Un Escándalo sin Precedentes

Siete años han debido pasar para que hubiera fallo en el caso MOP-GATE, sin duda el episodio más escandaloso en la administración del Estado chileno.
Primero, permitió saber que TODOS los gobiernos de la Concertación permitían que sus funcionarios se llevaran ilícitamente el dinero público para su casa, porque fue Carlos Cruz el que sorprendió a todo el mundo cuando confesó en una entrevista que todos los meses lo llamaban desde el Ministerio de RR. EE. para decirle que mandara a retirar un sobre con dinero (cerca de dos millones de pesos) que estaba a su disposición. Era la generalizada práctica de sustraer "sobres con billetes". Después don Patricio Aylwin reconoció que la ilícita costumbre había comenzado en su gobierno. "Fue una corruptela", confesó a "El Mercurio".
Segundo, tuve en mi oficina a una funcionaria de Concesiones de Obras Públicas, que me explicó cómo se procedía: su jefe les decía a sus subordinados, por ejemplo: "Fulanita (su secretaria) necesita operarse, así es que ustedes deben entregar cada uno una boleta de honorarios para financiarle la operación". Eso es lo que eufemísticamente se llamó "sobresueldos", pero fue una manera de sustraer, mediante fraude, dinero público para fines privados.
Tercero, la prensa reprodujo una carta de la directiva socialista al jefe de financiamiento electoral del partido, Sergio Cortés, quien era a la vez el jefe de finanzas de Concesiones de Obras Públicas, donde se produjeron las mayores irregularidades, pidiéndole activar la captación de recursos para la campaña que venía (la de 1999). Más claro, imposible.
Cuarto, en la revista "Sábado" de "El Mercurio" la cónyuge de Carlos Cruz declaró explícitamente, preguntada "a dónde iban las platas", que "iban a la campaña".
Quinto, "hecha la trampa, hecha la ley". Con el inexplicable concurso de la UDI, se lanzó una operación de salvataje del gobierno de Ricardo Lagos, que en lugar de ser acusado constitucionalmente por notable abandono de deberes en un ministerio, fue salvado mediante una ley que les aumentó el sueldo a él y a los altos funcionariso en el equivalente de lo que se llevaban subrepticiamente en sobres con cargo a gastos reservados. Y la guinda de la torta la puso el Director de Impuestos Internos, quien emitió un dictamen diciendo que no tenía atribuciones para investigar tributariamente dicha corruptela.
La ministra Ana Gloria Chévesich investigó lo que pudo, resistió en la medida de lo posible las presiones y, finalmente, no mandó a nadie a la cárcel, pero todo el mundo sabe quiénes deberían haber ido a parar a ella.
Es un episodio bochornoso de la historia política chilena y el mayor escándalo colectivo de corrupción comprobada y masiva que se haya registrado en gobierno chileno alguno. Pero, por lo menos, sirvió para que después no pudieran sustraer impunemente dineros aportados por los contribuyentes para campañas políticas posteriores. Y por eso es sano que el senador Frei, ex candiato presidencial, con múltiple figuración en DICOM por deudas impagas de su campaña, se haya decidido a poner 700 millones de pesos de su bolsillo para solucionar las más apremiantes, dado que ya no podía recurrir a arbitrios como el MOP-GATE, sobre todo después de haber tenido que entregar el poder.