Recuerdos Personales de Don Patricio

          Fue una personalidad histórica decisiva del siglo XX y sus oscilaciones políticas tuvieron gran influencia en los destinos del país, tanto para librarlo de caer bajo un régimen totalitario, induciendo a los militares a derrocar al Presidente que se proponía instaurarlo, como para determinar, 17 años después y ya como Presidente él mismo, la injusta condena histórica y judicial de ellos, materializada hoy en más de mil procesos contrarios a derecho y más de un centenar de ex uniformados ancianos, enfermos o inválidos, en calidad de presos políticos.

          Lo conocí como profesor de Derecho Administrativo en el cuarto año de la carrera, en la Universidad de Chile, en 1956. En el examen final fue benévolo conmigo y le quedé agradecido por eso.

          Después, durante el gobierno de Frei Montalva, me llamaron la atención sus posturas extremas, pues lo había tenido siempre por un político moderado. Recuerdo en particular un discurso suyo de esos años llamando a la “reforma urbana” y la “reforma industrial” después de la reforma agraria, que ya estaba sembrando el caos y la discordia en los campos. Y fue el autor de la Ley Aylwin, que permitía a la CORA tomar posesión de los fundos que pretendía expropiar aun cuando no se hubieran cumplido los requisitos legales, ley que permitió derribar las últimas defensas que les quedaban a agricultores despojados.

          Pero ya durante la Unidad Popular, que llegó al gobierno gracias a los votos de la DC en el Congreso Pleno, Aylwin se distinguió como un vehemente opositor y facilitó la formación de un frente conjunto con el Partido Nacional, de derecha; la Democracia Radical, de  centro, y el Partido de Izquierda Radical, esta última encabezada por el senador Luis Bossay y escindida de la UP.

          Desde el Senado y como presidente de la DC Aylwin pronunció vehementes discursos condenatorios del régimen de Allende. Mantuvo con éste diálogos convocados por el cardenal Silva Henríquez, al tiempo que tenía contactos indirectos con “el Grupo de los Quince”, integrado por generales de las tres fuerzas armadas que discutían la posibilidad de poner término al régimen que pretendía transformar a Chile en otra Cuba. A través del hijo del general Sergio Arellano Stark, joven militante DC, Aylwin puso en conocimiento del uniformado que el diálogo con Allende había fracasado definitivamente, lo que fue interpretado por los militares como una carta blanca para proceder a la remoción de este último.

          También Aylwin fue co-redactor del Acuerdo de la Cámara de Diputados de 22 de agosto de 1973, considerado el antecedente jurídico-político decisivo del pronunciamiento. Me cupo un papel en la preparación de ese documento, cuyo texto inicial redactó el ex ministro Enrique Ortúzar Escobar y que luego fue corregido por el senador Francisco Bulnes Sanfuentes (PN). Entregado el escrito al diputado DC Claudio Orrego Vicuña, éste lo puso en manos de Aylwin, que le introdujo varias modificaciones. En su tiempo recuerdo haber estimado que ellas “suavizaron” el texto, sin desvirtuar su explícito llamado a los uniformados “a poner término a las situaciones de hecho existentes”.

          Aylwin encabezó la defensa de la Junta inmediatamente después del 11 de septiembre de 1973, junto a Frei Montalva, en la prensa nacional  y extranjera. En entrevista a NC News Services de Washington y Bonn, reproducida en el diario DC “La Prensa” de Santiago el 19 de octubre de 1973, expresó: “La verdad es que la acción de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros no vino a ser sino una medida preventiva que se anticipó a un autogolpe de Estado que, con ayuda de milicias armadas con enorme poder militar de que disponía el Gobierno y con la colaboración de no menos de diez mil extranjeros que había en este país, pretendían o habrían consumado una dictadura comunista”.

          Ante las críticas por excesos en la represión argumentaba: “Es muy fácil convertirse en juez de otros que están peleando, mientras uno está cómodamente sentado en su escritorio. Yo no me siento con autoridad moral para juzgar si han sido excesivos o no, porque lo cierto es que los militares han tenido muchas bajas y han recibido la acción”.

          Pero veinte años después aseguró que nunca había dicho lo anterior (ambas versiones quedaron perpetuadas en YouTube), se convirtió en juez de los militares, formó una comisión para condenarlos y exculpar a sus adversarios y clavó a los primeros en la picota pública de la ignominia nacional y mundial.

          Pero fue durante el período en que Frei Montalva y Aylwin defendían a la Junta, entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973, que se produjeron mil 800 muertes, es decir, el 60% del total de todas las registradas durante el Gobierno Militar. Hoy la mayoría de los Presos Políticos Militares ilegalmente condenados son los mismos cuya acción Aylwin justificaba en 1973, y por los mismos hechos.

          Él antepuso su conveniencia política a la consecuencia, y aquélla le aconsejaba en 1990 congraciarse con la extrema izquierda, a la que consagró como “víctima”, siendo que se proponía ser victimaria; “agredida”, habiendo sido la agresora; y “demócrata”, pese a su vocación totalitaria. Esto lo logró a través del “Informe Rettig”, que exculpó a la izquierda, designó a los muertos por ella como víctimas de una innominada “violencia política”, mientras los demás eran obra explícita de “agentes del Estado”. La culpa pasó a ser de los militares, no obstante que en 1973 él decía: “… cuando se produjo el pronunciamiento militar y se formó la Junta Militar de Gobierno, nosotros los democratacristianos habríamos faltado a la verdad y habríamos sido inconsecuentes si no hubiéramos reconocido que la responsabilidad fundamental de lo ocurrido proviene de la acción del gobierno de la Unidad Popular y que las fuerzas armadas no buscaron esto, sino que actuaron por patriotismo, con un sentido de responsabilidad frente al destino histórico de Chile…”

Pero veinte años después indemnizó generosamente al violentismo unipopulista y sentó las bases para perseguir judicialmente a los militares.

          Fue un político astuto, que aprovechó hábilmente las circunstancias, como a fines de los ’80, cuando llegó a presidir la DC gracias al “Carmengate”, que tanto lo benefició, para infinita desazón de Andrés Zaldívar, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Gabriel Valdés, cuyas aspiraciones presidenciales resultaron defraudadas cuando “el único que no soy candidato” (Aylwin) alegó para sí un mejor derecho a la disputada presidencia de la DC, desde la cual después se las arregló para ser precisamente el postulante presidencial de la Concertación en 1989.

          En 1990 formó, mediante un decreto jurídicamente ilegal y nulo, la “Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación". Tras publicarse su Informe, la Corte Suprema dijo (13 de mayo de 1991): “La Comisión no trepida en violentar el ámbito de sus atribuciones;… rebasó abusivamente las atribuciones que se le habían conferido y, extralimitándose en sus facultades, formuló un juicio apasionado, temerario y tendencioso, producto de una investigación irregular y de probables prejuicios políticos”. Así, sumado ello a las millonarias indemnizaciones y pensiones estatales a la extrema izquierda (hoy deben llegar a unos 300 millones de dólares anuales), Aylwin consiguió el apoyo de ese sector para sus propósitos políticos; o, en todo caso, la anulación de sus ínfulas revolucionarias durante su gobierno de cuatro años.

          A la inversa, crucificó a los militares: mediante una carta inconstitucional a la Corte Suprema, pidió a los tribunales no aplicar la amnistía (“que mi gobierno respeta”, añadió) sino hasta la sentencia de término en los procesos, lo que hizo posible el desfile de militares por los tribunales y los expuso a las agresiones y la denigración de los  “guardianes del odio” en nuestro país.

          Hoy se le reconoce a don Patricio haber manejado “la transición”, período que no tiene otro defecto que el de no existir, pues se transitó a la democracia y a la plena vigencia del articulado permanente de la Constitución de 1980 el mismo día 11 de marzo de 1990, con todas las reformas aprobadas por más del 90 por ciento de los votos en 1989. Después de eso no hubo transición alguna a ninguna parte y desde entonces vivimos en la plena democracia prevista en la misma Carta Fundamental.

          Tenía don Patricio una candidez que lo hacía simpático y amigable, como cuando, en plena crisis de los “sobres con billetes” que los gobernantes concertacionistas se llevaban para la casa sin fundamento legal alguno, bajo el gobierno de Lagos, aquel confesó paladinamente a “El Mercurio” que esa práctica había comenzado bajo su gobierno: “fue una corruptela”, expresó. Y todo el mundo lo perdonó en el acto.

          Cuando terminó su gobierno, en 1994, en mi columna de “El Mercurio” hice un balance de su gestión y concluí que lo mejor de ella había sido la actuación de la Primera Dama, señora Leonor Oyarzún. Hasta hoy mantengo ese predicamento, le hago llegar mi pesar por el deceso de su marido y elevo preces por el eterno descanso de su alma.