El Discreto Cambio de la Justicia

Un descubrimiento que se me ha revelado patentemente en las últimas décadas es el de que la justicia está politizada en todas partes. Yo creía que lo estaba sólo en Chile, pero el juicio al ex Presidente Pinochet en Inglaterra me demostró que allá también, aunque menos que acá. Pues los jueces ingleses, politizados y todo, se preocupaban, al menos, de encontrar siquiera algún resquicio legal para probar la responsabilidad y condenar, en cambio a los de acá no les importa nada lo que digan las leyes o, a veces, hasta la verdad de los hechos, con tal de dictar sentencias condenatorias "políticamente correctas". Por ejemplo, el juez Guzmán no vacilaba en procesar, en el caso de la comitiva del general Arellano (que estudié en detalle y respecto al cual publiqué un libro), contra toda evidencia y legalidad, riéndose de la verdad, la amnistía, la prescripción y la cosa juzgada. En cambio, los jueces ingleses se preocuparon de encontrar aunque fuera un solo caso que no cayera bajo la prescripción (y lo encontraron: el de un muchacho abatido por carabineros una noche en Curacautín, en diciembre de 1988, al filo de la prescripción) para inculpar a Pinochet y acceder a entregarlo a la justicia española.
En Estados Unidos, hace un quinquenio, se presentó una querella contra el ex mayor Fernández Larios (asilado allá) presentada por los familiares de un fusilado en Copiapó, en 1973. Éste había sido ejecutado por uniformados del regimiento local y sin ninguna participación de Fernández, que a la sazón se encontraba comprobadamente en Santiago. Como las pruebas de esto eran claras y yo se las había entregado a un hermano de Fernández Larios, no tuve dudas de que la justicia norteamericana no podría condenarlo. ¡Pero lo hizo! Evidentemente, la "corrección política" era tan fuerte allá como acá para imponerse sobre la verdad, la justicia y la legalidad.
Ahora, en Chile, el mismo fenómeno de la influencia política en los fallos se está registrando de manera sutil y paulatina en sentido opuesto: han sido dictadas nuevas sentencias contra uniformados, igualmente contrarias a derecho y, muchas veces, contra la verdad de los hechos, pero (un cambio muy importante) admitiendo que los uniformados víctimas de la prevaricación cumplan sus penas bajo el régimen de libertad vigilada y no en presidio.
¿Que ha sucedido? Que en el país hubo un cambio político. Ahora hay un gobernante que, si bien no cumplió su promesa de instar por conseguir que en los juicios contra uniformados se respetaran las leyes, al menos no está interesado en que sean condenados, como lo estaban los anteriores gobiernos de izquierda. Entonces los jueces siguen prevaricando igual que antes, pero con menos saña: por lo menos los ilegalmente condenados no quedan tras las rejas. Los impolutos magistrados chilenos se hacen eco de un sutil cambio político.
Claro, es verdad que ya en Chile casi nadie queda tras las rejas. Todos los procesados del "caso bombas" han dejado de estar en prisión preventiva, siendo que si alguien representa "un peligro para la seguridad de la sociedad", son ellos. Ahora están "presos" en sus hogares. (De paso, es digno de anotarse que, desde que la fiscalía empezó a operar contra ellos, dejaron de estallar bombas. ¡Aleluya!).
Ni siquiera Colombia ha podido conseguir que el comunista-FARC chileno Manuel Olate le sea extraditado, porque un juez de izquierda, lógico, rechazó la solicitud de extradición. El gobierno colombiano ha apelado ante la Corte Suprema.
De paso, como se publicó el jueves 5 en "El Mercurio", un jefe policial colombiano desplegó ante el tribunal el organigrama de los nexos de las FARC en Chile y nombró específicamente a dos diputados comunistas, Guillermo Teillier (quien en años pasados fuera el "encargado militar" de su partido) y Hugo Gutiérrez, como vinculados a dicha guerrilla. Pero, por supuesto, nadie acá hará nada al respecto. Al contrario, se considera casi natural que los comunistas estén vinculados a la guerrilla. Si yo tuviera la "experticia" computacional necesaria, insertaría aquí mismo la foto de un sonriente Sebastián Piñera en La Moneda junto a sus invitados Teillier, Gutiérrez y otro diputado del PC, Lautaro Carmona. Este último, para no desmerecer, apareció frecuentemente mencionado en los e-mails del caído jefe de las FARC, Raúl Reyes, a quien el ejército colombiano liquidó en territorio ecuatoriano como si hubiera sido un Bin Laden cualquiera.
Teillier, incluso, se ha pavoneado en la Cámara de su participación en la internación clandestina de armamento terrorista en la caleta de Carrizal Bajo, en 1986. En Chile el terrorismo de extrema izquierda goza de "carta blanca". Recordamos ahora al cabecilla del atentado de 1986 contra el Presidente Pinochet (en el cual fueron asesinados cuatro uniformados), César Bunster, departiendo en La Moneda amablemente con la entonces presidenta Bachelet. Claro, había más de algo en común en el pasado de ambos. Típico chileno: terroristas libres, militares presos.
En medio de todo esto, vaya, pues, como una buena noticia la de que se está empezando a dar el fenómeno de uniformados, siempre condenados contra la ley y la verdad de los hechos, pero ahora, al menos, con el beneficio de la "libertad vigilada". ¿Gracias a qué? A que los vientos políticos están soplando en una dirección levemente diferente de la que tenían en el pasado.