Suicidio de Otro Preso Político

En octubre de 1973, en pleno combate de los uniformados contra los subversivos de izquierda --aplaudidos los primeros por Frei Montalva, Aylwin, la DC casi completa (salvo trece dirigentes), el radicalismo democrático y la derecha exultante-- la contienda obviamente se resolvió en favor de los primeros, pero no sin pérdidas importantes (entre septiembre y diciembre de 1973 hubo 1.522 muertes atribuibles a las fuerzas armadas y carabineros y 301 atribuibles a la guerrilla terrorista, según las dos comisiones constituidas bajo la Concertación). En esos días, cinco carabineros dieron muerte a tres elementos de izquierda que habían capturado en Freire.
La responsabilidad por esos hechos quedó penalmente extinguida por la prescripción y por la amnistía dictada en 1978, esta última a instancias eclesiásticas. Pero en 2009, contrariando la normativa legal, los tribunales condenaron a 10 años y un día de presidio a los cinco carabineros, por las dos muertes de quienes la justicia y la prensa describen como "campesinos".
Obviamente, no se les dio muerte por ser campesinos. Los carabineros condenados siempre sostuvieron que, tras ser aquellos detenidos por actividades ilegales, intentaron arrebatar un arma a uno de sus captores y por eso fueron ejecutados. Era un período de enfrentamientos, pero ni siquiera durante él se le quitó la vida a nadie por ser "campesino". Es el mañoso uso del lenguaje propio de la izquierda. Cuando otros carabineros les quitaron la vida a tres jefes del más peligroso grupo terrorista existente en el país, la izquierda consiguió que todos los medios de comunicación hablaran del asesinato de "tres profesionales".
Pues bien, ya van dos de esos cinco carabineros, condenados por los hechos de Freire, que se han quitado la vida. El último, Luis Henríquez Apablaza, de 72 años, estaba aquejado de diversas enfermedades y fue notificado hace pocos días de que se le iba a trasladar de su lugar de reclusión a otro que iba a compartir con reos comunes. Recién había cumplido dos años de su condena.
Ya en julio de 2007 el coronel (r) Luis Hidalgo, procesado junto con Henríquez, se había quitado la vida.
El año pasado esos presos políticos habían solicitado el indulto del Gobierno, el cual les fue denegado sin dar razones. Era pertinente que lo solicitaran, porque el candidato Sebastián Piñera había prometido literalmente a los uniformados en retiro, durante su campaña, que haría lo necesario para que la prescripción fuera respetada. Obviamente, un medio idóneo para hacer efectiva esa promesa es el indulto a quienes tengan derecho a la prescripción, pero él ha rechazado otorgarlo. Incluso lo ha denegado en casos en que es comprobable la inocencia del condenado y aunque sea octogenario y esté enfermo, como el del general(r) Odlanier Mena. Y también en el de presos políticos uniformados que sufren enfermedades terminales y sólo piden morir en su hogar. Uno de ellos falleció hace poco en la cárcel; otros morirán en breve.
Hablo de presos políticos porque son tales lo que están privados de libertad por razones políticas y en contravención a las normas legales. Es el caso de la casi totalidad de los uniformados presos (hoy son 60).
En cambio, la actitud del país hacia los elementos que han asesinado a uniformados ha sido muy diferente. Desde luego, el presidente Aylwin indultó a 257 de ellos, por sangrientos que hubieran sido sus crímenes. Además, les han sido reconocidos beneficios económicos por el solo hecho de haberse declarado "torturados".
En 2001 un sujeto dio muerte con un balazo a quemarropa al carabinero Humitel Guzmán, que estaba de guardia en el domicilio del ex presidente Aylwin. Fue inicialmente condenado a diez años y un día de presidio. Pues bien, recientemente la Corte Suprema le ha rebajado la condena a cinco años, y le ha concedido el beneficio de la libertad vigilada. Ahora circula por las calles.
El suboficial Henríquez Apablaza no podía soñar siquiera con recibir un beneficio semejante. Al contrario, sus condiciones empeoraron, pues las autoridades lo sacaron del recinto especial en que cumplía la pena, para dárselo a delincuentes juveniles, y mandaron, como antes señalé, al anciano suboficial a cumplir su pena junto a los reos comunes. El día en que iba a ser trasladado prefirió colgarse de una viga y sumarse a la nómina de defunciones entre los "caídos tras las líneas enemigas", abandonados por la sociedad, por sus instituciones y por la justicia.
El desencanto de los uniformados activos y pasivos que conservan lealtad hacia sus camaradas presos políticos empieza a tomar forma en iniciativas de castigo a los partidos que los engañaron. Mientras gobernaban elementos de izquierda (algunos activos, en su hora, en acciones terroristas), los presos políticos uniformados depositaban sus esperanzas en la alternancia en el poder, susceptible de conseguirse mediante el triunfo electoral. Llegó esa alternancia y, sin embargo, se han dado cuenta de que no sólo nada han ganado con ella, sino que el régimen por el cual votaron no ha cumplido con las promesas que les formulara su candidato y, en muchos aspectos, ha sido más duro e injusto con ellos que los de la Concertación.
En casos como ése es cuando surgen opciones extremas que, dada la formación de nuestros uniformados, no han derivado en violencia, pero sí en desesperación política. Por eso entre ellos toma cada vez más cuerpo el llamado a la "familia militar", que bien puede estar compuesta de unos 800 mil ciudadanos con derecho a voto, a abstenerse o a anular su sufragio en las próximas elecciones, haciendo pagar de esa manera a quienes jugaron con su paciencia y aspiraciones, para terminar traicionándolos.
Les encuentro toda la razón, pues la única arma que tienen, tras haber sido abandonados por el gobierno, la judicatura y la propia ciudadanía, es la de castigar cívicamente el engaño sufrido, negando sus votos a quienes antes los obtuvieron de ellos mediante falsas promesas que, se demuestra ahora, nunca tuvieron el menor ánimo de cumplir.