LA BRIZNA EN EL OJO AJENO

Hay unanimidad para juzgar inadmisible que el Presidente, sus ministros, 17 abogados asesores y la senadora Isabel Allende con su respectivo séquito de asistentes hayan ignorado el inciso segundo del artículo 60 de la Constitución, según el cual el diputado o senador que celebre contrato con el Estado cesa en su cargo.

Pero ninguno ha recordado que, menos de tres años atrás, todos estuvieron de acuerdo con el mismo Boric y su antecesor Piñera en transgredir el inciso quinto del mismo artículo 60, que dice que cesará en el cargo el diputado o senador "que propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece esta Constitución".

La "gran prensa", Boric y Piñera, suscriptores del entonces llamado "Acuerdo por Chile"; el rector-columnista de El Mercurio, Carlos Peña (que además llamaba a "lanzar lejos la Constitución"); el primer editorialista que ahora fulminan a los numerosos abogados gubernamentales desconocedores del referido art. 60, no decían nada cuando se transgredía el inciso quinto del mismo artículo. 

Ni nadie siquiera pensó que los diputados y senadores que habían concurrido con sus votos a inventar un segundo proceso constituyente, no permitido por la Constitución, debían ser destituidos. Ven la brizna en el ojo de Boric, pero no la viga en el propio.

Minoritarias y no escuchadas eran las voces, entre ellas la de este blog, que clamaban al cielo por la inconstitucionalidad de ese segundo proceso.

No había prensa ni periodismo conocidos que dijeran que el "Acuerdo por Chile" era violatorio del inciso 5° del artículo 60 y causal de destitución de los parlamentarios que lo votaran favorablemente. 

Hoy esa multitud de opinólogos, grandes diarios, radios, estaciones televisivas, redes sociales que se preguntan cómo es posible que nadie advirtiera ni supiera del inciso segundo del artículo 60 de la Constitución, de ningún modo se pregunta ni nunca se preguntó por qué tampoco supieron, vieron ni dijeron nada cuando apoyaron, publicitaron, propagaron y respaldaron a la cuasi unanimidad de diputados y senadores que aprobaron el segundo proceso constituyente violatorio del inciso quinto del mismo artículo 60 de la Constitución,

Además aquel proceso viciado debió originarse en mensaje presidencial y no en moción parlamentaria, como se inició. Otra inconstitucionalidad.

Debió haber generado la destitución de todos los diputados y senadores que lo votaron a favor. Que fueron todos, pues los republicanos, únicos en oponerse en un comienzo, "se dieron vuelta la chaqueta" junto a su jefe y se sumaron al "Acuerdo por Chile" de Boric-Piñera para violar la Constitución.

Lo llevaron adelante consumiendo ingentes recursos humanos y financieros sin ninguna legitimidad. Todo terminó en el plebiscito del 17 de diciembre de 2023, en el cual la ciudadanía rechazó la intentona inconstitucional. Pero ningún parlamentario culpable fue destituido. Y "lo comido y lo bailado" no se lo quitó nadie.

Lo peor: las élites de todos los niveles, la jerarquía eclesiástica representada por monseñor Celestino Aós y las más variadas instituciones del establishment, siempre dispuesto a ubicarse donde el sol más calienta, aunque ello sea inconstitucional, fueron cómplices activos.

Ahora todos ven la brizna en el ojo de Boric, pero no la viga en el propio. Isabel, Allende se va, pero la multitud de otros, tan culpables como ella, se han quedado.

DESTELLO DE LEGALIDAD

Es increíble que la mera aplicación de un precepto constitucional claro por parte de un tribunal genere en Chile una crisis política. 

Es tan evidente que en el país no impera un estado de derecho (que es la traducción de la rule of law anglosajona) que el Partido Socialista gobernante califica el fallo del TC como "un hecho lamentable" y considera responsables a las ministras cercanas al Frente Amplio que lo suscribieron. 

Es que la izquierda se ha acostumbrado a que las causas se fallen, no de acuerdo a derecho, sino según su propio sentir político. Se ha acostumbrado a los miles de sentencias de la justicia ordinaria violatorias de los fundamentos básicos del derecho penal y basadas en una "ficción jurídica". 

Se ha acostumbrado también a la impunidad de los atropellos a la Constitución. Y cuando, por excepción, se aplica la legalidad, lo considera una deslealtad política, en este caso del Frente Amplio, próximos al cual son las juezas que aportaron los votos para sancionar el más reciente atropello.

Este fallo ha merecido el elogio, en columna ad hoc, de Carlos Peña en El Mercurio. Y un primer editorial del mismo diario corrobora la tesis de defensa constitucional. 

Pero este fallo más parece sólo un destello de legalidad en medio de la inexistencia del estado de derecho.

En efecto, más adelante el mismo artículo 60 de la Constitución establece que "cesarán asimismo en sus funciones los diputados o senadores ... que propicien el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece esta Constitución". No obstante, desde mediados de 2022 en adelante el mismo rector-columnista Peña, el mismo diario en que escribe y también el Presidente de la República, Gabriel Boric y su antecesor, Sebastián Piñera, mediante el "Acuerdo por Chile" entre ambos, promovieron el "cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los señalados en la Constitución", violando flagrantemente el mismo artículo 60 que ahora el TC ha hecho respetar.

Y entonces todos los parlamentarios de gobierno y de oposición incurrieron en la misma causal de cesación en sus cargos que Isabel Allende. Pero en el caso de todos ellos sin que nada les sucediese ni nadie pidiera destituirlos. Había pleno acuerdo político para violar la Constitución. ¿De qué estado de derecho estamos hablando?

Este fallo ha sido, pues, sólo un destello. Ojalá fuera un precedente a ser imitado por los tribunales y los poderes públicos que reiteradamente han abandonado la posición legal, llevando a que en los análisis internacionales la democracia chilena haya descendido de "plena", como lo fue mientras se respetaban la Constitución y las leyes, a "defectuosa", como la cataloga un informe de The Economist, que se hizo cargo del permanente atropello chileno a la juridicidad.

1 Y 2 DE ABRIL

El 1° de abril de 1991 fue asesinado el senador de la UDI, Jaime Guzmán, por el brazo armado del Partido Comunista. Había votado en contra, en el Senado, el proyecto propiciado por el presidente Aylwin para indultar a los casi mil terroristas y delincuentes mantenidos presos por su antecesor, el presidente Pinochet. Gracias a esto último Chile estaba pacificado, con la menor tasa de homicidios del hemisferio, sin conflicto en la Araucanía (cuyos caciques habían premiado al mandatario en agradecimiento), sin inmigrantes ilegales, bajo un clima general de paz interna y, en lo externo, a la cabeza del crecimiento en América. 

El mundo comentaba el "milagro chileno" y el inglés Niall Ferguson, en su libro The Ascent of Money comentaría: "los primeros fueron los militares chilenos. Thatcher y Reagan vinieron después".

Pues, en efecto, el régimen en el cual Guzmán había sido principal consejero presidencial había generado prosperidad, libertad, democracia y orden. Imperdonable. Había que matarlo.

El 2 de abril, pero de 1957 el Partido Comunista había perpetrado su enésima insurrección, desde su fundación en 1922, En 1948 había sido puesto fuera de la ley por Gabriel González Videla mediante la Ley de Defensa de la Democracia. La "ley maldita", según ellos, pues no les permitía urdir desde dentro del régimen la toma del poder total.

Ibáñez, cuyas políticas económicas habían generado la mayor inflación entonces en la historia del país, debió aplicar políticas estabilizadoras "impopulares", aconsejadas por la Misión Klein-Saks, traída de los EE. UU.  Algún consejero político de cortos alcances le debe haber dicho a Ibáñez que, para tranquilizar a la extrema izquierda en plena recesión, le hiciera un gesto, derogando la "ley maldita". Entonces los comunistas le "agradecieron" iniciando una violenta revolución que destruyó el centro, derribó todos los postes y asaltó las principales tiendas de Santiago. 

Pero al general no le iban "a venir con cosas": sacó las tropas a la calle y terminó el estallido al día siguiente de comenzado, con el correspondiente saldo de caídos. En ese tiempo los uniformados podían usar sus armas de servicio. Y los comunistas no habían formado todavía Amnesty International, creada en 1954, como lo acreditó el historiador chileno Claudio Véliz (ver revista del Centro de Estudios Públicos N° 108 de 2007) para inmovilizar la autodefensa de la autoridad, como en 1973-1990, cuando se ganó la guerra de las armas y de la economía, pero se perdió la posguerra de las palabras, el "relato".

Consecuencia, Chile vuelto a caer en manos de los rojos en 2021. ¿Alguien lo salvará por segunda vez?