HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN MILITAR CHILENA 1973-1990 (XIV)

CAPÍTULO X

1982: Otra gran crisis económica

El fallecimiento de Eduardo Frei Montalva

          El 22 de enero falleció el ex Presidente Eduardo Frei Montalva. Sometido a una intervención quirúrgica de bajo riesgo, su estado se fue agravando tras una operación posterior mal hecha que le generó una peritonitis y una septicemia generalizada.

          El Presidente Pinochet dispuso honores para el ex mandatario, pero la familia de éste expresó su molestia ante la idea y los rechazó, considerándolos una provocación y un intento de aprovechamiento político (1).

         En ese momento nadie habló seriamente de que la muerte hubiera sido provocada por algún atentado, especie que apareció quince años después e incluso dio lugar a un bullado proceso judicial que ha ido de tumbo en tumbo, basado en un supuesto envenenamiento del ex Presidente.

Un sector de su familia nunca ha querido ser parte de esas acusaciones tardías, pero éstas han ocupado las primeras planas de los diarios en diferentes oportunidades, como cuando se dio a conocer un supuesto informe de la Universidad de Gante, en Bélgica, confirmando el envenenamiento, y hasta en La Moneda, ocupada entonces por primera vez por Michelle Bachelet, se hizo comentarios en el sentido de que “el horror no termina” y la Presidenta encabezó actos de contrición colectivos, hasta que el vespertino La Segunda llamó a la Universidad de Gante y desde allá recibió seguridades de que jamás había emitido dicha casa de estudios informe alguno sobre la materia (2).

El “horror” carecía de toda base. Pero ninguno de los “horrorizados” y “horrorizadas” que aparecieron en las pantallas y primeras páginas rectificó nada ni explicó nada ante el desmentido.

          Últimamente un perito norteamericano ha manifestado no hallar huella alguna de envenenamiento en los restos del ex mandatario que le fueron sometidos.

          Pero el tema ha sido objeto de aprovechamiento político cada cierto tiempo y llevó al extremo de que Sebastián Piñera, al asumir en 2010 la Presidencia, ofreciera obsequiosamente su influencia para hacer esfuerzos en los Estados Unidos y corroborar las pruebas del envenenamiento que parte de la familia Frei sigue buscando para sustentar la tesis del “magnicidio” del ex Presidente.

Un crimen inexplicable

          El año 1982 fue el más difícil para el Gobierno Militar porque enfrentó una crisis económica internacional que sólo cedía en gravedad a la de 1929-31, y que –tal como ésta-- castigaría a la economía chilena más que a cualquier otra.

          Pero el año se inició con un crimen que causó, tal vez como ningún otro, un daño irreparable a la imagen del Gobierno Militar. El 27 de febrero fue asesinado el dirigente sindical Tucapel Jiménez Alfaro, de 61 años y de filiación  política radical, es decir, de la izquierda moderada.

          Ese día manejaba el taxi que le servía para suplementar su ingreso, después de haber sido despedido de la Dirección de Industria y Comercio (DIRINCO), donde trabajaba hasta aproximadamente 1980. Un trío de sujetos le solicitó trasladarlos hasta el sector de Noviciado, al norponiente de Santiago, donde, en un camino rural, procedieron a dispararle cinco tiros en la cabeza y a degollarlo, dejando allí abandonado el cadáver.

          El Gobierno manifestó su alarma por el crimen y solicitó la designación de un Ministro en Visita a la Corte de Apelaciones para investigarlo. Éste procuró durante diez años aclarar los hechos, que se presentaron muy complicados, porque apareció un sujeto alcohólico y desempleado, de ocupación carpintero y de apellidos Alegría Mundaca, suicidado tras inferirse cortes en ambas muñecas, habiendo dejado redactada una carta confesando el robo con homicidio de Jiménez y manifestando haber desconocido de quién se trataba y estar tan arrepentido de ello que había resuelto quitarse la vida.

          El ministro del Interior, Sergio Fernández, decía que era “evidente el gran daño político que se le estaba produciendo al Gobierno” (3).

El hecho parecía, en efecto, concebido para dañar al régimen, pero en definitiva se probó que no fue una maniobra opositora, sino que habían sido agentes suyos los perpetradores.

          En los años ’90 tomó a su cargo la investigación el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Sergio Muñoz, que finalmente obtuvo el esclarecimiento del caso, lo cual no pudo resultar peor para la imagen del Gobierno Militar: el crimen lo habían cometido elementos mandados por la DINE, Dirección de Inteligencia del Ejército.

Ante la alarma pública suscitada, había intervenido la CNI que, en lugar de solucionar las cosas, las agravó, al cometer sus agentes otro crimen, el del carpintero alcohólico, tras obligarle a escribir una confesión del asesinato de Jiménez.

          Las sospechas alcanzaron hasta las más altas esferas del Gobierno, incluyendo al ex Vicecomandante en Jefe del Ejército y miembro de la Junta, general Humberto Gordon, que reconoció su participación, si bien no como autor ni gestor: en un documento asumió la responsabilidad por el encubrimiento de los hechos. Falleció poco después de dar este paso.

          El asesinato de Tucapel Jiménez es uno de los perjuicios autoinferidos más inexplicables acontecidos en los más de 16 años de Gobierno Militar. Se trataba de un sindicalista opositor, sin duda, pero era el que se mostraba más dispuesto a facilitar entendimientos con el Gobierno, lo cual expresó precisamente en una entrevista a La Segunda poco antes de ser asesinado.

          La única explicación que podría encontrarse sería que la DINE, inteligencia militar, haya comprobado alguna gestión de Jiménez ante sindicalistas extranjeros para boicotear el comercio exterior chileno, y considerado esto una “traición a la patria”, pero no se ha encontrado prueba de que Jiménez haya estado envuelto en ella.

          Hasta hoy, entre las cosas más difíciles de explicar por qué sucedieron bajo el Gobierno Militar, el crimen de Tucapel Jiménez sigue siendo la más difícil de todas. Y sin duda por eso los acusadores de Pinochet en el juicio en Londres, en 1998, destacaron tanto ese caso para inculpar al ex Presidente. Pero éste nunca tuvo conocimiento de la participación de su gente en el doble asesinato --de Jiménez y Alegría-- y siempre confió en la versión que a él le dieron, la de que el segundo había perpetrado el asesinato del primero.

Visita de presidente de Uruguay

          En agosto de 1981 había sido elegido presidente del Uruguay Gregorio Álvarez, que visitó nuestro país en abril de 1982, fue condecorado por el gobierno y suscribió una declaración conjunta en la que se reafirmó el respeto por la juridicidad internacional y la condena a la utilización de la violencia, el terrorismo y la subversión.

          De hecho, ambos gobernantes pusieron expreso énfasis en la condena a la utilización del terrorismo por parte de algunos estados para intervenir en el curso de la vida interna de otros, es decir, una implícita condena a Cuba, la República Democrática Alemana y la URSS.

          En ese mismo tiempo el Gobierno Militar se esforzó, con éxito, por fortalecer las relaciones con otros países amigos, además de Uruguay, como Paraguay y Ecuador. A la Fuerza Aérea del primero de dichos países la respectiva rama armada nacional le donó el año anterior cinco aviones de entrenamiento T-33 de su dotación (4).

La crisis que vino de fuera

          Chile estaba económicamente muy bien todavía en 1982, cuando vinieron desde el exterior circunstancias que lo golpearían duramente:

Primero, los países productores de petróleo subieron el precio del combustible, como lo habían hecho en 1973, generando otra crisis como la que entonces nos golpeó terriblemente, ya afectados por el desastroso cometido económico del gobierno de Allende.

Segundo, ante la inflación en los Estados Unidos, que llegó a dos dígitos y le había costado la reelección a Jimmy Carter, la Reserva Federal, presidida por Paul Volcker, resolvió subir la tasa de interés. La República Federal de Alemania hizo otro tanto. El freno consiguiente de la actividad en esas dos grandes potencias irradió al resto del mundo.

Como consecuencia, cayó la demanda por materias primas o commodities, entre ellos la del cobre, y la consiguiente caída de su precio en 30 % disminuyó el ingreso de divisas y el financiamiento fiscal a Chile.

Tercero, una desafortunada especulación con el precio futuro del azúcar fue una de las razones que provocó la quiebra de una “empresa insignia” nacional, la Compañía Refinería de Azúcar de Viña del Mar (CRAV), lo que resintió la confianza en el empresariado nacional y proyectó una imagen negativa hacia el exterior, haciendo más riesgosos y dificultando los créditos en moneda extranjera.

Cuarto, entre noviembre de 1981 y marzo de 1982 el Gobierno resolvió intervenir dos bancos medianos, cuatro pequeños y dos sociedades financieras que enfrentaban situaciones de inminente insolvencia. Nuevo golpe a la confianza interna y externa.

Y quinto, tal vez consecuencia de todo lo anterior, un golpe de knock-out a la economía chilena fue el virtual corte del ingreso de moneda extranjera al país que comenzó a registrarse desde fines de 1981. Sólo con esto habría habido crisis económica, porque en 1981 habían ingresado 4.698 millones de dólares, un 40 % más que en 1980, en el cual habían aumentado a su vez un 40 % con respecto a 1979. Pues bien, en 1982 ese flujo bajó a 831 millones de dólares, tras la pérdida de la confianza y el parcial impacto negativo de la devaluación (que tuvo lugar en abril); y en 1983, ya con todo el impacto negativo de la devaluación, todavía el flujo bajó de nuevo a 376 millones de dólares.

El éxito de las buenas políticas económicas había llamado capitales al país. Pero cuando se perdió la confianza, dejaron de acudir.

Y aquí cabe una observación fundamental: lo mejor para haber minimizado la disminución del flujo de capitales habría sido mantener el tipo de cambio en $39 por dólar, es decir, el dólar fijo instituido en 1979. Pues ese cambio fijo era un incentivo para endeudarse en dólares (no había riesgo cambiario), cuya entrada era lo que el país necesitaba. Y no generaba una crisis para los deudores en esa moneda, la que se agravó debido a la devaluación. Eso lo escribo hoy, como “general después de la batalla”, porque entonces yo era partidario de devaluar. Siempre he respaldado la flexibilidad cambiaria, porque es más fácil adecuar el tipo de cambio a la situación de la economía que adecuar a la economía a un determinado tipo de cambio.

En ese tiempo el economista Emilio Sanfuentes decía: “Adecuar todo al tipo de cambio es como ir de Santiago a Buenos Aires vía Australia, Sudáfrica y las Malvinas; pero cuando ya estás en las Malvinas, debes seguir a Buenos Aires en vez de volverte a Santiago para hacer el viaje más corto y atravesar la cordillera”. Por eso él, si bien era partidario de la flexibilidad cambiaria, era contrario a devaluar cuando se devaluó.

El raciocinio de de Castro

          El ministro de Hacienda sostenía, en sus propias palabras, lo siguiente:

          “Yo me negaba a devaluar, pero no porque considerara el valor al que estaba fijado el dólar un dogma ni algo parecido, sino porque en esas circunstancias era la peor de las decisiones. Yo insistía en que lo que teníamos que hacer era rebajar las remuneraciones, disminuyendo las del sector público mediante decreto, lo que arrastraría a que bajaran también las del sector privado. Si lográbamos reducir las remuneraciones en un 12 o 13 %, subía el tipo de cambio real sin devaluación, con lo que podíamos capear el temporal. De hecho, bajaron un 12 % en tres años, después de la devaluación, y al costo de un desasosiego social enorme y a la quiebra de muchos deudores en dólares que sucumbieron a la desorbitada alza del dólar ante la incertidumbre desatada por la devaluación.

“Esto no sólo comprometió a los bancos acreedores, sino que además sirvió de caldo de cultivo para el renacimiento de la oposición, que había quedado reducida a la insignificancia después del resultado del plebiscito de 1980” (5).

          Sergio de Castro preparó un paquete de medidas con que se proponía enfrentar la crisis, pero se encontró con un Pinochet no dispuesto, el 16 de abril de 1982: “Apenas nos sentamos me dijo que quería libertad de acción para remodelar el gabinete. Me di cuenta que iba a comenzar a darme una explicación, que no tenía por qué darla porque yo sabía que me estimaba y había sido siempre muy gentil conmigo y me adelanté diciéndole: ‘No se preocupe, Presidente. Le traeré de inmediato mi renuncia’. Todo esto pasaba en un ambiente no sólo de cordialidad sino de aprecio y de respeto mutuo. Entonces me contó que iba a nombrar al general Luis Danús en Hacienda. No me pareció una buena idea y se lo hice ver: ‘Los tiempos que vienen van a ser sumamente tumultuosos, le advertí, y no me parece razonable que un general en servicio activo reciba este embate. Necesariamente se va a desprestigiar y eso puede afectar a las Fuerzas Armadas. Además, Lucho Danús, con quien me entendía cada vez mejor, pero pastelero a tus pasteles, no es economista y no va a saber cómo enfrentar el ajuste’. ‘Bien, me replicó, ¿y a quién pondría usted?’ ‘A Sergio de la Cuadra, el presidente del Banco Central’. ‘De acuerdo, ofrézcale el puesto’” (6).

          El reemplazo se produjo en dos etapas, ante una indecisión de Pinochet, como veremos más adelante.

          En todo caso, el Presidente designó al brigadier general Luis Danús en Economía, y éste fue quien anunció la devaluación, a la cual Sergio de la Cuadra, el nuevo ministro de Hacienda, también se oponía.

“Los malos días…”

          Mucho se especuló con que La Semana Política de El Mercurio del 2 de abril de 1982 había sido decisiva para determinar la devaluación y, también, que a raíz de ese artículo se le había pedido la renuncia al director del diario, Arturo Fontaine Aldunate.

          La Semana Política expresaba: “…las cosas se están haciendo mal. Se están manejando con una rudeza de inexpertos, lo que provoca desánimo en los partidarios del Gobierno y pone a éste en peligro de quedar sin más defensores que sus aguerridos soldados”.

          En cuestión de días se le pidió la renuncia a la dirección del diario a Arturo Fontaine. Éste aportó un antecedente anterior al artículo en cuestión:

          “Fontaine recuerda que a fines de marzo asistió a un almuerzo del Rotary en el Club de la Unión y se encontró allí con el general Pinochet. ‘Al salir se acercó a mi mesa y me lanzó una frase que se haría célebre: ‘En Chile no se mueve ni una hoja sin que yo lo sepa’; y añadió: ‘tenga cuidado’. Entonces yo me fui al diario y después a una clínica porque tenía una operación programada. En lugar de delegar mi cargo, como debí hacerlo, seguí trabajando en mi casa y escribí el editorial famoso en que hablé de los aguerridos soldados” (7).

          Sergio de Castro descarta que ese artículo haya tenido que ver con su salida del ministerio. De hecho, el “tenga cuidado” de Pinochet a Fontaine fue anterior a que éste lo escribiera, lo que prueba que la posibilidad de petición de renuncia a Fontaine venía gestándose desde antes. Dice de Castro:

          “Yo diría que Agustín quería operarse de Fontaine hacía rato, porque no le gusta que uno de sus hombres agarre vuelo propio. Si mi suposición es correcta, la polvareda que levantó ese editorial le proporcionó el pretexto que andaba buscando. El Presidente estimaba mucho a Arturo y poco después de este incidente lo nombró embajador en Argentina” (8).

          Arturo Fontaine también reconoció rigidez de su parte: “…con motivo del editorial famoso en que hablé de los aguerridos soldados (…) el Presidente llamó a Agustín Edwards, quien me fue a ver a mi casa para decirme que había que cambiar esto. Le dije que yo asumía toda la responsabilidad. Bueno, me dijo, ¿y qué hago yo? Le contesté que en mi opinión sólo podía aceptar lo publicado o echarme. Se lo dije tontamente, creyendo que no me podía echar. Si eso es lo gracioso, mi vanidad de ese momento” (9).

          Conocí personalmente la versión de Agustín Edwards y según ella la situación era que el director del diario prescindía de la opinión del dueño, a raíz de lo cual éste le pidió renunciar, pero también le pidió aplazar su salida varios meses y presentarla como un alejamiento amistoso. Sin embargo, Arturo Fontaine le habría señalado que se iba ese mismo día y lo hizo así, lo que provocó sorpresa general y enorme molestia contra Agustín Edwards por “haberlo ‘echado’ de esa manera”.

La ley del piso salarial

          Al dictarse la ley N° 18.134, que rebaja el “piso salarial” de la negociación colectiva de los trabajadores, propósito buscado por el equipo económico para evitar que hubiera mayor desempleo en el período de recesión (si el “piso” del reajuste es más bajo el salario aumenta menos y hay menos despidos y menor cesantía) los dirigentes de los trabajadores protestan, porque obtendrían menor reajuste. Incluso el dirigente sindical más partidario del Gobierno, Guillermo Medina, de El Teniente, sostiene que los buenos resultados que se busca con la negociación colectiva peligran con la citada ley.

          Pinochet recibe a los dirigentes laborales opositores, como Emilio Torres, de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Manuel Bustos, de la Confederación Nacional Sindical, Federico Mujica, de la Confederación de Empleados Particulares, y Juan Millán, del Frente Unido de Trabajadores, y la consecuencia es que en enero de 1983 se dicta la ley N° 18.198, que sube el “piso”, quedando éste en la última remuneración mensual del trabajador. Es decir, no podrá ganar menos que antes. El objetivo de la ley derogada era que pudiera haber una baja de remuneraciones, para evitar el aumento del desempleo. Fue una derrota de los Chicago Boys.

Pinochet cedió: “Los sindicatos que quieran dialogar conmigo, individualmente, pueden hacerlo a través de sus dirigentes, como siempre ha ocurrido: está vigente la vía del entendimiento” (10).

          ¿”Sentido común político”? ¿”Populismo”? ¿”Juego de piernas”? ¿Todas las anteriores?

          La verdad es que Pinochet nunca abandona la estrategia negociadora y en agosto inaugura la Jornadas de Análisis de la Legislación Laboral ante 1.200 dirigentes sindicales y les señala la necesidad de ordenar la legislación laboral dispersa e incoherente que en el pasado significó la politización de las cúpulas sindicales (11).

          Y luego, a mediados de septiembre, anuncia la creación del Consejo Económico Social (CES) que integrará a representantes del Gobierno, empresarios y trabajadores; y después anuncia la participación de los dirigentes sindicales en la elaboración de las leyes orgánicas constitucionales complementarias de la Carta, porque “la democracia no debe ser creada sólo por algunos, sino por todos” (12).

          Al año siguiente vendrá la ley N° 18.372 acogiendo numerosas peticiones de las dirigencias sindicales.

Cambios de ministros

          El tema del tipo de cambio era una cosa, la crisis financiera era otra, pero la simultaneidad de ambas agravaba la situación, pues se sumaban como un solo gran problema. La quiebra de CRAV sucedió junto con la de un banco menor e hicieron perder la confianza en el país de los prestamistas externos. Los créditos se restringieron. No llegaba más que un cuarto de los del año anterior, como antes vimos.

          Empresarios amigos de de Castro le piden audiencia y lo tratan de convencer de la necesidad de devaluar. A estas alturas confunden la política de tipo de cambio fijo con lo que es una crisis externa y otra de confianza en el país, que lo privan de préstamos externos. Las deudas de todos crecen con los mayores intereses, pero las ventas disminuyen. De Castro busca una solución y, como ya vimos, propone bajar los sueldos y derogar el reajuste automático al salario mínimo para los más jóvenes y los de la tercera edad. Esto provoca una fractura en el gabinete, porque el ministro de Minería, José Piñera, no concuerda con la derogación del salario mínimo.

Pero de Castro piensa que si las ventas andan mal a este nivel de precios, al reducirse los salarios bajarán los costos y también disminuirán los precios y la gente podrá comprar más. Aumentarán las exportaciones, disminuirán las importaciones y así llegarán más dólares.

          Con todo, la idea de rebajar sueldos no es una política popular ni fácil de entender. La Junta, desde luego, no está de acuerdo, por razones de imagen. De Castro interpreta la situación como una en que su persona se ha convertido en obstáculo para adoptar las medidas de ajuste. Cuando le presenta su renuncia al Presidente, ya hemos descrito lo que sucede.

          De hecho, cuando se reúnen Pinochet, de Castro y de la Cuadra, este último habla con de Castro como si no estuviera Pinochet presente: “¿Qué sentido tiene cambiar de ministro si yo voy a aplicar las mismas medidas que tú?” Entonces Pinochet concuerda… y confirma a de Castro. Pero pasa un par de días y vuelve sobre sus pasos. Acepta la renuncia de éste y nombra a de la Cuadra.

          Pero a raíz del alejamiento de de Castro renuncia el ministro del Interior, Sergio Fernández, quien ha formado equipo con aquél: le habían propuesto a Pinochet un plan rectificatorio no sólo económico, sino político, que permitiera aclarar casos de derechos humanos como el del Comando de Vengadores de Mártires (COVEMA), que ha terminado con la muerte por torturas de un estudiante; y el del asesinato de Tucapel Jiménez. Las policías, dice el plan, deben pasar a depender de Interior, no de Defensa. Y demanda un completo ajuste del ministerio.

          Pinochet no consideró factible la propuesta en un momento como el que se vivía. Entonces Fernández renunció y se produjo un completo cambio ministerial el 22 de abril. Juran diez militares y seis civiles. No están Fernández (reemplazado por su Subsecretario, abogado y general de Aviación (J) Enrique Montero Marx); ni de Castro, reemplazado por Sergio de la Cuadra; ni Kast, que asume, en lugar de de la Cuadra, como Presidente del Banco Central.

          El episodio está plagado de incoherencias: Sergio de Castro considera que ha perdido la confianza de Pinochet y le presenta su renuncia. El Presidente se la acepta, pero le pide a él mismo que le proponga el nombre de su sucesor, Sergio de la Cuadra, que es también partidario de mantener el tipo de cambio, la causa de la renuncia.

Se va también del gabinete el ministro del Interior, Sergio Fernández, que siempre ha hecho equipo con de Castro, pero asume en su lugar su subsecretario, el general de Aviación y abogado Enrique Montero Marx, que también ha hecho equipo con Fernández y de Castro.

          Sea como fuere, con de la Cuadra en Hacienda juran en Obras Públicas el brigadier general Hugo Siebert Heldt y en Agricultura el civil y agricultor Jorge Prado Aránguiz, ambos afines a la línea de los Chicago Boys.

          Pinochet también llama a sus colaboradores militares y, como vimos, nombra ministro de Economía al brigadier general Luis Danús; y ministro Director de Odeplan, al brigadier general Gastón Frez, este último un discrepante de las recetas de los Chicago Boys.

En Defensa asume el vicealmirante Patricio Carvajal, en Minería el abogado especialista Samuel Lira Ovalle y en la Secretaría General de Gobierno el abogado Hernán Felipe Errázuriz, que antes se desempeñaba en Minería.

Nótese que Pinochet incorpora al ministerio a “sus hombres” en Economía y en Odeplan otro del mismo rango, Gastón Frez, un defensor de la propiedad minera del Estado y, en general, del rol estatal.

Concesiones y devaluación

Bruno Siebert sembrará una semilla que años después dará muchos frutos: será quien redacte el primer decreto que autoriza las concesiones de obras públicas a privados, las cuales transformarán la infraestructura del país veinte años más tarde, gracias a una “alineación de los astros”: Siebert entregará la cartera en 1990 a un ministro de Aylwin que es el más pro-mercado de todos en 1990, Carlos Hurtado, un “liberal en castellano”, no liberal, de los pocos centroderechistas que eran opositores al Gobierno Militar, pero con las ideas económicas de éste.

Será de las primeras señales para profundizar el “principio de subsidiariedad” establecido en la Constitución. Ya antes el ministro de Minería, José Piñera, había impulsado el derecho real de concesión minera para atraer privados a la actividad extractiva mayor, monopolizada por el Estado. Vendrá la participación privada en las telecomunicaciones, en la generación y distribución eléctricas, en la atención de la salud, en la previsión, en el acero y en la telefonía.

Adicionalmente, con el capitalismo popular (compra de acciones de empresas intervenidas o estatizadas con los fondos previsionales de cada trabajador, en condiciones ventajosas) en pocos años se busca que “todo el mundo tenga recursos y participación en las actividades económicas del país”, dirá Pinochet. Es un paso decisivo de la Revolución Militar hacia la instauración más plena de la propiedad privada y del libre mercado en el país (13).

Después de 1990, Carlos Hurtado será ministro de Aylwin y seguirá trabajando en el ministerio la idea de Siebert, dejándola a punto para ser implementada, como antes se dijo. Llega después a la cartera, bajo la administración Frei (1994-2000), un socialista, Ricardo Lagos, pero parece que se ha “renovado”: impulsa el proceso de las concesiones y, tanto mejor para él mismo, resulta elegido Presidente de la República entre 2000-2006, período durante el cual hace realidad la idea sembrada bajo el Gobierno Militar y cubre al país y a la capital de autopistas concesionadas: “Este niñito compró un huevito, este otro lo puso a asar, este otro le echó la sal y este grandote se lo comió”. Ricardo Lagos Weber lo graficó: “el mejor monumento a la memoria de la obra de mi padre será la Costanera Norte”, declararía años después.

          Pero en 1982 todavía no se avizoran esas buenas consecuencias de acoger la iniciativa privada y connotados gerentes y empresarios van a prisión o se hallan prófugos en virtud de las querellas interpuestas por la autoridad financiera al comprobarse conductas constitutivas de fraudes bancarios, auto-otorgamiento de préstamos y creación de sociedades con el exclusivo fin de eludir las prohibiciones y controles estipulados por la legislación bancaria. Las pérdidas patrimoniales son cuantiosas.

Esa negativa experiencia conducirá a una nueva y excelente legislación bancaria que pondrá al país a cubierto de los excesos que ahondaron la crisis de 1982.

          Pero los cambios en el equipo no iban a ser suficientes para superar la crisis de la deuda, que tuvo carácter internacional y siguió su curso.

Así, Pinochet toma la decisión de devaluar, de la Cuadra acata a contrapelo y el nuevo ministro de Economía, Luis Danús, es quien anuncia que la paridad oficial subirá de $ 39 a $ 46 por dólar, precio éste que se ajustará en adelante según una escala progresiva.

Se vive un clima de crisis y la Junta de Gobierno se reúne de manera extraordinaria. Se acuerda la reducción en 10 % de las remuneraciones del sector público superiores a cien mil pesos y de 20 % a las que superaran los ciento cincuenta mil, lo cual alcanza a las del Presidente de la República, de la Junta de Gobierno y de ministros, subsecretarios, magistrados y principales autoridades del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado, Cuerpo de Generales y Almirantes y oficiales superiores de los institutos uniformados.

La cúpula del poder debe dar el ejemplo y se elabora un Plan de difusión de fundamentos y consecuencias de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno.

Miradas las cosas en retrospectiva, hoy parece claro que la devaluación no curó la enfermedad, sino que la agravó. De Castro tenía razón en 1982 y los partidarios de devaluar estábamos equivocados. Crisis iba a haber de todas maneras en ambos casos, pero con tipo de cambio fijo el costo de ella habría sido menor que el que provocó la devaluación.

Libertad cambiaria no puede sostenerse

          La desesperación de los gremios de la producción cundía y Pinochet los recibía a todos, que le planteaban sus problemas de endeudamiento, de contracción de los mercados, de comercialización de sus productos e incluso de la permanencia o sobrevivencia de la actividad en la cual trabajaban. Pero él no tenía los medios para darles soluciones a sus problemas. El país experimentaba una tremenda contracción, originada en que la entrada de recursos externos se había minimizado. Es un shock, un apretón que ninguna economía puede resistir sin una fuerte caída del nivel de vida de sus habitantes.

          Como las medidas del Gobierno no restablecen la confianza necesaria para iniciar una recuperación económica, el 5 de agosto se toma una decisión “heroica”: decretar la libertad cambiaria, es decir, dejar que el precio del dólar flote libremente de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda. El Presidente se reúne con representantes de la banca nacional y extranjera –38 bancos y 10 financieras— y recibe de todos un claro respaldo.

          Pero a fines de agosto el dólar llega a $ 67 y el Gobierno carece del coraje necesario para persistir en la libertad cambiaria –un coraje todavía mayor que el requerido para haber sostenido el dólar fijo— y cede: resuelve fijar una banda de variación, restringiendo el acceso al mercado cambiario (14).

Devaluaciones diarias

          Tras la devaluación se cumplieron los peores augurios de de Castro. Resumiendo lo anterior, primero se fijó el dólar en $46, un 18 % más alto. Era más o menos lo esperado. Pero nada se solucionó y en agosto se resolvió, como antes se vio, confiar en el mercado: tipo de cambio libre. El dólar llegó a los $67. Tres días después de alcanzar este valor al Gobierno “le tiemblan las piernas” y suspende la flotación libre para pasar a la “flotación sucia”: el Banco Central interviene cuando el dólar sube demasiado. Pero hay todavía un dólar fijo a $50, un “salvavidas”, para los deudores en moneda extranjera.

          En  octubre se aplica la llamada crawling peg, la tablita: fijación diaria del tipo de cambio según el comportamiento de la inflación interna en relación con la internacional del mes anterior. Con ella, en octubre el dólar llega a $66. Cerraría el año en $74.

          De la Cuadra les da oxígeno a los bancos mediante el expediente de comprarles la cartera vencida, es decir, morosa e impaga. Obviamente, ello equivalía a cambiar créditos malos (la deuda insoluta) por un crédito bueno, un pagaré del Banco Central. Coordinó este programa el ex Director de Presupuestos y economista de Chicago, Juan Carlos Méndez.

          Los requisitos que debían cumplir los bancos para vender cartera vencida consistían en desconcentrar los créditos cuantiosos dados a pocos clientes (a veces empresas de los mismos dueños del banco), provisionar dicha cartera y no dar dividendos hasta haber recomprado la cartera vencida.

          El clima de opinión pública había empeorado y ya se hablaba de que el modelo económico liberalizador había conducido a que el Estado se hubiera hecho dueño virtual de los bancos. ¿Un nuevo socialismo? Y como las empresas grandes habían debido dar acciones en prenda a los bancos, se afirmaba que la estatización de hecho era mayor que durante la Unidad Popular. ¡El libre mercado conducía al socialismo de Estado!

          Pero, en el hecho, con sus crisis y sus idas y venidas, el modelo chileno reprivatizó al final todo y permitió, al cabo de la década perdida de América Latina, la de los años ’80, que Chile fuera el primer país en superarla, quedando como la economía con el más alto ingreso por habitante de la región.

         

Lüders bi-ministro

          Pinochet busca reeditar sus medidas de 1975, contenidas en el heroico Plan de Recuperación Económica encabezado por Jorge Cauas, poniendo a la cabeza esta vez a otro economista de nota, con plenos poderes y en calidad de bi-ministro de Hacienda y Economía, Rolf Lüders. Deja Hacienda de la Cuadra y deja Economía el brigadier general Danús.

El nuevo bi-ministro había sido socio de uno de los mayores grupos económicos en dificultades, el de Javier Vial y el BHC. Pinochet designó como subsecretario de la segunda cartera al economista de Chicago y académico de la Universidad de Chile, Álvaro Bardón.

Hay otros cambios en el gabinete: Álvaro Arriagada reemplaza en Educación al contralmirante Rigoberto Cruz; y en Trabajo y Previsión Social, Patricio Mardones reemplaza a Máximo Silva.

          En diciembre el dólar llegó, según antes se dijo, a $74, y el Banco Central había perdido 2.200 millones de dólares de sus reservas. A la vez, había inyectado liquidez a la economía, generando mayor inflación. Desde el exterior no llegaban buenas noticias, pues México había entrado en default, es decir, en cesación de pagos de su deuda externa.

          Los grupos económicos estaban bajo la acusación de que sus bancos habían prestado en exceso a sus empresas, sin las debidas garantías. De ahí se iba a originar lo que más arriba se mencionó: una nueva legislación bancaria que, estudiada y despachada por la Junta de Gobierno, conduciría a que el sistema bancario chileno terminara siendo, después de la crisis, uno de los más sólidos del mundo.

El país aprendió de la crisis y salió fortalecido de ella a la postre, pero… debía pagar su deuda. Le quedaban tres años difíciles más, antes de volver a despegar.

          En el Banco Central se aceptó la renuncia de Miguel Kast a la presidencia y pasó a ser encabezado por Carlos Cáceres, decano de la Escuela de Negocios de Valparaíso y hombre de confianza del ex senador y gran empresario Pedro Ibáñez Ojeda. A Cáceres le correspondió suspender la libertad cambiaria y fijar el precio del dólar, el cual variaría según una tabla (la tablita) determinada por la inflación interna menos la externa.

Viaje urgente a Washington

En compañía del nuevo bi-ministro Lüders, Carlos Cáceres viaja a Washington a negociar los pagos de la deuda externa, pero en el tiempo intermedio la acción judicial de la Superintendencia de Bancos que ha afectado a distintos grupos económicos dueños de estas entidades ha comenzado a amenazar al primero, en su calidad de ex socio de Javier Vial y del grupo BHC. Existe el peligro de que se dicte orden de detención en su contra, como en los casos de otros banqueros. A su regreso de los Estados Unidos deberá renunciar.

          En muchos sentidos 1982 fue el año más crítico del Gobierno Militar. La caída económica tenía consecuencias sociales devastadoras: “Los uniformados (…) eran sensibles a la desocupación y descontento ciudadano. La fuerte caída de la economía provocó un brusco aumento de la cesantía e impulsó la protesta ciudadana, confirmando los temores castrenses. En 1982 el PGB cayó -14,5 por ciento, con tasas negativas aún peores en la industria y en la construcción (-21,1 y -23,4 por ciento). El desempleo reconocido en 1982 fue de 19,6 por ciento, siendo muy superior si se consideran los programas de empleo de emergencia, el Programa de Empleo Mínimo (PEM) y el Programa Ocupacional para Jefes de Hogar (POJH), llegando al 26,1 por ciento; y en 1983 subió al 26,4 por ciento (31,3 por ciento si se incluyen el PEM y el POJH)” (15).

Importante designación eclesiástica

          En septiembre de 1982 el cardenal Silva Henríquez presenta su renuncia ante la Santa Sede por haber cumplido la edad límite de 75. Sólo al año siguiente se nombrará como su sucesor a monseñor Juan Francisco Fresno, hasta entonces Obispo de La Serena. “En un homenaje ofrecido por sindicalistas al cardenal arzobispo saliente, éste reafirma sus conceptos sobre la necesidad de la intervención eclesiástica en lo social, político y económico. La reconciliación tiene, a su modo de ver, su base en la justicia, porque ‘las desigualdades masivas de poder y riquezas en el mundo, y a menudo dentro de las naciones, son un grave obstáculo para la reconciliación’” (16).

          Se atribuye a la Primera Dama, Lucía Hiriart de Pinochet, haber comentado, al enterarse de la renuncia de Silva Henríquez y la posterior designación de Fresno: “El Señor ha escuchado nuestras plegarias”.

          Pero Fresno no demorará en verse envuelto en la vorágine política, cuando la impaciencia de los opositores dé origen al Acuerdo Nacional para la Transición a la Democracia. Y entonces desilusionará a la señora Lucía.

Retorno de exiliados

          Se hace evidente que el Gobierno, sumido en la crisis de la deuda, está procurando dar señales de concordia interna que a la vez sirvan para proyectar una nueva imagen internacional. Busca alivio político. Se forma una comisión para el estudio de la admisión de personas de regreso al país. A fines de diciembre de 1982 se permite la entrada de 125 personas (17).

Pero luego la recién formada comisión se disuelve y el estudio de la situación de reingreso queda en manos de los ministerios del Interior y Justicia.

          El Gobierno aprovecha para instruir a su embajador ante las Naciones Unidas, el antiguo diplomático de carrera Manuel Trucco, en el sentido de que informe al Secretario General del organismo sobre la decisión de readmitir personas exiliadas.

          Más adelante habrá nuevas listas de autorizados para volver.

Acuerdos en México

          En los más difíciles momentos para el Gobierno a raíz de la crisis, la oposición de izquierda perfecciona el apoyo soviético-cubano para activar en Chile la lucha armada subversiva.

          En febrero de 1982, en La Habana, el presidente del Comité Exterior de la CUT, Mario Navarro, anunciaba que su central sindical “apoya la acertada decisión de los ocho partidos y movimientos de la izquierda chilena (de septiembre de 1981) de utilizar todas las formas y medios de lucha, incluyendo la armada” (18).

          “En una nueva reunión de la izquierda, realizada también en México, a fines de mayo de 1982, se advirtió algunas aparentes divergencias. De los siete partidos asistentes, los dos MAPU y la Izquierda Cristiana (embriones de la llamada Convergencia Socialista) se mostraron como renuentes a plegarse a la política militar del PC, aunque tanto Orlando Millas (PC) como Clodomiro Almeyda (PS), en repetidas declaraciones en Moscú y Berlín comunista, negaron terminantemente que hubiera alguna especie de división en el bloque. En todo caso, quedaba claro que se trataba más bien de una especie de división del trabajo: por una parte el PC y sus aliados más cercanos se encargaban del trabajo sucio de la lucha armada; por la otra, los fingidos ‘socialistas democráticos’ de la Convergencia cumplirían el papel de infiltradores en los partidos y alianzas de la oposición centrista, posando de moderados y partidarios de la ‘vía pacífica’, lo cual no les impediría, por supuesto, participar a título individual en las organizaciones terroristas promovidas y financiadas por el PC.

          “Como fuere, y con el fin de dejar algunas cuestiones en claro, la reunión de mayo en México emitió el ‘llamamiento a la unidad y el combate’, firmado por el PC, el PS-Almeyda, el MIR y el P. Radical, liderado este último en México por los prosoviéticos Hugo Miranda, Hugo Vigorena y Anselmo Sule. El documento convocaba al ‘enfrentamiento’, llamando a ‘profundizar y desarrollar’ las ‘muy diferentes formas de acción’ y reconociendo que en Chile se ‘ha sabido emplear todos los métodos posibles, sin renunciar a ninguna forma de lucha’; advertía que era importante ‘articular la organización legal y semilegal con la organización clandestina’ y simultáneamente ‘estimular la creación de focos guerrilleros que se extiendan por toda la nación’” (19).

          El MAPU y la IC debieron explicar a sus patrones cubanos su estrategia. “Para este efecto, a pocos días de las reuniones de México, a mediados de junio, Manuel Piñeiro Losada –Director del Departamento América del CC del PC de Cuba y jefe de la subversión castrocomunista en el continente--  convocó a sus oficinas en La Habana a los seudodisidentes de la política militar del PC. Por el MAPU asistió Óscar Garretón, por el MAPU-OC el ahora retornado Ismael Llona, y por la Izquierda Cristiana, Mario Fernández. Al parecer, Piñeiro quedó conforme con la cuenta rendida” (20).

Las Malvinas y Chile

          Cuando en abril Argentina invade las islas Malvinas o Falkland pertenecientes al Reino Unido, en medio de la gigantesca celebración que tiene lugar en Buenos Aires el Presidente Galtieri dice que ése ha sido “el primer paso” de la recuperación del “territorio insular argentino”. Para ningún chileno deja de ser obvio que el segundo paso puede ser una acción similar en detrimento del territorio insular chileno largamente ambicionado por los argentinos.

La invasión exitosa de las Malvinas iba a tener, entonces, como necesaria secuela, similar invasión a expensas de Chile. Galtieri lo estaba anunciando públicamente.

          Pero de manera oficial Pinochet reiteró su adhesión a “la tradicional vocación jurídica y americanista de Argentina y Chile” (21).

          De paso, una de las primeras víctimas de esa guerra fue el crucero General Belgrano, que un año antes se había paseado durante siete horas, insolentemente y sin permiso alguno, por aguas chilenas australes. Un submarino británico lo echó a pique en abril de 1982.

          En los hechos y secretamente nuestro país colaboró con Gran Bretaña con información estratégica, apoyo logístico y amparo a aviadores británicos de un helicóptero caído en territorio chileno, cerca de Punta Arenas. Esos aviadores fueron prontamente embarcados hacia Gran Bretaña.

Reconocimientos en el sentido de la existencia de ese apoyo hicieron con posterioridad el canciller británico, lord Carrington, la primera ministra Margaret Thatcher y el miembro de la Junta de Gobierno chilena, general Fernando Matthei.

Margaret Thatcher reveló en 1999, durante la Convención de su Partido Conservador y estando preso Pinochet en Londres (lo que a ella la indignaba) lo siguiente:

“El Presidente Pinochet fue un leal y verdadero amigo nuestro en aquel momento de necesidad cuando Argentina invadió nuestras islas Falkland. Lo sé. Yo era entonces Primera Ministra. Bajo las expresas instrucciones del Presidente Pinochet, y asumiendo un alto riesgo, Chile nos proveyó de una invaluable ayuda. No puedo revelar todos los detalles. Pero mencionaré sólo un incidente.

“Durante la guerra de las Falkland la Fuerza Aérea de Chile nos avisaba con anticipación los ataques aéreos argentinos, lo que permitió a nuestras fuerzas navales y aéreas preparar la defensa oportunamente. El enorme valor de esa información de inteligencia se confirmó cuando un día, casi al final de la guerra, el radar chileno de larga distancia tuvo que ser apagado para una mantención indispensable. El mismo día, martes 8 de junio, fecha clavada en mi corazón, aviones argentinos atacaron y destruyeron los cruceros Sir Gallahad y Sir Tristram con enormes pérdidas humanas. En total 250 miembros de nuestras fuerzas armadas perdieron la vida en la guerra de las Falkland. Sin la intervención del Presidente Pinochet, con certeza, habrían sido muchos más. Todos los británicos tenemos con él –y con Chile--  una enorme deuda.

“¿Y cómo las autoridades británicas bajo este Gobierno Laborista pretenden saldar esa deuda? Se los diré. Por la vía de colaborar con el secuestro judicial del Senador Pinochet” (22).

Alivio con Perú y tensión con Bolivia

          Obviamente a Chile no le convenía un deterioro de sus relaciones con Perú cuando se había hecho tan ostensible la amenaza insular argentina, si bien postergada a raíz del fracaso de ese país en las Malvinas. El Presidente Galtieri lo había denominado, como más arriba se dijo, “el primer paso en la recuperación del territorio insular austral argentino”. El “segundo paso”, de tener éxito el primero, y tal vez aun no habiéndolo tenido, podría ser la invasión de alguna o algunas islas australes chilenas. En esas circunstancias la situación en el norte habría sido clave.

          Pero en 1982 el Perú tuvo un grave conflicto fronterizo con Ecuador, lo que lo llevó a buscar un acercamiento con Chile y a llegar hasta a declarar, en la Asamblea de la OEA realizada en la isla Margarita, de Venezuela, que dicho organismo no tenía competencia para tratar la aspiración marítima boliviana.

          Con motivo del trigésimo aniversario de la Declaración de Santiago, que estableció las 200 millas de zona marítima exclusiva, se abrió una nueva oportunidad para impulsar la Comisión Mixta Chileno-Peruana. Pinochet pudo así declarar en su mensaje a la nación en 1983 que “la vinculación con la República del Perú se enriquece constantemente y las coincidencias son cada vez mayores” (23).

          Bolivia intenta llevar lo que llama su “problema de mediterraneidad” a los foros internacionales y anuncia que es un tema de “sobrevivencia nacional”. Su Presidente, Hernán Siles Suazo, declara que no habrá reanudación de relaciones con Chile hasta que no obtenga de éste su salida al mar. Si bien Bolivia tiene, de hecho, salida al mar, de acuerdo con las facilidades de que goza en el puerto de Arica, de acuerdo al Tratado de 1904, la quiere con soberanía propia.

          En la Asamblea General de la OEA de noviembre de 1982 circula un proyecto de resolución, elaborado por el gobierno boliviano, que es inaceptable para Chile. Luego de un áspero intercambio entre los cancilleres de ambos países, la votación favorece a Bolivia y Chile se retira de la asamblea, para no convalidar un dictamen que está fuera de la competencia de la OEA (24).

Gasto social para extrema pobreza

          Es llamativo que en ese año de profunda crisis y recesión el Gobierno haya sido capaz de entregar 50 mil viviendas nuevas a los pobres y 10 mil subsidios habitacionales, destinando en la sola Región Metropolitana más de 300 millones de pesos para calles, alcantarillado y agua potable (25).

          En particular, se resuelve erradicar, entre marzo y julio de 1983, todos los campamentos (viviendas precarias construidas en terrenos irregulares tomados de facto por los pobladores), con un costo de 750 millones de pesos (26).

          En el mismo crítico año 1982 ha sido posible trasladar tres mil familias desde once campamentos (27).

Descentralización educacional

          En 1982 continúa el proceso iniciado en 1980 de traspaso de establecimientos de enseñanza pública a los municipios. La Revolución Militar había dado el paso de abrir la enseñanza superior a la libre iniciativa de los particulares, pero le parecía mucho más complejo darlo respecto de la enseñanza básica y media. Probablemente concibió la municipalización como un avance descentralizador parcial.

          El ministro de Educación, Alfredo Prieto, que había sucedido a Gonzalo Vial, informa continuamente al Presidente de los avances en la descentralización. Desde fines de 1980 y hasta septiembre de 1982 el traspaso de establecimientos educacionales a la administración comunal ha alcanzado a un 80,4 %.

          La educación más libre es la que radica las decisiones en cada familia, dándoles a todas las que carezcan de medios lo suficiente para que tengan libertad de elegir la enseñanza para sus hijos. La menos libre es la monopolizada por el Estado. En tal sentido, la municipalización fue un paso en la dirección correcta.

La visita de sor Teresa

          Durante septiembre de 1982 visitó el país sor Teresa de Calcuta, la protectora de los más pobres y que se apiada especialmente de los que están por morir abandonados de todos los suyos. Los opositores al Gobierno esperaban algún pronunciamiento crítico de ella sobre la situación de la pobreza en Chile, pero se negó a emitirlo. Siendo albanesa, es decir, de un país que ha soportado el comunismo, tendía a mirar con simpatía al régimen que había evitado la caída de Chile bajo semejante régimen.

          Durante su estadía se negó a formular comentarios de contenido político, pero prestó tácito soporte a la labor de la Primera Dama, Lucía Hiriart de Pinochet, en beneficio de los pobres, apareciendo ante la prensa nacional e internacional tomada de la mano con ella.

Los esfuerzos de Ronald Reagan

          No cabe duda de que el nuevo Presidente norteamericano no quiere ser un factor de inestabilidad política del Gobierno Militar chileno, como lo fue el de su antecesor, Jimmy Carter. La Casa Blanca desea otorgar la Certificación sobre Derechos Humanos a Chile. Y en julio envía a una delegación, presidida por el Vicesecretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos, Everett Briggs, a Santiago, a un seminario patrocinado por la Academia Superior de Seguridad Nacional y la embajada de los Estados Unidos.

Esa sola asociación ya indica la buena voluntad norteamericana. Los funcionarios visitantes revelan el deseo de su gobierno de otorgar la Certificación, pero demandan “mejoramiento de la situación de derechos humanos”.

          A la vez, los opositores internos chilenos hacen esfuerzos por crear situaciones que den una imagen contraria. Las protestas, facilitadas por la inevitable crisis recesiva que vive el país  --recuérdese que ha recibido en 1982 menos de la cuarta parte de los recursos en moneda extranjera llegados en 1981— facilita la organización de desórdenes populares.

El “caso Letelier” sigue penándole al gobierno chileno, no obstante la nula responsabilidad en él del Presidente y de la Junta.

          La prensa norteamericana, muy sesgada en favor de la centroizquierda chilena, magnifica los acontecimientos negativos. Acá el Gobierno debe elegir entre dejar que la anarquía se enseñoree de las calles o reprimirla. Si hace esto último, es acusado de “atropellar los derechos humanos”. Si no lo hace, el clima de violencia lo exhibe como incapaz de garantizar la gobernabilidad.

          Será el problema permanente de los tiempos que vengan, como lo fue en los pasados.

Balance económico anual

          Las cifras de fines del año 1982 fueron inmisericordes: el PIB cayó -13,6 % (cifras del Banco Central, pues hemos visto en este capítulo que un autor da una mayor). La tasa de desempleo en el país llegó a 15,4 % y en el Gran Santiago aumentó al doble que el año anterior: 22,1% (también se ha citado más arriba al mismo autor que da guarismos más altos). Y la inflación también aumentó a más del doble, medida por el IPC anual: 20,7 %.

          La Tasa de Inversión (Formación Bruta de Capital Fijo) cayó a 13,7 % del PIB.

          Después de tres años de superávit fiscal, se volvió al déficit, que fue de 2,3 % del PIB.

Es decir, la crisis y la devaluación desataron en el país una estanflación: estancamiento junto con mayor inflación. Lo peor de ambos mundos. El premio de consuelo fue que la devaluación mejoró la Balanza Comercial, que arrojó un saldo positivo de 62,4 millones de dólares. Este saldo positivo ya no se interrumpiría más en el resto del Gobierno Militar.

La Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos redujo su déficit a menos de la mitad del ejercicio anterior: -2.304,3 millones de dólares. La Cuenta de Capitales de la Balanza disminuyó su superávit a 2.379,8 millones de dólares. La Deuda Externa siguió aumentando y alcanzó a 17.153 millones de dólares.

El saldo de la Balanza de Pagos fue negativo por primera vez en siete años y fue de -1.165 millones de dólares (28).

Las Reservas Internacionales Brutas del Banco Central cayeron a 2.735 millones 400 mil dólares, una disminución de 1.039 millones 900 mil dólares respecto al año anterior (29).

REFERENCIAS DEL CAPÍTULO X:

(1) Cavallo, Ascanio; Salazar, Manuel y Sepúlveda, Óscar: “La Historia Oculta del Régimen Militar”, Antártica, Santiago, 1989, p. 315.

(2) “La Segunda”, 24 de enero de 2007.

(3) Vial, Gonzalo: “Pinochet…”, op. cit., p. 463.

(4) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op. cit., t. II, p.760.

(5) Arancibia, Patricia: “Sergio de Castro…”, op. cit., p. 380.

(6) Ibíd., p. 381.

(7) Ibíd., p. 378.

(8) Ibíd., p. 379.

(9) Ídem.

(10) “La Tercera”, 06 de febrero de 1983.

(11) “La Segunda”, La Segunda, 29 de agosto de 1983.

(12) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op. cit., t. II, p. 704.

(13) “El Mercurio”, 07 de marzo de 1987, C 5.

(14) Valdivieso, Rafael: “Crónica de un Rescate”, Andrés Bello, Santiago, 1988, p. 246.

(15) Huneeus, Carlos: “El Régimen…”, op. cit., p. 472.

(16) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, t. II, p. 633.

(17) Ibíd., t. II, p. 577.

(18) Domic, Juraj: “Política Militar…”, op. cit., p. 87.

(19) Ibíd., p. 88.

(20) Ídem.

(21) “El Mercurio”, 17 de abril de 1982.

(22) Discurso ante la Convención del Partido Conservador en Blackpool el 6 de octubre de 1999, citado por la revista “Economía y Sociedad” de abril-junio de 2018, ps. 26 y 27.

(23) “La Tercera”, 12 de septiembre de 1983, p. 4.

(24) Pinochet, Augusto: “Camino…”, op. cit., t. III, p. 114.

(25) “La Nación”, 12 de septiembre de 1982, p. 6.

(26) El Mercurio, 22 de diciembre de 1982, p. C5.

(27) “La Tercera”, 02 de enero de 1983, p. 13.

(28) Banco Central de Chile, División de Estudios: “Indicadores Económicos y Sociales 1960-1985”, Santiago, 1986; “Indicadores Económicos y Sociales 1960-2000”, Santiago, 2001.

(29) Díaz, José; Lüders, Rolf y Wagner, Gert: “La República en Cifras”, op. cit., p. 516.

(CONTINUARÁ MAÑANA)