¿Quién Lanzará la Primera Piedra?

En un país en que cuesta tanto sorprender a alguien diciendo la verdad, se ha hecho un gran escándalo porque la Intendenta de Concepción fue grabada diciéndoles a los habitantes del campamento "Aurora de Chile" que los haría pasar por damnificados del terremoto para obtener subsidios en su favor.
La situación ha creado algo parecido a una crisis política, pero creo útil destacar la opinión expresada en una carta a "El Mercurio" de hoy, de un alto funcionario de "Un Techo para Chile", don Daniel García, quien hace ver que los habitantes del campamento "Aurora de Chile" viven en situación de precariedad, sin luz ni alcantarillado y en condiciones de hacinamiento. Es decir, están en iguales o peores condiciones que los damnificados con derecho a subsidio. Y añade que con el 30% de los subsidios para damnificados del terremoto en un año se podría terminar con todos los campamentos.
En otras palabras, la Intendenta ha sido sorprendida sugiriendo a los habitantes de un campamento hacerse pasar por damnificados del terremoto para obtener una ayuda estatal que ellos necesitan y merecen tanto o más que dichos damnificados.
No debió haberlo hecho, sin duda, pero si el "hurto famélico" autoriza, de acuerdo con la ley penal, a una persona a robar alimentos si está en condición de hambre crítica, una Intendenta que ve a pobladores de campamentos en parecidas condiciones, y ve que a ellos no les llegan subsidios estatales que sí les llegan a otros que están en otras, muchas veces, menos precarias que ellos, hay un atenuante muy fuerte para su conducta.
Es un poco tartufesca la actitud general hacia la misma, porque vivimos en un país que acepta mentiras flagrantes de altas autoridades con gran naturalidad. Por ejemplo, muchos jueces, tanto de primera instancia como de las cortes de apelaciones y la suprema, declaran en sus sentencias que personas encerradas en calabozos mantienen secuestradas a otras personas, a sabiendas de que eso no es verdad y es imposible. Ese falseamiento de la realidad les sirve para una finalidad mucho menos digna que la que ha tenido en vista la Intendenta de Concepción, pues lo llevan a cabo para burlar leyes vigentes, como lo son las de amnistía y prescripción. Y el país no dice nada. Más aún, parece que aprueba esa mentira generalizada y flagrante, utilizada, además, para un objeto ilícito.
Hemos visto en dias pasados a la más alta autoridad faltar a la verdad de una manera pública y notoria, en relación a un asunto particular, pero que la podría haber llevado a ser sancionada por una entidad administrativa. Hasta hoy no sabemos si lo que dijo en versión grabada por los noticieros o lo que dijo a través de su twitter es la verdad, pues ambas versiones son contradictorias, es decir, una de las dos claramente no es verdad. Y al país no le ha importado nada, tanto así que hay importantes diarios que ni siquiera han publicado las circunstancias del hecho, muy en contraste con la enorme publicidad que ha recibido la grabación de la Intendenta sugiriendo un método indebido para auxiliar a los habitantes de un campamento.
Creo que moralmente es mucho más digna de defensa la Intendenta que los jueces que faltan palmariamente a su deber de aplicar las leyes o que la alta autoridad que, presuntamente, faltó a la verdad para evitar una sanción administrativa.
El que esté libre de culpa, que lance la primera piedra. Pero creo que va a ser muy difícil encontrar a alguien con autoridad moral para hacerlo. Si este fuera un país donde la ética mereciera una rigurosa observancia, yo estaría de acuerdo en no dejar pasar ni siquiera la más mínima falta a la verdad o a la corrección de los procedimientos, pero siendo, como lo es, un país donde se perdona todo con tal de conseguir propósitos que se buscan y donde la única exigencia general que se impone es de que a los trasgresores no los pillen, para conseguir lo cual hasta los catones más solemnes despliegan sus mayores esfuerzos de encubrimiento ¡por favor!, no lapidemos a una Intendenta por una falta que, atendidos sus propósitos, era no sólo explicable sino, desde el punto de vista de la equidad y la urgencia social, incluso justificada.