¿EN QUÉ PAÍS VIVE USTED?

Si usted conoce las leyes y lee los diarios de estos días verá que lo que ocurre habitualmente no tiene nada qué ver con lo que aquéllas mandan, prohíben o permiten..

Primero, la Cámara de Diputados rechazó que se cobrara una multa a quienes no cumplan con su deber de sufragar. Pero la Constitución dice que la ley debe multar a quienes no voten. La Cámara violó la Constitución. ¿Y qué? La mayoría de izquierda de la Cámara dice no y es no. Y nada sucede. ¿Usted pretende que se apliquen las leyes? ¿En qué país vive usted?

Se supone que usted se habrá dado cuenta de que las elecciones con voto voluntario las ha ganado la izquierda, que en cambio las ha perdido con voto obligatorio. Y como acá manda la izquierda y no la Constitución, aquélla  convierte el voto jurídicamente obligatorio en voluntario de hecho,

Segundo: en Temuco hay un ministro sumariante en juicios de derechos humanos, Álvaro Mesa Latorre, que mete presos a exmilitares por un delito instituido por él, por sí y ante sí, no tipificado en las leyes: "haber sido militar". Y  manda tras las rejas a ancianos que otrora vistieron uniforme.

Visto lo cual, la abogada Carla Fernández interpuso una querella contra el ministro Mesa por el delito de prevaricación, que sí está tipificado en el Código Penal y es el que comete un juez cuando dicta un fallo contrario a leyes expresas y vigentes. 

Pese a ser, desde hace veinte años, habitual esa conducta entre los sumariantes de izquierda (es decir, todos) nunca ha sido acogida una querella por prevaricación de las que han sido presentadas contra ellos. 

Esta vez un tribunal declaró admisible la patrocinada por la abogada Carla Fernández. Alarma en la judicatura. Eso no puede ser. Y entonces, cuando Mesa Latorre apeló ante la Corte de Concepción, la misma acogió la apelación y declaró inadmisible la querella. 

Se había puesto en riesgo a todos los juicios contra militares por supuestas violaciones a los derechos humanos. Pues todos están fundados en una prevaricación: un "secuestro permanente" que no existe y, en caso de existir, está tipificado en el código sólo para particulares y no para militares, que son agentes del Estado.

Si esa querella tuviera éxito, ello sería terrible política, jurídica y económicamente para la izquierda. Sobre todo económicamente: los juicios de derechos humanos son un cajero automático del cual aquélla extrae dinero fiscal crónica, ilícita e indefinidamente. 

Y es inagotable, pues ahora ya los juicios no se refieren sólo a casos que hayan costado la vida de algún subversivo, sino a quienes alguna vez fueron meramente interrogados. Hoy se querellan y cobran indemnizaciones por un supuesto y no acreditado "maltrato" sufrido hace décadas. Algo así como la Comisión Valech de Ricardo Lagos, que pensionó de por vida a cerca de treinta mil otrora interrogados por sus nexos con el terrorismo anterior a 1990. 

En fin, tercero, confirma el sesgo judicial a favor de la izquierda el fallo del Tribunal Calificador dictaminando que Daniel Jadue puede ser candidato, a pesar de tener suspendido su derecho a sufragio por "hallarse acusado de delito que merece pena aflictiva", según el art. 16 No. 2 de la Constitución. Para ser candidato se requiere ser ciudadano con derecho a voto.

Peor para la Constitución: Jadue es de izquierda, comunista, y puede ser candidato pese a los numerosos delitos merecedores de pena aflictiva de que se le acusa. 

¿Usted pretende que en Chile se apliquen las leyes?  ¿En qué país vive usted?