, pero está gravemente amenazada por un cambio del eficaz modelo que ha permitido la estabilidad y el crecimiento. Por eso, al escribirse estas líneas, las empresas que cotizan en Bolsa han perdido el equivalente al diez por ciento del PIB en lo que va del año, es decir, el país ha perdido el fruto del crecimiento de dos años, sólo en seis meses. Es que el mercado parece advertir lo que viene, antes que los encargados de la conducción del país.
Y he dejado lo peor para el final: la perspectiva de que la misma izquierda de la UP vuelva al gobierno, pero ahora no en calidad de conversa renuente al sistema de libertades firmemente instalado por el Gobierno Militar, como lo hizo tras ganar elecciones anteriores, sino como fuerza revolucionaria, determinada a reemplazar todo por “otro modelo”, que sin duda podemos anticipar cuál es. Michelle Bachelet y Ricardo Lagos han hablado de "completar el legado de Allende".

Un final infeliz
Este libro lo iba a titular "¡Felices 40 Años!" o ¡"Feliz 40° Aniversario!", porque siempre he considerado y todavía considero que el 11 de septiembre de 1973 fue una fecha milagrosa para Chile. Mientras más la estudio, más me convenzo de que nos salvamos de milagro. Supongo que la Virgen del Carmen tuvo algo que ver en eso, lo mismo que cuando los comunistas dispararon contra Pinochet y en la ventana del auto las balas y los cohetes que no pudieron penetrarla trazaron la imagen de Nuestra Señora. Pero no, no ha habido celebración alguna, sino que se ha desatado una verdadera orgía de horrores en los medios televisivos controlados por la izquierda (o sea, en casi todos) demonizando el 11, en términos de que el aniversario ha resultado cualquier cosa menos "feliz". Usar esa palabra sería, para los unos (mejor dicho, los "hunos") una provocación, y para los otros, si es que todavía quedan, una broma cruel.
Si el KGB todavía existiera, yo pensaría que había organizado los últimos diez días de emisiones radiales y televisivas en Chile. En este libro he citado varias veces al historiador Paul Johnson diciendo que "el último éxito del KGB antes de ser lanzado al basurero de la historia fue demonizar a Pinochet".
La orgía de propaganda izquierdista de estas semanas no tiene precedentes, salvo el del país de "1984", de George Orwell, donde toda la ciudadanía debía dedicar un minuto cada hora a vociferar su odio e insultos contra el enemigo público número uno, el Pinochet de la novela, que se llamaba Emmanuel Goldstein. El "Hermano Mayor", que gobernaba el país, le echaba la culpa de todo, fueran males reales o imaginarios, a Goldstein, igual como aquí se las echan a Pinochet los Piñera (excepto José), los Teillier, los Bachelet, los ME-O, los Claude, la Lorena Pizarro y su pariente, casi tan odioso como ella, Jorge Pizarro.
El otro día le decía a una universitaria que me entrevistó, sin modestia alguna, que si en una cosa yo debería ser doctorado es en la historia de los últimos cuarenta años. He escrito cuatro libros (con éste) sobre ese tema. Estudié a fondo el juicio contra Pinochet incoado por Juanito Guzmán, ex partidario suyo que atropelló todas las normas básicas del derecho con tal de procesarlo, porque estaba seguro de que eso lo iba a hacer famoso. No lo consiguió sino transitoriamente, porque tuvo mucha competencia y después llegaron muchos jueces de izquierda que atropellaron las leyes de una manera mucho más efectiva que él, tanto como para justificar una monumental obra que verá la luz en estos días, "Los Procesos de Derechos Humanos", del abogado Adolfo Paul Latorre. Si algún abogado no politizado (¿quedará alguno?) la lee, no va a poder creer todo lo que se denuncia en ese libro.
Programas televisivos como "Imágenes Prohibidas" y "Ecos del Desierto" arrasan con el rating. Son comentados favorablemente en "El Mercurio" y "La Segunda" y tienen un solo defecto (lo digo como Doctor en Historia Chilena Contemporánea): son fundamentalmente falsos, en el peor sentido de la falsedad, pues culpan a inocentes y dejan "pasar piola" a verdaderos culpables. ¿Por qué lo hacen? Para cumplir el mandato del Hermano Mayor: disparar contra Pinochet. Pues si señalaran a los verdaderos culpables todo el mundo concluiría que Pinochet es inocente.
Se ha elegido la peor foto suya, esa donde está con gesto adusto y anteojos oscuros, para que aparezca en todos los medios y a toda hora. Así como los internautas se han dado un festín con la caída de Piñera, pero eso no sale de internet y no aparece en la prensa ni en los diarios ni en los canales de TV, porque ahora, más que nunca, Piñera merece tener un "manto de protección". Aunque no lo pague. Pues se alió con la DC y la izquierda contra Pinochet y, por tanto, está más políticamente correcto que nunca: acusó al Gobierno Militar de atropellar los derechos humanos, llamó a los que colaboraron con ese régimen (muchos de los cuales están ahora en el suyo) "cómplices pasivos" (yo habría renunciado), criticó a los jueces de los '70 y los '80 y a la prensa seria del país, pese a que le es incondicional, por no haber denunciado al Gobierno Militar. Es decir, hizo y dijo todas las cosas que jamás expresó ni habría dicho durante su campaña presidencial. Eso le ha valido ganarse la "Medalla al Mérito Antiderechista", que es el aplauso del Savonarola de la izquierda de nuestro tiempo, Carlos Peña, columnista de "El Mercurio".
Parodiando al pastor Niemoller, durante años vi que procesaban a militares, pero yo no era militar; a aviadores, pero yo no era aviador; a marinos, pero yo no era marino; a carabineros, pero yo no era carabinero, así es que nunca hice nada, salvo levantar la voz. Pero ahora he visto que, tras una querella comunista, están citando a los civiles para procesarlos por el Pronunciamiento, y yo soy civil, pero ya no hay ningún uniformado que me vaya a salvar como el '73. Y ya el respectivo juez de izquierda, tras declarar admisible la querella, ha citado a Agustín Edwards, por ahora como testigo, siendo que no estaba aquí para el 11, pues trabajaba en Estados Unidos en la PepsiCola y se había ido tres años antes del país. ¿Qué va a atestiguar, entonces? Pero a la justicia de izquierda no hay que hacerle preguntas como ésa. A Krassnoff lo han condenado por varios delitos ocurridos cuando él estaba en el extranjero y hasta hay columnistas de derecha que lo tachan de "criminal convicto". Bueno, supongo que, como yo estaba en el país y aplaudía todos los días el Pronunciamiento en mi programa radial y en mis artículos, en cualquier momento me van a citar a declarar, no ya como testigo, sino como inculpado. Por supuesto, a Aylwin I, "gatillador" del pronunciamiento, no lo van a citar, porque para eso se transformó en Aylwin II.
Esto recién comienza, señores. Es la orgía izquierdista. Hoy me impresionó saber de una madre cuyos hijos pequeños, que ven en la televisión todo el día soldados disparando y apresando gente, Hawker Hunters en vuelo rasante bombardeando La Moneda muchas veces al día, tanques a toda velocidad por las calles, y todo eso por culpa de Pinochet con anteojos oscuros, le han dicho a ella que les da miedo salir de la casa. La izquierda, que domina los medios, ha creado un clima de terror generalizado para desprestigiar al Gobierno Militar. Así se lavan los cerebros. Lo hicieron los comunistas con el Cardenal Midzsenty, en Hungría, hasta que se declaró culpable. Lo están haciendo con nosotros y hay derechistas haciendo fila, con las rodillas sangrantes, pidiendo perdón.
Nunca se había mentido tanto y a tantos. Nunca se había odiado tanto. Nunca se había olvidado tanto ni inventado tanto.
He recordado en estos días, una vez más, a un importante empresario norteamericano, Bob Haldeman, que vivió hace más de medio siglo en Chile y se había hecho muy conocedor de nuestra idiosincrasia. Cuando se le pedía que definiera al país en pocas palabras, decía: “Se caracteriza porque cada vez que está a punto de ser desarrollado, se dispara un tiro en el pie”.
No hemos aprendido de nuestra historia, y nos disponemos a repetirla. Y el clarividente Álvaro Bardón, prematuramente extinto, completaba el postulado de Haldeman acreditando que el disparo en el pie sucedía cada cuarenta años.
Entonces, saquen ustedes la cuenta de cuántos han transcurrido desde 1973.


NOTAS Y CITAS

Declaraciones de Salvador Allende en Introducción:

1 “Punto Final” Nº 126, 16.03.71.
2 Declaración de 1964 al diario italiano “Paese Sera”, citado por Joaquín Fermandois en “Chile y el Mundo 1970-73”, Universidad Católica, Santiago, 1985.

Capítulo II
Allende a “Paese Sera”:
3 Ver nota 2.
Guerrillero cubano “Benigno”:
4 Citado por Arturo Fontaine Aldunate: “Todos Querían la Revolución”, Zigzag, Santiago, 1999, p. 77, que a su vez lo tomó de Daniel Alarcón (Benigno): “Memorias de un Soldado Cubano: vid y muerte de la revolución”, Tusquets, Barcelona, 1997, p.202.
Carta de Frei a Mariano Rumor:
5 Publicada in extenso en “El Mercurio”, Santiago, 07.09.03.
Interrogatorio a Patricio de la Guardia:
6“Vindicación de Cuba”, Editorial Política, Belascón 864, La Habana, Cuba, 1989.
Entrevista de Allende en Nouvel Observateur:
7 Citado por Mario Spataro: “Pinochet: Las Incómodas Verdades”, Maye, Santiago, 2006, p. 95 y 96.
Gonzalo Vial describe la jibarización del ejército rojo:
8 “La Segunda”, 19.02.08.
Acuerdo socialista de 1967:
9 Cristián Jara: “El Marxismo y la Crisis de la Democracia en Chile”, Instituto de Ciencia Política, Universidad de Chile, Santiago, 1991, p. 24 y sigtes. “La Segunda”, 19.02.08.
Plan Z:
10 “Libro Blanco del Cambio de Gobierno en Chile”, Lord Cochrane, Santiago, 1974.

Capítulo III:
Visita de Allende a Sainte-Marie:
11 Román Alegría: “Entre Dos Generales”, Alborada, Santiago, 1989, p. 144.

Capítulo V:
Don Patricio gatilló el golpe:
12 Sergio Arellano Iturriaga: “De Conspiraciones y Justicia”, Editorial La Gironda, Santiago, 2003, p. 44.
Claudio Orrego (DC) se refiere al texto del Acuerdo:
13 Carta a “La Segunda” de 26.03.80.
Carta de Frei a Rumor: Chile feliz con el golpe:
14 Publicada in extenso en “El Mercurio” de 07.09.03.
Obispos felices con el golpe:
15 Citada por l abogado Sergio García Valdés en carta a “El Mercurio” de 12.12.04; también por James Whelan: “Desde las Cenizas”, Zigzag, Santiago, 1993, p. 679; y también por Enrique Correa y José Antonio Viera-Gallo: “Iglesia y Dictadura”, Centro de Estudios Sociales, Santiago, 1986.
Entrevista con ministro Rafael Retamal:
16 Patricio Aylwin: “El Reencuentro de los Demócratas”, Grupo Zeta, Santiago, 1998, p.59.
Aylwin I defiende a los militares:
17 Entrevista a NC News Service de 24.09.73, reproducida en “La Prensa” de Santiago el 19.10.73.

Capítulo VI:
Aylwin I vs. Aylwin II:
18 Internet – buscador – YouTube – Aylwin.
Órdenes de respetar DD.HH.:
19 Circular repartida por el general Julio de la Fuente del OS3 de Carabineros, como “Circ. Nª1”, de la cual conservo un ejemplar.

Capítulo IX:
Desinformación soviética:
21 Álvaro Pineda de Castro: “Pinochet: Verdad y Ficción”, Vasallo de Mumbert, Madrid, sin fecha.

Capítulo X:
Colaboración de la Vicaría con el MIR y el FPMR:
20 Antecedentes completos del proceso en “El Mercurio” de Santiago de 17, 22 y 24.01.87 y 13.06.87.
Prisión de Michelle Bachelet y Ángela Jeria:
21 “La Segunda”, 18.11.04.
22 “La Tercera”, 17.11.06.
23 “El Mercurio” 23.04.00.
24: Andrea Insunza y Javier Ortega: “Bachelet: La Historia No Oficial”, Random House Mondadori, Santiago, 2005, p. 95 a 102.
25: “La Tercera”, 20.04.03.
Muerte del general Bachelet:
26 “Qué Pasa” 26.11.06.
Ominami y entrega de armas al MIR:
23 “El Mercurio” 03.10.99.

Capítulo XI:
Torturas bajo la DC y la UP:
24 “Portada” noviembre de 1970, suplemento “El Mes”.
Gonzalo Vial y Comisión de la Tortura:
25 “La Segunda”, Reportaje 1,2 y 3.09.04.