Los Países Ante el Terrorismo

Hoy voy a reproducir algunas páginas de mi libro "Terapia para Cerebros Lavados" (2008), porque creo que vienen a cuento en estos días:

Es sabido que todos los países adoptan políticas de emergencia, que dan lugar a acusaciones de tortura, cuando se ven amenazados por el terrorismo.

El caso de Israel es patente. Año a año aprobaba una legislación que le permitía aplicar tormentos a los sospechosos de terrorismo que caían en sus manos, si bien últimamente ha dejado de hacerlo. De la misma práctica se ha acusado a los EE. UU. Hace poco, la propia candidata demócrata, Hillary Clinton, ha declarado que está de acuerdo en que la seguridad nacional debe primar sobre los derechos humanos. En efecto, el periodista Wulf Blitzer le preguntó al senador demócrata Dodd qué era más importante, si los derechos humanos o la seguridad del país, y aquél contestó:

«Obviamente, la seguridad nacional, mantener el país a salvo.»

Y después Blitzer le preguntó a Hillary Clinton si estaba de acuerdo, y ésta contestó: «Concuerdo completamente con eso.»

El historiador Gonzalo Vial ha recordado las actitudes de naciones respetables y respetuosas de los derechos humanos ante el desafío terrorista:

«Los países más desarrollados, civilizados, liberales, tan pronto enfrentan el terrorismo ven aparecer, como una maldición, la tortura. Algunos ejemplos:

«1°. La Cuarta República Francesa, antes de De Gaulle. Epítome de la democracia partidista, pluralista, igualitaria, y del legalismo, cae sin embargo en la tortura —y una que hace historia, por su mezcla de crueldad y sofisticación— dirigida contra el terrorismo de los argelinos que demandan su independencia.

«2°. Gran Bretaña, cuna de las libertades públicas. Recuerdo la mesa de los almuerzos de ‘Qué Pasa’, a comienzos de los años ’70, cuando un entonces joven Robert Moss, periodista y novelista inglés de fama, pontificaba con cierta suficiencia para enseñarnos — decía— algo que los chilenos ignorábamos: que la represión del terrorismo puede hacerse con respeto del marco legal y desde luego sin tortura. Era, agregaba, la política de su patria, Inglaterra, respecto de la IRA irlandesa. Un poco tiempo más y se hacía público que los ingleses empleaban habitual y extendidamente los más duros apremios ilegítimos contra ese movimiento terrorista.

«3°. España post franquista, democrática y socialista. Gobierna Felipe González. A su momento se descubrirá que existe una policía secreta dentro de las policías secretas, creada por el mismo Gobierno, que opera sin barreras éticas —tortura incluida— para reprimir el terrorismo vasco de la ETA.»

Las Torturas bajo la DC

Hasta 1973 la indiferencia general había caracterizado la actitud de los Gobiernos y los Tribunales frente a las denuncias de torturas. Para no retroceder más en el tiempo, citaré evidencias al respecto, bajo Frei Montalva (1964-1970) y Allende (1970-1973).

En 1970 el clima de indiferencia frente al tema llevó a la revista "Portada", una publicación de derecha, en su número de noviembre de ese año (acababa de asumir Allende la Presidencia), a publicar un artículo titulado «¡Legalicemos la Tortura!», en el cual se decía lo siguiente:

«Parece ser un hecho establecido que los sospechosos en el caso Schneider —o, por lo menos, algunos de ellos— han sufrido torturas a manos de la policía: aplicaciones eléctricas en órganos y zonas sensibles del cuerpo; palizas, encierros en la oscuridad o en celdas inmundas y junto con facinerosos, pervertidos o provocadores, etc.

«Resulta evidente también que tales torturas son inevitables. En efecto, no han podido terminar con ellas los superiores directos de los torturadores, a saber: el entonces Presidente de la República, un jurista demócrata y cristiano reconocido; su Ministro del Interior, Patricio Rojas, prestigioso ex funcionario de la OEA, a la cual ha vuelto ahora con unánime beneplácito; el
Subsecretario del Interior del antiguo Gobierno, Juan Achurra, otro jurista demócrata y cristiano; y el Director interino de Investigaciones de los últimos días del Gobierno de Frei, el pundonoroso general (r) Emilio Cheyre. Si personas tan destacadas —e investidas además de autoridad total sobre la policía— no han podido terminar con la tortura, nos parece indiscutible
que ésta es inextirpable.

«Por otra parte, asimismo, resulta evidente que la tortura, además de inevitable, es aceptada por la opinión pública. La prueba está en que tales métodos son reprobados cuando afectan a los amigos, pero recibidos con complacencia o indiferencia si recaen sobre los enemigos. Cuando los torturados eran del MIR, VOP u otros movimientos de ultraizquierda, los círculos de derecha callaban, al paso que los juristas de izquierda, encabezados por el abogado y profesor universitario Eduardo Novoa, protestaban indignados ante la Corte Suprema, que por cierto no hizo nada. Ahora que los torturados son de ultraderecha, es la derecha la que reclama, mientras los juristas de Novoa guardan su sensibilidad para mejor ocasión y la Corte Suprema continúa sin hacer nada. ¿Qué significa esto? Simplemente, como decíamos, que protestar por las torturas es un recurso de las guerrillas políticas, pero que en el fondo a nadie le importan; luego, en forma tácita, todos las aceptan.

«Concluimos, pues, que la tortura es un mal (hablando en teoría, como puristas), pero de esos males inevitables, y que la opinión pública, supremo juez en las democracias, a fin de cuentas tolera. ¿Por qué, entonces, no legalizarla y reglamentarla?»

La Denuncia Socialista-Comunista

Sobre la indiferencia bajo la administración DC de Frei Montalva ha quedado el testimonio de una presentación que hicieron cien abogados de izquierda a la Corte Suprema (aludida en el artículo de "Portada" antes citado) y que se publicó in extenso en la revista "Punto Final" de 13 de agosto de 1970, es decir, en las postrimerías del régimen DC. Por supuesto, la Corte Suprema tampoco dijo ni hizo nada.

El documento se titula «¿Es Chile un Estado de Derecho? Crímenes, torturas y violaciones de los derechos humanos». Entre quienes lo firman cabe mencionar a los profesores de derecho Eduardo Novoa Monreal, Aníbal Bascuñán Valdés, Sergio Politoff, Alvaro Bunster, León Grinberg, Raúl Brañes. Juan Bustos y Ricardo Lagos Escobar, a la sazón Secretario General de la Universidad de Chile.

La denuncia de 71 páginas —dice "Punto Final"— está redactada en un frío lenguaje jurídico, sin argumentaciones políticas, lo que pone aún más de relieve los antecedentes objetivos que ilustran la situación: seis homicidios, diecisiete casos de torturas y vejámenes físicos y morales, tres allanamientos ilegales, numerosos casos de violencia innecesaria y otros graves atropellos
policiales».

¿Había en Chile un movimiento guerrillero o terrorista significativo entre 1964 y 1970? Apenas un puñado de estudiantes de la Universidad de Concepción, que comenzaban a organizar el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR); o grupos guerrilleros menores, como la VOP (Vanguardia Organizada del Pueblo). A partir de 1965 el Partido Socialista había proclamado la vía armada para hacerse del poder, en sus Congresos del año indicado y de 1967 y 1969, y comenzaba a formar cuadros paramilitares, tarea que se intensificó durante el gobierno de la UP, al igual que en el Partido Comunista, en la Izquierda Cristiana y en el MAPU.

¿Cuántas habrían sido las denuncias de torturas si la Policía Política del Gobierno de la DC se hubiera enfrentado, como el Gobierno Militar, a veinte mil o más guerrilleros dedicados a la subversión y al terrorismo, con abundante abastecimiento bélico, apoyo logístico y justificación propagandística externos?

En la denuncia de los abogados de izquierda se añadía que el profesor francés Benjamín Fabre había sido sometido a castigos policiales y sufrido la rotura de un tímpano. Posteriormente, sin embargo, sin que nadie, ni menos el gobierno francés, se preocupara de investigar nada al respecto, el Gobierno DC lo expulsó del país. ¡Qué distinto era cuando el Gobierno Militar
expulsaba a algún agitador francés!