POR SUPUESTO QUE HAY PLATA

Si el Estado vendiera Codelco tendría dinero para hacer las siguientes cosas al mismo tiempo: financiar el déficit fiscal, equilibrando el presupuesto; dar un bono extraordinario a la población vulnerable, estilo IFE de 2021, pero sin aumentar la deuda externa como esa vez, en que la incrementó en US$28 mil millones; podría también reducir dicha deuda externa, mejorando la calificación crediticia de Chile y así abaratando el servicio de la deuda restante y disminuyendo para los chilenos el costo de endeudarse en el exterior.

Ciertamente habría un boom en la economía. Aumentarían el empleo y el crecimiento. Cuando el último presidente de derecha anterior a éste, Augusto Pinochet, privatizó un conjunto de empresas estatales equivalentes a Codelco, a partir de 1985, aumentó el crecimiento a un promedio de 6,4% en 1985-89, el desempleo bajó de 11 % a 5% en enero de 1990 (cifras del Banco Central); y disminuyó en ese quinquenio el déficit fiscal tanto como la deuda externa.

¿Por qué no se puede vender Codelco? Por lo que van a decir los comunistas y sus "compañeros de ruta". ¿Y a quién le importa? Sólo a los políticos, que les tienen miedo por su capacidad difamatoria y porque no sólo practican el "asesinato de la personalidad" sino de la persona. Pero el resto de la población estaría feliz, como se pone la gente cuando recibe billetitos y encuentra empleo con facilidad.

En Codelco lo único que hacen es "pasar por el aro" al resto del país, diciendo que "es de todos los chilenos", cuando sabidamente es de los que trabajan ahí y de las fundaciones de los políticos, que reciben importantes donativos. 

El blog más leído desde que inauguré éste en 2010 fue uno en que un comentarista detalló los "gastos de Codelco en finalidades distintas a la de producir cobre". El listado de donativos a entidades vinculadas a los políticos de gobierno era impresionante. Nunca nadie desmintió al lector que hizo ese aporte. Lo leyeron 18 mil personas.

Todo el mundo sabe que Codelco es un nido de ratas. Contribuye menos al Estado que otras mineras privadas. Produce menos y sólo es top one en lo que les paga a sus trabajadores. Ahí hay sueldos de más de 40 millones de pesos y no tienen mayor exposición pública. En cambio, los medios sacrificaron en la hoguera de la atualidad a una candidata cuando descubrieron que había ganado un sueldo de $17 millones en una universidad privada.

Es el el doble estándar chileno instalado acá por el comunismo. Pero se les puede dejar callados preguntándoles por qué no pagan desde hace años las contribuciones de los numerosos bienes raíces que tiene el partido rojo, moratoria que ya se la quisieran los deudores de contribuciones a los cuales les sacan a remate sus inmuebles desde que se atrasan un semestre.

No les sigan mirando la cara a los comunistas. Hagan lo que le conviene al país, vendan Codelco y comencemos los segundos mejores 30 años de la historia de Chile.

Si el gobierno no sabe cómo hacerlo, ya he sugerido que le ofrezcan el ministerio de Minería a José Piñera Echenique, que ya supo hacerlo cuando tuvimos una crisis previsional y cuando tuvimos otra minera debido a la propiedad estatal de los yacimientos determinada en la Constitución.

¿Qué espera, presidente Kast?

EL GRAN VACÍO DE LA CUENTA PRESIDENCIAL

Habría debido escribir esto el lunes, pero se desataron acontecimientos ocasionados por la reinante impunidad de los delitos, lo cual me obligó a escribir en defensa del patrimonio familiar, no tanto porque éste tuviera importancia pública, sino por ser este blog y mi espacio en X los únicos medios de denunciar un atropello delictual más. 

Mientras la sociedad libre permita tener acceso a algunas redes, cualquiera puede denunciar los atropellos que sufra, aunque los medios de la corriente dominante "miren para otro lado", como si no existieran. Tal vez si Alejandro Correa hubiera dispuesto de o utilizado estas herramientas comunicacionales menores para dar una voz de alarma cuando alguien invadió su terreno en Quilpué, el que lo perpetró no se habría sentido tan amparado por el sistema como para contratar un sicario y asesinar al propietario, buscando hacerse de su bien raíz. Claro, no contaba con que una hija de Correa después removiera cielo y tierra hasta obligar a la justicia a aplicar la ley.

Como en Chile impera una dictadura judicial con fines de lucro, sin debido proceso (el acceso a éste es un derecho humano), se ha encarcelado a medio millar de exmilitares y sus colaborades civiles. Sin probar que hayan cometido delitos reales y contraviniendo leyes expresas y vigentes sobre debido proceso, amnistía y prescripción. Esto configura el delito de prevaricación judicial, sancionado en el Código Penal con hasta cinco años de privación de libertad.

Ante los atropellos de nuestra dictadura judicial ya por más de diez años, han asumido la defensa de la legalidad importantes autores, como Adolfo Paúl Latorre (su libro Prevaricato, cuya nueva edición corregida y aumentada está en librerías) y Jorge Eduardo Montero, con su monumental "Condenas Sin Ley, Juicios Sin Garantías" hoy en proceso de impresión. Entre ambos suman casi mil páginas probando y denunciando el atropello a la ley, la persecución ilegal de personas jurídicamente inocentes (el autor de un delito prescrito o amnistiado es jurídicamente inocente) y la continua sustracción al erario de centenares de miles de millones de pesos. Nunca antes se había visto escándalo semejante en Chile.

Y también continúa perpetrándose el atropello a leyes expresas y vigentes, condenas a inocentes y la violación de los derechos humanos de exmilitares y sus colaboradores civiles que tienen derecho a un debido proceso, a la igualdad ante la ley, a los beneficios carcelarios para todos. Todo lo cual se les desconoce.

Había ilusión ciudadana en el sentido de que, habiéndose elegido por primera vez un gobernante partidario de la Junta, que había votado Sí a Pinochet en 1988 y luego abandonado la UDI ante su deslealtad al legado del gobierno que la prohijó, el tema iba a merecer no sólo una mención de parte del presidente en su primera cuenta pública, sino también el anuncio de medidas concretas para poner fin al escándalo, entre ellas el indulto de los indebidamente presos y la denuncia ante la Fiscalía penal para hacer efectiva la responsabilidad penal de los prevaricadores. 

Pero el presidente no dijo una sola palabra sobre el tema. Como si la demolición del estado de derecho no se hubiera perpetrado. Como si hubieran prevalecido la presunción de inocencia y el debido proceso respetuoso de los derechos humanos de todos. Y como si nadie nunca le hubiera sustraído ilícitamente al Estado, cuya jefatura ostenta el presidente, centenares de miles de millones de pesos a lo largo de diez años de prevaricaciones impunes. 

Dejo constancia de que el sector que me representa se siente profundamente defraudado. Atribuimos el imperdonable silencio a que la violencia del comunismo ha amedrantado al presidente.

Wilde escribió que no hay una segunda oportunidad para dar una primera impresión. Lo que tuvo José Antonio Kast fue la oportunidad de reafirmar la legalidad y ha sido desaprovechada. Peor aún, en estos días los abogados de su ministerio de Justicia han alegado a la par con los querellantes desconocedores del estado de derecho para llevar a presidio a un nonagenario enfermo terminal que ha perdido la razón. Sorprendentemente la Corte Suprema, teniendo un prontuario oscuro en la materia, en ese caso ha impedido que se perpetre otra escandalosa prevaricación adicional.

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EL GARROTE Y LA ZANAHORIA

Tras un par de horas de angustia por la suerte de mi hijo enfrentado a tomadores de terreno violentos, tengo que decir que el problema se ha solucionado gracias a personas civiles que se reunieron prontamente en el lugar de los hechos, algunas de las cuales usaron la vieja táctica del garrote y la zanahoria.

Las autoridades a las cuales se acudió brillaron por su ausencia. Por eso el país está plagado de tomas: porque la autoridad no saca al primer ocupante.

Tras intercambios de palabras no del todo amistosos entre el usurpador desafiante y un hijo de la propietaria, más gente acudió al lugar. Se les advirtió a los tomadores acerca de la gravedad del delito que estaban cometiendo. Alguien por su cuenta dijo que venía "una micro de Carabineros", lo cual no era verdad, pero sonó convincente.

Otro dijo que el predio pertenecía a una persona importante, lo cual es efectivo: es de mi mujer. Alguien más insinuó que probablemente ella iba a llamar al presidente para que ordenara a la policía actuar rápidamente. Eso comenzó a crear una atmósfera de inquietud entre los usurpadores. 

Otro dijo que Seguridad Ciudadana de la municipalidad, cuyo acalde es del Frente Amplio pero no quiere más tomas (ya tiene once) vendría y destrozaría o confiscaría todos los enseres de los ocupantes, como ya había hecho una vez anterior. 

Todo lo anterior fue el garrote. Pero pienso que lo más eficaz fue la zanahoria. 

Una tercera voz la aportó: le dijo al jefe de la toma que conocía otra propiedad menos conspicua, donde podría instalarse. Y que era de una persona que no se preocupaba mucho de vigilarla, así es que podría quedarse en ella con menos problemas que en ésta.

Milagrosamente el jefe de la toma, ya en posesión del nuevo dato, empezó a recargar sus enseres en su camión y procedió a marcharse junto a sus acompañantes.

Fue una solución bastante "a la chilena": al margen de la ley y la autoridad.

Fue la tercera toma del mismo terreno. Será hasta la próxima. Las autoridades, llamadas con urgencia, brillaron por su ausencia. Pero se alcanzó un acuerdo político. Lo califico así porque el costo lo pagará otro, lo cual es de la esencia de los acuerdos políticos.

Y yo quedo listo para preocuparme del artículo que pensaba escribir hoy, sobre el silencio de la cuenta presidencial acerca de la situación más ilegal, inmoral y por añadidura gravosa para el erario del Chile actual.

AHORA ME TOCÓ A MÍ

Cuando escribo estas líneas acabo de recibir el llamado de un hijo, desde nuestra propiedad agrícola a la entrada de Maipú, en Av. Pajaritos con Américo Vespucio.

Sujetos dispuestos a todo han violentado la entrada y puesto un candado propio. Mientras descargan cosas. Mi hijo mío les ha dicho que su proceder es ilegal, pero le responden que no les importan las leyes. 

Él ha llamado a Carabineros y a Seguridad Ciudadana del municipio, pero nadie hasta este minuto va. 

Esta propiedad producía verduras y hortalizas, pero los atentados dejaron sin electricidad al pozo de riego. Atentados para robar cables de cobre. Dos veces. 

Y es tercera vez en los últimos meses que la ocupan, pero ahora es una cosa más masiva, más violenta y por parte de gente más desafiante.

Las otras veces habíamos acudido a Carabineros, pero se negaron a ir sin previa orden judicial, aunque era delito flagrante. ¡Un juicio! ¿Cuánto demora eso? Es el mundo real. 

Pero la Seguridad del municipio había por fin trasladado a los ocupantes ilegales. Si bien éstos estaban siempre rondando y amenazando. 

Se sembró alfalfa para ser regada por la lluvia. Pero pocos quieren trabajar ahí por el riesgo y las amenazas de potenciales tomadores que rondan el lugar.

Ayer leí en El Mercurio del caso del emprendedor de Puerto Montt al que le roban una y otra vez, denuncia a la PDI, a Carabineros y a Seguridad Ciudadana y nadie le presta auxilio, pese a que les indica dónde viven los ladrones y dónde guardan lo robado. 

Ése es el Chile real.

¿Cómo producir si te roban lo que produzcas, te usurpan la tierra y te cubren de amenazas e insultos? ¿Cómo trabajar la tierra si cualquier delincuente puede invadirla en cualquier momento?

Le ha pedido a mi hijo que no se arriesgue ni oponga resistencia, porque el peso de la ley, desde 1990, cae sobre los propietarios y productores. Ni pensar en usar un arma contra los usurpadores.

Vivimos en el Chile de los hechos, no en el de los discursos.

CUENTA DE UN PRESIDENTE AMEDRENTADO

En La Tercera de hoy se afirma, anticipando el contenido de la cuenta pública del presidente Kast: "...otra definición adoptada durante las últimas semanas: evitar anuncios destinados a satisfacer a los sectores más duros de la derecha".

Es que tenemos otro presidente amedrentado por el comunismo. De partida, en más de dos meses de gobierno no ha cumplido con poner término, pudiendo hacerlo, a la prevaricación confesa y desatada de jueces que han decretado la prisión ilegal de medio millar de exmilitares y civiles colaboradores (de los cuales ya más de cien han perecido entre rejas). Adicionalmente, los prevaricadores han sustraído ilegalmente al erario centenares de miles de millones de pesos durante diez años. Porque antes de eso se respetaba la ley. 

Los exmilitares y sus colaboradores civiles libraron al país de los grupos armados de extrema izquierda que, desde la década de los '60, venían impunemente anunciando su propósito de tomar el poder por las armas. Lo intentaron desde el gobierno a partir de 1970 y como guerrilla después de 1973, enfrentándose al régimen militar convocado por la mayoría civil, a través de sus representantes en el Congreso, a poner término al mandato de Salvador Allende, devenido inconstitucional y dictatorial.

Como hay un sesgo presidencial en favor de la centroderecha contemporizadora y no debe olvidarse que bajo los gobiernos de Sebastián Piñera se presentaron mil de las mil 300 querellas ilegales contra exmilitares, los de la "derecha dura" a que alude La Tercera estamos pesimistas.

Parece que el prevaricato quedará impune. Agrava el cuadro la confesión del autor del ardid del "secuestro permanente", el ministro sumariante Alejandro Solís, que confesó en "El Informante" de TVN, conducido por Juan Manuel Astorga, hace más de diez años, ante millones de telespectadores, que condenaba sin probar los delitos. Tal prueba es indispensable para derrotar la presunción de inocencia, siendo ésta un derecho humano esencial. Solís confesó que fingía los delitos. En esa oportunidad, para mayor claridad, expresó textualmente: "si yo no estoy diciendo que ésa haya sido la realidad"-

La propaganda marxista amedrenta al presidente y a la centroderecha con la amenaza de acusarlos de "liberar a autores de delitos de lesa humanidad", amenaza absurda, porque tales delitos no existían en nuestro ordenamiento en los años de lucha contra la subversión. Sólo existen desde 2009. Y la Constitución establece que nadie puede ser juzgado por un delito que no haya sido establecido con anterioridad a su perpetración.

Adicionalmente, la acusación es absurda, por que si se lee la ley de 2009, ella define los delitos de lesa humanidad como "ataques generalizados contra la población civil". Y éstos eran los que perpetraba la guerrilla al poner bombas matando pasajeros del metro, hacer estallar autos-bombas que quitaban la vida a transeúntes e incendiar buses con pasajeros o policías. En realidad, el Gobierno Militar, al neutralizar la guerrilla, hacía una "defensa generalizada de la población civil". Es decir, impedía los delitos de lesa humanidad.

Por cierto, lo que en derecho habría correspondido hacer al actual presidente habría sido, de partida, indultar a los centenares de víctimas de la prevaricación y, en uso de su atribución constitucional de "velar por la conducta ministerial de los jueces", haberse querellado ante la Fiscalía por los centenares de condenas ilegales, para después velar por una condigna indemnización a las víctimas de la delictiva conducta judicial.

Pero, dado que bajo este gobierno se han seguido perpetrando las mismas prevaricaciones y hasta han alegado abogados de su ministerio de Justicia en apoyo a una sentencia particularmente aberrante e inhumana (caso Manríquez), parece que nada puede esperarse de la próxima cuenta pública a este respecto y que la misma evitará "anuncios destinados a satisfacer a los sectores más duros de la derecha", que insistimos en que en Chile debe volver a imperar la legalidad y restablecerse el estado de derecho.

°A PATA PELÁ Y CON LEVA"

Antes se decía eso de los sujetos que conservaban un nivel de vida ostentoso pero "debían a cada santo una vela". El Estado de Chile hoy "anda a pata pelá y con leva". Tiene gastos anuales que exceden por mucho a sus ingresos y, en lugar de pagar, se va a tener que seguir endeudando. 

Pero al mismo tiempo el Estado es dueño de empresas en que reinan el despilfarro y el enriquecimiento de sujetos aprovechadores. El caso más reciente y ostensible es el de Codelco. Se descubrió que hace años sus directivos vienen inflando artificialmente la producción de diciembre para poder pagarse bonos extra "de desempeño", mientras le dan a su dueño, el Estado, una miseria de 338 millones de dólares. Mucho menos de lo que le pagan en impuestos ordinarios las cupríferas privadas de alto rendimiento y manejadas por sus dueños. Estas son las que mejor aprovechan los tiempos de bonanza en el precio del cobre.

Si el Estado vendiera Codelco podría: (1) Solventar sobradamente su déficit presupuestario de este año; (2) Dar un gran bono al diez por ciento más pobre de la población (que no serían pobres si recibieran directamente el gasto social del gobierno, con el grueso del cual se queda una burocracia sobrepagada pues su remuneración media es superior en 50% a la del mercado). Como lo demostró Rolf Lüders en su memorable columna en La Tercera el 1° de noviembre de 2019, si el gasto social les llegara a los dos deciles más pobres, no habría pobres en Chile, pues cada hogar recibiría 2,5 millones de pesos mensuales.

¿Por qué no se vende Codelco? Porque el gobierno tiene miedo de lo que le puedan decir socialistas y comunistas, que son todos empleados públicos con sueldos 50% mayores y que trabajan menos que el resto. 

¿Por qué Pinochet no vendió Codelco? Porque los oficiales de su comité asesor no querían que saliera de manos del Estado. Fue tanto el poder del comité asesor que en la Constitución de 1980 reservó la propiedad de las minas para el Estado. Pero inversionistas extranjeros le dijeron a Pinochet en los 80 que en esas condiciones no se arriesgarían a invertir en Chile. Entonces Pinochet le encargó a José Piñera arreglar el entuerto provocado por su comité asesor y aquél impulsó la ley de concesiones mineras, creando un derecho real tan fuerte como el de propiedad. Y Chile se llenó de inversiones mineras que han dejado muy atrás a Codelco y pagan en impuestos mucho más de lo que le da ésta al Estado.

El actual gobierno debería nombrar ministro de Minería a José Piñera, como ya una vez lo fue, para gran beneficio del país, para vender Codelco, sanear el déficit presupuestario y repartir entre el diez por ciento más pobre de los chilenos el saldo.

Y Codelco empezaría a pagarle al Estado impuestos mucho mayores que lo que le entrega hoy como "dueño engañado".

LOS HANDICAPS DE KAST

Cuando el presidente Pinochet y su ministrto Büchi pusieron en marcha, en 1985, un programa de recuperación económica, tras la "crisis de la deuda", similar al actual de Reconstrucción Nacional, impulsado por el presidente Kast y su ministro Quiroz, había tres situaciones que favorecían el éxito y que no se presentan hoy, sino que son factores adversos. 

Desde 1985 se generó, hasta 1989, un crecimiento promedio anual de 6,4 %, según cifras del Banco Central de la época. Pero hoy eso no parece alcanzable.

Primer handicap actual: en 1985 había un aparato estatal unas nueve veces menor que el de hoy. Disminuir el déficit el sector público era más fácil y más sencillo. De hecho, pese a los menores impuestos, entre 1985 y 1989 el déficit presupuestario se redujo, de acuerdo con cifras del Banco Central.

Segundo handicap: en ese tiempo Chile gozaba de energía eléctrica barata, en su casi totalidad de origen hidráulico y comenzaba a proyectarse Hidroaysén, que iba a aumentar en 50% la capacidad de generación nacional. 

La realidad actual es que, por razones políticas y obedeciendo consignas falsas ("Patagonia sin represas", en circunstancias que el proyecto no  contemplaba ninguna represa, sino centrales de pasada). Igualmente Hidroaysén se frustró.

Chile además suprimió centrales a carbón en nombre de las "cero emisiones" de CO2, de las cuales Chile generaba apenas el 0,24 % del total mundial. A cambio, se hs dotado de un sistema de generación más caro y que conspira contra la competitividad del país.

Ello ha originado casi un centenar de "impuestos verdes" que han encarecido la electricidad, mientras los psíses con mayores emisiones de CO2, como China e India, han construido 90 centrales a carbón y con ello se han dotado de una ventaja competitiva que ha multiplicado sus exportaciones a todos los países y en psrtfcular al nuestro. 

Lamentablemente el programa presidencial de José Antonio Kast mantiene las políticas energéticas de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Ello conspira contra nuestra economía, que paga una de las electricidades más caras de mundo, según ha calculado el ingeniero chileno Douglas Pollock.

Un tercer handicap de Kastr es la dictadura judicial violatoria del derecho humano a un debido proceso de los exuniformados, generadora de miles de millones de pesos anuales en indemnizaciones improcedentes en derecho, que desde hace al menos diez años exprime al erario y no tiene visos de terminar, porque el establishment político y comunicacional ha decidido "mirar para otro lado". Probablemente temeroso del vendaval de consignas comunistas que desataría el regreso a la legalidad, previo indulto de centenares de presos políticos.

La hasta ahora completa indiferencia del gobierno y, sobre todo, las actitudes del actual ministerio de Justicia, que se ha alineado con sus antecesores, le está enajenando a Kast un sector significativo de opinión de derecha.

El Plan de Reconstrucción Nacional es indispensable, pero sus resultados van a estar lejos de los que en su tiempo obtuvieron Pinochet y su ministro Büchi.