HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN MILITAR CHILENA 1973-1990 (XX)

CAPÍTULO XVI

1988: “Sí” o “No”

El año del plebiscito presidencial

          El plebiscito del 5 de octubre de 1988 fue el acontecimiento del año y absorbió la preocupación de la opinión pública, cosa que el país podía permitirse, porque en lo material marchaba muy bien, como podrá apreciarse en el balance económico que se hace al final de este capítulo.

          La economía prosperaba como casi nunca antes. El orden público era mantenido eficazmente por el Gobierno. Conflictos graves surgidos en décadas posteriores, como el de la violencia y anarquía en La Araucanía, simplemente no existían entonces. En particular era inexistente ése, de supuesto carácter étnico, pues en 1988 la Junta de Caciques de esa región extendió a Pinochet un público reconocimiento, que constaba en un pergamino, como Gran Jefe Conductor y Guía (“Ullmen F’ta Lonko”) y le agradecía el otorgamiento masivo de títulos de sus tierras a los mapuches (1).

          Desde 1985 había entregado a más de mil familias de la etnia sus títulos de propiedad, llegando así a los 50 mil títulos saneados entre las regiones VIII, IX y X, correspondientes a 290 mil hectáreas (2).

          No en vano La Araucanía le daría su único triunfo regional en el plebiscito al “Sí” a Pinochet el 5 de octubre.

          Haciendo un recuento de estos logros, el Presidente había expuesto de manera bastante precisa los principios de una sociedad libre, tal vez sin proponérselo, al decir que había que seguir manteniendo “un respeto irrestricto del derecho de propiedad, la igualdad de oportunidades y la libertad cierta de las personas, la familia, la sociedad y la nación” (3).

          Pero la gran discusión nacional giraba en torno a si debía o no tener lugar el plebiscito, que estaba contemplado en el articulado transitorio de la Constitución.

          El régimen había avanzado metódicamente en la implementación de la institucionalidad legal que regiría bajo la plena democracia, representada por las leyes orgánicas constitucionales de Bases de la Administración Pública, del Congreso Nacional, de Votaciones y Escrutinios y de Partidos Políticos, todas estudiadas o en estudio en las Comisiones Legislativas que asesoraban a cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno, que fue el Poder Legislativo del país desde 1973 y también durante la transición.

          Pero el gobiernismo se dividió y la UDI formó tienda aparte, escindiéndose de Renovación Nacional. Ambas colectividades trabajarían después a la par por el plebiscito, pero desde entonces seguirán caminos y estrategias separados, incluso después de 1990, en que, tras un predominio inicial de RN, la UDI pasaría a contar con más adherentes y parlamentarios, excepto en la elección de 2017, en que RN la volvió a superar, tal vez porque la primera renunció a tener un candidato presidencial propio y apoyó al de RN.

          Contra la que parecía opinión predominante en los años ’90 (la de que distanciarse del Gobierno Militar rendía dividendos electorales) fue el partido que menos se alejó de él –la UDI-- el que hizo la mejor cosecha electoral hasta 2017.

El cardenal habla en España

          El cardenal Silva Henríquez, tenido por adverso al régimen militar, declaró a El País de España algunas cosas que seguramente molestaron a la izquierda chilena. Dijo, desde luego, “hay que perdonar a los militares”. “Si la reparación del mal causado va a despertar nuevas inquietudes en el Ejército, no se está obligado a ello, porque sería contraproducente y podría hacer volver el riesgo de un nuevo golpe”.

          En la misma entrevista el cardenal hizo un importante reconocimiento: “Los militares chilenos no querían entrar en el gobierno, pero los chilenos en su mayoría les exigimos y les impulsamos a esta tarea. Contribuyó también la torpeza de comunistas y socialistas (…) que intentaban instaurar la dictadura del proletariado”.

          Durante los años ’90 no hubo intentos de venganza contra los militares, pero a partir de la prisión de Pinochet en Londres, en 1998, la justicia de izquierda, que había pasado a ser mayoritaria en el Poder Judicial, desató una razzia contra ellos que no se detuvo después y, como no hubiera mandos uniformados enérgicos para oponerse a ella, basados en que –como lo confesó paladinamente la Corte Suprema en 2010— se estaba atropellando la legalidad vigente para juzgarlos, la venganza no sólo prosperó sino que se generalizó y magnificó hasta los mayores excesos, sin la menor reacción castrense ni, hay que decirlo, del resto de la sociedad, que toleró la prvaricación de los jueces.

          De las declaraciones del prelado a El País sólo queda hoy, entonces, la apreciación demasiado optimista del Cardenal acerca de la capacidad de reacción castrense y su reconocimiento de que los uniformados fueron llamados al poder por una mayoría ciudadana de la cual él confiesa, literalmente, haber formado parte (4).

Evolución de la salud general en el país

          Se achacaba comúnmente al Gobierno Militar haber sacrificado metas sociales para alcanzar mayor crecimiento económico, pero en marzo de 1988 la Oficina de Planificación Nacional (Odeplan) publicó cifras sobre “Evolución de la Salud en Chile” que probaron una notable mejoría en este aspecto del progreso social.

Ello se debió a que, junto con un mejor control del gasto, se consiguió mayor disciplina entre el personal público de la salud: mejor gestión, supresión de las huelgas ilegales y mayor exigencia de rendimiento (5).

En la misma publicación de Odeplan se consignaba otros avances:

          Por una parte se registró un aumento de la participación privada desde 1981, gracias a la creación de las Instituciones de Salud Previsional (Isapres): en 1981 atendían a 26 mil 500 personas; en 1987 a 490 mil (pág.5.)

          El Gasto Público en Salud, en pesos de 1986, subió de $39.931 millones en 1973 a $85.809 millones en 1985 (pág. 7).

          La distribución gratuita de leche y mezclas proteicas subió de 19.218 toneladas en 1972 a 42.078 toneladas en 1986 (pág. 8).

          El número de consultorios era de 134 en 1970 y subió a 319 en 1987; y el de postas rurales de 771 en 1970 a 992 en 1987 (pág. 9).

Las estaciones médico-rurales subieron de 13 en 1970 a 1.180 en 1980, si bien la inversión en infraestructura y equipos bajó de $ 3.935 millones en 1975 a $2.992 millones en 1986 (pesos de 1987) (pág. 10).

          Las atenciones de salud dental a escolares aumentaron de 3.945.878 en 1973 a 4.486.791 en 1985 (pág. 12).

          El número de profesionales por cada diez mil habitantes aumentó de la siguiente manera entre 1973 y 1985: médicos, de 4,36 a 4,60; dentistas, de 1,42 a 1,47; enfermeras, de 1,84 a 2,32 y matronas de 1,24 a 1,67. (Pág. 14).

          El número de controles y consultas médicas, que en 1970 fue 10.043.800, en 1986 subió a 30.718.700, es decir, por habitante subieron de 1,4 a 2,5 (pág. 15).

          La tasa de desnutrición infantil bajó de 15,9 % en 1976 a 8,7 % en 1985 (p. 16).

          La tasa de mortalidad infantil, que era de 82,2 por mil nacidos vivos en 1976, bajó a 19,1 por mil en 1986 (pág. 17). Fue la menor de Sudamérica ese año, seguido Chile de Argentina con 34 por mil y Uruguay con 38 por mil (pág. 18).

Como consecuencia de estos mejoramientos y otros, la esperanza de vida de los hombres chilenos aumentó de 58,5 años en 1969-70 a 64,7 años en 1980-85 y entre las mujeres de 63,8 a 70,4 años.

          Los partos sin atención profesional bajaron de 18,9 % en 1970 a 2,3 % en 1986 y la mortalidad materna cayó de 1,68 por mil nacidos vivos a 0,47 por mil (pág. 19).

          La mortalidad infantil por diarrea bajó de 14,6 por mil a 0,7 por mil y por bronconeumonía bajó de 23,6 a 2,7 por mil entre 1970 y 1985 (pág. 20).

          Entre 1970 y 1986 la cobertura de agua potable urbana subió de 66,5 % a 97 % y la de alcantarillado de 31,1 % a 77,4 %. El agua potable rural subió su cobertura de 34,8 % en 1973 a 70,3 % en 1986. (Págs. 23 y 24).

          Este conjunto de avances permitió que el Subdirector de la Secretaría de Desarrollo y Asistencia Social del Gobierno, Marcelo Astoreca, informara que “Chile exhibe el nivel de pobreza más bajo de América Latina”, tras concurrir a un encuentro en Montevideo auspiciado por el gobierno de Uruguay y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (6).

          Indudablemente, los derechos humanos de los chilenos a estar más sanoss y más tiempo vivos y más mejoraron grandemente durante el Gobierno Militar.

Calidad de vida

          El economista Álvaro Vial, director del Instituto Nacional de Estadísticas, hacía ver los cambios registrados en la calidad de vida de los chilenos bajo el régimen militar:

          “…en términos de vivienda, se ve que la calidad de ella ha aumentado de manera considerable. La vivienda cuenta ahora con paredes de mejor material y un mucho más alto porcentaje de ellas cuenta con agua potable y alcantarillado. El porcentaje de propietarios de la vivienda en que habitan también sube de manera importante.

          “Por otra parte, ha habido un fuerte incremento en los bienes que se tienen al interior de la vivienda. En efecto, ahora hay más de dos millones de televisores más que en 1970, 800 mil refrigeradores adicionales, 900 mil lavadoras que no existían. Por otra parte, aumenta sustancialmente el parque automotor y el número de computadores personales. En fin, avances notables no sólo en la cantidad de bienes que se tiene al interior de la vivienda, sino también en la calidad de ellos” (7).

El país más vigilado por derechos humanos

          Seguramente no hubo otro país en el mundo que estuviera sometido a una mayor vigilancia en materia de derechos humanos que Chile durante las décadas de los años ’70 y ’80. Desde 1973 la comisión respectiva de las Naciones Unidas lograba reunir mayorías políticas para condenar al país en este aspecto, aunque en todo un año el número de caídos en la lucha contra la subversión hubiera sido insignificante. Por ejemplo, como tantas veces hemos reiterado, apenas 9 en 1978.

          En 1988 se repitió la estrecha vigilancia. El historiador James Whelan anotó:

“De todas las organizaciones internacionales que se ocupaban de los derechos humanos en Chile, ninguna se ocupó más íntima y constantemente que la Cruz Roja Internacional. En marzo de 1988 un equipo de estudiosos de la Heritage Foundation de Washington, hizo una visita de una semana de duración a Chile, en busca de información sobre los hechos. Un memorándum interno, preparado después de su regreso, informaba sobre conversaciones con el doctor Jean Francois Bonard, quien realizaba su segunda gira de trabajo para la Cruz Roja en Chile.

“Según el informe, Bonard dijo que el primitivo acuerdo se había ampliado, de modo que ‘él podía entrar a cualquier prisión en Chile, en cualquier momento, para ver a cualquier prisionero. Él no tenía que concertar una cita ni avisar que iría’. También dijo que los médicos de la Cruz Roja tenían autorizado el acceso inmediato y sin condiciones a cualquier prisionero, excepto los que estaban incomunicados” (8).

La Revolución Militar Chilena se abrió como ningún otro país a que la examinaran en materia de derechos humanos todo lo que quisieran, tanto sus detractores como los compañeros de ruta de éstos o los que tuvieran sincera inquietud por el tema. Seguramente no había otra nación en la Tierra dispuesta a ceder soberanía con tal de que “inspectores” foráneos revisaran hasta sus últimos rincones en prevención a cualquier posibilidad de atropello a los derechos de sus habitantes.

Avance en el sector minero

          Los principales rubros de la producción minera aumentaron dos o más veces la producción entre 1973 y 1988. He aquí un cuadro comparativo entre 1973 y 1988, resumido por el autor, del presentado por el ministro de Minería, Samuel Lira Ovalle, “Realizaciones Sector Minería 1973-1988” en Política, revista del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Chile, Editorial Universitaria, 1989, p. 169:

          Cobre, de 735.400 a 1.450.000 tons. métricas.

          Cobre refinado, de 414.800 a 1.013.000 tons. métricas.

          Molibdeno, de 4.891 a 15.527 tons. métricas.

          Plata, de 156.732 a 506.501 kg. de fino.

          Oro, de 3.226 a 20.614 kg. de fino.

          Carbón, de 1.293.000 a 2.470.000 tons. métricas.

          Yodo, de 2.211 a 3.600 tons. métricas.

          Litio (carbonato) de 2.110 a 7.332 tons. métricas.

Mejoría en la agricultura

          El ministro de Agricultura, Jorge Prado Aránguiz, dio a conocer los grandes avances logrados en ese campo de la producción:

          La balanza comercial silvoagropecuaria tuvo un saldo negativo de 565 millones de dólares en 1973, y pasó a tener uno positivo de 1.369 millones 900 mil dólares en 1988.

          Las exportaciones de fruta subieron de US$ 15.400.000 a US$ 668.826.000. La superficie frutícola subió de 65.730 hectáreas en 1973 a 161.950 hectáreas en 1988.

          La superficie forestal artificial aumentó de 290.000 hectáreas en 1973 a 1.350.000 hectáreas en 1988, y las respectivas exportaciones subieron de US$ 36,4 millones en 1973 a US$ 730,1 millones en 1988.

          El empleo en la agricultura más que se dobló entre ambas fechas, mientras la desocupación cayó del cuatro al dos por ciento en el sector.

          La producción de carne más que se dobló entre ambas fechas, mientras la de leche subió de 855 millones de litros a 1.120 millones (9).

Progresos en vivienda

          A través de los sistemas de subsidio para viviendas populares fueron construidas 470 mil casas entre 1973 y 1988, en lo cual tuvo un papel preponderante la actividad incansable del ministro de la Vivienda, Miguel Ángel Poduje. Él escribía:

          “El año 1973 Chile se veía enfrentado a uno de los peores males sociales: los campamentos (nota del autor: terrenos usurpados con viviendas improvisadas de material ligero y sin urbanización alguna). Sólo en la Región Metropolitana, en 1973 sobre 75.000 familias vivían con este drama. Al año 1988, sea a través de los planes de erradicación o saneamiento, se ha solucionado alrededor de 68 mil situaciones, quedando alrededor de 3.000 por solucionar. De esta forma, estamos en los albores de dar por solucionado este tipo de marginalidad habitacional, siendo ahora lo prioritario el caso de los ‘allegados’” (nota del autor: personas viviendo en un hogar ajeno) (10).

Rupturistas y conciliadores

          Si el Gobierno se hubiera guiado por la opinión predominante entre los dirigentes políticos, habría propuesto modificar la Constitución y, en lugar del plebiscito presidencial contemplado en el articulado transitorio, habría instado por una elección abierta del siguiente Presidente de la República. Pero la línea del ministro del Interior, Sergio Fernández, era la de ceñirse al texto constitucional que establecía el plebiscito presidencial como culminación de la transición.

          La extrema izquierda comunista y socialista, que había sido derrotada en el “campo de batalla” creado por el brazo armado del PC, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), cuya acción armada supuestamente iba a culminar, según sus optimistas pronósticos, en el “año decisivo”, 1986, el de la internación de armas y el atentado a Pinochet, pese a haber fracasado, no había abandonado su línea dura y proclamaba que el país debía empezar de cero una vez que terminara –de la manera que fuese— el régimen militar.

          Pero había otra línea más realista y, por tanto, conciliadora, que personificaba el líder de la Democracia Cristiana, Patricio Aylwin. Éste, tras el fracaso del Acuerdo Nacional de 1985, había vuelto a reiterar una frase suya de 1984, que había irritado sobremanera a la izquierda marxista: “Estoy dispuesto a aceptar la institucionalidad vigente para cambiarla”.  Ello implicaba un reconocimiento al carácter democrático de dicha institucionalidad, pues si sus oponentes consideraban que podía ser cambiada “desde dentro” quería decir que la consideraban apropiada para una alternancia en el poder, es decir, una salida democrática.

          Dentro de esa estrategia estaba la idea de pedir, entonces, “elecciones libres”, por contraposición al plebiscito presidencial. Pero el Gobierno Militar se mantuvo firme en el itinerario de la transición establecido en la Constitución. En vista de eso, ya a fines de 1987 la Democracia Cristiana aceptó la idea de participar en el plebiscito, naturalmente que tras la bandera del “No”.

          En enero de 1988 la izquierda rupturista, que formaban la llamada Izquierda Unida, integrada por el PS-Almeyda, procomunista; el PC, ambos MAPU, el MIR y la Izquierda Cristiana, terminó también por aceptar el plebiscito, aunque “salvó la cara” con una rimbombante invectiva de Almeyda que aseguraba haber adoptado “la decisión clara y tajante de levantar un gigantesco y combativo NO a Pinochet y su régimen” (11).

          Por supuesto, ese lenguaje resulta hoy incompatible con la versión de que imperaba una “dictadura”, que el metódico lavado de cerebros practicado por sucesivos gobiernos de centroizquierda ha instalado en el Chile actual después de 1990.

          En vista de todo, el 2 de febrero se concreta el acuerdo opositor para votar por el “No” y se forma la Concertación de Partidos por la Democracia. Firman la carta de constitución la DC, el PS-Almeyda (no renovado), el Mapu Obrero-Campesino (ex DC emigrados a la extrema izquierda), el Mapu (ex DC emigrados a la izquierda menos extrema), el PR-Luengo-Silva Cimma (radicales unipopulistas), la IC (ex DC revolucionarios de izquierda), la Social Democracia (radicales de izquierda moderada), el PS-Núñez (renovados), el Padena (antiguo “partido bisagra” de centroizquierda), el PH (formación humanista nueva), la Unión Socialista Popular (socialistas moderados, herederos de Raúl Ampuero) y la Unión Liberal Republicana (derecha opositora). Es decir, la DC más la UP más los derechistas pasados a la oposición.

          El vicepresidente de la DC, Andrés Zaldívar, en el talante inmoderado que había provocado años antes su prohibición de reingresar al país y que no lo había abandonado del todo, declaraba que se lucharía para ganar el plebiscito o “descalificarlo” (12). Es decir, “si ganamos nosotros, vale; si no, no vale”.

El presidente del partido, Aylwin, era más moderado y declaraba que si ganara el “Sí” en un proceso correcto, también sería respetado. Y los comunistas, típicamente, manifestaban que votarían “No” y desconocerían el triunfo del “Sí” (13).

El papel de la DC

          En las proximidades del plebiscito fue decisivo el papel de la DC. Pocos han descifrado tan bien el jeroglífico de las indecisiones, idas, vueltas y vacilaciones de este partido reconocidamente ambivalente de la política chilena, durante el Gobierno Militar, como el historiador norteamericano James Whelan:

          “La Democracia Cristiana (PDC) y muchos que la seguían de cerca, más que marchar trastabillaron a través de cuatro fases identificables. La primera, desde 1973 hasta 1975, fue principalmente de apoyo a la revolución, si bien con creciente malhumor. La segunda, un período en que estuvieron a la deriva, reventó en la tercera: activismo político y renovadas alianzas con la extrema izquierda. Esto se concentró en la lucha anterior y posterior a 1980. La crisis económica que se inició a mediados de 1981 se convirtió en el deus ex machina que rescató al partido de su languidez y confusión. Aprovechando para nutrir el descontento popular y la ansiedad causadas por la crisis, una vez más el partido hizo causa común con la extrema izquierda (aunque no formalmente con los comunistas) en lo que, confiadamente, se creía que sería un movimiento que forzaría la salida de Pinochet. Costó que muriera la idea de que Pinochet podría ser expulsado mediante la presión popular y, al final, fue sobrepasada por los acontecimientos. Al comienzo de 1987, la transición a la democracia –por imperfecta que fuera--  era ya algo que estaba sucediendo de hecho. Para el PDC la última fase comenzó a principios de 1987; se concentró en una movilización política interna y externa, diseñada para colocar al partido como el catalizador de una coalición capaz de capturar el poder. Basado en el axioma de que, si usted no puede vencerlos es mejor unirse a ellos, los democratacristianos y una miscelánea de partidos contrarrevolucionarios menores se unieron al proceso. Dado que tanto en el PDC y entre los sin rumbo aliados con ellos despreciaban tanto a los inventores del proceso como a la maquinaria que ellos habían diseñado, la ‘incorporación’ fue malhumorada y consumada con inseguridad. Como lo ha hecho notar el erudito Michael Fleet, la suerte del PDC ha tenido altos y bajos claramente en la medida en que los ha tenido la economía: ellos prosperan más en los momentos de penalidades.

          “Pero a fines de 1987 y comienzos de 1988 era cuestión de hacer política o perecer y por eso los democratacristianos se veían, sonaban y actuaban crecientemente con la fanfarronería y prepotencia que, muchos años antes, había hecho que aun su admirador ‘New York Times’ se refiriera a ‘una inflexibilidad que muchos consideraban arrogancia” (14).

El logro de la Carretera Austral

          El camino que parte en el hito cero al sur de Puerto Montt hasta el kilómetro mil en Chile Chico, en la ribera del lago General Carrera, XI Región, es completado en abril de 1988. Su construcción comenzó en 1976 con el empuje del Cuerpo Militar del Trabajo y fue incesantemente avanzando durante doce años de labor ininterrumpida. Fue el principal legado material de la Revolución Militar.

          Paralelamente se consagra beneficios a la inversión y reinversión en los territorios de Aysén, Chiloé y las comunas de Chaitén, Futaleufú y Palena, en la provincia de este último nombre. Al efecto se había dictado la ley N° 18.270 de 21 de diciembre de 1983, que otorgó títulos gratuitos de dominio a personas naturales chilenas que estuvieren ocupando y trabajando tierras desde cinco años antes en la XI Región.

          La Carretera Longitudinal Austral está destinada a ser la espina dorsal de un proceso de colonización y civilización de ese territorio chileno escasamente habitado y que, en las proyecciones concebidas por Pinochet desde que era profesor en 1954 en la Academia de Guerra, él preveía capaz de albergar a diez millones de habitantes.

          El impacto de esa monumental obra ni siquiera ha sido desconocido por los detractores del Gobierno Militar. El entonces ministro de Obras Públicas y después Presidente de la República, Ricardo Lagos, declaró en 1994: “Cuando se escriba la historia de Chile en el siglo XX, uno de los elementos más destacables va a ser la construcción de esta ruta” (15). Un inequívoco elogio a Pinochet sin nombrarlo, porque dicha ruta se comenzó y terminó siendo éste Presidente de la República.

Nace la Concertación

          Habiendo en la oposición concordancia en adoptar una línea conciliatoria, ello debía derivar, entonces, en que se formara una coalición política que reemplazara tanto a la fenecida Alianza Democrática de los años previos como al Movimiento Democrático del Pueblo (MDP) rupturista y liderado por los comunistas, contra el cual el fundador de la UDI, Jaime Guzmán Errázuriz, había promovido acciones judiciales dirigidas para declararlo inconstitucional, cosa que había conseguido.

          La nueva coalición opositora fue bautizada en febrero de 1988, como más arriba se dijo, como Concertación de Partidos por el No, un pacto que firmaron diecisiete colectividades que iban desde la izquierda a la derecha. Pero el MIR y el Partido Comunista persistían en su antigua postura insurreccional, no sin cierto agrado de los concertados, porque sus acciones terroristas y violentas no tenían buena acogida ciudadana y no derivaba en futuros votos para los perpetradores de las mismas.

          La Concertación tuvo un éxito inicial que terminaría por transformarse en final y por tiempo indefinido: instaló la idea falsa, mediante una propaganda masiva y generosamente financiada –era notoria la ayuda externa que recibía, del Endowment for Democracy norteamericano y en particular del aporte todavía mayor de Europa— de que se estaba eligiendo entre la continuación de un gobierno militar y un régimen democrático.

          La verdad era, sin embargo, otra: las mismas normas constitucionales plenamente democráticas, con elección popular de parlamentarios, libre creación de partidos políticos y amplia vigencia de las libertades individuales, iban a regir si el Presidente era Augusto Pinochet u otra persona.

          Si triunfaba el “Sí” en el plebiscito presidencial, la plena democracia establecida en el articulado permanente de la Constitución iba a entrar a regir el 11 de marzo de 1989, con elecciones parlamentarias libres y previas. Es decir, con un Presidente Pinochet ya elegido por ocho años hasta 1997 y un Congreso legislativo democráticamente electo, con la salvedad de algunos senadores constitucionalmente designados en razón de sus desempeños republicanos previos (ex Presidentes de la República, un ex ministro de Estado, dos ex ministros de la Corte Suprema, un ex Contralor General de la República, un ex Comandante en Jefe o General Director por cada rama de las Fuerzas Armadas y Carabineros y un ex rector universitario).

          Si hubiera ganado Pinochet, habrían tenido lugar las elecciones parlamentarias también en 1989 y habrían entrado a regir un año antes las normas permanentes de la Constitución, que garantizaban el pluralismo y la plena democracia. Así es que, en ese sentido, el triunfo del “Sí” habría implicado la plena democracia un año antes. Pero esto no logró transmitirse al electorado, a gran parte del cual se le llevó a creer –y posiblemente sigue creyendo, como lo probaron declaraciones del presidente Piñera en 2013— que si triunfaba el “Sí” iba a continuar el régimen militar de excepción que ya duraba casi 17 años, lo cual era falso.

Inscripción en los registros electorales

          Comenzó entonces una carrera por inscribirse en los Registros Electorales establecidos en la recientemente dictada Ley de Votaciones Populares y Escrutinios, promulgada en mayo de 1988. La premura popular por inscribirse llevó a los comunistas y al MIR, finalmente, a someterse a la nueva institucionalidad y a decidir participar en el plebiscito, en junio de 1988.

          Ese mismo mes ya habían iniciado trámite de formación, de acuerdo con la ley orgánica constitucional respectiva, dieciséis partidos políticos, de los cuales uno solo era pro-gobierno: Renovación Nacional, que logró reunir el número de firmas (aproximadamente 35 mil, como se exige hasta hoy, 2018) y constituirse. En su interior se habían fundido dos corrientes partidarias del régimen que mantenían soterradas pugnas: Unión Nacional y Unión Demócrata Independiente (UDI).

          El proceso fue impulsado con mano firme por el ministro del Interior que sucedió en 1985 a Sergio Onofre Jarpa, el independiente Ricardo García Rodríguez, un abogado intachable. En la oposición despertó confianza, tanto que hasta se registra una declaración del líder DC, Patricio Aylwin, afirmando estar dispuesto a reconocer el triunfo del “Sí”, si tiene lugar tras un “plebiscito limpio” (16).

El minuto de Lagos

          En el programa televisivo De Cara al País, de Canal 13 de la Universidad Católica, cuyos panelistas eran la periodista de izquierda, Raquel Correa, la doctorada en Filosofía y Letras de Oxford, Lucía Santa Cruz, de centroderecha, y el abogado y periodista Roberto Pulido, director del semanario Qué Pasa, compareció en abril el dirigente socialista Ricardo Lagos, considerado en ese tiempo como un talento de la izquierda, abogado y con un máster en Economía en la Universidad de Duke, EE. UU., quien espetó durante su intervención la siguiente invectiva:

          “Y ahora (Pinochet) le promete al país otros ocho años con torturas, con asesinatos, con violación de los derechos humanos. Me parece inadmisible que un chileno tenga tanta ambición de poder. Pretender estar veinticinco años en el poder” (17).

          Por supuesto, a Lagos nada le sucedió, pese a que la leyenda negra sostenía que en Chile no se podía criticar a Gobierno ni menos insultarlo.

          En otra edición de De Cara al País a la que fui invitado como partidario civil de la Revolución Militar, el periodista Roberto Pulido, director de Qué Pasa (semanario que yo había contribuido a fundar como parte de un grupo numeroso, el Grupo Portada), me aseguró antes del programa que el plebiscito, cuya fecha exacta no se había dado a conocer, iba a tener lugar el 5 de octubre y que lo sabía de muy buena fuente. Añadió que se proponía preguntarme durante el programa si yo conocía la fecha. Efectivamente lo hizo y yo, que tenía plena confianza en Pulido, respondí:

          --No tengo información oficial, pero una fuente confiable me aseguró que iba a ser el 5 de octubre.

          Esto provocó bastantes comentarios y, de hecho, la fecha del plebiscito fue el 5 de octubre. Mi fuente fue Roberto Pulido, que no quiso revelarme la suya.

Incertidumbre sobre el resultado

          En agosto el Episcopado, curiosamente, pedía un candidato de consenso entre el Gobierno y la oposición para el plebiscito. Pero el almirante Merino desechó de plano la propuesta. Con todo, la actitud de los prelados ponía de manifiesto la inquietud que despertaba el posible resultado.

          La encuesta Gallup dada a conocer más arriba daba como ganador al “Sí”, pero con una mayoría de indecisos. Las encuestas posteriores, de otras firmas, eran mayoritariamente favorables al “No” y, comparadas a posteriori con el resultado final, sistemáticamente subponderaron la votación del “Sí”, lo que hablaba de un “voto oculto” en favor de éste que muchos encuestados no se atrevían a revelar. Pero todas coincidían en que había un alto número de indecisos.

De hecho, el mismo día del plebiscito El Mercurio publicó en primera plana una encuesta que daba como triunfador al “Sí”. Una periodista norteamericana de alguna gran cadena de allá me entrevistó en la fila que yo hacía para votar, con un ejemplar del diario en la mano. Yo le aseguré creer que el resultado iba a ser el previsto por la encuesta, pero entonces ella sumó las cifras que indicaba el diario y me señaló que daban más del 100 %, lo que me produjo una enorme desazón que no debe haber pasado inadvertida para los telespectadores norteamericanos que después vieron la escena en los noticiarios.

El “No” tuvo una ventaja propagandística y de financiamiento (norteamericano y europeo) importante y logró instalar cifras convincentes, como la entregada por el dirigente socialista Ricardo Lagos, que afirmó que en 1988 Chile era un doce por ciento más pobre que en 1970, en circunstancias que en el primero de esos años se había puesto a la cabeza de América Latina, mientras en el segundo ocupaba un lugar muy inferior en el ranking del PIB continental. Las estadísticas “dan para todo”.

El vicepresidente de la DC, Andrés Zaldívar, por su parte, afirmaba que “el Jefe de Estado intenta ignorar que en Chile hay 5 millones de pobres, que el país dispone de menos bienes y servicios que en 1970” y que los chilenos vivían una situación dramática, con una distribución del ingreso deteriorada gravemente” (18).

De acuerdo con lo expresado por estos líderes opositores, nadie habría podido creer que vivía en un país sin escasez, que crecía al 8 por ciento anual, con el desempleo en fuerte disminución y el ingreso por habitante más alto de América Latina.

A su turno, Pinochet replicaba: “Nadie puede desmentirnos de cómo hemos sido capaces de disminuir la extrema pobreza casi a la mitad de la existente en 1973” y afirmaba que “los índices sociales demuestran que Chile puede compararse a países desarrollados” (19).

Pero el apoyo internacional para el “No” es incontrarrestable. Washington materializa su apoyo económico, como antes se señaló, vía el National Endowment for Democracy (NED), que financia a numerosas entidades opositoras de carácter sindical, académico y periodístico. Pinochet lo sabe y lo describe como “un acto de intervención que no puede ser visto con agrado por la mayoría de los chilenos, incluso por amplios sectores de la oposición” (20).

El embajador norteamericano, Harry Barnes, que sistemáticamente contradice los buenos augurios que el Presidente Reagan ha expresado al Gobierno Militar, señala que las ayudas a la oposición no implican una intervención en los asuntos internos de Chile, sino que se trata de “promover la participación y la educación cívica, procesos que corresponden a toda democracia real” (21).

Normalidad constitucional

          El 23 de agosto se puso término a todos los estados de excepción vigentes. El 30 del mismo mes la Junta anunció que propondría al país como candidato presidencial a ser plebiscitado a Augusto Pinochet Ugarte. El general Matthei aseguró que uno de los compromisos tomados por el Presidente consistía en que, de triunfar, asumiría el mando ya retirado del Ejército y como civil.

          Durante meses se había especulado con otros nombres, distintos del de Pinochet, como candidato propuesto por la Junta para el plebiscito, pero desde el año anterior ésta había anticipado que si el Presidente pedía ser él el designado, lo respaldaría.

          Pinochet aceptó la candidatura en un discurso transmitido por cadena nacional. Se dijo que eligió entre dos textos, uno presentado por el ministro del Interior, Sergio Fernández, enfocado en el futuro y dejando atrás el pasado; y otro, preparado por Francisco Javier Cuadra, ex ministro Secretario General de Gobierno y a la sazón embajador ante el Vaticano, a quien se habría hecho venir especialmente para prepararlo. Estaba basado en describir los logros del Gobierno y exponer el peligro del regreso del marxismo. Pinochet eligió este último.

          Mi recuerdo personal fue que, al oírlo “de cuerpo presente”, pensé que Pinochet estaba perdiendo una oportunidad de captar electores indecisos. Gonzalo Vial atribuye a Fernández la reflexión de que ese discurso redactado por Cuadra fue una contribución decisiva a la posterior derrota.

          A mediados de 1988 había dieciséis partidos políticos haciendo trámites para reunir las firmas necesarias y legalizarse. Sólo uno, Renovación Nacional, las había completado, pero la DC estaba cerca y los socialistas (de Núñez y de Almeyda) se habían unificado, mientras aparecía un “partido instrumental” formado por Lagos, el Partido por la Democracia, que, dicen, una vez vencedor el “No”, se disolverá… lo que no ha sucedido hasta 2018, aunque ahora parezca a punto de...

          El 1° de septiembre terminó oficialmente el exilio, es decir, la prohibición de reingresar al país, que era el único “exilio” que había, excepto para quienes cumplían condenas judiciales de extrañamiento, que eran 177.

          Regresaron, antes del plebiscito, personalidades destacadas, como la viuda de Salvador Allende, Hortensia Bussi, que se instaló en un confortable departamento de la Av. El Bosque, en Providencia, en cuyo edificio también vivía mi colega abogado, periodista y compañero de la Redacción de El Mercurio, Tomás P. Mac Hale. Ese departamento había ido alhajado para ella por la embajada norteamericana (¡), según documenté más arriba.

Reducción de la deuda externa

          Económicamente el país marcha cada vez mejor y en julio se puede anunciar una nueva reducción de la deuda externa en 1.208 millones de dólares, situando a Chile como la nación que más pronto ha podido recuperarse de la “década perdida de América Latina”.

La aplicación de las normas del capítulo XIX del Compendio de Normas de Cambios Internacionales facilita la adquisición de activos chilenos y pago de deuda interna mediante compra de papeles de deuda nacional en el extranjero a una fracción de su valor nominal. Los que saben hacer el negocio lo hacen y durante una visita al país del presidente del BID, Enrique Iglesias, éste afirma que “están ocurriendo cosas muy interesantes que obviamente facilitan la acción del Banco; en la medida que la situación macroeconómica mejore y se controle, descienda la inflación, se exporte más, todo se hace mucho más fácil para los organismos multilaterales” (22).

          El 4 de agosto de 1988 el ministro de Hacienda, Hernán Büchi, suscribe un acuerdo de repactación de la deuda externa con los representantes de 400 bancos acreedores.

          Estas buenas noticias lo son para todos y por eso Pinochet puede afirmar que en abril se comprobó una baja del índice de extrema pobreza del 21 % al 14 % (23). Pero la oposición insistía en que había cinco millones de pobres, es decir, el 45 % de la población.

La campaña plebiscitaria

          El Gobierno parecía tener medios limitados para hacer campaña, por comparación con los generosos aportes norteamericanos y europeos que recibía la oposición. Se me pidió que participara en la franja televisiva del “Sí” y recuerdo que acudí a grabar mi espacio junto a un campesino al cual conocía bien, Manuel Lorca Severino, que había prosperado desde la pobreza a una situación holgada durante el Gobierno Militar, gracias a su espíritu emprendedor y las libertades económicas que el régimen restableció. Me llamó la atención lo rudimentario del local de grabación, que hasta tenía piso de tierra, en un recinto antiguo y con paredes de adobe. El entorno acusaba pobreza electoral.

          En consecuencia, participé en el primer episodio de la “franja electoral” televisiva, que era de quince minutos para cada opción y se transmitía por cadena a las once de la noche. La presentación de Manuel Lorca, que iba conmigo, fue suprimida, pero la mía se exhibió y puede verse todavía en YouTube. Al día siguiente hubo consenso en la superioridad técnica y argumental de la franja del “No”, apoyada por tecnología aportada desde el extranjero y mucho talento local. Sigo pensando que el testimonio de Manuel Lorca sobre los beneficios para los pobres de la libertad económica habría aportado mucho más que el mío al triunfo del “Sí”.

          Debo confesar que cuando se consultó desde el Gobierno a diferentes personas afines sobre la existencia de una franja electoral televisada yo fui de la opinión, como miembro de una de las Comisiones Legislativas, de que no debía haberla en favor de ninguna de las opciones, lo cual no creaba discriminación entre ambas y permitía mantener el predominio que tenía el Gobierno en materia de comunicaciones, sobre todo en la televisión. Pero el Tribunal Calificador de Elecciones impuso la visión contraria y ordenó que cada parte tuviera su “franja” de quince minutos diarios gratuitos en la televisión.

          De este modo, si bien ella constituyó un éxito de audiencia, el abuso por parte del espacio opositor de imágenes de “atropellos” supuestos a las personas por parte del Gobierno fue infinito (recuerdo, en particular, un episodio en que aparecía una señora de edad, que yo conocía, y partidaria del “Sí”, asfixiada por los gases lacrimógenos lanzados por Carabineros durante una violenta protesta callejera realizada en el centro por gente del “No”, mientras el locutor, mi ex compañero de colegio, Patricio Bañados, repetía, “No más, esto no puede seguir sucediendo”, sin añadir que los desórdenes los habían provocado extremistas del “No”, que el uso de gas lacrimógeno había resultado inevitable y había afectado por igual a partidarios y adversarios del régimen que hubieran estado circulando por las calles del centro durante los desmanes opositores, y que la señora semiasfixiada era partidaria del Gobierno).

          El Presidente y las autoridades se desplegaron por el país, como también lo hicieron los dirigentes políticos de la oposición. Eficacia propagandística tuvo también el subsidio habitacional, idea del economista Miguel Kast, que perfeccionó el ministro de la Vivienda entre 1984 y 1988, Miguel Ángel Poduje, un personaje que ganó una enorme popularidad nacional y si hubiera tenido vocación política habría obtenido impensados éxitos, pero no quiso postular al Senado en 1989, como se le ofreció.

El subsidio se otorgaba según puntajes asignados siguiendo criterios objetivos, a habitantes de escasos recursos y facilitó el acceso popular a soluciones habitacionales definitivas (24).

Pero el “Sí” sufría importantes deserciones, como la del propio general Gustavo Leigh, uno de los cuatro originarios del 11, que declaraba a la revista Cauce de 17.09.88, una publicación de izquierda, su decisión de votar “No”.

La superioridad económica del “No” contrapesaba la ventaja que el respaldo oficial confería al “Sí”. A la ayuda que el National Endowment for Democracy, representativa de decenas de millones de dólares, reforzada por el denominado Plan Agosto de financiamiento norteamericano, se añade la entrega de dineros a la oposición por parte de Alemania Federal, Andorra, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Suiza y Suecia, además de la Comunidad Europea como tal. Todavía otros fondos llegan de los Estados Unidos, Canadá, Argentina y Costa Rica (25).

          El Gobierno Militar, solo contra el mundo, ha visto cumplirse el sueño de Brezhnev y su KGB: ha sido universalmente denostado. Sólo que ambos desaparecieron antes de que Pinochet y la Junta dejaran sus cargos y, probablemente y en alguna medida, debido a Pinochet y la Junta, que fueron el origen de las exigencias en materia de respeto a los derechos humanos que hicieron inviables los socialismos reales y fueron los primeros en demostrar en la práctica que la libertad económica en un país, Chile, podía resultar exitosa para superar las peores crisis imaginables.

Señales de normalidad democrática

          En la realidad, ya habían quedado atrás en el país las estrategias rupturistas que partían por pedir el abandono del poder por parte del Presidente y la Junta. La tarea iniciada hacía más de 16 años en el Departamento de Desinformatsiya en el sentido de demonizar mundialmente a los militares chilenos había tenido éxito propagandístico, pero cero resultado práctico.

Chile podía ser vilipendiado en la prensa internacional, pero los fríos números decían que era el país más exitoso de América Latina y el primero en salir de la crisis de la deuda y de la “década perdida de América Latina”, la de los ’80.

Además, acá imperaba el orden. Los terroristas y delincuentes sabían a lo que se exponían. El actual “conflicto de la Araucanía” simplemente no existía. Los habitantes de la etnia mapuche no sólo no albergaban a los revolucionarios, sino que eran partidarios del Gobierno militar y lo demostrarían votando mayoritariamente por el “Sí” a Pinochet en el plebiscito de octubre.

Aunque en mayo el Gobierno prorroga el Estado de Emergencia, que había sustituido al Estado de Sitio reimplantado en el “año decisivo” de la ofensiva armada comunista, 1986, suspendido para el plebiscito, se permitió relajar el clima autoritario y permitir el regreso al país de otras 25 personas que tenían prohibición de hacerlo, entre ellos destacados revolucionarios de izquierda, como Américo Zorrilla, comunista; Jacques Chonchol, impulsor de la Reforma Agraria confiscatoria de izquierda bajo Frei Montalva; y el abogado de izquierda Sergio Insunza.

Gran participación electoral

          La mayor ayuda que recibió el “Sí” al final de la campaña fue de parte del FPMR comunista, cuyos atentados dejaron sin luz a la capital en una de las noches anteriores al plebiscito, generando la molestia de la ciudadanía. Pero eso no alcanzó: finalmente el “No” ganó con el 54,7 % de los votos, es decir, 3.959.495; el “Sí” obtuvo el 43 %, 3.111.875.

          Votaron 7.236.241 personas, el 97,3 % de los 7.435.913 inscritos. Nunca después se ha vuelto a registrar un interés tan grande por sufragar.

          La sorpresa en el extranjero fue grande, porque la propaganda izquierdista se había ocupado durante 16 años de  divulgar por todas partes que el Gobierno Militar era una dictadura implacable y no tenía partidarios. Pero resultó que los tenía, si bien en un número inferior al esperado por el Gobierno, aunque también mucho mayor que lo esperado en el extranjero, sometido al bombardeo informativo tendencioso. Y también mucho mayor que el anticipado por las encuestas, que salvo una, Gallup, no le asignaban al “Sí” más del 30 %.

Demora de los resultados

          Fue muy criticado el hecho de que el Gobierno Militar demorara hasta las dos de la madrugada la entrega de los cómputos finales del plebiscito del 5 de octubre. Entretanto, el comando del “No” los entregó más temprano, pero visiblemente exagerados, atribuyéndose un 62,65 % de los votos.

          Pero había razones, según explica el ex ministro Alfonso Márquez de la Plata: “Cuando alrededor de las 10 de la noche se tenía un alto porcentaje de la votación masculina, el voto femenino no representaba más del 10 %. Se originó entonces una situación conflictiva. La tendencia del sufragio en los hombres se había revertido a esa hora y su votación era favorable a la opción ‘No’. (…) No debemos olvidar que Jorge Alessandri perdió la elección en las mesas de hombres en 1958 y ganó en las de mujeres por un importante margen, que le permitió suplir esa diferencia y derrotar así a Salvador Allende. En los hombres, Alessandri obtuvo 241.900 sufragios, superándolo Allende con 259.049. Pero éste logró sólo 97.084 en las preferencias de las mujeres. Éstas le entregaron 148.009 votos a Alessandri y por esa diferencia favorable éste llegó a la Presidencia de la República. Me pregunto ¿qué habría ocurrido en las grandes ciudades del país si se anunciaba a las 10 de la noche el eventual triunfo del ‘No’, y a las dos de la mañana la información señalaba como ganador al ‘Sí’, porque se había dado la tendencia de otras elecciones y las mujeres variaban el cuadro electoral?” (26).

          Se había especulado con un dispositivo militar que tendría por objeto declarar una situación de emergencia y suspender el plebiscito. Incluso días antes de la fecha del mismo, en una recepción en la embajada norteamericana, se me acercó Harry Barnes, el embajador, y me dijo, llevando en la mano un ejemplar de mi libro “Sí o No”, que yo le había dedicado un año antes como “amigo” (pues lo éramos) y me dijo:

          --Como tu amigo, te digo que Mónica Jiménez me ha dicho que el general Sinclair le manifestó que el Ejército suspendería el plebiscito.

          Yo le respondí que eso era imposible.

Años después conversé el tema con Mónica Jiménez y el general Sinclair y lo único que saqué en limpio fue que el primero le había dicho a ella que habría un gran dispositivo de seguridad para evitar atentados, el cual resultó justificado desde que la propia noche antes del plebiscito Santiago sufrió apagones debidos al derribamiento de torres de alta tensión por atentados del FPMR. Entonces ella le refirió eso a Harry Barnes, que entonces habría, para emplear un término norteamericano, jumped into conclusions (“saltado a conclusiones”).

          El general Matthei, miembro de la Junta, al acudir a una reunión de ésta en la noche del 5 a La Moneda, anticipó que había ganado el “No”, sin esperar los resultados oficiales y basándose sólo en los divulgados por la “Concertación de Partidos por el No”. Su actitud se prestó para comentarios en el sentido de que Pinochet no estaba decidido a reconocer el resultado del plebiscito. Pero Matthei, en carta a El Mercurio de muchos años después, del 10 de enero de 2012, aclaró que nunca Pinochet manifestó algo así, cosa que el ex ministro del Interior, Sergio Fernández, siempre ha sostenido (27).

          Algún historiador ha comentado la supuesta disposición díscola de Matthei, que se habría manifestado cuando el ministro Fernández expresó que los comicios habían sido una victoria para la institucionalidad, que el “Sí” había obtenido una alta votación y que se había obtenido una victoria en defender el camino de la transición, ante lo cual el general habría preguntado:

“¿Por qué, en tal caso, no hace traer champaña para celebrar el triunfo?” En sus memorias, Fernández confirma que el aviador le hizo esa pregunta (28).

La verdad precisada por Mattehi

Pero en su carta aclaratoria final a El Mercurio sobre estos hechos el general Matthei ni siquiera menciona ese episodio. Dice:

“Hace unos días fui aludido en una carta a su diario respecto del plebiscito presidencial de 1988”, añadiendo:

“Considero mi deber precisar, por primera vez en un texto escrito, mi postura sobre este tema, que ha dado origen a ciertas versiones que no se ajustan a la verdad histórica.

“Reiteraré aquí y ahora los cinco puntos clave que definen mi posición y que expresé con estos mismos términos el 4 de marzo de 1991 en la declaración oficial de la Fuerza Aérea de Chile sobre el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación.

“Primero, compartí y sigo compartiendo plenamente, los ideales que inspiraron el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, consecuencia inevitable de un conflicto civil agudizado hasta el extremo, en cuya gestación y desarrollo las Fuerzas Armadas y de Orden no tuvieron participación ni responsabilidad alguna.

“Segundo, lamento profundamente, como lo he lamentado siempre, toda pérdida de vida humana. Las víctimas civiles y militares de esta desafortunada etapa representan un testimonio de extremo sentimiento para nuestra conciencia, con las consecuencias de dolor que acarrea para una nación el abandono de una convivencia regida por la razón, que obliga al empleo de la fuerza.

“Tercero, me siento honrado de haber participado en el gobierno militar, como ministro y como miembro de la Junta de Gobierno. La labor cumplida por las Fuerzas Armadas la juzgará la historia y estoy convencido de que será positivamente.

“Cuarto, creo firmemente que modernizamos de raíz nuestro país y le dimos un orgullo y una grandeza que le abrieron brillantes perspectivas.

“Quinto, cumplimos escrupulosamente nuestro compromiso de volver a la democracia plena y de restaurar la libertad política, económica y social.

“Este último compromiso fue sellado el 5 de agosto de 1980 cuando firmamos –el Presidente de la República, los miembros de la Junta de Gobierno y los ministros de Estado— el proyecto de una nueva Constitución. Esta Carta Fundamental contenía, en sus artículos transitorios, un mandato para la construcción, a través de un conjunto de leyes orgánicas constitucionales, de las instituciones que asegurarían una democracia al servicio de la libertad.

“Asimismo, establecía un itinerario, preciso e inmodificable por nuestra voluntad, para una transición gradual, legal y pacífica hacia la democracia plena. Este itinerario contemplaba un plebiscito para definir quién ocuparía el cargo de Presidente de la República en un período posterior.

“Ese plebiscito se realizó de manera justa, transparente e impecable. Y su resultado, como no podía ser de otra manera, fue respetado estrictamente por el Presidente Pinochet y la Junta de Gobierno.

“He señalado que esa noche del plebiscito tuvimos entre nosotros distintas apreciaciones sobre la mejor manera de asegurar el orden público, siempre dentro de la Constitución y la ley, como es natural que existan en un momento tan crucial y entre personas que habían vivido y actuado en las circunstancias excepcionales que marcaron esos tiempos. Así fue, y creo que primó esa noche la moderación y sensatez del pueblo chileno.

“Les aseguro a mis compatriotas que jamás existió la más mínima vacilación del Presidente Pinochet o de algún miembro de la Junta de Gobierno en orden a respetar los resultados de ese plebiscito y así cumplir estrictamente lo que mandaba la propia Constitución que nosotros habíamos propuesto al país.

“Respeto, considero y valoro toda opinión distinta sobre estos años tan complejos, difíciles y preñados de destino para nuestra patria.

“Pero los hechos son los hechos y no puedo sino ser leal a mi conciencia y decir mi verdad. Se la debo al país que adoro y que tanto le ha dado a mi familia. Lo hago para ser fiel a la verdad histórica, base fundamental de la reconciliación y la unidad nacional que necesitamos para hacer de Chile una gran nación”.

Fernando Matthei Aubel

General del Aire (r)

Ex miembro de la Junta de Gobierno de Chile” (29).

Cómputo final oficial acatado

En el hecho, el tercer cómputo oficializando la victoria del “No” fue leído por el subsecretario del Interior, Alberto Cardemil, a las 2 de la madrugada del día 6 y luego fue ratificado por el ministro del Interior a las 2.38 horas.

          Yo había escrito en 1987 el libro Sí o No, justamente analizando ambas alternativas, y cuya conclusión era coincidente con el discurso de Sergio Fernández “digno de champaña”, según atribuyen a Matthei, en la noche de la derrota del “Sí”: si se respetaba la Constitución, nada traumático debía suceder, fuere que triunfase una u otra alternativa. Y así aconteció. Lo reconoció el propio jefe opositor Patricio Aylwin en los días siguientes al plebiscito:

          “Francamente, creí que habría más dificultades en el día inicial. Yo temí que hubiera algún intento de desconocer el resultado” (30).

Nuevo ministro del Interior y otros cambios

          El 21 de octubre tuvo lugar un cambio importante: el Presidente aceptó la renuncia de su ministro del Interior, Sergio Fernández, y designó en su reemplazo al economista, ex ministro de Hacienda (1983-1984) y ex presidente del Banco Central (1982-1983) Carlos Cáceres, tan afín a la UDI como el anterior, pero inclinado, a diferencia de Fernández, a negociar reformas constitucionales con la oposición.

          El adalid del sector “duro” del Gobierno, el ex ministro de Justicia, Hugo Rosende, se oponía a cualquier negociación. Su nombre había sonado como posible nuevo ministro del Interior, junto con el de Cáceres. También discrepaba de las reformas otro ministro, Sergio Melnick, de Odeplan. Escribe un cronista:

          “Después de que los ha oído a todos, el general persiste en sus dudas. Acude a un método militar: reúne en su despacho a Cáceres y Rosende, frente a frente.

          “El ministro del Interior sufre con la elocuencia de su adversario, que acude al terror:

          “—Con esta gente no se puede negociar, Presidente. ¡No van a dejar nada!-- exclama--. Y a usted lo van a pasear en una jaula por la Alameda. ¡En una jaula, acuérdese de mí!” (31).

          La historiadora Patricia Arancibia, en su libro sobre Carlos Cáceres, ha descrito el juramento del nuevo gabinete:

          “Un poco más tarde de lo previsto, a las 18.35 horas, Pinochet tomó juramento al nuevo gabinete. Junto con Cáceres, asumieron Hernán Felipe Errázuriz, en Relaciones Exteriores; Jaime de la Sotta, en Agricultura; Pablo Baraona, en Minería; Armando Álvarez, en Bienes Nacionales; Guillermo Arthur, en Trabajo y Previsión Social; Carlos Silva, en Transportes y Telecomunicaciones; Gustavo Montero, en Vivienda y Urbanismo; y Miguel Ángel Poduje en la Secretaría General de Gobierno. Se mantenían en sus cargos el almirante Patricio Carvajal, en Defensa; Hernán Büchi, en Hacienda; el general Manuel Concha, en Economía; Juan Antonio Guzmán, en Educación; Hugo Rosende, en Justicia; el general Bruno Siebert, en Obras Públicas; Juan Giaconi, en Salud y Sergio Melnick, en Odeplan. Por su parte, el general Valenzuela (nota del autor: Secretario General de la Presidencia) sería posteriormente reemplazado por el general Jorge Ballerino. Varios de ellos se mantendrían hasta la entrega del mando en marzo de 1990” (32).

         

Un reconocimiento judicial

          Pese a la crítica frecuente de que los Tribunales de Justicia no operaban con independencia bajo el Gobierno Militar, la opinión de los propios jueces era diferente.

          En mayo de 1988, al asumir la presidencia de la Corte Suprema tras una larga trayectoria judicial en todos los grados del escalafón, el magistrado Luis Maldonado Boggiano emitía un juicio general: “La aplicación de la justicia está bien en Chile”, fue su veredicto.

          Advirtió, tratándose de un país sometido a la permanente agresión del terrorismo marxista patrocinado desde Cuba y la URSS, que “las atribuciones de la justicia militar se dan en las leyes, y en eso nosotros no podemos hacer nada; la justicia militar existe en todos los países del mundo y también en Chile” (33).

          Cuando la sesgada Comisión Rettig, de 1991, emitió juicios que iban en el sentido contrario al expuesto en 1988 por el presidente de la Corte Suprema, fue el pleno de ésta el que la desmintió, en un categórico Acuerdo, con expresiones no sólo condenatorias del Informe sino de la legalidad y constitucionalidad de su quehacer:

          “La Comisión (Rettig) –dijo la Corte Suprema--  no trepida en violentar el ámbito de sus atribuciones (…) rebasó abusivamente las atribuciones que se le habían conferido (…) recurrió a una cita (…) maliciosa (en perjuicio de los tribunales) y, extralimitándose en sus facultades, formuló un juicio apasionado, temerario y tendencioso, producto de una investigación irregular y de probables prejuicios políticos” (34).

Avances en materia de Salud

          Pese a las reducciones de personal a que obligó el Programa de Recuperación Económica del Ministro Jorge Cauas, en 1975, la mejoría de gestión que impuso el Gobierno Militar en todos los sectores, y en particular en uno muy anarquizado y colonizado por los partidos de extrema izquierda, el de la Salud, permitió avances de gran beneficio social.

          La atención profesional del parto, que había mejorado de 72,1 % a 85,1 % entre 1962 y 1973, llegó a ser del 98,5 % en 1988.

          La mortalidad materna, que había descendido de 2,65 por mil en 1967 a 1,53 por mil en 1972, se redujo a 0,41 por mil en 1988.

          La mortalidad infantil bajó de 65,2 por mil en 1974 a 18,8 por mil en 1988.

          Los fallecimientos por diarrea de menores de un año, que eran 2.368 en 1974, bajaron a 134 en 1988.

          Las personas fallecidas por tuberculosis bajaron de 1.952 en 1974 a 608 en 1988.

          Los casos de desnutrición avanzada de lactantes bajaron de 1.596 en 1976 a 110 en 1988.

          La cobertura de agua potable urbana, que era del 68,6 % de los hogares en 1973, aumentó a 98 % en 1988.

          La recolección de residuos sólidos cubría el 60 % de los hogares en 1971  y el 98,9 % en 1988 (35).

La razón no puede haber sido económica

Las encuestas señalaron después del plebiscito que la razón para votar “No” de una mayoría había sido la mala situación económica. Como se verá en las cifras citadas más adelante, la economía no podía estar mejor. Pero probablemente la publicidad del “No” y el énfasis que los opositores ponían en la pobreza del 45 % de los habitantes podían surtir su efecto.

          Pero todas las señales económicas eran positivas para el bolsillo de los chilenos, tanto que el Gobierno pudo rebajarles el Impuesto al Valor Agregado de 20 % a 16 % (36).

Eso era una inyección directa al bolsillo de todos, pero especialmente de los más pobres, que proporcionalmente pagan más IVA que los ricos, pues consumen una proporción mayor, si es que no la totalidad de su ingreso, mientras los más adinerados no pagan IVA por el ingreso que no gastan sino ahorran o invierten.

          Pinochet da a conocer que durante el primer semestre de 1988 se han autorizado inversiones externas por 1.609 millones de dólares, lo que representa un incremento de 35 % con respecto al primer semestre del año anterior, y puede hablar de “mayores perspectivas de desarrollo y progreso, gracias a la libertad para emprender” (37).

          El hecho era que yo podía escribir, sin ser contradicho, en mi columna de El Mercurio  del 25 de enero de 1989, lo siguiente:

          “La economía chilena creció 6,8 % en 1988  (setenta por ciento más que el promedio histórico); la inflación fue 12,7 % (una fracción de la habitual); los sueldos reales mejoraron en más de siete por ciento, el desempleo descendió a menos de ocho por ciento, la deuda externa volvió a disminuir y acumulamos reservas por más de 700 millones de dólares. ¿Qué otro país logró todo eso en 1988?”. Nadie nombró ninguno.

          Estas cifras señalan que la razón de la derrota en el plebiscito no fue la que expresó la mayoría de los encuestados en los sondeos, “la mala situación económica”. Tal vez los opositores lograron convencer a una mayoría de que era mala, pero no lo era. En todos los sondeos recientes que formulan la misma pregunta, el porcentaje de gente que dice, ella misma, estar en mala situación es muy inferior al de la gente que dice creer que reina en general una mala situación. Esta atmósfera es creada por los medios de comunicación, en los cuales prevalece la izquierda, que medra electoralmente del descontento.

Acceso difícil a un ministerio difícil

          El 21 de octubre de 1988 Carlos Cáceres se hallaba en su oficina de decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez cuando fue convocado a La Moneda por el general Sergio Valenzuela, Secretario General de la Presidencia.

          Éste le señaló que sería designado ministro del Interior. Pero luego le avisó que no habría cambio en Interior, porque el Presidente no quería dar la impresión de que Fernández “se iba castigado” como responsable político de la pérdida del plebiscito y esperaría, porque el ministro le había comentado que iba a renunciar.

          Pero si bien Cáceres acató, lo hizo lanzando a su vez una estocada: “Sin duda el Presidente le está, con razón, muy agradecido y no quiere herirlo, pero el problema no es de sentimientos personales, sino de claridad política. La gente no va a entender que salga 15 días después. Se generará incertidumbre y más confusión, cuando lo que se necesita es renovar confianzas”.

          Pero el destino actuó por su cuenta. En realidad, el ministro del Interior saliente, Sergio Fernández, le había sugerido al Presidente otro nombre como su reemplazante: el del ex senador, ex embajador ante Naciones Unidas y ex miembro de la Comisión Ortúzar, Sergio Diez. Éste se hallaba en el sur y su vuelo de regreso a Santiago se retrasó, lo que obligó a postergar el juramento del nuevo gabinete. Pero cuando por fin Diez llegó, deparó una sorpresa a Pinochet y Fernández, pues se manifestó contrario a realizar un cambio de la jefatura del gabinete. Tampoco la renuncia de Fernández era indeclinable. Pero entonces finalmente el Presidente se inclinó por aceptarla y designar a Carlos Cáceres.

          Resultado: al poco rato llamó de nuevo a éste el general Valenzuela y le dijo: “Volvemos a fojas cero. El Presidente te espera para el juramento”.

          Hemos visto más arriba los demás cambios registrados en el ministerio en la misma oportunidad.

          Cáceres designó como jefe de gabinete a un estudioso y dinámico joven abogado, Arturo Marín Vicuña y como subsecretario al también abogado Gonzalo García Balmaceda, que había sido Secretario General de la Sociedad Nacional de Agricultura (38).

Asalto comunista a Los Queñes

          El nuevo ministro del Interior debió enfrentar apenas asumió un desafío guerrillero mayor cuando el brazo armado comunista asaltó el poblado de Los Queñes, en la VII Región del Maule, matando al carabinero Juvenal Vargas, del retén policial local y robando de éste armamento y equipos.

          Encabezó la operación el máximo jefe del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Raúl Pellegrin Friedman, acompañado de la “comandante Tamara”, Cecilia Magni Camino, que había participado activamente en el atentado contra el Presidente Pinochet de 1986.

          Tras el asalto el Cuerpo de Carabineros persiguió al grupo de quince guerrilleros y los dos anteriores fueron encontrados sin vida, flotando en las aguas del río Tinguiririca. Veinte años después, la justicia de izquierda imperante en Chile persiguió a los carabineros que participaron en la persecución de los guerrilleros, librándose por un solo voto –de un ministro políticamente independiente— de haber sido condenados por las muertes de Pellegrin y Magni.

La misión más importante

          El nuevo ministro del Interior se fijó como misión completar las leyes orgánicas constitucionales faltantes, como la que entregaba autonomía al Banco Central, la del Congreso, la del Sistema Electoral, la del Consejo Nacional de Televisión, la de Educación y la del Estado-Empresario.

          Pero ha declarado después: “El segundo punto, difícil y complejo, justamente dado el ambiente que se estaba viviendo, era el de buscar todos los caminos posibles para lograr puntos de contacto y canales de comunicación con los partidos políticos, tanto de la oposición como afines al gobierno”.  Concluyó que era imprescindible realizar ciertos perfeccionamientos a la Constitución.

          Desde luego, la Carta tenía dos errores que podían traer graves consecuencias políticas a futuro:

          El primero derivaba de su artículo 68, cuyo tenor literal hacía viable promulgar una ley que contara sólo con la aprobación de una cámara, haciendo posible saltarse al Senado, donde los senadores institucionales iban a ser un factor moderador de los entusiasmos de mayorías transitorias.

          Este error, dice Cáceres, fue detectado, paradójicamente, no por un abogado, sino por un ingeniero, Hernán Büchi, el ministro de Hacienda. Y derivó de que el proyecto de la Comisión Ortúzar concebía siempre como cámara de origen a la de diputados y revisora al Senado, pero el Consejo de Estado volvió a la tradición de que cualquier cámara pudiera ser la de origen, sin adecuar el artículo 68, dando lugar al inconveniente (y al peligro) señalado.

          El segundo error consistió en que los capítulos más importantes de la Constitución exigían un quórum de 2/3  para ser modificados, pero el capítulo XIV, que formulaba esa exigencia, no fue incluido entre los que demandaban 2/3 y, en consecuencia, podía ser modificado con el quórum de 3/5. O sea, toda la Constitución podía, en definitiva ser modificada con 3/5 de los votos si primero se cambiaba el capítulo XIV en ese sentido y con ese quórum.

          Tan compenetrado estaba Büchi del tema constitucional que en esos días, cuando Carlos Cáceres me pidió colaborar en el estudio de reformas a la Carta y yo le hice ver la debilidad del quórum del capítulo XIV sobre Reforma Constitucional, Hernán me pidió que fuera al ministerio de Hacienda a explicarle el tema.

          Concurrí y comprobé que él no había advertido el problema. A mi turno, yo no había advertido el que él había detectado en el artículo 68, de by-pass del Senado.

          La existencia de la omisión de quórum de 2/3 para el capítulo XIV resultó decisiva, a la postre, para convencer a Pinochet de llegar a un acuerdo con la oposición en el sentido de modificar la Constitución. Él mismo me dijo, posteriormente, que ese hallazgo había sido determinante para convencerlo y que, por tanto, yo era responsable de cualquier consecuencia negativa de las reformas.

          Pero la tarea de negociarlas resultó una verdadera carrera de obstáculos para Carlos Cáceres, que más de una vez estuvo a punto de tropezar y caer con algunos de ellos.

Avances y retrocesos

          Pues Pinochet no deseaba cambiar la Constitución. En la primera reunión en que su nuevo ministro le planteó la idea, comenzó rechazándola, pero al final concedió:

          “-- ¿Qué le parece ministro– mientras separaba unos milímetros los dedos índice y pulgar—que probemos hacer una reforma así, chiquitita?”

          Días antes el vocero de la Concertación, Patricio Aylwin, había emplazado públicamente al nuevo ministro:

          “Señor ministro, póngase a la altura del momento histórico; dé pasos concretos; busque caminos de solución; busque caminos de entendimiento; termine con la lógica de la guerra (…) dijimos claramente que el significado del triunfo del No es que haya elecciones libres de Presidente y Congreso, íntegramente elegido por el pueblo y eso requiere de cambios a la Constitución”.

          Pero el Presidente convidó a Cáceres a un desayuno con el ministro de Justicia, Hugo Rosende, gran orador político, que se explayó argumentando contra la reforma. Cáceres quedó con la impresión de que no había más que hacer, sobre todo si al salir del desayuno en el segundo piso de La Moneda, Rosende le dijo:

          “—Carlos, acérquese a esta ventana y mire ese poste que se ve ahí. Bueno, de ese poste lo van a colgar a usted y, en ese del frente a mí, y no faltarán otros para que los cuelguen a todos.”

          Al leer eso en el libro sobre Cáceres de Patricia Arancibia no pude sino recordar a la única persona a la que le había oído similar profecía en los años ’80: al historiador Gonzalo Vial que, en un almuerzo habitual del grupo de las revistas Portada y Qué Pasa en el restaurant Carrousel, nos había dicho a la docena de periodistas, economistas y abogados allí reunidos:

          “Cuando se termine este gobierno nos van a colgar a todos de los postes de la Plaza de la Constitución”.

          El símil seguramente lo inspiraba el hecho de que, cuando todos los ahí reunidos éramos adolescentes, en los años 40, un presidente boliviano, Gualberto Villarroel, y todos sus colaboradores más próximos, habían sido colgados de los faroles tras una revolución en La Paz. Para  nuestra generación fue una imagen muy vívida, que permaneció.

          En el entorno de Pinochet estaban en contra de la idea de la reforma el ministro Rosende, su par Sergio Melnick, de Odeplan; Enrique Ortúzar, Jaime Guzmán, Sergio Fernández, Pablo Rodríguez, algunos militares, como el Intendente de Santiago, general Sergio Badiola, y los partidarios del régimen que estaban formando el partido Avanzada Nacional.

          Pero Cáceres contó con el apoyo de Sergio Onofre Jarpa, presidente de Renovación Nacional, en tanto que de parte de Jaime Guzmán y la UDI recibió sólo una seguridad: no le pondrían obstáculos.

          Pero en la oposición aspiraban a la elección íntegra del Congreso bajo el sistema proporcional; la rebaja de las exigencias para reformar la Constitución; la derogación de su artículo 8°, que proscribía a los partidos totalitarios; la modificación de la composición y funciones del Consejo de Seguridad Nacional y la derogación de la inamovilidad de los Comandantes en Jefe de las FF. AA. y del General Director de Carabineros.

          El nuevo ministro se dirigió al país por cadena nacional el 11 de noviembre y allí mencionó que la Constitución podría ser perfeccionada a través de los mecanismos que ella misma contemplaba. Pero días después, en Punta Arenas, Pinochet leyó un texto en que rechazó “todo intento por desnaturalizar, debilitar o desconocer la Constitución…” Sus palabras fueron tomadas como una desautorización a Cáceres.

          Pero éste, en la cena anual de la Sociedad de Fomento Fabril, ante más de mil empresarios e invitados, entre ellos el propio Presidente de la República y miembros de la Junta, reiteró su voluntad de “concordar caminos políticos con el espectro partidista”. Como no hubo reacciones, se consideró que había recibido un espaldarazo y Aylwin, a nombre de la Concertación, expresó que estaban dispuestos a iniciar un diálogo.

La propuesta opositora

          La síntesis de lo que la oposición planteaba al Gobierno como reforma era:

1. Modificación del mecanismo de reforma constitucional, facilitándola.

2. Nueva composición y generación de la Cámara y del Senado, con 150 diputados y 65 senadores y sistema proporcional.

3. Derogación del artículo 8° que proscribía los movimientos o partidos totalitarios, pero exigiéndoles a todos respeto a la renovación periódica de los poderes, a la alternancia en el gobierno, a los derechos humanos y el rechazo a la violencia.

4. Un Consejo de Seguridad Nacional asesor y no resolutivo; y de otra composición.

5. Término a la inamovilidad de los Comandantes en Jefe y del General Director y su designación por el Presidente de la República; y

6. La derogación de la incompatibilidad entre ser dirigente gremial y militante de un partido.

Los políticos impiden avanzar

          El 1° de diciembre el secretario general de RN, Andrés Allamand, le llevó a Cáceres una propuesta de reforma constitucional de su partido, redactada por Carlos Raymond, Francisco Bulnes y Miguel Luis Amunátegui. El ministro de inmediato advirtió que varios contenidos de ella iban a resultar inaceptables para el Gobierno.

          A su turno, Arturo Marín, su jefe de gabinete y en su representación, consiguió tomar contacto con el constitucionalista DC Francisco Cumplido, cercano a Aylwin y con buena disposición a discutir las reformas.

Pero en esos mismos momentos Andrés Allamand, por RN y Gutenberg Martínez, por la DC, anunciaron que habían acordado formar una comisión, que incluiría a otros partidos de la Concertación, para hacer cambios constitucionales tanto bajo el gobierno de Pinochet como después. Se anunció una reunión de Aylwin y Jarpa para sellar el acuerdo. Pero cuando Allamand llamó a Cáceres, un día antes, para darle a conocer todo lo anterior, éste le replicó:

          “-- Mira Andrés, si ese documento se firma, en ese mismo momento subo a hablar con el Presidente Pinochet y se acaba el capítulo de la reforma constitucional y no hacemos absolutamente nada.”

          Por tanto, no hubo acuerdo RN-DC y Aylwin dijo a la prensa que había pedido audiencia al ministro para presentarle la propuesta de reforma de la oposición. Pero añadió que acudirían a La Moneda él, Enrique Silva Cimma, Ricardo Lagos y Luis Maira, dirigente de un conglomerado en formación, llamado Partido Amplio de Izquierda Socialista, PAIS, del cual formaban parte los comunistas y otros grupos que desconocían la institucionalidad y habían optado por la violencia armada.

El Gobierno, obviamente, vetó a Maira. Esto impidió la reunión, y así se fue el año sin otros avances en materia de reforma constitucional (39).

“Centro Democrático Libre”

          Poco tiempo después del plebiscito y en el mismo sector de los partidarios del Gobierno Militar se forma el Centro Democrático Libre con la idea de crear una nueva fuerza política instrumental y convergente entre los distintos grupos de derecha. Se definía así:

          “El Centro Democrático Libre busca representar el pensamiento de los que creen en la Sociedad Libre. Aspiramos a unir a las fuerzas políticas y sociales que, compartiendo este proyecto, se ven todavía influidas por divisiones o clasificaciones que corresponden a temas del pasado, ya superados por la nueva realidad.

          “El Consejo Directivo de este nuevo referente estaba integrado por Ignacio Pérez Walker, Álvaro Bardón, el general (r) Luis Danús, León Vilarín y Álvaro Vial, entre otros. (…)

          “El futuro político de algunos de sus dirigentes sería disímil: Pérez Walker ingresaría a Renovación Nacional y después sería elegido senador; en tanto, el general Danús lo haría a la UDI y se perdería en su intento de llegar al Senado como parlamentario por Magallanes” (40).

Balance económico anual

          La situación económica del país estaba cada vez mejor. El PIB creció 7,3 % en 1988 y el desempleo a nivel nacional siguió disminuyendo, ahora a 8,0 %.

          Lo mismo hizo la inflación, lo que es muy infrecuente que ocurra simultáneamente. Medida por el IPC, bajó a 12,7 % desde el 21,5 % del año precedente.

          La Tasa de Inversión en Capital Fijo llegó a 20,8%, guarismo sin precedentes.

          El déficit del presupuesto fiscal fue de -1,5 % del PIB, cifra también muy adecuada, para los cánones nacionales.

          El comercio exterior fue también favorable y la Balanza Comercial presentó un superávit de 2.209,8 millones de dólares. En tanto, la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos redujo su déficit a un tercio del año anterior, -231,2 millones de dólares. Pero, al mismo tiempo, el superávit de la Cuenta de Capitales se redujo, de 890,2 a 353,7 millones de dólares.

          En fin, también se redujo la Deuda Externa, a 17.638 millones de dólares (41).

          Las Reservas Internacionales Brutas del Banco Central subieron a 4.261 millones 200 mil dólares, es decir, 648 millones 100 mil dólares más que el año anterior (42).

          El fin del ejercicio de 1988 mostró, entonces, un cuadro envidiable en el contexto internacional. Se habría dicho que un gobierno con esas cifras no podía perder un plebiscito sobre su continuidad… pero ese mismo año lo perdió.

REFERENCIAS DEL CAPÍTULO XVI:

(1) “El Mercurio”, Santiago, 14 de noviembre de 1998, p. A-3.

(2) “El Mercurio”, Santiago, 4 de diciembre de 1985, p. A 1.

(3) “La Tercera”, 20 de julio de 1988, p. 7.

(4) Entrevista publicada por el diario “La Época” de Santiago el 23 de enero de 1988, p. 1.

(5) ODEPLAN: “Evolución de la Salud en Chile”, publicación propia, Santiago, marzo de 1988.

(6) “El Mercurio”, Santiago, 23 de julio de 1988.

(7) Vial, Alvaro: “10 años de Cambios Económicos: La Construcción de un Nuevo Chile”, en “Política”, Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Chile, Universitaria, 1989, p. 115.

(8) Whelan, James: “Desde las Cenizas”, op, cit., p. 668.

(9) “Política”, Instituto de Ciencia Política, op. cit., p. 175: “Agricultura Chilena: Una Historia de Profundas y Sucesivas Transformaciones”, por Jorge Prado Aránguiz.

(10) Ibíd., p. 343, “La Vivienda”, por Miguel Ángel Poduje.

(11) Vial, Gonzalo: “Pinochet, la Biografía”, op. cit., tomo II, p. 563.

(12) Fernández, Sergio: “Mi lucha por…”, op. cit., p. 250.

(13) Ibíd., ps. 259, 264 y 340.

(14) Whelan: “Desde las…”, op. cit., p. 748.

(15) “El Mercurio”, Santiago, 2 de diciembre de 1994. Citado por Jorge López Bain en “Testigo Presencial”, Maye, Santiago, 2012, p. 325.

(16) Vial, Gonzalo: “Pinochet…”, op. cit., t.II, p. 565.

(17) Ibíd., p.566.

(18) “La Segunda”, 3 de mayo de 1988.

(19) “El Mercurio”, Santiago, 12 de septiembre de 1987, ps. C6 y C7.

(20) “El Mercurio”, Santiago, 29 de marzo de 1988.

(21) “La Tercera”, 7 de junio de 1988.

(22) “La Tercera”, 29 de julio de 1988, p. 7.

(23) Pinochet, Augusto: “Camino…” op. cit., t.II, p. 168.

(24) “La Tercera”, 2 de mayo de 1988, p. 5.

(25) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op. cit., p. 668.

(26) Alfonso Márquez de la Plata: “El Salto al Futuro”, Zig-Zag, Santiago, 1992, p. 158.

(27) Fernández, Sergio: “Mi Lucha por la Democracia”, p. 283.

(28) Vial, Gonzalo: “Pinochet…”, op, cit., t. II, p. 576 y Fernández, Sergio: “Mi Lucha…”, op. cit., p. 283.

(29) “El Mercurio”, Santiago, 10 de enero de 2012, p. A2.

(30) “El Mercurio”, Santiago, 9 de octubre de 1988.

(31) Cavallo, Ascanio: “Los Hombres de la Transición”, Andrés Bello, Santiago, 1992, p. 63.

(32) Arancibia, Patricia: “Carlos Cáceres…”, op. cit., p.65.

(33) “La Tercera”, 20 de mayo de 1988.

(34) Reproducido en “La Segunda” el 7 de julio de 1995.

(35) Cifras del doctor Augusto Schuster Cortés, subsecretario de Salud del Gobierno Militar, en “Nivel de Vida Después del Gobierno Militar”, Santiago,  autoedición, 1989.

(36) “El Mercurio”, Santiago, 18 de junio de 1988.

(37) “La Tercera”, 10 de agosto de 1988, p. 7.

(38) Arancibia, Patricia: “Carlos Cáceres…”, op. cit., p. 68.

(39) Ibíd., ps. 80 a 100.

(40) Cuevas, Gustavo: “Pinochet…”, op. cit., p. 199.

(41) Banco Central de Chile, Dirección de Estudios: “Indicadores Económicos y Sociales 1960-1985”, Santiago, 1986; “Indicadores Económicos y Sociales 1960-2000”, Santiago, 2001.

(42) Díaz, José; Lüders, Rolf y Wagner, Gert: “La República…”, op. cit., p. 516.

(CONTINUARÁ MAÑANA)